AC5408-2022 (2018-00143-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC5408-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68679-31-03-001-2018-00143-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por Luis Ram\u00f3n Arguello Palomino frente a la sentencia de 3 de marzo de 2022, dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, en el proceso verbal que aqu\u00e9l promovi\u00f3 contra Leonardo Mac\u00edas Villalba. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
El demandante pidi\u00f3 declarar: (i) la existencia de una sociedad comercial de hecho entre las partes, que se prolong\u00f3 desde el a\u00f1o 2009 y hasta 2016; (ii) la posterior disoluci\u00f3n y estado de liquidaci\u00f3n de la referida sociedad y (iii) que a cada uno de los \u00absocios\u00bb les corresponde el 50% de los bienes construidos y adquiridos durante su vigencia. <\/p>\n
Tambi\u00e9n solicit\u00f3 el reconocimiento de que los siguientes inmuebles pertenecen a la enunciada sociedad: Edificio Villa Aurora \u2013\u00ablocal 101, unidad 1\u00bb, \u00abapartamento 1303, unidad 38\u00bb, \u00abapartamento 1003, unidad 29\u00bb, \u00abapartamento 1301, unidad 36\u00bb\u2013, Edificio Kalamary, Alejandr\u00eda Resort y Hotel El Portal de Barichara. <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
2.1. En el a\u00f1o 2009, Luis Ram\u00f3n Arguello Palomino y Leonardo Mac\u00edas Villalba conformaron una sociedad comercial de hecho para adelantar proyectos de construcci\u00f3n de obras en San Gil y Barichara. El socio capitalista fue Mac\u00edas Villalba, mientras que el aqu\u00ed gestor hizo aportes \u00abindustrial y\/o de trabajo, creatividad e ingenio y aporte en dinero\u00bb. <\/p>\n
2.2. Este \u00faltimo contribuy\u00f3 a la sociedad con la suma de $3.155.000.000, con ocasi\u00f3n del cr\u00e9dito que obtuvo a t\u00edtulo personal por parte de la Cooperativa Coomuldesa Ltda. durante los a\u00f1os 2011 a 2014, en el cual figur\u00f3 como codeudor Mac\u00edas Villalba. El producto se invirti\u00f3 en las construcciones de los edificios Villa Aurora, Kalamary, Alejandr\u00eda Resort y el Hotel El Portal de Barichara. <\/p>\n
2.3. Varios de los predios donde se construyeron las obras a cargo de la sociedad de hecho fueron adquiridos por Mac\u00edas Villalba a trav\u00e9s del otorgamiento de poder al aqu\u00ed convocante, y otros fueron obtenidos directamente por este, \u00abconducta que en ning\u00fan momento fue objeto de reproche por el socio Mac\u00edas Villalba\u00bb1. <\/p>\n
2.4. La adquisici\u00f3n de los predios para la construcci\u00f3n de las obras de la sociedad comercial de hecho por parte del accionante no fue objetada ni rechazada por Mac\u00edas Villalba, ya que aquel conservaba \u00abautonom\u00eda para actuar en nombre propio\u00bb. Incluso, el manejo aut\u00f3nomo de esos asuntos se vio reflejado con la certificaci\u00f3n de ingreso anual de propietario de la inmobiliaria Santacruz, en la cual se report\u00f3 el valor de $35.923.500, comprendido en la contabilidad de Arguello Palomino. <\/p>\n
2.5. Durante la relaci\u00f3n, el solicitante organiz\u00f3 y dirigi\u00f3 la construcci\u00f3n del Edificio Villa Aurora, que cuenta con 6.600 M2, 13 pisos con 35 apartamentos, un local y dos pent-houses, as\u00ed como 28 parqueaderos. Una vez finiquitada la obra, el demandante celebr\u00f3 promesas de compraventa sobre los inmuebles, suscritas de forma personal. <\/p>\n
2.6. Asimismo, en las escrituras p\u00fablicas n.\u00ba 2382 de 19 de octubre, n.\u00ba 2551 de 8 de noviembre, n.\u00ba 2589 de 14 de noviembre, n.\u00ba 2804 de 4 de diciembre, n.\u00ba 3085 de 27 de diciembre, todas de 2013, y n.\u00ba 562 de 12 de marzo de 2014, de la Notar\u00eda Primera de San Gil, figura Arguello Palomino como compareciente en representaci\u00f3n de Mac\u00edas Villalba. <\/p>\n
2.7. Aunado a lo anterior, el pretensor dise\u00f1\u00f3 y cre\u00f3 (i) Alejandr\u00eda Resorts S.A.S., complejo vacacional y deportivo que cuenta con 97 habitaciones y un pent-house, as\u00ed como parqueaderos para 200 carros, bodegas, entre otros, cuya construcci\u00f3n es de 24.000 M2; y (ii) el Hotel El Portal de Barichara, con 28 habitaciones y 40 parqueaderos, que dispone de un \u00e1rea de 3.300 M2. <\/p>\n
2.8. En definitiva, para adelantar las actividades en procura de materializar los proyectos inmobiliarios, Mac\u00edas Villalba envi\u00f3 dineros a las cuentas personales de ahorros y corrientes de Bancolombia y Banco de Bogot\u00e1 del aqu\u00ed censor, bajo la modalidad de \u00ababono dispersi\u00f3n pago a proveedores \u2013 otros\u00bb, a trav\u00e9s de las sociedades Montajes y Construcciones Fermar Ltda., Conyser Ltda., Pdlc & C\u00eda. Ltda., Construcciones Vega Galviz S.A.S., y AW Company S.A.S. <\/p>\n
2.9. En ese sentido, con los certificados anuales de retenci\u00f3n en la fuente e informaci\u00f3n adicional de los a\u00f1os gravables comprendidos entre el 2010 y el 2016, junto con los extractos, Arguello Palomino registr\u00f3 movimientos por: (i) $12.216\u00b4636.353 en su cuenta corriente de Bancolombia, producto de la venta de apartamentos del Edificio Villa Aurora y la construcci\u00f3n de las obras; (ii) $421\u00b4787.285, en la cuenta de ahorros de la misma entidad; y (iii) 4.731\u00b4900.000, en la cuenta corriente del Banco de Bogot\u00e1, durante el mismo interregno y por el mismo concepto. <\/p>\n
2.10. Sumado a ello, en su condici\u00f3n de socio el actor aport\u00f3 dineros y distribuy\u00f3 los recursos suministrados por las empresas mencionadas, as\u00ed como por la venta de los apartamentos del Edificio Villa Aurora, m\u00e1s el trabajo necesario para consolidar los proyectos referidos \u2013v. gr., la contrataci\u00f3n de trabajadores con sus prestaciones sociales para las actividades preliminares de las construcciones, tr\u00e1mites de licencias respectivas y equipos para las obras\u2013. <\/p>\n
2.11. Con todo, pese a los anotados esfuerzos y contribuciones, la sociedad comercial de hecho no ha sido liquidada ni las utilidades han sido repartidas, por la falta de voluntad de Mac\u00edas Villalba. <\/p>\n
Sobre la constituci\u00f3n de las sociedades Alejandr\u00eda Resort S.A.S. y el Hotel El Portal de Barichara S.A.S. <\/p>\n
2.12. El 20 de mayo 2015, Gladys Duarte Sarmiento, esposa Mac\u00edas Villalba, constituy\u00f3 la sociedad Alejandr\u00eda Resort S.A.S. \u2013con capital de $1.500\u00b4000.000\u2013; y, al d\u00eda siguiente, el Hotel El Portal de Barichara S.A.S., con $1.000\u00b4000.000 por el mismo concepto. <\/p>\n
2.13. En esas compa\u00f1\u00edas se nombr\u00f3 al gestor como representante legal, pero, seg\u00fan actas de 29 de febrero de 2016 de las respectivas asambleas extraordinarias de accionistas, fue relevado, nombrando en su lugar a Duarte Sarmiento. <\/p>\n
2.14. En el balance general de 2016 de Alejandr\u00eda Resort S.A.S., se estipularon $300\u00b4000.000 como valor de las acciones pagadas, para una construcci\u00f3n cuyo valor a esa fecha era de $18.009\u00b4000.000. En el balance del mismo a\u00f1o del Hotel El Portal de Barichara S.A.S., se registr\u00f3 la suma de $300\u00b4000.000, por ese concepto, aun cuando el valor de la edificaci\u00f3n era de $4.317\u00b4262.984,38. Los enunciados reportes los realiz\u00f3 la contadora Olga Luc\u00eda Correa Gonz\u00e1lez, quien labor\u00f3 para el pretensor y para las sociedades relacionadas supra. <\/p>\n
2.15. En 2017, Arguello Palomino fue requerido por parte de la DIAN \u2013tras la recepci\u00f3n de informaci\u00f3n ex\u00f3gena de las cuentas bancarias\u2013, toda vez que en la declaraci\u00f3n de renta de 2015 no registr\u00f3 movimientos realizados dentro de la sociedad comercial de hecho. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
3.1. El demandado compareci\u00f3 a la causa, aceptando como ciertos varios hechos, oponi\u00e9ndose a la prosperidad del petitum y formulando las excepciones de: \u00abinexistencia de los presupuestos legales para la declaratoria de una sociedad de hecho\u00bb; \u00abinexistencia de los requisitos sustanciales para la declaratoria de la existencia de una sociedad de hecho comercial\u00bb; \u00abexistencia de un contrato de mandato verbal civil y comercial, que se pretende confundir con una sociedad de hecho\u00bb; y \u00abtransacci\u00f3n realizada por las partes, frente a los mismos hechos\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, porque nunca existi\u00f3 un consentimiento expreso o un querer por parte de Leonardo Mac\u00edas Villalba, para crear una sociedad de hecho, en tanto que de lo que se trat\u00f3 fue de un mandato, aunado a que con el acta de la transacci\u00f3n suscrita entre las partes, deviene claro que Arguello Palomino reconoc\u00eda tal calidad, en virtud de la cual se le cancel\u00f3 una \u00abcifra importante de dinero no solo en la liquidaci\u00f3n del contrato de mandato declarado en la transacci\u00f3n, sino durante los a\u00f1os [en] que adelant\u00f3 las gestiones encomendadas por el se\u00f1or Leonardo Mac\u00edas Villalba\u00bb. <\/p>\n
3.2. Mediante sentencia dictada en audiencia de 15 de diciembre de 2020, el a quo declar\u00f3 probada la defensa de \u00abinexistencia de los requisitos sustanciales para la declaratoria de la existencia de una sociedad de hecho comercial\u00bb propuesta por la parte pasiva y, en consecuencia, deneg\u00f3 las pretensiones de Luis Ram\u00f3n Arguello Palomino y dispuso el levantamiento de las cautelas que se hubiesen practicado. <\/p>\n
Entre otras consideraciones, el a quo enfatiz\u00f3 en que, de la valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas emergi\u00f3 con claridad que las gestiones de compra y venta de inmuebles que efectu\u00f3 el actor se hicieron bajo los cauces de un verdadero contrato de mandato, mediante el cual este \u00faltimo prest\u00f3 sus servicios para el diligenciamiento de negocios y dem\u00e1s actividades comerciales a nombre de Mac\u00edas Villalba. <\/p>\n
3.3. El demandante recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n la rese\u00f1ada providencia, defensa admitida con auto de 4 de junio de 2021. Dentro de sus reparos concretos expuso a grandes rasgos que el estrado se equivoc\u00f3 en la apreciaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n aportados al juicio y que desestim\u00f3 de forma errada otros tantos que daban cuenta de su calidad de socio, que no de mandatario. <\/p>\n
4. La Sentencia Impugnada <\/p>\n
El Tribunal Superior de San Gil confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, sirvi\u00e9ndose de los argumentos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
(i) En primer lugar, precis\u00f3 que la sentencia deb\u00eda ser confirmada debido a que era acertado el an\u00e1lisis probatorio del a quo a trav\u00e9s del cual concluy\u00f3, que, en este caso, no existi\u00f3 el \u00e1nimo societatis, debido a que el demandante fungi\u00f3 como mandatario del demandado. <\/p>\n
(ii) En ese sentido, la prueba que desvirt\u00faa con mayor ah\u00ednco la pretensi\u00f3n del gestor es el acta de acuerdo suscrita el 8 de junio de 2016, firmada por Luis Ram\u00f3n Arguello y Leonardo Mac\u00edas en calidad de mandatario y mandante, de modo que aquella condici\u00f3n fue aceptada por el actor \u00abde forma expresa y voluntaria en el acta de transacci\u00f3n privada celebrada [en la fecha] por medio de la cual se liquid\u00f3 y se acord\u00f3 pagar al demandante con la entrega de los bienes que all\u00ed se precisaron, los servicios que este le prest\u00f3 al demandando en calidad de mandatario o persona de confianza para la ejecuci\u00f3n de las obras de construcci\u00f3n de los proyectos denominados Edificio Villa Aurora, Alejandr\u00eda Resort y Hotel El Portal de Barichara, los cuales son precisamente los mismos bienes respecto de los cuales el aqu\u00ed demandante se\u00f1ala, que existi\u00f3 una sociedad comercial de hecho con el demandado\u00bb. <\/p>\n
(iii) As\u00ed mismo, la calidad de mandatario se acredita gracias a las labores desplegadas por el accionante, como la compra de terrenos y de materiales de construcci\u00f3n, la contrataci\u00f3n de empleados, la venta de apartamentos y la reinversi\u00f3n de los dineros en las obras, las cuales son propias del contrato de mandato en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2158 del C\u00f3digo Civil, \u00absin que dicha circunstancia per se, constituya un hecho ineludible o inequ\u00edvoco para la configuraci\u00f3n de la presente sociedad comercial de hecho\u00bb. <\/p>\n
(iv) Aunado a lo anterior, la calidad alegada por el actor tampoco fue acreditada, ni como socio capitalista ni como socio industrial. As\u00ed, no podr\u00eda tenerse al interesado como aportante de la suma de $3.155\u00b4000.000, por cuanto ese dinero fue desembolsado en virtud de un cr\u00e9dito financiero otorgado al convocante, en el cual el demandado fungi\u00f3 como codeudor, respaldo que permiti\u00f3 la concesi\u00f3n del cr\u00e9dito en virtud de la comprobada capacidad de pago de Mac\u00edas Villalba. <\/p>\n
En la misma declaraci\u00f3n, el actor reconoci\u00f3 que las bodegas que le entreg\u00f3 el demandado -con ocasi\u00f3n de la transacci\u00f3n\u2013 fueron ejecutadas y rematadas por cr\u00e9ditos personales, mas no por los que en esta causa el inconforme adujo como sociales, todo lo cual demuestra que Arguello Palomino no fue socio capitalista. Tampoco se acreditaron aportes intelectuales a las obras, que estaban a cargo de profesionales en arquitectura e ingenier\u00eda pagados por aquel con dineros girados por el convocado. <\/p>\n
(vi) Con todo, el colegiado se\u00f1al\u00f3 que, efectivamente, el demandante manejaba grandes cantidades de dinero en sus cuentas bancarias y en su contabilidad en virtud de los giros realizados por el querellado, as\u00ed como tambi\u00e9n que aquel administr\u00f3 los recursos de los pr\u00e9stamos hechos por Coomuldesa Ltda.; pero que, en todo caso, esos montos fueron pagados por Mac\u00edas Villalba, ya que \u00abel demandante facilit\u00f3 su nombre para adquirir prestamos que finalmente terminaron beneficiando al demandado, e inclusive asumi\u00f3 el riesgo de autorizar sus cuentas bancarias para recibir dineros de terceros y de las respectivas entidades financieras, con el objetivo de tener liquidez o flujo de dinero constante para poder realizar las obras del demandado\u00bb. <\/p>\n
(vii) Tambi\u00e9n se desvirtu\u00f3, en criterio del ad quem, el alegado \u00e1nimo societatis, pues el mismo suplicante en su interrogatorio de parte refiri\u00f3 que \u00abnunca, jam\u00e1s hablaron y\/o se sentaron con el demandado a cuadrar cuentas\u00bb, trayendo como sustento de ese proceder la existencia de \u00abuna gran cercan\u00eda, confianza y hermandad -razones que tambi\u00e9n adujo, para haber firmado el contrato de transacci\u00f3n-\u00bb, aseveraciones de las cuales desprendi\u00f3 que \u00abno son m\u00e1s que una aceptaci\u00f3n de que efectivamente entre las partes nunca existi\u00f3 el \u00e1nimo de asociarse, y de conformar la sociedad comercial de hecho reclamada, pues resulta poco cre\u00edble y fuera de toda l\u00f3gica racional, que, Luis Ram\u00f3n Arguello Palomino quien adujo haber invertido grandes cantidades dinero -propio, seg\u00fan as\u00ed lo afirm\u00f3- y de trabajo, renuncie a todo ello aceptando firmar una acta de transacci\u00f3n como mandatario judicial, sin presentar oposici\u00f3n, reparo o queja alguna frente a dicho documento\u00bb. <\/p>\n
(viii) Finalmente, reliev\u00f3 la colegiatura que el acta de acuerdo firmada el 8 de junio de 2016, firmada por las partes como mandante y mandatario y por medio del cual se transige cualquier diferencia que pudiera existir respecto de las gestiones realizadas por el demandante desde 2011 y en virtud de la cual se declaran a paz y salvo por todo concepto, goza de plena validez jur\u00eddica, pues ninguna pretensi\u00f3n de nulidad, simulaci\u00f3n o resoluci\u00f3n se ha elevado en su contra. <\/p>\n
5. La Demanda de Casaci\u00f3n <\/p>\n
El convocante formul\u00f3 tempestivamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Al sustentarlo, propuso un \u00fanico reproche, al amparo de la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. R\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n
Es pertinente advertir que el remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, de manera que todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n
2. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante extraordinario demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de censurar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (senda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida2. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa para atacar el fallo de segunda instancia, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(iv) Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb (que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio3), es menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
(vi) A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb (esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio4), deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial de tales elementos de juicio, o alteraci\u00f3n de su contenido material, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su texto. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contrarias a toda evidencia 5. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su texto en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no acreditados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera), y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden girar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n por ser proferida en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor adem\u00e1s tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto en el sentido decisorio de la sentencia recurrida (trascendencia), para lo cual, demostrada alguna de las modalidades de errores aducidos como sustento de los reproches, debe explicar por qu\u00e9 ese fallo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a sus intereses. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
3. Estudio de la Demanda de Casaci\u00f3n <\/p>\n
3.1. Precisi\u00f3n preliminar <\/p>\n
Antes de emprender el estudio de la demanda de casaci\u00f3n, debe se\u00f1alarse que la apoderada del casacionista remiti\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n el escrito contentivo de aquella en cuatro oportunidades. <\/p>\n
La primera fue enviada con anterioridad a la admisi\u00f3n del recurso extraordinario, y no ser\u00e1 tenida en cuenta debido a su car\u00e1cter prematuro. De las tres demandas remitidas dentro del t\u00e9rmino legal, se encuentra que las enviadas los d\u00edas 22 y 23 de septiembre del a\u00f1o en curso son de id\u00e9ntico tenor, y contienen y ampl\u00edan los argumentos de la demanda enviada el d\u00eda 19 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
Por lo anterior, se aclara que el presente estudio versar\u00e1 sobre la \u00faltima de las demandas recibidas dentro del t\u00e9rmino otorgado para su sustentaci\u00f3n, entendiendo que, siendo la \u00faltima en el tiempo, es la que la apoderada ha querido tener como definitiva. As\u00ed mismo, se aclara que se ha realizado una previa verificaci\u00f3n de las anteriores, encontrando que contienen las mismas falencias t\u00e9cnicas que se explicar\u00e1n a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. Formulaci\u00f3n del Cargo \u00danico <\/p>\n
Se acus\u00f3 al fallo del ad quem de violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial \u00abpor falso juicio de raciocinio en la valoraci\u00f3n de la prueba\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala el recurrente que, si la sentencia impugnada hubiese tenido en cuenta los par\u00e1metros de la sana cr\u00edtica y de las leyes de la l\u00f3gica y la experiencia, se habr\u00edan reconocido sus derechos y se tendr\u00eda una decisi\u00f3n basada en el derecho sustancial, y no una como la que se ataca, en la que se excluy\u00f3 el estudio de las pruebas documentales aportadas por el actor y los medios de convicci\u00f3n no fueron valorados en conjunto, con lo cual se est\u00e1 ante una decisi\u00f3n que carece de sustento o motivaci\u00f3n. <\/p>\n
Acto seguido, precisa los errores f\u00e1cticos que, en su decir, son evidentes dentro de la sentencia censurada: <\/p>\n
En primer lugar, se\u00f1ala como tal la valoraci\u00f3n arbitraria de pruebas por parte del Tribunal, quien funda su decisi\u00f3n en un acta de acuerdo de fecha 8 de junio de 2016, de la que desprende la calidad de mandatario del demandante, cuando aquel actu\u00f3 como tal respecto a un \u00fanico inmueble. Su apreciaci\u00f3n equivocada llev\u00f3 al juzgador a la conclusi\u00f3n de que el actor hab\u00eda actuado como mandatario del demandado \u00aben absolutamente todo\u00bb, pues de una forma ambigua el acta de acuerdo consagr\u00f3 en su cl\u00e1usula sexta un paz y salvo por todo concepto, canon que admite diversas interpretaciones, pues a decir del casacionista, <\/p>\n
\u00abde un lado el fallador, de manera absoluta la interpreto (sic) como la cl\u00e1usula que demostrar\u00eda que mi prohijado era el mandatario de la parte pasiva, pero si era el mandatario, la pregunta es \u00bfpor qu\u00e9 el documento no identifica a este como mandatario al transar la ejecuci\u00f3n de unas actividades en los Hoteles que han sido mencionados durante todo el proceso, que no se sabe cu\u00e1les son?, dentro de la misma interpretaci\u00f3n sobre tales actividades, se podr\u00eda asumir que estas son diferentes a las que se realizaban cotidianamente por el se\u00f1or ARGUELLO, ya que no se mencionan, y por el contrario las agrupan; sin embargo, lo que s\u00ed es posible determinar es que aquellas actividades NO hac\u00edan parte del contrato de mandato, pues de haber sido as\u00ed, otra habr\u00eda sido la misma redacci\u00f3n del acta cuestionada\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, reitera que el acta de acuerdo se refiere a un \u00fanico encargo del que no puede derivarse la calidad general de mandatario, m\u00e1s a\u00fan cuando la cl\u00e1usula sexta contiene la declaraci\u00f3n de paz y salvo por todo concepto en forma confusa y ambigua, reprochando en\u00e9rgicamente que se tome aquella como un contrato de mandato cuando no se detallan las actividades que habr\u00edan sido encomendadas en virtud de aquel. <\/p>\n
En ese sentido, sostuvo que, con el acta de transacci\u00f3n, el convocado \u00abintento (sic) enga\u00f1ar a mi cliente, haciendo un contrato de mandato e incluyendo un paz y salvo por todo concepto en otros proyectos, que contrato tan extra\u00f1o este (\u2026) el Tribunal pretende que el acta de acuerdo de junio de 2016, supla un acuerdo de mandato, y con ello coartar o vulnerar el derecho sustancial de mi cliente (\u2026)\u00bb. (Resaltado propio). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluye que el acta de transacci\u00f3n tuvo una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, debido a que todas las actividades de las que el Tribunal dedujo la calidad de mandatario, a saber, la compra de terrenos, la contrataci\u00f3n de empleados, la adquisici\u00f3n de materiales de construcci\u00f3n, entre otros, son las actividades propias de un socio que aporta su trabajo, que no de un mandatario. <\/p>\n
Por otra parte, argument\u00f3 que la clase de mandato que seg\u00fan el ad quem existi\u00f3 entre las partes es en representaci\u00f3n, caso en el cual existe la obligaci\u00f3n de rendir cuentas, cosa que nunca demostr\u00f3 la pasiva, quien ten\u00eda la carga de la prueba, sin embargo, \u00aben ning\u00fan caso se [prob\u00f3] dicho mandato, y mucho menos cuando en siete a\u00f1os aproximadamente no se dio nunca la rendici\u00f3n de cuentas a la que supuestamente por arbitrio de la ley estaba obligado, cosa esta que nos posiciona en una ausencia sine quo non, frente a los requisitos de esta figura jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, muestra su inconformidad con el hecho de que el juzgador haya concluido la existencia del mandato por ser el demandante el hombre de confianza de Leonardo Mac\u00edas, descartando que precisamente por esa relaci\u00f3n de confianza fue que se form\u00f3 la sociedad comercial de hecho, y reprocha tambi\u00e9n que los poderes que el demandado otorg\u00f3 al actor para negociar m\u00faltiples inmuebles hayan constituido para el ad quem una verdad procesal tan f\u00e9rrea como para desestimar la existencia de la sociedad de hecho. <\/p>\n
Continuando con su embate, alega que la colegiatura descart\u00f3 el aporte econ\u00f3mico del demandante, cuando \u00e9l nunca dijo ser el socio capitalista, de ah\u00ed que los testimonios mostraran que el convocado era quien aportaba el capital, lo que no ri\u00f1e con el aporte en trabajo realizado por aqu\u00e9l. Una adecuada valoraci\u00f3n de las declaraciones habr\u00edan mostrado que: \u00ab1) que no hubo un aporte capital, y ello tambi\u00e9n fue aceptado desde el mismo escrito de la demanda por mi cliente, 2) que al se\u00f1or Macias le informaban los dise\u00f1os y dem\u00e1s de las construcciones, sin que ello lleve a la exclusi\u00f3n de un socio industrial y\/o de trabajo y 3) que mi representado si actu\u00f3 dentro de la sociedad, pero que a la vez no es reconocido como tal, porque los trabajadores no tienen por qu\u00e9 saber c\u00f3mo est\u00e1 conformado el negocio, y los testigos todos eran trabajadores de las obras, mas no hac\u00edan parte de la sociedad\u00bb. <\/p>\n
Razones por las cuales, de haberse realizado una adecuada valoraci\u00f3n probatoria y sin mayor esfuerzo intelectivo, el ad quem habr\u00eda concluido que el demandante fungi\u00f3 siempre como socio industrial. <\/p>\n
Acto seguido, el casacionista afirma que ciertos elementos de convicci\u00f3n no fueron apreciados por el juzgador, se\u00f1alando entre ellos sus extractos bancarios, los documentos relacionados con la DIAN y C\u00e1mara de Comercio y actas de reuniones de algunas sociedades. De haber valorado estas pruebas, la colegiatura habr\u00eda visto que la actividad econ\u00f3mica reportada por el actor no era la de mandatario, sino una que si concuerda con su calidad de socio (alojamiento y hoteles); as\u00ed mismo, habr\u00eda visto el nombramiento que se hizo del demandante como representante legal de una de las sociedades (Alejandr\u00eda Resort S.A.S.), lo que muestra otras actividades distintas a las que se transigieron mediante acta de 8 de junio de 2016 y que corresponden a las de un socio. <\/p>\n
Finalmente, reprocha que se haya descartado la affectio societatis por la falta de rendici\u00f3n de cuentas entre los socios, la cual no se dio, en su decir, por la actividad sombr\u00eda y tramposa del demandado, que lo enga\u00f1\u00f3 con el acta de transacci\u00f3n para atribuirse las utilidades a t\u00edtulo personal. <\/p>\n
3.3. Examen de la Corte <\/p>\n
Analizada la demanda a la luz de las exigencias formales antes se\u00f1aladas, se advierte que el \u00fanico cargo formulado no las cumple, lo que conlleva la inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n por los motivos que pasan a explicarse. <\/p>\n
(i) La alegaci\u00f3n de la causal segunda de casaci\u00f3n exige al censor demostrar que el juzgador de segundo grado incurri\u00f3 en un yerro del que surja patente la transgresi\u00f3n de, al menos, un precepto de naturaleza sustancial. El ataque enfilado por esta v\u00eda requiere de la individualizaci\u00f3n de las normas sustantivas presuntamente quebrantadas por el fallador de segundo grado, estando vedado para la Corte suplir eventuales deficiencias en la formulaci\u00f3n del cargo, dado el car\u00e1cter excepcional y dispositivo del recurso extraordinario. <\/p>\n
Conforme a la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n, no basta con invocar gen\u00e9ricamente la violaci\u00f3n de la ley sustancial, pues es carga del recurrente se\u00f1alar espec\u00edficamente las normas de ese tipo infringidas por el ad quem y demostrar c\u00f3mo aquellas fueron -o debieron ser- base esencial de la sentencia; as\u00ed mismo, se exige explicar c\u00f3mo se habr\u00edan transgredido esos preceptos y la relevancia que esa vulneraci\u00f3n tuvo en la parte resolutiva del fallo atacado. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de las causales primera y segunda de casaci\u00f3n de la violaci\u00f3n de la ley sustancial, son tales disposiciones las que determinan el reconocimiento del derecho reclamado o de las defensas planteadas, de modo que sin la singularizaci\u00f3n de las normas de ese linaje presuntamente vulneradas se hace imposible la confrontaci\u00f3n entre aquellas y la sentencia impugnada. <\/p>\n
Aplicando esas premisas al presente asunto, refulge su traspi\u00e9, porque los convocantes no se\u00f1alaron ninguna norma sustantiva \u00abque, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada\u00bb, conforme lo exige el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Si bien se indica que las normas vulneradas son el art\u00edculo 288 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la Ley 222 de 1985 (sic), el \u00abart\u00edculo 138 y concordantes\u00bb del C\u00f3digo de Comercio y el \u00abart\u00edculo 2158 y concordantes\u00bb del C\u00f3digo Civil, debe insistirse en que no cualquier denuncia gen\u00e9rica puede fundamentar un cargo en casaci\u00f3n por violaci\u00f3n de la ley sustancial, pues las normas de esta naturaleza son aquellas que declaran, crean, modifican o extinguen una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, seg\u00fan lo tiene decantado esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
En tal sentido, no puede tenerse como disposici\u00f3n de ese linaje el art\u00edculo 288 Superior, puesto que, adem\u00e1s de ser una norma constitucional meramente descriptiva, al referirse a la ley org\u00e1nica de ordenamiento territorial no podr\u00eda en modo alguno haber sido la base del fallo, por ser materia totalmente ajena al asunto aqu\u00ed discutido. Por su parte, la referencia gen\u00e9rica a la totalidad de la Ley 222 de -se asume- 1995 es inadmisible, puesto que no se enuncia ning\u00fan precepto espec\u00edfico de naturaleza sustancial que pudiera haber sido transgredido por el juzgador. <\/p>\n
Asimismo, el art\u00edculo 2158 del C\u00f3digo Civil establece cu\u00e1les son las facultades del mandatario, mismo que, como lo ha expresado la Sala, es un precepto que simplemente describe el alcance del contrato de mandato \u00aby que por lo mismo adolece[n] del cariz material o sustancial que inapropiadamente le atribuye el opugnador\u00bb (AC6080-2021, 16 dic.) <\/p>\n
Respecto al art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Comercio, debe decirse que si bien se trata de una norma que regula los aportes de industria o trabajo personal con participaci\u00f3n de utilidades, fue simplemente enunciada por el casacionista sin indicar en modo alguno como ella debi\u00f3 haber fundamentado la sentencia, de qu\u00e9 manera fue transgredida y cu\u00e1l es la trascendencia de dicha vulneraci\u00f3n, incumpliendo con los requisitos formales que rodean la presentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, la generalidad de la expresi\u00f3n \u00aby concordantes\u00bb impide a la Corte analizar c\u00e1nones diferentes a los expresamente se\u00f1alados por el casacionista, debido a la naturaleza estrictamente dispositiva del recurso extraordinario. <\/p>\n
En virtud de esta orfandad argumentativa, no se abre paso la explicaci\u00f3n sobre la forma en que el yerro denunciado habr\u00eda redundado en la trasgresi\u00f3n normativa por parte del Tribunal, haciendo imposible la labor de cotejo propia del control de legalidad de los fallos, que es una de las finalidades de este recurso extraordinario. <\/p>\n
Estas deficiencias constituyen raz\u00f3n suficiente para inadmitir el cargo, pues como ha reconocido esta Corporaci\u00f3n en oportunidades anteriores, <\/p>\n
\u201cLa Corte tiene decantado que por normas de derecho sustancial debe entenderse las que declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas, es decir, las que se ocupan de regular una situaci\u00f3n de hecho, respecto de la cual deba seguirse una consecuencia jur\u00eddica, y no las que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a describir sus elementos, precisamente porque al ser tales, no pueden atribuir derechos subjetivos, tampoco las que regulan, como es natural entenderlo, determinada actividad procesal o probatoria. Presupuesto que es de vital importancia cumplirlo, porque de omitirse, al decir de la Sala, \u2018quedar\u00eda incompleta la acusaci\u00f3n, en la medida en que se privar\u00eda a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontaci\u00f3n con la sentencia acusada, no pudi\u00e9ndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulaci\u00f3n de los cargos, merced al arraigado car\u00e1cter dispositivo que estereotipa al recurso de casaci\u00f3n\u201d (Cas. Civ. auto de 4 de diciembre de 2009, Exp. 15001-31-03-001-1995-01090-01).\u00bb (CSJ, auto de 23 de mayo de 2011, Exp. 11001-3103-036-2006-00661-01). <\/p>\n
(ii) Por otro lado, se incumple con la exigencia contenida en el art\u00edculo 343 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme a la cual el cargo debe ser formulado en forma independiente, clara, precisa y completa, pues la censura contiene una inadecuada mixtura debido a que entremezcla en su alegato ataques propios de errores de hecho y de derecho. <\/p>\n
N\u00f3tese como el casacionista enfila su \u00fanico embate por la causal segunda de casaci\u00f3n, acusando al Tribunal de incurrir en un error de derecho probatorio al haberse apartado de los principios de la sana cr\u00edtica que orientan su labor valorativa, misma que, adem\u00e1s, no se hizo en conjunto. Sin embargo, tempranamente dicho ataque muta a uno propio del yerro f\u00e1ctico, en virtud del cual se acusa al juzgador de valorar en forma inadecuada las pruebas, especialmente el acta de transacci\u00f3n del 8 de junio de 2016, toda vez que su contenido material en realidad arrojaba una conclusi\u00f3n diferente a la del fallador -que ser\u00eda un t\u00edpico yerro por tergiversaci\u00f3n-; y centrando su embate m\u00e1s adelante en una serie de pruebas documentales que en su decir, fueron pretermitidas por el colegiado -yerro por pretermisi\u00f3n-. <\/p>\n
El mentado hibridismo desatiende los principios de autonom\u00eda e independencia de las causales de casaci\u00f3n, lo cual conduce inexorablemente a la desestimaci\u00f3n del embate respectivo, como en forma consolidada ha predicado la Corte: <\/p>\n
\u00abEvidentemente, la dis\u00edmil naturaleza de estos dos tipos de errores no s\u00f3lo confiere elementos suficientes para distinguirlos, sino que exige guardarse de confundirlos; de suerte que quien resuelva impugnar una sentencia en casaci\u00f3n, no puede en ese prop\u00f3sito invocar promiscuamente las diversas causales que para el efecto tiene previstas el legislador, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro cometi\u00f3 el sentenciador, y luego, aducir la causal que para ese espec\u00edfico defecto tiene dispuesta la ley. (\u2026) <\/p>\n
Ahora, es sabido que hibridismo de tal calado conspira contra la claridad y precisi\u00f3n que de cada acusaci\u00f3n exige el predicho numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 374 del c\u00f3digo de procedimiento civil, pues en ninguno de los dos casos podr\u00eda la Corte emprender su an\u00e1lisis sin tener de antemano muy bien definido cu\u00e1l es el verdadero motivo de inconformidad (\u2026)\u201d7 (AC219-2017, 25 ene. 2017, rad. 2009-00048-01). <\/p>\n
El entremezclamiento antes demostrado impone colegir que en la demanda de sustentaci\u00f3n no se verifica el requisito formal consistente en formular cada cargo \u00abcon la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, y aqu\u00ed se resalta que aquella est\u00e1 muy lejos de atender el requisito de claridad exigible en esta sede extraordinaria. <\/p>\n
(iii) Adem\u00e1s de las falencias se\u00f1aladas, el cargo no logra demostrar el error de derecho alegado, puesto que, si bien se reitera una y otra vez que el ejercicio de valoraci\u00f3n probatoria de la magistratura se alej\u00f3 de las reglas de la sana cr\u00edtica, que fue arbitraria, que fue en contra de la l\u00f3gica y la experiencia, y que adem\u00e1s, no se hizo en conjunto; ni siquiera se mencionan las normas de derecho probatorio presuntamente vulneradas y mucho menos se explica -aunque fuera sucintamente- la forma en que aquellas fueron desconocidas; y ello es as\u00ed porque el censor se limit\u00f3 a atacar las conclusiones probatorias del ad quem, presentando una valoraci\u00f3n alternativa de algunos medios de prueba individualmente considerados, lo que llanamente evidencia su inconformidad con las resultas del proceso y que convierten su alegato en uno propio de las instancias ordinarias y, por ende, inadmisible en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Debe recordarse que, al sustentar un ataque por la v\u00eda indirecta, el memorialista no puede limitarse a exponer la que, seg\u00fan su consideraci\u00f3n, ser\u00eda la valoraci\u00f3n correcta de los medios de prueba, sino que debe atacar la totalidad de los raciocinios que fundamentan la decisi\u00f3n cuestionada y demostrar por qu\u00e9 la hermen\u00e9utica acogida por la colegiatura es abiertamente absurda, caprichosa o contraevidente. <\/p>\n
Conforme lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, esta carga del casacionista: <\/p>\n
\u00ab(…) no se reduce a exponer una inconformidad con las conclusiones a las que arrib\u00f3 el juzgador en el plano de los hechos, o que pueda tenerse por satisfecha a partir de aludir simplemente a los medios de prueba, o de transcribir, sin m\u00e1s, pasajes de los mismos, sino que lo obliga a \u201cponer de presente, por un lado, lo que dice, o dej\u00f3 de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y por el otro, el texto concreto del medio, y establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entre ambos y que esa disparidad es evidente\u201d. (\u2026). Por virtud de lo anterior, no es admisible en casaci\u00f3n el cargo que se limita a presentarle a la Corte un nuevo criterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia\u00bb (CSJ SC3526-2017, 14 mar.). <\/p>\n
(iv) En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el fundamento de la sentencia se encuentra en la ausencia de \u00e1nimo socetatis, debido a que el demandante fungi\u00f3 como mandatario del demandado. <\/p>\n
Resalt\u00f3 el Tribunal que uno de los requisitos de existencia de dichas sociedades comerciales es que la colaboraci\u00f3n entre los socios se desarrolle en pie de igualdad, es decir, que no haya estado uno de ellos, con respecto al otro, en un estado de dependencia proveniente de un contrato como el mandato; requisito que en este caso no se encuentra cumplido debido a que el demandante fungi\u00f3 como mandatario del demandado en las diversas gestiones que rodearon la ejecuci\u00f3n de los proyectos de construcci\u00f3n Edificio Villa Aurora, Edificio Kalamary, Alejandr\u00eda Resort y Hotel El Portal de Barichara. <\/p>\n
Ahora bien, la calidad de mandatario fue derivada por la magistratura de los siguientes medios de prueba: <\/p>\n
a. El acta de acuerdo del 8 de junio de 2016, firmada por el demandante como mandatario y el demandado como mandante, por medio de la cual se transigen las posibles controversias que llegaren a surgir respecto a las actividades desarrolladas desde 2011 por el se\u00f1or Arguello Palomino en los proyectos de construcci\u00f3n antes citados, y se declaran a paz y salvo por dicho concepto. En esa acta se acord\u00f3 el pago de la gesti\u00f3n del demandante con una serie de bienes all\u00ed precisados. <\/p>\n
b. Las escrituras p\u00fablicas, licencias de construcci\u00f3n y declaraciones que dan cuenta de las distintas actividades realizadas por el demandante, a saber, la compra de terrenos y materiales de construcci\u00f3n, la contrataci\u00f3n de trabajadores y la venta de apartamentos, que se corresponden con las facultades del mandatario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2158 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
c. Las declaraciones de parte y documentos que acreditan que el demandante no fue socio capitalista, pues todo el dinero que manejaba proven\u00eda del demandado y particularmente, que la suma de $3.155\u00b4000.000 que el actor dijo haber aportado en dinero, es producto de un cr\u00e9dito solicitado a su nombre pero con respaldo hipotecario y personal del demandado, quien, adem\u00e1s, pag\u00f3 dicho cr\u00e9dito. Asimismo, que el censor tampoco realiz\u00f3 aporte intelectual en la medida en que todas las obras estuvieron a cargo de profesionales en arquitectura e ingenier\u00eda. <\/p>\n
d. La poca credibilidad que ofrece el hecho probado de que el demandante, quien dijo invertir grandes cantidades de dinero y trabajo en la sociedad, renunciara a todo ello firmando un contrato de transacci\u00f3n como mandatario, sin oposici\u00f3n o reparo y sin reclamo alguno de su dinero o del reconocimiento de su trabajo. <\/p>\n
e. La indiscutida validez jur\u00eddica del acta de transacci\u00f3n, sobre la que no se ha elevado ninguna pretensi\u00f3n de nulidad, simulaci\u00f3n o resoluci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el ataque del casacionista deb\u00eda enfilarse a combatir los raciocinios fundamentales del Tribunal, labor que no acometi\u00f3, pues, se insiste, se dedic\u00f3 a presentar una valoraci\u00f3n alternativa de los medios de prueba y a descalificar, especialmente, las conclusiones derivadas del acta de transacci\u00f3n del 8 de junio de 2016, esfuerzo que result\u00f3 ciertamente desenfocado en la medida en que se reproch\u00f3 que el juzgador hubiese considerado que el acta de acuerdo conten\u00eda un contrato de mandato, cuando tal intelecci\u00f3n nunca provino del colegiado. <\/p>\n
La naturaleza jur\u00eddica del referido documento siempre fue entendida por el ad quem como la de un acta de transacci\u00f3n, firmada por las partes en sus calidades de mandante y mandatario, de donde aqu\u00e9l deriva el reconocimiento expreso del actor de la calidad en la que actuaba de cara a las gestiones adelantadas en los distintos proyectos de construcci\u00f3n. Sin embargo, en forma confusa el opugnante alega que, si dicho documento de verdad conten\u00eda un contrato de mandato, deb\u00eda llamarse as\u00ed y no acta de acuerdo, que la cl\u00e1usula 6 -que declara a las partes a paz y salvo- se\u00f1ala en forma gen\u00e9rica las actividades desarrolladas por el se\u00f1or Arguello Palomino, pero sin especificar cu\u00e1les son, se\u00f1alando que de ah\u00ed pod\u00eda interpretarse que se trataba de otras actividades distintas a las realizadas como socio. <\/p>\n
El desenfoque reluce cuando el censor afirma que el Tribunal pretende que el acta de acuerdo transaccional supla un acuerdo de mandato, cuando en modo alguno el juzgador equipar\u00f3 tales figuras jur\u00eddicas. Adem\u00e1s, en franco desatino pretende restar m\u00e9rito probatorio al referido documento -como si se estuviera ante las instancias ordinarias-, se\u00f1alando que su contenido y suscripci\u00f3n fueron producto de un enga\u00f1o -no probado- del convocado. <\/p>\n
En tal virtud, el casacionista dej\u00f3 de atacar el fundamento toral de la decisi\u00f3n al enfilar su embate a conclusiones a las que jam\u00e1s arrib\u00f3 el Tribunal, como que el acta del 8 de junio de 2016 contiene en su clausulado un contrato de mandato. <\/p>\n
Una valoraci\u00f3n alternativa del material probatorio se evidencia cuando el censor busca resaltar el m\u00e9rito probatorio de los diferentes documentos presentados ante la DIAN, extractos bancarios, entre otros, se\u00f1alando que de ellos se desprende, sin duda, su calidad de socio, pero sin mostrar por qu\u00e9 aquella ser\u00eda la \u00fanica interpretaci\u00f3n posible y por qu\u00e9 ser\u00eda absurda la conclusi\u00f3n del ad quem conforme a la cual el hecho de que el demandante haya facilitado su nombre para tomar cr\u00e9ditos y para recibir los dineros del convocado en sus cuentas bancarias no desvirt\u00faa el mandato y lo hace responsable de sus declaraciones y explicaciones ante las autoridades nacionales de impuestos. <\/p>\n
En igual sentido, el cargo pretende hacer ver como un error del colegiado el hecho de haber analizado el material probatorio para concluir que Arguello Palomino no fue socio capitalista, se\u00f1alando que esto nunca fue alegado por la parte actora, cuando desde el mismo libelo introductorio se indic\u00f3 que el demandante hab\u00eda aportado sumas de dinero a la pretendida sociedad de hecho, mismas que, seg\u00fan se prob\u00f3 despu\u00e9s, correspondieron al cr\u00e9dito respaldado por el demandado y pagado con sus propios recursos. <\/p>\n
(v) Finalmente, se tiene que el cargo es incompleto, puesto que no dirige ning\u00fan ataque a otros argumentos basilares de la sentencia, a saber, la plena validez jur\u00eddica del acta de transacci\u00f3n en virtud de la cual las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en relaci\u00f3n con las actividades realizadas por el demandante en los proyectos de construcci\u00f3n que hoy se denuncian como sociales, y la acreditaci\u00f3n de la calidad de mandatario a trav\u00e9s de distintos instrumentos p\u00fablicos y privados, como escrituras p\u00fablicas, licencias de construcci\u00f3n y la pluricitada acta de transacci\u00f3n, en los que el se\u00f1or Arguello Palomino adujo su calidad de mandatario de su contraparte. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Comoquiera que los ataques formulados en la demanda de casaci\u00f3n no cumplen con las exigencias formales contenidas en el estatuto procesal, se impone la inadmisi\u00f3n de la demanda en referencia con apoyo en el numeral 1 del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n presentada por Luis Ram\u00f3n Arguello Palomino frente a la sentencia proferida el 3 de marzo de 2022 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, dentro del proceso declarativo que promovi\u00f3 el hoy recurrente contra Leonardo Mac\u00edas Villalba. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 As\u00ed se adquirieron los predios identificados con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria No. 319-47593 y 319-48462, para la construcci\u00f3n del Edificio Villa Aurora, el No. 319-49217, destinado a la construcci\u00f3n del Edificio Kalamary. El No. 319-44837, para la construcci\u00f3n de Alejandr\u00eda Resort, los lotes identificados con folios No. 302-13927 y 302-13929, para la construcci\u00f3n del Hotel El Portal de Barichara. <\/p>\n
2\u0002 Conforme al par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344, \u00ab[c]uando se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
6\u0002 Recu\u00e9rdese que, en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, tanto la violaci\u00f3n directa como indirecta de la ley sustancial se atacaban a trav\u00e9s de la misma causal primera de casaci\u00f3n (art\u00edculo 368 CPC) <\/p>\n
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AC5408-2022 (2018-00143-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC5408-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68679-31-03-001-2018-00143-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n interpuesta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69251","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69251","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69251"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69251\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69251"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69251"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69251"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}