AC5437-2022 (2015-00144-01)<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC5437-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 47001-31-03-003-2015-00144-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n formulado por el demandante, Jos\u00e9 Jaime Pacheco G\u00e1mez, contra la sentencia que el 15 de enero de 20201 profiri\u00f3 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Pretensiones. <\/p>\n
El actor solicit\u00f3 que se ordenara a M\u00e1ximo Alberto Campo D\u00edazgranados restituirle la posesi\u00f3n de una \u00abfranja de terreno ubicada en el sector de Pozos Colorados, kil\u00f3metro 13, de la carretera Santa Marta \u2013 Ci\u00e9naga, margen occidental, a la altura del \u00fanico y legendario camino de acceso al conocido predio denominado Salinas Mar\u00edtimas de Pozos Colorados, en el distrito de Santa Marta\u00bb2. <\/p>\n
Asimismo, pidi\u00f3 \u00abapercibir al demandado con multas en el n\u00famero de salarios m\u00ednimos legales, se\u00f1alados por la ley para tales efectos, por cada acto de perturbaci\u00f3n o despojo que por s\u00ed o por interpuesta persona realice en el predio\u00bb; y tambi\u00e9n que se le ordenara indemnizar los perjuicios \u00abque caus\u00f3 con el despojo del predio\u00bb, los cuales tas\u00f3 en $15.000.000. <\/p>\n
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2. Fundamento f\u00e1ctico <\/p>\n
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1. El predio sobre el que gravita la controversia viene siendo pose\u00eddo por el demandante desde 1986. En ejercicio de esa posesi\u00f3n, en el a\u00f1o 1993 consigui\u00f3 que el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Santa Marta, ante quien se tramitaba la mortuoria de Bertha Barreneche de Noguera, levantara las cautelas que hab\u00eda decretado sobre aquel fundo, creyendo erradamente que pertenec\u00eda a otro vecino. <\/p>\n
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2. Su posesi\u00f3n fue igualmente reconocida por la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda del Barrio la Paz del Distrito de Santa Marta y por la Secretar\u00eda de Gobierno del mismo ente territorial, entidades que reconocieron al se\u00f1or Pacheco G\u00e1mez \u00abun status (sic) quo y amparo policivo\u00bb sobre el predio, mediante resoluciones de 3 de abril de 2006 y 25 de abril de 2007, respectivamente. <\/p>\n
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3. Entre el 24 y el 30 de junio de 2014, el aqu\u00ed demandado ingres\u00f3 en forma violenta al referido inmueble, \u00abmediante la utilizaci\u00f3n de un bulldozer Caterpillar, con el cual derrib\u00f3 los postes de cemento y de madera con los que estaba construida la cerca de alambres que delimitaba la franja de terreno ocupada y a descapotar (sic) o remover toda la capa vegetal que cubr\u00eda el \u00e1rea intervenida y a destruir una mejora de paredes de bloque de cemento y techo en l\u00e1minas de zinc y de Eternit\u00bb. <\/p>\n
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4. El se\u00f1or Campo D\u00edazgranados sostuvo por entonces que el terreno que pose\u00eda el actor, y uno contiguo, denominado \u201cSalinas Mar\u00edtimas de Pozos Colorados\u201d \u2013al que le corresponde el folio de matr\u00edcula n.\u00b0 080-0002251, y que actualmente pertenece al Distrito de Santa Marta\u2013, forman parte de un globo de mayor extensi\u00f3n llamado \u201cCerro Blanco\u201d, de propiedad de Cerro Blanco S.A. <\/p>\n
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5. No obstante, esa afirmaci\u00f3n es falsa, tal como se corrobor\u00f3 en el proceso reivindicatorio que se promovi\u00f3 contra la entidad p\u00fablica a la que le pertenec\u00eda el predio \u201cSalinas Mar\u00edtimas de Pozos Colorados\u201d. En dicho litigio se recaud\u00f3 un dictamen pericial, que puso en evidencia la diferencia entre los tres inmuebles (\u201cCerro Blanco\u201d, \u201cSalinas Mar\u00edtimas de Pozos Colorados\u201d y \u201cEl Charquito\u201d), lo que condujo al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta y a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial a denegar la reivindicaci\u00f3n.<\/p>\n
6. De hecho, la Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo, que por entonces era la propietaria de \u201cSalinas Mar\u00edtimas de Pozos Colorados\u201d, inici\u00f3 un proceso de deslinde y amojonamiento contra el se\u00f1or Pacheco G\u00e1mez, relacionado con la franja de terreno sobre la que versan las pretensiones. La sola configuraci\u00f3n de ese litigio permite establecer que es el hoy convocante \u2013contra quien se dirigi\u00f3 el petitum\u2013, y no M\u00e1ximo Alberto Campo D\u00edazgranados o la sociedad Cerro Blanco S.A., el poseedor de la porci\u00f3n de tierra en disputa. <\/p>\n
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3. Actuaci\u00f3n procesal <\/p>\n
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1. Enterado del auto admisorio de la demanda, el convocado se opuso a la prosperidad de las pretensiones, arguyendo que \u00absi sobre el lote que se pretende se surti\u00f3 un statu quo desde el 2006 (\u2026), entonces la acci\u00f3n posesoria est\u00e1 caducada o prescrita\u00bb. A ello agreg\u00f3 que \u00abel demandante no est\u00e1 legitimado en la causa, teniendo en cuenta que \u00e9l mismo afirma en su demanda que el predio hace parte de un globo de terreno de mayor tama\u00f1o que se encuentra secuestrado (\u2026), luego entonces es el juzgado el legitimado para solicitarlo\u00bb; y que \u00abno se present\u00f3 con la demanda el t\u00edtulo o escritura que acredite que el demandante es propietario del globo de terreno solicitado\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, expuso que \u00abel demandante est\u00e1 afirmando que \u00e9l no tiene la posesi\u00f3n del bien inmueble, requisito sine qua non para impetrar una demanda por perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n\u00bb, y que \u00abse acciona en contra de M\u00e1ximo Alberto Campo D\u00edazgranados como persona natural, [pese a que] el lote de terreno materia de la litis no es de su propiedad, sino de la empresa Cerro Blanco S.A.\u00bb. <\/p>\n
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2. La referida persona jur\u00eddica present\u00f3 intervenci\u00f3n excluyente, arguyendo que la franja de terreno de la que dice ser poseedor el se\u00f1or Pacheco G\u00e1mez corresponde al predio identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 080-101311, que es de propiedad de Cerro Blanco S.A., y est\u00e1 actualmente en su poder. Por esa v\u00eda, solicit\u00f3 que se decretara \u00abla terminaci\u00f3n del presente proceso y pretensiones, por prescripci\u00f3n, y ordenar su archivo; declarar infundados los hechos y pretensiones de demandante y demandado y, en consecuencia, declarar \u00fanico poseedor del globo de terreno identificado con la matr\u00edcula n.\u00b0 080-101311 a la empresa Cerro Blanco S.A.\u00bb. <\/p>\n
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3. La intervenci\u00f3n excluyente fue admitida por auto de 9 de febrero de 2016, y a ella solo se opuso el actor, reiterando su exposici\u00f3n inicial. <\/p>\n
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4. Mediante sentencia de 8 de junio de 2016, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta desestim\u00f3 la demanda principal, as\u00ed como lo pretendido por el interviniente ad excludendum. Lo anterior, tras considerar que la acci\u00f3n posesoria \u00abse refiere a un bien que pertenece a una entidad de derecho p\u00fablico, antes lo era la Corporaci\u00f3n Nacional del Turismo, en la medida en que esa franja debe pasar \u2013por raz\u00f3n del proceso de deslinde y amojonamiento\u2013 a la Naci\u00f3n, hoy claro, al ente administrativo que la haya reemplazado\u00bb. <\/p>\n
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4. La sentencia impugnada <\/p>\n
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i. Ante la prosperidad de la acci\u00f3n de tutela impetrada por el demandante, el tribunal tuvo que decretar varias pruebas de oficio, buscando clarificar qui\u00e9n es el titular de la franja de terreno sobre la que versan las pretensiones. <\/p>\n
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ii. Incluso, se requiri\u00f3 a la Alcald\u00eda de Santa Marta, para que aportara el informe t\u00e9cnico en el que se verificaron y actualizaron los linderos del predio que otrora perteneci\u00f3 a la Corporaci\u00f3n Nacional del Turismo, y que hoy es de propiedad del ente territorial. Sin embargo, ese documento no pudo recaudarse, \u00abteniendo, en consecuencia, la Sala el deber de fallar conforme al material probatorio que se logr\u00f3 recaudar\u00bb. <\/p>\n
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iii. Es cierto que se alleg\u00f3 el certificado de tradici\u00f3n y libertad del predio con matr\u00edcula n.\u00b0 080-0002251, denominado \u201cSalinas Mar\u00edtimas de Pozos Colorados\u201d, de propiedad p\u00fablica; pero nunca se pudo corroborar que la franja objeto del reclamo posesorio estuviera comprendida total o parcialmente en dicho fundo, \u00abpues n\u00f3tese que en las conclusiones a las que lleg\u00f3 el perito en la complementaci\u00f3n que se le requiri\u00f3, indic\u00f3 que \u201cse deja claro que en vista de la demora en aportar los documentos completos por las partes interesadas y el Distrito, a los que se les solicit\u00f3 la Resoluciones completas, es decir, con los planos y peritajes que hacen parte integral de estas, no se pudo establecer hasta el momento si la franja en estudio y litis hace parte o no del inmueble de la Corporaci\u00f3n Nacional del Turismo, hoy Distrito de Santa Marta\u201d\u00bb. <\/p>\n
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iv. A pesar de que la Sala requiri\u00f3 al perito para que clarificara su conclusi\u00f3n, este insisti\u00f3 en que \u00abdespu\u00e9s de la aclaraci\u00f3n y actualizaci\u00f3n de medidas que sufri\u00f3 ese predio [se refiere a \u201cSalinas Mar\u00edtimas de Pozos Colorados\u201d], no es posible determinar si [la porci\u00f3n sobre la que versa el posesorio] hoy hace parte total o parcial del mencionado globo, ya que nunca fue aportado por parte de la Alcald\u00eda o IGAC el plano indicando la actualizaci\u00f3n de medidas y linderos\u00bb. <\/p>\n
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v. Si bien el IGAC alleg\u00f3 \u00abla carta catastral del sector 10 manzana 63 del Distrito de Santa Marta, correspondiente a la matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 080-002251\u00bb, ese documento no ofreci\u00f3 mayores luces para resolver la cuesti\u00f3n, tal como lo afirm\u00f3 el auxiliar de la justicia designado, al decir: \u00abLos planos enviados por el IGAC no cambian en nada el informe presentado por m\u00ed, toda vez que en ellos no se plasman las modificaciones de linderos, lo cual debe estar es en poder de la Alcald\u00eda Distrital\u00bb. <\/p>\n
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vi. Sobre la misma tem\u00e1tica se interrog\u00f3 al perito en audiencia, y al pregunt\u00e1rsele si \u00abel predio que est\u00e1 en disputa hace parte o no de aquel que era de la CNT, hoy del Distrito de Santa Marta\u00bb, respondi\u00f3 que la variable no pod\u00eda despejarse, toda vez que \u00abhacen falta dos partes importantes para poder definirla. Lo dicho es en base a unas pruebas que est\u00e1n dentro del mismo expediente, por lo cual conclu\u00ed lo inicialmente dicho y dejo constancia tambi\u00e9n de que hizo falta lo del Distrito para poder saber si hace, o no, parte, del predio hoy del Distrito\u00bb. <\/p>\n
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vii. Refulge, entonces, que \u00aba pesar de estar demostrado el derecho de dominio que tiene el Distrito de Santa Marta sobre el inmueble con matr\u00edcula 080-2251 (sic), ante la indeterminaci\u00f3n que se viene de ver, no es posible concluir, como se hizo en la sentencia anterior, que el predio objeto de la demanda posesoria haga parte, total o parcialmente, de este. No obstante, no se debe olvidar, como bien se indic\u00f3 en p\u00e1rrafos precedentes, que las acciones posesorias no proceden respecto de inmuebles que no pueden ganarse por prescripci\u00f3n, como claramente lo determina el art\u00edculo 973 del C\u00f3digo Civil (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
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viii. En consideraci\u00f3n a lo anterior, \u00abel demandante ten[\u00eda] el deber de acreditar, con absoluta certeza, la calidad de privado del bien, para que puedan triunfar sus pretensiones\u00bb, de modo que, ante la incertidumbre que se cierne sobre la titularidad del terreno en litigio, no es posible acceder a las pretensiones. <\/p>\n
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ix. Si, en gracia de discusi\u00f3n, se dejara de lado ese raciocinio, la demanda tampoco podr\u00eda salir avante, puesto que el convocante no prob\u00f3 que antes del denunciado despojo, viniera ejerciendo posesi\u00f3n sobre el inmueble en disputa por lo menos por un a\u00f1o, tal como lo exige el art\u00edculo 974 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
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x. Aunque en la demanda se dijo haber presentado \u00abante el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia un incidente para levantar el secuestro del predio de mayor extensi\u00f3n donde, seg\u00fan su dicho, se encuentra ubicada la franja de terreno objeto del presente proceso, destacando que el tr\u00e1mite arroj\u00f3 resultados positivos y, en consecuencia, se orden\u00f3 la entrega del inmueble a su favor\u00bb, en realidad no se aport\u00f3 el acta de la diligencia de entrega surtida en cumplimiento de dicha orden. <\/p>\n
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xi. Y aunque se hubiera allegado tal documento, \u00aben el mejor de los casos se encontrar\u00eda establecido que para el a\u00f1o 2006 recibi\u00f3 la posesi\u00f3n de la franja de terreno objeto de este proceso (\u2026), pero desde ning\u00fan punto de vista ello acredita que, desde ese entonces, hasta el mes de junio de 2014, que es la fecha en que, asegur\u00f3, fue despojado, haya estado ejerciendo actos de posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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xii. No puede pasarse por alto que, durante su interrogatorio de parte, el actor puntualiz\u00f3 que la demanda no versaba sobre el predio \u201cEl Charquito\u201d \u2013que es de su propiedad\u2013, \u00absino sobre una posesi\u00f3n ejercida sobre una franja de terreno identificada en los actos judiciales que la soportan\u00bb, lo cual resulta contradictorio con lo dicho en el escrito inicial, \u00abdonde se hizo alusi\u00f3n a que la franja de terreno hace parte del globo de mayor extensi\u00f3n frente al que se dispuso la entrega, ello de acuerdo a lo puntualmente indicado por la Secretar\u00eda de Gobierno, al se\u00f1alar \u201cd\u00e9sele cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta, mediante auto y el respectivo despacho comisorio 011, ambos de 12-09 de 2006, en el sentido de auxiliar la diligencia de entrega del inmueble denominado \u201cEl Charquito\u201d\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xiii. En un vano intento de evidenciar su se\u00f1or\u00edo, el actor tambi\u00e9n recalc\u00f3 que entre \u00e9l y la Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo se suscit\u00f3 un juicio de deslinde y amojonamiento, relacionado con la porci\u00f3n de terreno que es objeto de esta actuaci\u00f3n. Pero tal asunto result\u00f3 decidi\u00e9ndose en favor del ente p\u00fablico, por lo que el aqu\u00ed convocante present\u00f3 oposici\u00f3n, y en virtud de ella se le permiti\u00f3 permanecer en el bien, circunstancia que permite tener por cierto que \u00abel actor qued\u00f3 ocupando el predio, pero no que, desde esa fecha, vale decir 3 de febrero de 1995, hasta el periodo del presunto despojo, haya venido poseyendo el inmueble\u00bb. <\/p>\n
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xiv. El art\u00edculo 780 del C\u00f3digo Civil presume una continuidad en la posesi\u00f3n de quien ha empezado a detentar un bien en esas condiciones, pero incluso ese se\u00f1or\u00edo inicial result\u00f3 desvirtuado por los testimonios de Luis Carlos D\u00edazgranados y Juan Jos\u00e9 Moscarela Riascos, quienes de manera un\u00edvoca manifestaron que el demandante no es poseedor de la heredad en disputa. <\/p>\n
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xv. Para la acreditaci\u00f3n de la susodicha posesi\u00f3n no ofrece mayor utilidad el dictamen pericial rendido en primera instancia, pues el experto que lo elabor\u00f3 fue enf\u00e1tico al indicar que no encontr\u00f3 ning\u00fan vestigio de los postes que el actor asegura fueron derrumbados por su contraparte, ni se pudo corroborar que ese eventual cerramiento hubiera sido levantado por aquel. <\/p>\n
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xvi. La intervenci\u00f3n ad excludendum de Cerro Blanco S.A. tampoco puede prosperar, \u00abpues para ello deb\u00eda tenerse absoluta certeza de que el predio no es de propiedad p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
5. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
El convocante interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Al sustentarlo, enarbol\u00f3 cuatro cargos; el primero fundado en la causal \u00eddem del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso y los restantes con apoyo en la causal segunda del mismo precepto. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
El impugnante atribuy\u00f3 al ad quem la trasgresi\u00f3n directa de los art\u00edculos 673, 756, 758, 759, 973, 1857-2, y 2512 a 2534 del C\u00f3digo Civil, 12 del Decreto 960 de 1970, 2 de la Ley 1579 de 2012, y de lo dispuesto en el fallo de tutela CSJ STC436-2018. En defensa de esa censura, expuso: <\/p>\n
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i. De forma contradictoria, el tribunal desestim\u00f3 la demanda, \u00abpor considerar que el objeto litigioso de la misma recae sobre una cosa que no puede ganarse por prescripci\u00f3n, y por consiguiente, sobre la que no puede haber acci\u00f3n posesoria\u00bb, pero al mismo tiempo sostuvo que \u00abno es posible concluir, como se hizo en la sentencia anterior, que el predio objeto de la demanda posesoria, haga parte, total, o parcialmente, de \u00e9ste, del predio Salinas Mar\u00edtimas de Pozos Colorados, de propiedad del ente territorial, Distrito Tur\u00edstico, Cultural e Hist\u00f3rico de Santa Marta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. En los propios t\u00e9rminos del ad quem, no debi\u00f3 darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 973 del C\u00f3digo Civil, pues afirmar que \u00abpese al esfuerzo realizado (…) no se demostr\u00f3 que la franja de terreno objeto del interdicto sea p\u00fablica (\u2026), es igual a afirmar que la misma no es publica\u00bb. Bajo ese entendido, debi\u00f3 concluirse \u00abpor descarte, o sustracci\u00f3n de materia, que la franja de terreno objeto del interdicto es una de esas cosas que, si se pueden adquirir por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio y, por consiguiente, sobre las que si puede haber acci\u00f3n posesoria\u00bb.<\/p>\n
iii. De haberlo visto as\u00ed, el tribunal habr\u00eda aplicado los preceptos sustanciales ya invocados, para declarar \u00abcomo \u00fanica l\u00f3gica posible, el que la franja de terreno objeto del interdicto es de propiedad privada, que se trata de un bien ra\u00edz, de los que est\u00e1n en el comercio humano, que se han pose\u00eddo con las condiciones legales, y que es de los que se pueden ganar por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, de la misma manera que los otros derechos reales que no est\u00e1n especialmente exceptuados, por consiguiente, que es una de esas cosas sobre las que puede haber acci\u00f3n posesoria\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Denunciando la violaci\u00f3n indirecta de las mismas normas invocadas en el cuestionamiento inicial, el recurrente argument\u00f3: <\/p>\n
i. Tanto la escritura p\u00fablica n.\u00b0 680 de 10 de junio de 2009, como el certificado de tradici\u00f3n y libertad del inmueble con folio de matr\u00edcula n.\u00b0 080-101311, permiten tener por probado que la porci\u00f3n de tierra que se disputa es un fundo de naturaleza privada, que pertenece a la sociedad Cerro Blanco S.A. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Contrariando la restricci\u00f3n probatoria que contempla el canon 256 del C\u00f3digo General del Proceso, el fallador ad quem ignor\u00f3 dichas probanzas, \u00abprocediendo a suplir la apreciaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de estas, por la exigencia de la necesidad de otra prueba especial que la ley no requiere para ese efecto, en busca de la que le otorgara una absoluta certeza de la calidad de privada de dicha franja de terreno, m\u00e1s all\u00e1 de la que otorga el t\u00edtulo acompasado con la certificaci\u00f3n de haberse materializado el modo de la tradici\u00f3n, lo que conllev\u00f3 a que diera aplicaci\u00f3n indebida al art\u00edculo 973 del C\u00f3digo Civil, cuando esta \u00faltima, no era la norma llamada a regular y gobernar el caso debatido\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. El tribunal pretermiti\u00f3 \u00abla experticia rendida el 9 de noviembre de 1992, por los peritos Arquitectos, Werner Stuwe y Argemiro Maya, y el perito Top\u00f3grafo, Franklin Guevara Leotur (\u2026); la experticia rendida el 15 de febrero de 1993, por los peritos Carlos Camargo de Le\u00f3n y Luis Lacera, dentro del incidente de levantamiento de las medidas cautelares decretadas en desarrollo del sucesorio de Bertha Barreneche de Noguera; el oficio emitido por la direcci\u00f3n jur\u00eddica del Distrito de Santa Marta, suscrito por Jorge Miguel Guevara Fragozo, y radicado el 11 de diciembre de 2019 (\u2026), por el que el Distrito de Santa Marta respondi\u00f3 al requerimiento de aportar un dictamen pericial que, por \u00faltima vez, y por oficio 5606 del 19 de septiembre de 2019, le formul\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta; y la copia simple de la escritura 3539, del 29 de septiembre de 1978, de la Notar\u00eda 14 de Bogot\u00e1, aportada por el Distrito de Santa Marta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Tambi\u00e9n hubo error en la valoraci\u00f3n de \u00ablas ampliaciones de la experticia ordenadas dentro del proceso posesorio por autos del 6 de marzo de 2018, y el 27 de junio de 2018, y rendidas, una, el 25 de noviembre de 2018 (\u2026) y la otra, el 7 de octubre de 2019\u00bb, informes con los que queda probado que la franja de terreno objeto de censura no coincide con el predio que hoy es de propiedad del Distrito de Santa Marta. <\/p>\n
<\/p>\n
v. De haber sido analizados apropiadamente, los referidos elementos de juicio deb\u00edan conducir al tribunal a dar por cierto que la franja inmobiliaria en disputa no forma parte del predio \u201cSalinas Mar\u00edtimas de Pozos Colorados\u201d; que, en consecuencia, no es de propiedad del Distrito de Santa Marta y que, por lo mismo, no es un bien p\u00fablico. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. El tribunal, adem\u00e1s, \u00abintrodujo un elemento calificador de convicci\u00f3n inexistente en el C\u00f3digo Civil, valorando como la \u00fanica prueba existente en el proceso, de la calidad de p\u00fablico o de particular del bien en disputa, el folio de matr\u00edcula n.\u00b0 080-2251\u00bb, atribuy\u00e9ndole a ese documento una inteligencia contraevidente, al asumir que el objeto litigioso se encuentra comprendido dentro de los l\u00edmites de ese fundo p\u00fablico. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. El yerro valorativo incidi\u00f3 en la suerte del litigio, pues \u00abdel acervo probatorio obrante en el proceso, solo se puede concluir, de manera l\u00f3gica y coherente, que la franja de terreno objeto del interdicto, al contar con un t\u00edtulo, escritura 680, del 10 de agosto de 2009, otorgada ante la Notar\u00eda 4 de Santa Marta, y la constancia \u2013 o certificaci\u00f3n 080-101311, de haberse materializado respecto a ella, el correspondiente modo de la tradici\u00f3n, en favor de una persona jur\u00eddica de derecho privado, Cerro Blanco S.A., es un inmueble de naturaleza privada, es decir, todo lo contrario a las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Sentenciador de Segundo grado\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Nuevamente con sustento en el segundo motivo de casaci\u00f3n, el impugnante denunci\u00f3 la trasgresi\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 762, 775, 792 y 2522 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como de \u00abla l\u00ednea jurisprudencial que respalda y desarrolla los siguientes conceptos, \u201cel registro de la demanda, el embargo y secuestro de un bien, no interrumpe la prescripci\u00f3n del poseedor\u201d (\u2026); \u201cSi la posesi\u00f3n no se pierde por el hecho del embargo, no hay disposici\u00f3n alguna del C\u00f3digo Civil, que se oponga a la usucapi\u00f3n o prescripci\u00f3n adquisitiva, la cual, por ser t\u00edtulo originario de dominio, difiere esencialmente de la enajenaci\u00f3n; (\u2026); \u201cLa posesi\u00f3n se reputa subsistente durante la vigencia de la medida; (\u2026); \u201cEl secuestro de inmueble practicado en proceso de sucesi\u00f3n no interrumpe la prescripci\u00f3n en curso\u00bb. Por esa v\u00eda, expuso: <\/p>\n
<\/p>\n
i. En la demanda no se manifest\u00f3 que la detentaci\u00f3n del predio objeto de esta controversia se hubiera dado o recuperado en virtud de una diligencia de entrega. Ciertamente, se aludi\u00f3 a la liberaci\u00f3n del inmueble, pero nada se dijo sobre una diligencia como esa, pues nunca lleg\u00f3 a surtirse y, por lo tanto, no puede existir el acta que ech\u00f3 de menos la magistratura. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Es pertinente considerar que esa entrega no pudo darse, porque \u00abde manera sistem\u00e1tica y milim\u00e9tricamente planeada, y casi que en forma orquestada con funcionarios de la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda del Barrio La Paz de Santa Marta, el demandado M\u00e1ximo Alberto Campo D\u00edaz Granados lo impidi\u00f3, inicialmente, con los actos de perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n que propiciaron la respectiva querella policiva 050-2006, y posteriormente, con los actos de ocupaci\u00f3n de hecho, que propiciaron la querella de lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho 095-214, (…), todo lo cual conllev\u00f3, a que dentro del t\u00e9rmino legal, Jos\u00e9 Jaime Pacheco G\u00e1mez promoviera ante el poder judicial, la correspondiente acci\u00f3n posesoria por despojo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. De hecho, aun hoy la disputada porci\u00f3n de terreno \u00abse encuentra en poder del secuestre que en su momento design\u00f3 el Juzgado 3 (sic) Civil del Circuito de Santa Marta, raz\u00f3n por la que, para el momento de ocurrencia de los actos de despojo, el accionante se encontraba ejerciendo la posesi\u00f3n material sobre el inmueble objeto de dichos actos violentos, por intermedio de otra persona que, a nombre del demandante, y como mero tenedor, ostentaba la tenencia de la misma, vale decir, el auxiliar de la justicia \u2013 secuestre, designado dentro del sucesorio de Bertha In\u00e9s Barreneche de Noguera\u00bb. <\/p>\n
iv. En cuanto a la prueba de la posesi\u00f3n del actor, el tribunal circunscribi\u00f3 su an\u00e1lisis a dos declaraciones \u00abde testigos catalogados por la ley como sospechosos, ya que los unen con el demandado y el tercero interviniente lazos de familiaridad y de dependencia laboral y comercial\u00bb, dejando de lado otras probanzas \u00abdemostrativas del ejercicio, de vieja data, de la posesi\u00f3n ininterrumpida\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. En efecto, fueron obviadas las dos experticias presentadas los d\u00edas 9 de noviembre de 1992 (en el juicio reivindicatorio que antecedi\u00f3 a este tr\u00e1mite) y el 15 de febrero de 1993 (en el incidente de levantamiento de medida cautelar adelantado en el mortuorio de Bertha Barreneche de Noguera); tambi\u00e9n el auto de 23 de febrero de 1990 (dictado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta en esa mortuoria); el acta de diligencia de secuestro de 2 de mayo de 1990; el \u00abstatus (sic) quo y amparo policivo que la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda del Barrio la Paz del Distrito de Santa Marta decret\u00f3 el 3 de abril de 2006\u00bb; el acta de protecci\u00f3n policiva de 4 de abril de 2006 y la Resoluci\u00f3n del 25 de abril de 2007, dictada por la Secretar\u00eda de Gobierno de Santa Marta. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. Informaci\u00f3n similar podr\u00eda extraerse de la actuaci\u00f3n de la inspectora del barrio La Paz, de 28 de agosto de 2007, mediante la cual dio cumplimiento a lo resuelto por el secretario de gobierno de Santa Marta; y las actas de la diligencia de lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho que se adelantaron los d\u00edas 27 de marzo y 4 de junio de 2015. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, \u00abal verificarse el secuestro del bien, temporalmente la posesi\u00f3n la ejecuta el secuestre, pero en manera (sic) se interrumpe. Levantada la medida y recuperada la tenencia f\u00edsica por qui\u00e9n ven\u00eda poseyendo, se entiende subsistente la posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. Los yerros f\u00e1cticos comentados condujeron a aplicar indebidamente el art\u00edculo 974 del C\u00f3digo Civil, pues \u00abdej\u00f3 de lado la circunstancia expuesta por el demandante en su escrito de demanda introductoria, respecto a que la franja de terreno en litigio en el interdicto posesorio se encontraba, y a la fecha, a\u00fan se encuentra en poder, a t\u00edtulo de mera tenencia, del secuestre designado dentro del sucesorio de Bertha In\u00e9s Barreneche de Noguera, circunstancia por la que, seg\u00fan la ley y la jurisprudencia, se consideraba, y, se sigue considerando, al hoy demandante en el interdicto posesorio, como el poseedor de la misma, y al secuestre, como un mero tenedor a nombre del accionante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ix. Es imposible afirmar que el 4 de abril de 2006 debi\u00f3 darse la diligencia de entrega ordenada en el juicio sucesoral, pues \u00abapenas para el 2 de mayo de 2007 (…) fue cuando la Secretar\u00eda de Gobierno Distrital de Santa Marta comision\u00f3 a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda del Barrio La Paz de Santa Marta, para que auxiliara la diligencia de entrega del mismo (\u2026) y solo hasta el 28 de agosto de 2007 fue cuando la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda del Barrio La Paz de Santa Marta, dio cumplimiento a lo resuelto por la Secretar\u00eda Distrital de Gobierno de Santa Marta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
x. En el hecho quinto de la demanda quiso se\u00f1alarse que el 4 de abril de 2006 se hab\u00eda materializado \u00abstatu quo y amparo policivo de fecha 3 de abril de 2006, decretado por la inspectora de polic\u00eda del barrio La Paz, de Santa Marta, de la \u00e9poca, y no la entrega material del inmueble secuestrado al incidentante, diligencia de entrega del bien secuestrado que nunca se practic\u00f3, y que el demandante nunca afirm\u00f3 que se hubiera practicado\u00bb. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
En t\u00e9rminos similares a los que se plantearon en el segundo cargo, pero esta vez aludiendo a yerros f\u00e1cticos, el actor denunci\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta \u00abde los art\u00edculos 673, 756, 758, 759, 1857, inciso 2\u00ba, y 2512 al 2534, del C.C.; el art\u00edculo 12 del Decreto 960 de 1970; el art\u00edculo 2\u00ba, de la Ley 1579 de 2012, derogatorio del Decreto 1250 de 1970; la Sentencia STC436-2018, del 24 de enero de 2018 (\u2026) y las sentencias invocadas en la misma\u00bb. La acusaci\u00f3n se finc\u00f3 en las siguientes premisas: <\/p>\n
<\/p>\n
i. El tribunal resalt\u00f3 con insistencia que el perito Eduard Bladimir Teller Fonseca no logr\u00f3 corroborar que el predio objeto de este litigio fuera de naturaleza p\u00fablica, por cuanto la Alcald\u00eda Distrital de Santa Marta no alleg\u00f3 el plano topogr\u00e1fico con el cual se verificaron y actualizaron los linderos del predio \u201cSalinas Mar\u00edtimas de Pozos Colorados\u201d. Con todo, ese elemento de juicio \u00abse encuentra incorporado en la escritura 3539, del 29 de septiembre de 1978, de la Notar\u00eda 14 de Bogot\u00e1, de la que, un mes antes de ser dictada la sentencia del 15 de enero de 2020, folios 290 y 291, cuaderno de apelaci\u00f3n, el director Jur\u00eddico del Distrito de Santa Marta, aport\u00f3 al proceso una copia simple, mediante oficio del 11 de diciembre de 2019\u00bb.<\/p>\n
ii. El susodicho levantamiento topogr\u00e1fico estuvo al alcance del experto designado, pues sirvi\u00f3 de base a la \u00abexperticia rendida y ampliada los d\u00edas 7 de octubre y 9 de noviembre, de 1992, por los peritos Arquitectos, Werner Stuwe y Argemiro Maya, y el perito Top\u00f3grafo, Franklin Guevara Leotur, dentro del reivindicatorio de Joaqu\u00edn Campo contra la CNT\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. El tribunal dej\u00f3 de valorar, la escritura p\u00fablica n.\u00b0 680 de 10 de agosto de 2009; el folio de matr\u00edcula n.\u00b0 080-101311, y el oficio de la Direcci\u00f3n Jur\u00eddica del Distrito de Santa Marta de 11 de diciembre de 2019, que informaba al tribunal que el dictamen pericial y el levantamiento topogr\u00e1fico se encuentran anejos a la escritura n.\u00b0 3539 de 29 de septiembre de 1978. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Tambi\u00e9n ignor\u00f3 \u00abla parte de la ampliaci\u00f3n de la experticia rendida por Eduard Bladimir Teller el 25 de noviembre de 2018; la parte de la ampliaci\u00f3n de la experticia rendida por Eduard Bladimir Teller el 7 de octubre de 2019; el folio de matr\u00edcula inmobiliario 080-2251; y el registro fotogr\u00e1fico visible en las p\u00e1ginas 6 a 10 de la demanda introductoria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. Todas esas probanzas evidenciaban que el inmueble sobre el que versan las pretensiones no pertenece al Estado. De haber reparado en ello, el tribunal habr\u00eda reconocido \u00abcomo \u00fanica l\u00f3gica posible, el que la franja de terreno objeto del interdicto es de propiedad privada, que se trata de un bien ra\u00edz, de los que est\u00e1n en el comercio humano, que se han pose\u00eddo con las condiciones legales, y que es de los que se pueden ganar por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, de la misma manera que los otros derechos reales que no est\u00e1n especialmente exceptuados, por consiguiente, que es una de esas cosas sobre las que puede haber acci\u00f3n posesoria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
vii. El tribunal supuso que el registro de los actos administrativos de extinci\u00f3n de dominio en el folio de matr\u00edcula n.\u00b0 080-002251 \u00abprobaban que el inmueble objeto del interdicto, al que le corresponde la matricula inmobiliaria 080-101311, qued\u00f3 sujeto a los efectos de la extinci\u00f3n de dominio declarada en favor del ente de derecho p\u00fablico, Distrito de Santa Marta\u00bb. Esto, a pesar de que dichas anotaciones evidenciaban que la heredad que aqu\u00ed interesa no ha sufrido ninguna variaci\u00f3n con ocasi\u00f3n de los actos de las autoridades en el predio \u201cSalinas Mar\u00edtimas de Pozos Colorados\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. As\u00ed, \u00abconsecuencialmente a la falta de aplicaci\u00f3n de la norma probatoria y preceptos sustanciales se\u00f1alados, se ha proclamado la improcedencia de la acci\u00f3n posesoria promovida por Jos\u00e9 Jaime Pacheco G\u00e1mez, por considerar que el objeto litigioso de la misma recae sobre una cosa que no puede ganarse por prescripci\u00f3n, pese a que la misma (…) se trata de una franja de terreno que no es p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ix. Una cosa es que las acciones posesorias no procedan frente a bienes imprescriptibles, y otra muy distinta que \u00abdeba probarse la calidad de privado del bien, con una absoluta certeza, m\u00e1s all\u00e1 de la que otorgan los documentos exigidos por la ley como solemnidad para la existencia y validez de los actos y contratos con los que se considera a determinada persona, este caso concreto, persona privada, due\u00f1a de un inmueble\u00bb. Tal requerimiento no lo contempla el ordenamiento, y por ende err\u00f3 el tribunal al pretender descargar sus conclusiones en la ausencia de una \u00abprueba especial que la ley no requiere\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
x. El tribunal hizo un an\u00e1lisis muy superficial del material probatorio, lo que deriv\u00f3 en la trasgresi\u00f3n de \u00ablos principios que rigen la valoraci\u00f3n de las pruebas, sobre los medios de pruebas admisibles para determinar qui\u00e9n es el propietario de un inmueble, que exige un an\u00e1lisis integral de todas las pruebas, desconociendo la prohibici\u00f3n establecida por el art\u00edculo 256 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
xi. La actividad judicial demanda una \u00abapreciaci\u00f3n individual y conjunta de las pruebas seg\u00fan la sana cr\u00edtica\u00bb, nada de lo cual observ\u00f3 el ad quem, quien obvi\u00f3 m\u00faltiples probanzas que acreditaban, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, que, \u00abal momento de la ocurrencia de los actos de despojo denunciados, la parte actora se encontraba en posesi\u00f3n material de la franja de terreno que hoy est\u00e1 en litigio dentro del interdicto posesorio, la cual, desde el 2 de mayo de 1990, hasta la fecha de la presentaci\u00f3n de esta demanda de casaci\u00f3n, se encuentra en poder, como mero tenedor, a nombre de Jos\u00e9 Jaime Pacheco G\u00e1mez, del auxiliar de la justicia designado en desarrollo de una medida cautelar del secuestro decretado dentro del plurimentado sucesorio de Bertha Barreneche de Noguera, franja de terreno de propiedad privada, seg\u00fan el t\u00edtulo y la certificaci\u00f3n de haberse materializado el modo de la tradici\u00f3n, en favor del tercero interviniente ad excludendum, Cerro Blanco S.A.\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados en las leyes procesales y la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
<\/p>\n
i. La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. En caso de denunciar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (v\u00eda indirecta), es necesario incluir la pauta jur\u00eddica que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido trasgredida, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n normativa completa. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Si se elige la v\u00eda directa, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
v. En lo que tiene que ver con el error de derecho, que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio4, deben se\u00f1alarse las normas de esa naturaleza que se consideran quebrantadas, as\u00ed como hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. A su turno, si se denuncia un error de hecho, esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio5, deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, ser\u00e1 menester evidenciar que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial, o que su materialidad fue alterada, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria de su contenido. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de dejar en claro en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. El cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contraevidentes6. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su contenido, en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no probados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n que haya sido adoptada. <\/p>\n
<\/p>\n
ix. Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera) y por trasgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden gravitar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
<\/p>\n
x. Si se fustiga la decisi\u00f3n del tribunal por haber sido proferida en un juicio viciado nulidad, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede estar saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
<\/p>\n
xi. El censor tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto esgrimido en el sentido decisorio (trascendencia), para lo cual, acreditado alguno de los motivos aducidos como sustento de la casaci\u00f3n, debe explicarse por qu\u00e9 el fallo definitivo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a los intereses del recurrente. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. An\u00e1lisis conjunto de las censuras. <\/p>\n
Es pertinente resaltar que todas las censuras del recurrente alteran el relato de los hechos que \u00e9l mismo expuso en su demanda \u2013v.gr., al dar por sentada la continuidad de una medida cautelar, ordenada en la sucesi\u00f3n de Bertha Barreneche de Noguera, que se dijo levantada en el a\u00f1o 1993\u2013; o tergiversan frontalmente el contenido material de la evidencia \u2013v.gr., al hacer pasar las acciones policivas que ata\u00f1en a la finca \u201cEl Charquito\u201d, de propiedad del convocante, como actos de defensa de su alegada posesi\u00f3n sobre una franja de terreno ajena\u2013. <\/p>\n
Pero aun dejando de lado tales inconsistencias, y asumiendo la veracidad de los alegatos del recurrente, su impugnaci\u00f3n extraordinaria no ser\u00eda formalmente id\u00f3nea, pues carece de simetr\u00eda de cara al argumento principal del tribunal, consistente en la falta de prueba de la naturaleza privada del predio sobre el que gravita la litis. Adem\u00e1s, no derruy\u00f3 otro pilar relevante de la sentencia desestimatoria, a saber, la imposibilidad de comprobar el oportuno ejercicio de la acci\u00f3n posesoria por parte del convocante. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Desenfoque de las acusaciones. <\/p>\n
El rigor formal del recurso extraordinario de casaci\u00f3n exige la exposici\u00f3n de <\/p>\n
\u00ab(\u2026) una cr\u00edtica concreta y razonada [que] guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (sentencia 06 de 26 de marzo de 1999); criterio que la Corte ha reiterado en muchos pronunciamientos, entre otros, en los fallos de 7 de noviembre de 2002, exp. 7587, y 28 de mayo de 2004, exp. 7101, para citar solo algunos\u201d (Casaci\u00f3n Civil, sentencia de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01)\u00bb (CSJ SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01). <\/p>\n
Pues bien, en este caso las razones de la censura no son sim\u00e9tricas, ni pertinentes, con relaci\u00f3n a la motivaci\u00f3n del fallo del segundo grado, haciendo imposible para la Corte escrutar el acierto de esa providencia, al menos en el marco de un remedio eminentemente dispositivo, como lo es la casaci\u00f3n. N\u00f3tese que, mientras el ad quem finc\u00f3 su determinaci\u00f3n en la falta de prueba de la naturaleza privada del predio objeto de la litis, el se\u00f1or Pacheco G\u00e1mez critic\u00f3 que se hubiera concluido que la heredad era un bien p\u00fablico \u2013afirmaci\u00f3n que no hizo el tribunal\u2013. <\/p>\n
Expresado de otro modo, en el fallo impugnado no se dijo aquello que ahora reprocha el actor, esto es, que el lote de terreno sobre el que gravita el petitum hace parte del fundo \u201cSalinas Mar\u00edtimas de Pozos Colorados\u201d, de propiedad del Distrito de Santa Marta. Por el contrario, all\u00ed se sostuvo que \u00aba pesar de estar demostrado el derecho de dominio que tiene el Distrito de Santa Marta sobre el inmueble [\u201cSalinas Mar\u00edtimas de Pozos Colorados\u201d], ante la indeterminaci\u00f3n que se viene de ver, no es posible concluir (…) que el predio objeto de la demanda posesoria haga parte, total o parcialmente, de este\u00bb. <\/p>\n
Lo que ocurre es que, a rengl\u00f3n seguido, el ad quem consider\u00f3 que \u00ablas acciones posesorias no proceden respecto de inmuebles que no pueden ganarse por prescripci\u00f3n, como claramente lo determina el art\u00edculo 973 del C\u00f3digo Civil (\u2026)\u00bb, y que, por consiguiente, \u00abel demandante ten[\u00eda] el deber de acreditar, con absoluta certeza, la calidad de privado del bien, para que puedan triunfar sus pretensiones\u00bb, carga que \u2013para el tribunal\u2013 no se hab\u00eda satisfecho suficientemente. <\/p>\n
Cabe se\u00f1alar que, m\u00e1s all\u00e1 de ciertas referencias tangenciales, el se\u00f1or Pacheco G\u00e1mez no identific\u00f3 cu\u00e1les pruebas acreditar\u00edan \u2013con la certeza exigida en sede de casaci\u00f3n\u2013 la naturaleza privada de aquel fundo. En efecto, aludi\u00f3 a dos dict\u00e1menes periciales practicados a mediados de la d\u00e9cada de 1990, y a los documentos de propiedad del predio \u201cSalinas Mar\u00edtimas de Pozos Colorados\u201d, pero dej\u00f3 de ilustrar a la Corte acerca del modo en que tales evidencias acreditaban la variable por la que se averigua. <\/p>\n
Esa explicaci\u00f3n resultaba imprescindible, porque las aludidas evidencias no parecen id\u00f3neas para esclarecer aquel puntal de la controversia. De un lado, porque las experticias son muy anteriores a \u00abla aclaraci\u00f3n y actualizaci\u00f3n de medidas que sufri\u00f3 ese predio\u00bb, a las que se refiri\u00f3 el perito designado en esta causa, y que justamente impidieron al tribunal \u00abdeterminar si [la porci\u00f3n sobre la que versa el posesorio] hoy hace parte total o parcial del mencionado globo, ya que nunca fue aportado por parte de la Alcald\u00eda o IGAC el plano indicando la actualizaci\u00f3n de medidas y linderos\u00bb. <\/p>\n
Y de otro, porque la coincidencia que se busca es material. Como en la zona coexisten fundos privados y p\u00fablicos, lo determinante era establecer a cu\u00e1l de ellos correspond\u00eda la porci\u00f3n de terreno de cuya posesi\u00f3n afirm\u00f3 haber sido despojado el convocante, conocimiento que no puede extraerse de la simple comprobaci\u00f3n documental que se propone en los cargos segundo y cuarto, m\u00e1xime si se tienen en cuenta las dificultades que advirti\u00f3 el experto designado por el tribunal para identificar el predio sobre el que versa la acci\u00f3n posesoria. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anterior, debe insistirse en que <\/p>\n
\u00ab(…) partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas (…), los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Incompletitud de los ataques. <\/p>\n
Otra raz\u00f3n que se present\u00f3 para denegar las pretensiones fue la falta de prueba de actos posesorios del demandante durante un a\u00f1o, lo cual se consider\u00f3 relevante de cara a lo dispuesto en los art\u00edculos 974 y 976 del C\u00f3digo Civil, que establecen, en su orden, que \u00ab[n]o podr\u00e1 instaurar una acci\u00f3n posesoria sino el que ha estado en posesi\u00f3n tranquila y no interrumpida un a\u00f1o completo\u00bb, y que \u00ab[l]as acciones que tienen por objeto recuperarla [la posesi\u00f3n, se aclara] expiran al cabo de un a\u00f1o completo, contado desde que el poseedor anterior la ha perdido\u00bb. <\/p>\n
A pesar de lo trascendental de la cuesti\u00f3n, el se\u00f1or Pacheco G\u00e1mez se limit\u00f3 a insistir en que su se\u00f1or\u00edo inici\u00f3 a mediados de la d\u00e9cada de 1980, pero dej\u00f3 de referirse a los medios de convicci\u00f3n que pudieran comprobar que esa posesi\u00f3n tambi\u00e9n se extendi\u00f3 durante el per\u00edodo anual espec\u00edfico que interesa a este proceso. <\/p>\n
De hecho, el grueso de las copias de actuaciones judiciales y policivas mencionadas en los cargos por v\u00eda indirecta \u2013que datan de las anualidades 2006 y 2007, m\u00e1s de ocho a\u00f1os antes del inicio de este tr\u00e1mite\u2013, carecen de datos identificadores precisos, de modo que ni siquiera existe certeza de la identidad del objeto de la posesi\u00f3n que entonces aleg\u00f3 el se\u00f1or Pacheco G\u00e1mez, con la porci\u00f3n de terreno que ahora disputa. Inclusive, el tribunal resalt\u00f3 que en todos esos documentos se alud\u00eda al predio \u201cEl Charquito\u201d \u2013de propiedad del demandante, y ajeno a su petitum\u2013, contradicci\u00f3n a la que ni siquiera se aludi\u00f3 en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Solo una pieza de evidencia se produjo en una calenda m\u00e1s cercana: el acta de la diligencia de lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho que adelant\u00f3 el 27 de marzo de 2015 la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de La Paz. Sin embargo, esa actuaci\u00f3n tampoco dice nada acerca de la alegada posesi\u00f3n del actor; por el contrario, el lanzamiento no pudo materializarse, porque los testimonios que all\u00ed se recaudaron se\u00f1alaban que el actual demandado ven\u00eda poseyendo la franja de terreno en disputa, al menos, durante la \u00faltima d\u00e9cada. <\/p>\n
A ello se agrega que, para descartar la calidad de poseedor del se\u00f1or Pacheco G\u00e1mez, el ad quem tambi\u00e9n acudi\u00f3 a las declaraciones que rindieron Luis Carlos D\u00edazgranados y Juan Jos\u00e9 Moscarela Riascos, las cuales solo fueron tildadas de sospechosas en la sustentaci\u00f3n del recurso, sin ofrecer verdaderas razones para descartar su relato de los hechos, y acoger la conclusi\u00f3n opuesta, esta vez favorable a los intereses del recurrente. <\/p>\n
Lo anterior equivale a decir que el se\u00f1or Pacheco G\u00e1mez se desentendi\u00f3 de su carga de rebatir otra importante deducci\u00f3n sobre la que se edific\u00f3 la sentencia de segunda instancia, limit\u00e1ndose a defender su visi\u00f3n personal del conflicto, o lo que es lo mismo, perdi\u00f3 de vista que, al acusar al ad quem de una pifia f\u00e1ctica, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el recurrente m\u00e1s que disentir, se [debe ocupar] de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo \u2013o debi\u00f3 extraer\u2013 el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como de su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada (\u2026)\u00bb (CSJ AC6243-2016, 26 oct.). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Comoquiera que los ataques presentados en la demanda de casaci\u00f3n no resultan precisos, ni suficientes, es imperativa su inadmisi\u00f3n, como lo dispone el art\u00edculo 346-1 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n que formul\u00f3 Jos\u00e9 Jaime Pacheco G\u00e1mez contra la sentencia de 15 de enero de 2020, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda, rem\u00edtase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Es menester se\u00f1alar que el expediente de la referencia solo fue remitido a esta Corporaci\u00f3n el d\u00eda 26 de agosto de 2022. <\/p>\n
2\u0002 La porci\u00f3n de terreno materia del petitum se alinder\u00f3 de la siguiente manera: \u00abNorte: En aproximadamente 122 metros con el camino que conduce al predio denominado Salinas Mar\u00edtimas de Pozos Colorados; Sur: En aproximadamente 160 metros con predios de Inversiones Cipriano L\u00f3pez e Hijos S. en C., Inversiones Patins S. en C., Luisa Villa y con Jairo Fr\u00edas Mart\u00ednez; Este: En aproximadamente 139 metros con carretera Troncal del Caribe en medio, con predios hoy de Gerardo Rodr\u00edguez y Hernando Mantilla, antes Israel Socarras y Gabriel Hincapi\u00e9; y Oeste: En aproximadamente 106 metros con L\u00ednea F\u00e9rrea en medio, con predio denominado Salinas Mar\u00edtimas de Pozos Colorados\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 En s\u00edntesis, all\u00ed se dijo que \u00abel estrado convocado infringi\u00f3 las normas antes mencionadas [art\u00edculos 1857 del C\u00f3digo Civil y 12 del Decreto 960 de 1970], al tener por acreditado que el dominio del bien en litigio estaba en cabeza del municipio de Santa Marta, con fundamento en la confesi\u00f3n del demandante, con lo que incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, imponi\u00e9ndose la concesi\u00f3n del amparo (…), por lo que se ordenar\u00e1 a la sede judicial acusada que tras dejar sin efecto la determinaci\u00f3n censurada, dicte una nueva decisi\u00f3n en la que valore todas las dem\u00e1s pruebas recaudadas, en caso de ser \u00e9stas insuficientes para dilucidar a quien pertenece el terreno en litigio, proceda a decretar, de oficio, las pruebas que considere necesarias para aclarar tal aspecto\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otras. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
6\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
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