AC5515-2022 (2018-00111-01)<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC5515-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05266-31-03-001-2018-00111-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada por Julio C\u00e9sar Gil Herrera, frente a la sentencia proferida el 31 de marzo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso declarativo que aquel promovi\u00f3 contra Luis Fernando Yepes Calle; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados Fernando Yepes Casta\u00f1o y Elizabeth Casta\u00f1o L\u00f3pez. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones y fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
1.1 Con el libelo introductor se pidi\u00f3 declarar la existencia e incumplimiento del demandado de un contrato de compraventa de acciones celebrado entre los litigantes y, en consecuencia, que se le condene a pagar el precio pactado por la enajenaci\u00f3n junto con los respectivos intereses moratorios o, en su defecto, la indexaci\u00f3n del capital. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se reclam\u00f3 la rescisi\u00f3n del contrato de fiducia civil que el convocado celebr\u00f3 sobre el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 001-619348, mediante escritura p\u00fablica 518 del 5 de mayo de 2017, protocolizada ante la Notar\u00eda Tercera de Envigado. <\/p>\n
1.2 En s\u00edntesis, el actor relat\u00f3 que el 21 de noviembre de 2016 celebr\u00f3 contrato verbal de compraventa de 333.333 acciones de la sociedad Constructora Convivienda S.A.S. que eran de su propiedad, negocio en virtud del cual Luis Fernando Yepes se comprometi\u00f3 a pagar el precio de las acciones, establecido en $333\u00b4333.000. <\/p>\n
En cumplimiento del acuerdo, el demandante cedi\u00f3 efectivamente las acciones al convocado, como consta en el acta de asamblea de fecha 21 de noviembre de 2016. Sin embargo, el comprador se ha negado a sufragar el precio pactado por ellas. <\/p>\n
Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que a trav\u00e9s de escritura p\u00fabica No. 518 del 5 de mayo de 2017, Yepes Calle constituy\u00f3 fideicomiso civil en favor de su compa\u00f1era permanente Elizabeth Casta\u00f1o L\u00f3pez y de su hijo Fernando Yepes Casta\u00f1o, por medio del cual y de manera malintencionada, sac\u00f3 de su patrimonio el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 001-619348, que era prenda general de garant\u00eda de sus acreedores. La restituci\u00f3n del bien fideicomitido qued\u00f3 supeditada al fallecimiento del convocado, quien, pese a dicha contrataci\u00f3n, conserva la titularidad y posesi\u00f3n del inmueble. <\/p>\n
Por lo anterior, siendo el se\u00f1or Gil Herrera acreedor del fideicomitente, se encuentra legitimado para solicitar la rescisi\u00f3n del fideicomiso constituido por el demandado a t\u00edtulo gratuito. <\/p>\n
2. Actuaci\u00f3n procesal <\/p>\n
2.1 Con el auto admisorio de la demanda y dadas las pretensiones relacionadas con la rescisi\u00f3n del fideicomiso, se dispuso, de oficio, la vinculaci\u00f3n de Fernando Yepes Casta\u00f1o y Elizabeth Casta\u00f1o L\u00f3pez, como litisconsortes necesarios por pasiva. <\/p>\n
2.2 El demandado inicial excepcion\u00f3 \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, \u00abausencia de causa para pedir por inexistencia del contrato de compraventa y de la condici\u00f3n de acreedor legitimo del demandado\u00bb, \u00abcumplimiento del demandado\u00bb, \u00abnemo auditor propiam turpitudinem allegans\u00bb, \u00abmala fe del demandante\u00bb, \u00abbuena fe precontractual, contractual y post contractual\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n y caducidad de la acci\u00f3n ordinaria\u00bb. <\/p>\n
2.3 Mediante auto de 13 de marzo de 2020, se tuvo por extempor\u00e1neo el escrito de contestaci\u00f3n presentado por los litisconsortes Fernando Yepes Casta\u00f1o y Elizabeth Casta\u00f1o L\u00f3pez. <\/p>\n
2.4. Mediante sentencia dictada en audiencia del 8 de abril de 2021, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Envigado desestim\u00f3 las pretensiones por no encontrar probada la existencia del contrato de compraventa de acciones alegado por el demandante. <\/p>\n
A juicio del a quo, del acta de asamblea de fecha 21 de noviembre de 2016 se desprende la existencia de un acuerdo de cesi\u00f3n de acciones, pero no se indica en modo alguno a qu\u00e9 t\u00edtulo se hizo aquella, esto es, si correspond\u00eda a una compraventa, a una daci\u00f3n en pago, a una donaci\u00f3n o a cualquier otro negocio jur\u00eddico, siendo carga del demandante acreditar que tal cesi\u00f3n correspondi\u00f3 espec\u00edficamente al alegado contrato de compraventa. <\/p>\n
Inconforme, la parte actora interpuso recurso de alzada en contra de la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
3. La sentencia impugnada <\/p>\n
Al resolver el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el actor, el Tribunal confirm\u00f3 lo resuelto en primera instancia, determinaci\u00f3n que se fundament\u00f3 en los argumentos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
(i) La viabilidad de una acci\u00f3n de cumplimiento contractual como la de la referencia, est\u00e1 supeditada a que se acredite la existencia de un negocio jur\u00eddico bilateral valido, el incumplimiento total o parcial por parte del demandado y el cumplimiento o allanamiento a cumplir por parte del actor. <\/p>\n
(ii) Como la demanda se finca en la infracci\u00f3n de un contrato de compraventa de acciones, correspond\u00eda al demandante acreditar la existencia de esa negociaci\u00f3n, pues as\u00ed se lo exigen los art\u00edculos 1757 del C\u00f3digo Civil y 167 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En tal virtud, el recurrente equivoca la senda de la impugnaci\u00f3n \u00abcuando pretende, sin cumplir la carga procesal a su cargo, demostraci\u00f3n del contrato de compraventa de acciones y primer presupuesto de sentencia favorable a sus pretensiones, trasladarla al demandado por cuanto este acept\u00f3 que, s\u00ed hab\u00eda existido cesi\u00f3n de acciones, pero a t\u00edtulo de daci\u00f3n en pago\u00bb. <\/p>\n
(iii) El se\u00f1or Gil Herrera sostuvo haber celebrado dicha cesi\u00f3n a t\u00edtulo de compraventa, pero ello no pas\u00f3 de ser una simple afirmaci\u00f3n sin respaldo probatorio, pues, insiste el Tribunal, no bastaba con que el demandante demostrara haber trasladado las acciones y que no hab\u00eda recibido el pago correspondiente, en tanto era \u00e9l quien ten\u00eda la carga de acreditar que los hechos afirmados en la demanda efectivamente sucedieron o son del modo en que fueron presentados. <\/p>\n
(iv) En contrav\u00eda de lo anterior, el actor se limit\u00f3 a aportar el acta 19 de la asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad Constructora Convivienda S.A.S. del 21 de noviembre de 2016, que en lo pertinente indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abCESI\u00d3N DE ACCIONES. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Julio Cesar Gil Herrera Numero (sic) de acciones 333.300, valor $333.300.000 participaci\u00f3n 33.33%, sede (sic) el 100% de sus acciones al se\u00f1or Luis Fernando Yepes Calle Identificado con Cedula (sic) 71.761.069 de Medell\u00edn. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
No habiendo objeci\u00f3n de la cesi\u00f3n de acciones se somete a consideraci\u00f3n y esta (sic) es aprobada por unanimidad por la asamblea general de accionistas de socios y el cambio de la representaci\u00f3n legal de la compa\u00f1\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Texto que, en palabras de la colegiatura de segundo grado, \u00abest\u00e1 lejos de acreditar la existencia de un contrato de compraventa\u00bb. <\/p>\n
(v) Para efectos de acreditar la alegada compraventa, tampoco ofrecen utilidad las declaraciones que el mismo querellante exterioriz\u00f3 al absolver su interrogatorio de parte, puesto que \u00abest\u00e1 vedado a las partes hacerse a su propia prueba\u00bb, y tampoco puede tenerse como confesos a los litisconsortes que no dieron contestaci\u00f3n a la demanda, pues ellos \u00abno participaron de manera directa dentro del negocio jur\u00eddico, no tienen la calidad de litisconsortes frente al mismo y siendo as\u00ed, su contumacia no alcanza a tener el valor de prueba testimonial, como lo permite el art\u00edculo 192 del C. General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
(vi) En ese escenario, como el fundamento de la sentencia de primera instancia fue la ausencia de pruebas que acreditaran la existencia del contrato sobre el que se fincaron las pretensiones, y en sede de apelaci\u00f3n el actor no logr\u00f3 desvirtuar esa conclusi\u00f3n, no queda otra alternativa que confirmar la desestimaci\u00f3n del petitum. <\/p>\n
4. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Contra la sentencia de segundo grado el convocante interpuso oportunamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y tras su admisi\u00f3n, present\u00f3 una demanda de sustentaci\u00f3n, donde enarbol\u00f3 cuatro cargos; los dos primeros con fundamento en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso y los dos \u00faltimos con venero en la primera hip\u00f3tesis de ese mismo canon. <\/p>\n
<\/p>\n
1. R\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n
Es pertinente advertir que el remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, de manera que todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n
2. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante extraordinario demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de censurar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (senda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida1. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa para atacar el fallo de segunda instancia, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(iv) Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb (que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio2), es menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
(vi) A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb (esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio3), deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial de tales elementos de juicio, o alteraci\u00f3n de su contenido material, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su texto. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contrarias a toda evidencia 4. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su texto en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no acreditados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera), y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden girar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n por ser proferida en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor adem\u00e1s tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto en el sentido decisorio de la sentencia recurrida (trascendencia), para lo cual, demostrada alguna de las modalidades de errores aducidos como sustento de los reproches, debe explicar por qu\u00e9 ese fallo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a sus intereses. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
3. Estudio de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Formulaci\u00f3n de los cargos. <\/p>\n
3.1.1. Primer cargo. <\/p>\n
Invocando la causal segunda del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el impugnante le atribuy\u00f3 al fallo del ad quem una \u00abviolaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial en la modalidad de error de hecho manifiesto y trascendente a la hora de apreciar la demanda y su contestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En defensa de su censura, se\u00f1al\u00f3 el casacionista que los errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de tales piezas procesales se patentizan cuando el juzgador se dispuso a determinar la existencia de un contrato pero no a t\u00edtulo de compraventa, sino de daci\u00f3n en pago. <\/p>\n
Siendo claro -pues as\u00ed lo reconoci\u00f3 el convocado en su contestaci\u00f3n- que entre los litigantes se celebr\u00f3 un \u00abacuerdo de voluntades\u00bb el 21 de noviembre de 2016, \u00abencaminado a producir efectos jur\u00eddicos entre una cosa (acciones) y el pago de un precio\u00bb, era al demandado, y no al actor, a quien incumb\u00eda acreditar que ese negocio jur\u00eddico no ten\u00eda la naturaleza jur\u00eddica de una compraventa, sino de una daci\u00f3n en pago, puesto que al convocante le bastaba con demostrar que cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de trasladar las acciones y que no se le pag\u00f3 el precio. <\/p>\n
M\u00e1s all\u00e1 de las escuetas alusiones que efectuaron los convocados en cuanto a la materializaci\u00f3n de esa modalidad extintiva, en el expediente no existe prueba de que la transferencia de acciones verificada entre las partes hubiera obedecido realmente a una daci\u00f3n en pago, vac\u00edo que debi\u00f3 llevar al juzgador, en aplicaci\u00f3n de la carga probatoria prevista en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, a tener por cierto que el mencionado acuerdo de voluntades encierra una compraventa, m\u00e1xime cuando el silencio que, frente a la demanda, guardaron los litisconsortes Juan Fernando Yepes Casta\u00f1o y Elizabeth Casta\u00f1o L\u00f3pez, contribu\u00eda a tener por cierto el fundamento f\u00e1ctico del libelo introductor, seg\u00fan lo contempla el canon 97 ib\u00eddem. <\/p>\n
En tal virtud, el error manifiesto y trascendente se encuentra en el examen de las circunstancias f\u00e1cticas que cada parte deb\u00eda demostrar y las que ya ven\u00edan probadas y confesadas dentro del proceso. <\/p>\n
3.1.2. Segundo cargo. <\/p>\n
Nuevamente con apego a la segunda causal del art\u00edculo 336 del estatuto adjetivo, el impugnante denunci\u00f3 una \u00abviolaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial en la modalidad de error de hecho manifiesto y trascendente a la hora de apreciar las pruebas documentales, de interrogatorio de parte y testimonial\u00bb. <\/p>\n
Como fundamento del embate, aleg\u00f3 que el ad quem tergivers\u00f3 el contenido del acta de 19 de noviembre de 2016, puesto que all\u00ed qued\u00f3 explicitado \u00abquienes participan de la cesi\u00f3n, el objeto mismo del contrato y el valor por el cual fueron cedidas las acciones\u00bb y, pese a ello, entendi\u00f3 de ese elemento de juicio que \u00abel acuerdo de voluntades (\u2026) se trataba de una daci\u00f3n en pago\u00bb. <\/p>\n
La comisi\u00f3n de esos dos yerros valorativos influy\u00f3 significativamente en la suerte del litigio, puesto que \u00abteniendo por probada la existencia y validez del contrato de compraventa de acciones y, como qued\u00f3 demostrado, el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de mi representado de transferir las acciones y por no probado el pago del precio por el demandado, necesariamente la sentencia de fondo era condenatoria\u00bb. <\/p>\n
3.1.3. Tercer cargo. <\/p>\n
Invocando la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se atribuy\u00f3 al Tribunal una \u00abviolaci\u00f3n directa de la norma jur\u00eddica sustancial, en tanto desconoce de manera injustificada el contrato de compraventa de acciones y las consecuencias jur\u00eddicas que de este se derivan\u00bb. <\/p>\n
Argument\u00f3 el casacionista que, conforme a los art\u00edculos 406, 905 y 920 del C\u00f3digo de Comercio, resulta claro que el negocio jur\u00eddico que celebraron las partes respecto de las acciones de la sociedad Constructora Convivienda S.A.S. involucra un contrato de compraventa, el cual no requiere de solemnidad alguna para su perfeccionamiento. <\/p>\n
Sin embargo, la magistratura pas\u00f3 por alto que, al contestar la demanda, el querellado reconoci\u00f3 expresamente la existencia de un acuerdo de voluntades respecto de la referida participaci\u00f3n accionaria, lo cual debi\u00f3 conducirlo necesariamente a acoger las pretensiones, ante \u00abel cumplimiento de la obligaci\u00f3n por parte del vendedor y no darse el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de pago por parte del comprado\u00bb. <\/p>\n
3.1.4. Cuarto cargo. <\/p>\n
Tambi\u00e9n con apego a la primera causal de casaci\u00f3n, el impugnante denunci\u00f3 una violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 225 del C\u00f3digo General del Proceso, pues la colegiatura no estaba habilitada para exigir una prueba documental como \u00fanico elemento de juicio v\u00e1lido para acreditar la existencia del contrato de compraventa de acciones. <\/p>\n
Seg\u00fan lo dijo, se \u00abincurre en error, el pretender que una obligaci\u00f3n derivada de un contrato que surge a la vida jur\u00eddica de manera consensual y por dem\u00e1s bajo la modalidad de ser pura y simple, deba quedar plasmada en un documento para justificar su existencia. Bajo la interpretaci\u00f3n del despacho, se desaparecen del ordenamiento los contratos consensuales, y todas aquellas obligaciones puras y simples que surgen al ordenamiento jur\u00eddico de manera inmediata ante el nacimiento de aquellos\u00bb. <\/p>\n
3.2. An\u00e1lisis conjunto de los cargos. <\/p>\n
3.2.1. Como las causales primera y segunda de casaci\u00f3n consisten en la violaci\u00f3n \u2013directa e indirecta\u2013 de la ley sustancial, quien oriente sus cr\u00edticas por dichas sendas deber\u00e1 demostrar que el Tribunal incurri\u00f3 en un yerro del que surja patente la transgresi\u00f3n de, al menos, un precepto de naturaleza sustancial. Los ataques enfilados por tales v\u00edas requieren de la individualizaci\u00f3n de las normas sustantivas presuntamente quebrantadas por el fallador de segundo grado, estando vedado para la Corte suplir eventuales deficiencias en la formulaci\u00f3n del cargo dado el car\u00e1cter excepcional y dispositivo del recurso extraordinario. <\/p>\n
Conforme a la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n, no basta con invocar gen\u00e9ricamente la violaci\u00f3n de la ley sustancial, pues es carga del recurrente se\u00f1alar espec\u00edficamente las normas de ese tipo infringidas por el ad quem y demostrar c\u00f3mo aquellas fueron -o debieron ser- base esencial de la sentencia; as\u00ed mismo, se exige explicar c\u00f3mo se habr\u00edan transgredido esos preceptos y la relevancia que esa vulneraci\u00f3n tuvo en la parte resolutiva del fallo atacado. Trat\u00e1ndose de las causales primera y segunda de casaci\u00f3n de la violaci\u00f3n de la ley sustancial, son tales disposiciones las que determinan el reconocimiento del derecho reclamado o de las defensas planteadas, de modo que sin la singularizaci\u00f3n de las normas presuntamente vulneradas se hace imposible la confrontaci\u00f3n entre aquellas y la sentencia impugnada. <\/p>\n
Aplicando esas premisas al presente asunto, refulge su traspi\u00e9, porque los convocantes no se\u00f1alaron ninguna norma sustantiva \u00abque, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada\u00bb, conforme lo exige el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Para convenir en ello, basta con reparar en que, en los cargos primero y segundo, se denuncia, de forma gen\u00e9rica, la infracci\u00f3n de la \u00abley sustancial\u00bb, sin enunciar ning\u00fan precepto espec\u00edfico de ese linaje que pudiera haber sido transgredido por el juzgador. <\/p>\n
En los cargos tercero y cuarto se hace alusi\u00f3n a los art\u00edculos 97, 167 y 225 del C\u00f3digo General del Proceso y a los c\u00e1nones 406, 905 y 920 del C\u00f3digo de Comercio, sin embargo, ninguno de esos preceptos tiene entidad sustancial, puesto que no crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas5. <\/p>\n
Los tres primeros involucran solamente reglas procedimentales y probatorias, en cuanto a la incidencia de la no contestaci\u00f3n de la demanda, la carga de la prueba en asuntos judiciales y la falta de principio de prueba escrita como indicio en la prueba de las obligaciones6, mientras que los tres \u00faltimos contienen normas netamente definitorias sobre la enajenaci\u00f3n de acciones nominativas, el contrato de compraventa mercantil y el precio, como presupuesto necesario de esta \u00faltima modalidad de negocio jur\u00eddico7. <\/p>\n
Esta deficiencia constituye raz\u00f3n suficiente para inadmitir los cargos, pues como ha reconocido esta Corporaci\u00f3n en oportunidades anteriores, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si la transgresi\u00f3n que se invoca versa tan solo sobre normas (…) que de suyo, por su propia \u00edndole, no pueden ser las que reconocen el derecho subjetivo del demandante que se dice menoscabado por el fallo que se impugna, y si de otra parte la Corte tiene circunscrita su atribuci\u00f3n decisoria por los l\u00edmites precisos que trace la censura en casaci\u00f3n \u2013pues es la demanda punto de partida ineludible de cualquier consideraci\u00f3n cr\u00edtica respecto del juicio jurisdiccional cuya legalidad se controvierte (G. J. T. CXXXVIII, p\u00e1g. 244, y CXXX, p\u00e1g. 165)\u2013, p\u00f3nese as\u00ed de manifiesto la falta de idoneidad del escrito (\u2026) y la p\u00e9rdida de toda perspectiva de prosperidad del cargo por este rumbo, lo que hace asimismo ostensible la inutilidad de un tr\u00e1mite posterior que inevitablemente, en cuanto a dicho cargo (\u2026) concierne, tendr\u00e1 que terminar con el registro en la sentencia del defecto advertido desde un principio\u00bb (CSJ AC221, 24 sep. 1998, rad. 7251). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, destacase que <\/p>\n
\u00ab(…) Sea que el reproche descanse en un quebranto recta v\u00eda o en una violaci\u00f3n indirecta, el quejoso deber\u00e1 se\u00f1alar los c\u00e1nones de derecho sustancial que estime inobservados, y para ello le basta con denunciar cualquier precepto de esa estirpe que, constituyendo base sustancial de la resoluci\u00f3n rebatida, o habiendo debido serlo, haya sido infringido (…). Adem\u00e1s de la anotada connotaci\u00f3n de las normas presuntamente transgredidas, se requiere una especial conexi\u00f3n con la sentencia impugnada, a tal punto que las invocadas en la demanda hayan sido soporte esencial de la decisi\u00f3n, o al menos, debieron serlo. Por ello, no puede obviarse que \u201cel cargo ser\u00e1 inadmisible si se citan textos legales insustanciales o que, a pesar de ostentar esa naturaleza, carezcan de relaci\u00f3n con la controversia\u201d (CSJ AC 943-2020, 19 mar.; CSJ AC3484-2020, 14 dic.). La postura de la Corte se justifica porque no es posible, en sede de casaci\u00f3n, completar el ataque, fijando las disposiciones desobedecidas, o establecer el alcance de la cr\u00edtica, pues la funci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n est\u00e1 delimitada por el se\u00f1alamiento del impugnante, de suerte que se confronten las previsiones legales aducidas con la decisi\u00f3n objeto del recurso, para establecer si se dio o no la inobservancia\u00bb (CSJ AC3015-2021, 12 ago.). <\/p>\n
Esta orfandad argumentativa va en contra de los requerimientos formales del recurso extraordinario, pues al no denunciarse la norma sustancial presuntamente vulnerada, no se abre paso la explicaci\u00f3n sobre la forma en que el yerro alegado habr\u00eda redundado en su trasgresi\u00f3n por parte del juzgador, haciendo imposible la labor de cotejo propia del control de legalidad de los fallos, que es una de las finalidades del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2.2 Incluso, si en simple gracia de discusi\u00f3n se superara el escollo formal indicado, la inadmisi\u00f3n de la demanda ser\u00eda insalvable, en tanto que el impugnante tampoco atendi\u00f3 lo previsto en el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a la formulaci\u00f3n de los cargos \u00abpor separado\u00bb y con \u00abexposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
V\u00e9ase que, en sus dos primeros embates, el actor anunci\u00f3 inicialmente pifias de naturaleza f\u00e1ctica, pero al desarrollar su argumentaci\u00f3n incluy\u00f3 aspectos propios del error de derecho, atinentes a la forma en que el Tribunal aplic\u00f3 las cargas probatorias previstas en el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso. Seg\u00fan el querellante, al ser un asunto pac\u00edfico entre los extremos del litigio la existencia de un acuerdo de voluntades orientado a la enajenaci\u00f3n de las acciones de Constructora Convivienda S.A.S., era al demandado a quien correspond\u00eda acreditar, o m\u00e1s bien desvirtuar, que esa negociaci\u00f3n no involucraba un contrato de compraventa, como se sostuvo en la demanda, sino una simple daci\u00f3n en pago. <\/p>\n
En igual imprecisi\u00f3n se incurri\u00f3 en los \u00faltimos dos cargos, puesto que all\u00ed, pese a haberse invocado como fundamento de la censura la causal primera de casaci\u00f3n, el impugnante descendi\u00f3 al plano f\u00e1ctico al cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria que llev\u00f3 a cabo el ad quem, defendiendo la existencia del contrato de compraventa de acciones que en sede de instancia se tuvo como no probada: en el tercer cargo, sostuvo que la celebraci\u00f3n de ese negocio jur\u00eddico debi\u00f3 darse por acreditada con fundamento en el escrito de excepciones que present\u00f3 Luis Fernando Yepes Calle, planteamiento que retom\u00f3 en su \u00faltima acusaci\u00f3n, donde agreg\u00f3 que, por tratarse de un contrato de naturaleza consensual, la demostraci\u00f3n de ese v\u00ednculo jur\u00eddico no pend\u00eda necesariamente de la aportaci\u00f3n de un escrito que lo contuviera. <\/p>\n
El mentado hibridismo desatiende los principios de autonom\u00eda e independencia de las causales de casaci\u00f3n8, lo cual conduce -por igual- a la desestimaci\u00f3n de los embates respectivos, tal cual de forma consolidada ha predicado la Corte: <\/p>\n
\u00abEn efecto, cada causal obedece a una espec\u00edfica e inconfundible raz\u00f3n que tuvo en cuenta el legislador para erigirla como motivo de quiebre del fallo, sobre la base de considerar que dichas razones, plasmadas en las causales de casaci\u00f3n, se fundamentan en dos tipos de errores en que puede incurrir el juzgador. El primero, com\u00fanmente denominado, vicio in judicando, acaece cuando el sentenciador distorsiona la voluntad hipotetizada en la ley; y el segundo, denominado vicio in procedendo, se estructura a partir de la rebeld\u00eda del juez en la aplicaci\u00f3n de normas que regulan el proceso, para las partes y para \u00e9l, incluida la fase de producci\u00f3n del fallo. <\/p>\n
Se trata de errores de distinta naturaleza, pues el primero recae en las normas que son llamadas a definir la controversia y el segundo en las que disciplinan el proceso. No pueden ser confundidos, ni menos aducidos en un mismo cargo, en atenci\u00f3n a la claridad y precisi\u00f3n que el precepto mencionado reclama. As\u00ed por ejemplo, es prototipo del vicio in judicando la causal primera de casaci\u00f3n (violaci\u00f3n de norma sustancial) y ejemplo del segundo la causal quinta, sobre nulidad del proceso\u00bb (AC7828-2014, 16 dic. 2014, rad. 2009-00025-02). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que no es posible entremezclar las dos maneras como puede producirse la vulneraci\u00f3n de la ley sustancial, esto es, su violaci\u00f3n directa o indirecta, ni los ataques propios del error de hecho y del error de derecho cuando se elige el segundo motivo de casaci\u00f3n, pues ello atenta gravemente contra los requisitos de claridad y precisi\u00f3n que orientan la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2.3 A lo dicho en precedencia debe a\u00f1adirse que las acusaciones en estudio resultan desenfocadas, puesto que discuten premisas y conclusiones que no forman parte de la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
V\u00e9ase que, en las dos primeras, el demandante censur\u00f3 reiteradamente que el juzgador hubiera dado por probado que el negocio jur\u00eddico que \u00e9l ajust\u00f3 con su contraparte sobre la susodicha participaci\u00f3n accionaria involucraba una daci\u00f3n en pago, sin embargo, eso no fue lo que sostuvo el Tribunal, quien nunca lleg\u00f3 a tal conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el ad quem confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n del petitum \u00fanicamente por cuanto el acervo probatorio recaudado no reflejaba la existencia del contrato de compraventa sobre cuyo incumplimiento aquel se finc\u00f3, prueba cuya carga estaba en cabeza del demandante, quien a la postre no la cumpli\u00f3, quedando sus afirmaciones hu\u00e9rfanas de respaldo probatorio. <\/p>\n
La referencia que se hizo a la daci\u00f3n en pago no implica en modo alguno que el colegiado la haya encontrado acreditada, pues tiene que ver, exclusivamente, con la consideraci\u00f3n seg\u00fan la cual el actor no s\u00f3lo incumpli\u00f3 con su carga de probar la existencia del contrato de compraventa, sino que indebidamente pretendi\u00f3 trasladarla a su contraparte, quien alegaba que el acuerdo se hab\u00eda realizado a t\u00edtulo de daci\u00f3n. <\/p>\n
En igual desatino se incurri\u00f3 en los \u00faltimos dos cargos, en los cuales se le atribuy\u00f3 a la magistratura de segundo grado un desconocimiento de la naturaleza consensual del alegado contrato de compraventa; esto, pese a que dicho juzgador no sostuvo de ninguna manera que el referido v\u00ednculo negocial fuera solemne, ni tampoco que su acreditaci\u00f3n requiriera necesariamente la aportaci\u00f3n del escrito que lo recogiera. <\/p>\n
De hecho, el ad quem acometi\u00f3 un estudio general de los elementos de juicio que compon\u00edan la foliatura, no solo los de naturaleza documental, y con base en ello coligi\u00f3 que no era viable dar por demostrada la celebraci\u00f3n de un contrato de compraventa de acciones entre las partes, en consideraci\u00f3n a que (i) el acta de la asamblea extraordinaria de accionistas del 21 de noviembre de 2016, no alud\u00eda siquiera tangencialmente a una negociaci\u00f3n de esa naturaleza; (ii) el relato ofrecido por el convocante en su declaraci\u00f3n de parte es insuficiente para abrir paso a la demanda, por cuanto \u00abest\u00e1 vedado a las partes hacerse a su propia prueba\u00bb y (iii) Juan Fernando Yepes Casta\u00f1o y Elizabeth Casta\u00f1o L\u00f3pez no formaron parte del negocio que dio lugar a la enajenaci\u00f3n de las acciones, de manera que a su silencio frente al escrito introductor no puede d\u00e1rsele \u00abel valor de prueba testimonial, como lo permite el art\u00edculo 192 del C. General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, colige la Corte que las denuncias contenidas en los cargos sub examine recaen sobre aspectos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos que realmente no est\u00e1n contenidos en la sentencia objeto de censura, desenfoque que resulta inadmisible, en tanto que, como lo tiene sentado la Sala, <\/p>\n
\u00ab(…) el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo, principios estos que, de vieja data, han llevado a la Corte a sostener que los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n no son otros sino aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas. Por eso, cuando los cargos hechos en un recurso no se relacionan con esos fundamentos son inoperantes. El recurso (\u2026) se encamina a demostrar que la sentencia acusada quebranta la ley, dados los fundamentos de hecho y de derecho en que ella se apoya y esto es as\u00ed porque en casaci\u00f3n se contraponen dos factores: el fallo acusado y la ley, pero sin que el sentenciador pueda salirse de los motivos o causales que alega el recurrente, y sin que \u00e9ste, a su turno, pueda alegar con \u00e9xito razones, o aducir argumentos en que no se apoya el fallo recurrido\u00bb (CSJ AC, 29 oct. 2013, rad. 2008-00576-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Comoquiera que la demanda no cumple con los requisitos formales propios del recurso extraordinario, se hace imperativa su inadmisi\u00f3n con apoyo en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n presentada por Julio C\u00e9sar Gil Herrera, frente a la sentencia proferida el 31 de marzo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso declarativo que aquel promovi\u00f3 contra Luis Fernando Yepes Calle. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Conforme al par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344, \u00ab[c]uando se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. CSJ AC2891-2019; CSJ AC195-2018, entre otras. <\/p>\n
6\u0002 Cfr. AC702-2020, AC2861-2022, AC1565-2022, entre otros. <\/p>\n
7\u0002 Cfr. AC2861-2022, AC6078-2021, AC653-2020, entre otros. <\/p>\n
8\u0002 Cfr. AC3004-2014, 4 jun., rad. 2007-00008-01. <\/p>\n
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AC5515-2022 (2018-00111-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC5515-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05266-31-03-001-2018-00111-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69257","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69257","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69257"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69257\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69257"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69257"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69257"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}