AC5521-2022 (2020-00017-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC5521-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 73001-31-03-000-2020-00017-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Abel Enrique Jim\u00e9nez Neira, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia proferida el 2 de junio de 2022, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro del proceso declarativo adelantado por el recurrente a Mar\u00eda Carolina Arias Jim\u00e9nez, Fernando, Rodrigo, Andrea Celina y Jos\u00e9 Gabriel Jim\u00e9nez Neira. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
El actor pidi\u00f3 declarar que: i) \u00c9l y los convocados \u00abson comuneros, en com\u00fan y proindiviso (\u2026) de la hacienda Bariloche, ubicada en Jurisdicci\u00f3n del Municipio de Alvarado, departamento del Tolima, que se encuentra constituid[a] por [los] lotes (\u2026) EL ALMENDR\u00d3N, CAPOTE, LA HONDA, DANUBIO, ROSALES, LA PLAYITA, HACIENDA RAM\u00d3N HERN\u00c1NDEZ, PE\u00d1ANOSA, LA ESMERALDA O CHIPALO Y LA PALMOSA\u00bb; ii) Tal copropiedad no est\u00e1 sometida al r\u00e9gimen de la Ley 95 de 1890; iii) Carece de administrador; iv) Los condue\u00f1os \u00abest\u00e1n obligados y deben contribuir en forma proporcional y de acuerdo a las prorratas que les corresponden, al sostenimiento, mantenimiento, obras, reparaciones (\u2026) as\u00ed como al pago de los impuestos y dem\u00e1s cargas y grav\u00e1menes\u00bb; v) \u00c9l \u00abha asumido, de su propio peculio y por su exclusiva cuenta, la totalidad de los gastos de sostenimiento, mantenimiento, obras, reparaciones e impuestos (\u2026) desde el a\u00f1o de 1999\u00bb; vi) Los llamados a juicio \u00abest\u00e1n obligados solidariamente a restituir[le] la totalidad de los gastos de sostenimiento e impuestos (\u2026) equivalente a sus prorratas en la comunidad no organizada, que equivalen a cinco catorceavas (5\/14) partes del predio\u00bb; y, vii) Se les condene a ello, en cuant\u00eda de $1.099.630.154, debidamente indexados, as\u00ed como al pago de las costas del proceso. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. El 8 de octubre de 2013, el mismo estrado aprob\u00f3 la partici\u00f3n del predio, poniendo fin al juicio divisorio promovido por los hoy encartados en contra del aqu\u00ed gestor (rad. 2008-00410). En el respectivo trabajo, cada uno de aquellos fue agraciado con una catorceava (1\/14) parte del bien, mientras que al \u00faltimo le correspondieron nueve (9\/14). <\/p>\n
A continuaci\u00f3n de la memorada litis, se inici\u00f3 incidente de reconocimiento y pago de \u00abunos supuestos frutos que dijeron se les adeudaba\u00bb, pretendiendo \u00abefectuar una compensaci\u00f3n con el valor de los gastos y costos en que [\u00e9l] incurri\u00f3\u00bb, tr\u00e1mite fallado adversamente por el a-quo, en decisi\u00f3n ratificada por el superior. En todo caso, los otrora reclamantes \u00abreconocieron clara y expresamente adeudarle (\u2026) el valor de dichos gastos y costos de sostenimiento\u00bb. <\/p>\n
Fundados en la referida compensaci\u00f3n, los contendientes del precursor, impulsaron \u00abdentro del proceso divisorio y en cuaderno separado, un proceso ejecutivo\u00bb, donde le fue embargado un inmueble, compulsivo que fue posteriormente anulado, imponiendo el pago de costas y perjuicios a su favor. <\/p>\n
3. El convocante ha costeado el mantenimiento requerido por los bienes objeto de la repartici\u00f3n, desde el a\u00f1o 1999, \u00e9poca a partir de la cual los condue\u00f1os se han negado a retribuir lo que a cada uno concierne. Sobre el punto, en prove\u00eddo de 3 de febrero de 2011, la c\u00e9lula judicial ya mencionada record\u00f3 la existencia de tal obligaci\u00f3n en cabeza de los comuneros y resalt\u00f3 que, de acuerdo con el peritaje obrante en la foliatura, \u00abdesde julio 1 de 1999 al 30 de septiembre de 2009\u00bb tales erogaciones ascend\u00edan a $395.140.064 que, actualizados, arrojaban un resultado de $509.074.209,78, no obstante lo cual los deudores se han negado a cubrir tal emolumento y \u00abtampoco han asumido los gastos, costos e impuestos de la hacienda (\u2026) que les corresponde en su condici\u00f3n de comuneros, por la administraci\u00f3n del predio (\u2026) hasta la fecha de presentaci\u00f3n de esta demanda\u00bb, siendo \u00e9l quien ha sufragado \u00abpor su cuenta y de su propio peculio, la totalidad de los gastos y costos que ha demandado la administraci\u00f3n del predio (\u2026) a pesar que, legalmente, tan solo est\u00e1 obligado a asumir las nueve catorceavas (9\/14) partes\u00bb que le pertenecen (Archivo digital: 01.CUADERNO 1.pdf). <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, Tolima, en auto de 29 de enero de 2020, admiti\u00f3 la demanda (Folio 53, idem). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Notificados, los demandados Jim\u00e9nez Neira manifestaron oposici\u00f3n a las pretensiones del escrito introductor, alegando la \u00abpreclusi\u00f3n\u00bb, en tanto \u00abel reconocimiento de las mejoras que dice haber puesto en el inmueble\u00bb, fue desestimado en la \u00abresolutiva de la decisi\u00f3n judicial que defini\u00f3 (\u2026) la materia del proceso [divisorio]\u00bb, agotado entre las mismas partes; y, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, por cuanto el reclamante no controvirti\u00f3 el fallo que dirimi\u00f3 el pleito donde buscaba el reembolso de \u00ablas mejoras\u00bb, luego \u00abning\u00fan derecho puede reclamar, pues, no concurre en [\u00e9l] el derecho que invoca en la demanda o mejor, no es titular de \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
Afirmaron, adem\u00e1s, no estar \u00abobligados a asumir los gastos que demanda el sostenimiento y la administraci\u00f3n de los lotes de terreno que, en principio, le fueran adjudicados dentro del proceso de sucesi\u00f3n del padre de ellos (\u2026) fue el demandante quien por s\u00ed y ante s\u00ed, dispuso de los lotes de terreno que conformaron el acervo herencial de la sucesi\u00f3n (\u2026) [siendo] \u00e9l quien [los] goz\u00f3 y usufructu\u00f3\u00bb, sin que ellos hubieren reconocido derecho alguno en su favor, pues no dieron su consentimiento para ello, \u00abni han percibido un c\u00e9ntimo por concepto de los frutos civiles y naturales que hayan producido dichos [activos]\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, enarbolaron \u00abcualquier excepci\u00f3n gen\u00e9rica que contra lo pretendido por la demandante pudiera declararse\u00bb (Folios 106 a 120, ib). <\/p>\n
Mar\u00eda Carolina Arias Jim\u00e9nez fue vinculada mediante emplazamiento y para su representaci\u00f3n se design\u00f3 curador ad litem, quien adujo no oponerse a lo pedido \u00abporque le asiste el derecho invocado, acorde a los supuestos de facto, jur\u00eddicos y las pruebas arrimadas al plenario, pidiendo que se despache favorablemente\u00bb el petitum (Folios 15 a 17, idem). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En sentencia de 15 de octubre de 2021, el a-quo deneg\u00f3 las peticiones del libelo de apertura, tras declarar probado el segundo medio defensivo propuesto por la pasiva, habida cuenta de la divisi\u00f3n decretada (Archivos digitales: 54. Video Audiencia y 55. Acta Audiencia Art 373.pdf). <\/p>\n
4. Inconforme, el vencido en juicio formul\u00f3 apelaci\u00f3n. Censur\u00f3 que el juzgador desconociera la \u00abnaturaleza de la acci\u00f3n ejercitada (\u2026) encaminada primordialmente a obtener el reconocimiento y reembolso de los gastos comunes que (\u2026) asumi\u00f3 desde 1999\u00bb, as\u00ed como el deber de cancelar los estipendios necesarios para la conservaci\u00f3n de los bienes comunes, que les es exigible a quienes forman parte de ella, como as\u00ed lo confesaron los demandados. En adici\u00f3n, endilg\u00f3 al estrado haber incurrido en incongruencia, por no tener en cuenta sus s\u00faplicas, al menos, hasta la data en que fue decretada la divisi\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, sostuvo que no fue apreciado \u00abel abundante acervo probatorio allegado oportunamente al expediente, que acreditaba fehacientemente que los demandados jam\u00e1s asumieron, como era su obligaci\u00f3n, ning\u00fan gasto de sostenimiento de la cosa com\u00fan\u00bb, ni su \u00ableg\u00edtimo derecho\u00bb a que se le abonara lo pagado por tal concepto, \u00abpatrocinando un inaceptable \u201cEnriquecimiento sin causa\u201d que es repudiado por nuestro ordenamiento legal\u00bb. <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
Tras establecer que se hallaban reunidos los presupuestos procesales para definir la instancia, el Tribunal remembr\u00f3 las directrices contenidas en los c\u00e1nones 2324, 2325, 2327 y 2329 del C\u00f3digo Civil, puntualizando que, seg\u00fan su tenor literal y la interpretaci\u00f3n que de ellos ha desarrollado esta Corporaci\u00f3n, \u00abla ley sustancial le confiere al comunero que ha realizado mejoras o incurrido en gastos para la copropiedad, una acci\u00f3n enderezada a que los dem\u00e1s condue\u00f1os le reembolsen lo invertido, bien sea, totalmente, en caso de contarse con un administrador, o bien, a prorrata de sus cuotas, cuando se carezca de \u00e9ste\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, remembr\u00f3 la facultad que tiene toda persona de poner \u00aben movimiento la jurisdicci\u00f3n, con miras al reconocimiento o satisfacci\u00f3n de los derechos\u00bb, debiendo, eso s\u00ed, \u00abprobar fehacientemente la existencia de \u00e9stos\u00bb, tal como lo prev\u00e9n las reglas 167 adjetiva y 1757 del estatuto civil. <\/p>\n
Al descender al asunto sometido a su an\u00e1lisis, afirm\u00f3 encontrar \u00abpleno sustento en la condici\u00f3n de comuneros, que tanto el accionante como los demandados ostentaron desde la fecha de adjudicaci\u00f3n de los predios (\u2026) hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia por medio de la cual se aprob\u00f3 [su] divisi\u00f3n material\u00bb, de donde dedujo la aptitud legal del peticionario para incoar, a los cond\u00f3minos, la devoluci\u00f3n de lo pagado en pro de la conservaci\u00f3n de los terrenos, antes de ese hito. <\/p>\n
Sin embargo, evidenci\u00f3 varios obst\u00e1culos que impidieron la prosperidad de lo rogado por el inicialista. El primero de ellos, relacionado con la falta de acreditaci\u00f3n \u00abde las cuentas detalladas de su gesti\u00f3n\u00bb, de las cuales no advirti\u00f3 registro en la experticia por \u00e9l aportada, a cuyo tenor aquellas erogaciones sumaban $1.099.630.154, ni en los dem\u00e1s medios de cognici\u00f3n allegados al plenario, incluyendo \u00ablos obrantes dentro del proceso divisorio (\u2026) que se tramit\u00f3 en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, adver\u00f3 que para poder cobrar a sus colaterales los costos del mantenimiento de la propiedad, era indispensable determinar en qu\u00e9 consisti\u00f3 \u00abla actividad desarrollada por \u00e9l\u00bb, porque \u00absi de acuerdo con los interrogatorios de parte y el testimonio de Guillermina Jim\u00e9nez Neira aquel se encontraba en posesi\u00f3n del predio desde el a\u00f1o 1999, explot\u00e1ndolo econ\u00f3micamente desde esa fecha, resultaba tambi\u00e9n necesario, para el recaudo exitoso de su acci\u00f3n, la determinaci\u00f3n de los frutos producidos por \u00e9ste\u00bb, que, de conformidad con lo normado en el art\u00edculo 2328 sustancial, \u00abdeben dividirse entre los comuneros a prorrata de sus cuotas, [es decir que] l\u00f3gica y racionalmente (\u2026) a los emolumentos aqu\u00ed pretendidos, necesariamente deb\u00edan descont\u00e1rsele los frutos que aquel percibi\u00f3 de manera exclusiva, y de los que nunca hizo part\u00edcipes a los dem\u00e1s copropietarios\u00bb. <\/p>\n
Desestim\u00f3, a rengl\u00f3n seguido, la tacha impetrada contra el dicho de la citada deponente, por no observar \u00abcircunstancias an\u00f3malas o irregulares que le resten credibilidad o que lo tornen inveros\u00edmil\u00bb, en especial debido a que \u00abal tratarse de un pleito surgido en el seno de una familia, son precisamente los integrantes de \u00e9sta quienes conocen con mayor cercan\u00eda y precisi\u00f3n las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que se desarrollaron los hechos que le sirvieron de percutor al proceso\u00bb, confiri\u00e9ndole, entonces, cr\u00e9dito a sus manifestaciones, todo lo cual le permiti\u00f3 colegir que no se reun\u00edan las exigencias esperables para el \u00e9xito del instrumento entablado. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que a\u00fan si se hiciera caso omiso de aquella deficiencia, el colof\u00f3n ser\u00eda id\u00e9ntico, pues la pericia en la cual se soportaron los anhelos del impugnante, \u00abpresenta serias inconsistencias\u00bb, atinentes a que el experto, \u00abdespu\u00e9s de calcular los costos de sostenimiento del fundo desde el a\u00f1o 2009 en adelante, que arroj\u00f3 la suma de $174.578.010 pesos, le adicion\u00f3 la suma de $925.052.144 pesos, correspondientes al valor total que dentro del proceso divisorio se calcul\u00f3 por ese mismo concepto en $509.074.209 pesos, desde 1999, hasta septiembre de 2009, indexados por \u00e9l hasta la fecha de presentaci\u00f3n del dictamen\u00bb, sin deducir el valor que deb\u00eda cubrir el demandante de acuerdo con su cuota parte ni lo correspondiente al periodo comprendido entre enero y septiembre de 2009, ya \u00abliquidados dentro del dictamen rendido en el proceso divisorio de ese mismo bien\u00bb, calcul\u00e1ndose dos veces ese mismo periodo. <\/p>\n
Ello, porque, pese a que en la introducci\u00f3n del trabajo \u00abse indic\u00f3 que la tasaci\u00f3n versar\u00eda sobre los gastos incurridos por Abel Enrique Jim\u00e9nez Neira a partir de octubre de 2009, se tom\u00f3 al pie de la letra lo certificado por la contadora Melissa Varela V., quien en su an\u00e1lisis sobre la relaci\u00f3n de costos dijo haber revisado toda la documentaci\u00f3n aportada desde el 2009, sin precisar que se hubieran valorado \u00fanicamente los soportes de egresos generados con posterioridad al mes de septiembre de dicha calenda\u00bb. <\/p>\n
Basado en lo antedicho, el ad-quem se relev\u00f3 del estudio de los reparos esgrimidos por el opugnador y convalid\u00f3 lo resuelto por su inferior funcional. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se erigi\u00f3 sobre tres (3) cargos, fundados en las causales primera, segunda y tercera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. El recurrente los desarroll\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con apoyo en el primer motivo de casaci\u00f3n, se atribuye al fallo la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 2324, 2325, 2327 y 2328 del C\u00f3digo Civil, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea y 2328 ejusdem, por indebida aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
A juicio del casacionista, a pesar de declarar satisfecho el presupuesto de la legitimaci\u00f3n en la causa, tanto por activa como por pasiva y concluir que la v\u00eda elegida era la adecuada en aras de solventar sus aspiraciones, el tribunal le deneg\u00f3 la restituci\u00f3n de las expensas en que incurri\u00f3 para preservar las tierras dejadas por su progenitor a todos sus herederos, con fundamento en una carga que ninguno de los preceptos aplicables a la contienda, prev\u00e9. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, cuestion\u00f3 el \u00absentido y alcance\u00bb dado a las normas inicialmente relacionadas, porque, desde su \u00f3ptica, si lo solicitado \u00abfue el reembolso por parte de los comuneros demandados de los gastos que les corresponden y fueron asumidos por [\u00e9l], mal pod\u00eda el Tribunal entender que (\u2026) estaba obligado previamente a rendir unas cuentas por unos supuestos e inexistentes frutos que no le fueron exigidas\u00bb, inobservando, adem\u00e1s, que sus adversarios \u00abal contestar la demanda no formularon ninguna excepci\u00f3n de fondo o una demanda de reconvenci\u00f3n tendiente a reclamar los supuestos e inexistentes frutos que dicen que se les adeudaban\u00bb, m\u00e1xime, cuando no pod\u00edan cobrarlos en este decurso, ya que \u00absu defensa se limit\u00f3 escuetamente a proponer las excepciones que denominaron como \u201cpreclusi\u00f3n y falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u201d\u00bb. <\/p>\n
Luego, infiri\u00f3, no habi\u00e9ndose planteado por los eventuales interesados, controversia alguna relativa a los r\u00e9ditos de los inmuebles en comento, el juez plural \u00abcometi\u00f3 un grave error de juzgamiento al suponer infundadamente\u00bb que \u00e9l deb\u00eda proceder en la forma ya descrita para conseguir su objetivo, \u00abagravando su situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Como consecuencia de dicho equ\u00edvoco, prosigui\u00f3, la magistratura decidi\u00f3 el caso a la luz del \u00faltimo canon en que se soport\u00f3 la censura y que consagra la repartici\u00f3n equitativa de los frutos entre los comuneros (art. 2328 C.C.), cuando se trataba de un lineamiento ajeno a esta lid, como lo postul\u00f3 esta Corte en sentencia de 4 de septiembre de 2009 (rad. 11001-02-03-000-2009-01533-00), donde demarc\u00f3 que \u00abla reclamaci\u00f3n del pago de los frutos civiles consistentes en los c\u00e1nones de arrendamiento causados por el inmueble objeto de la divisi\u00f3n\u2026[es un] asunto que escapa totalmente del terreno del proceso divisorio (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Con sustento en lo antelado, asegur\u00f3, \u00abse impone la infirmaci\u00f3n del fallo recurrido\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
En sentir del inconforme, el veredicto objetado violent\u00f3, de manera indirecta, las disposiciones anotadas en el embate anterior, \u00abcomo consecuencia de los manifiestos y trascendentes errores de hecho en que incurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
En sustento de esa premisa, transcribi\u00f3 las conclusiones f\u00e1cticas del ad-quem, para, posteriormente, enfocarse en la \u00absingularizaci\u00f3n de los trascendentales y evidentes\u00bb dislates enrostrados, as\u00ed como a la individualizaci\u00f3n de \u00ablos elementos materiales probatorios dejados de apreciar o apreciados de manera indebida\u00bb, enlistando los que siguen: <\/p>\n
i) La sentencia dictada el 8 de octubre de 2013, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, \u00abque aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n de la hacienda \u201cBariloche\u201d, que fuera elaborado por el se\u00f1or Lis\u00edmaco Ovalle T\u00e9llez\u00bb, en el divisorio adelantado entre los mismos sujetos procesales. <\/p>\n
ii) La confesi\u00f3n plasmada en la contestaci\u00f3n de la demanda acerca de que los compelidos \u00ab\u201c\u2026no volvieron a los predios y jam\u00e1s se preocuparon de los frutos civiles y naturales que ellos podr\u00edan producir\u201d as\u00ed como que Jos\u00e9 Gabriel Jim\u00e9nez Neira percibi\u00f3 arriendos por la explotaci\u00f3n de los predios denominados Quebradas y Tachuelos, el Hervor, el Hervor II, No te veo y Piamonte, durante los a\u00f1os 2015 [a 2019] por valor de $57.684.137, seg\u00fan certificaci\u00f3n suscrita por la contadora Diana Alexandra Cubillos Canal\u00bb y la consignada en los interrogatorios de parte, donde, \u00absin excepci\u00f3n, reconocieron que [\u00e9l] asumi\u00f3 por su cuenta y de su propio pecu[l]io, la totalidad de los gastos de administraci\u00f3n (\u2026) desde el mes de julio de 1999 y que ellos no volvieron a los predios desde esa fecha\u00bb. <\/p>\n
iv) El dictamen pericial militante a folios 34 a 65 del expediente n.\u00ba 2008-00410, trasladado a este negocio, de acuerdo con el cual \u00ablos costos [por \u00e9l cubiertos] entre el 1\u00ba de julio de 1999 al 30 de septiembre de 2009, ascendieron a la suma de $395.140.064, cantidad que al ser indexada ascendi\u00f3 al valor de $509.074.209,78\u00bb. <\/p>\n
v) El auto de 3 de febrero de 2011, emanado de la prenotada autoridad judicial en el pleito que tramit\u00f3 entre los aqu\u00ed contendores, en cuyo cuerpo estableci\u00f3 que \u00ablos comuneros se encuentran obligados a asumir los costos y gastos propios del bien com\u00fan\u00bb, estableciendo que, seg\u00fan el informe del experto en la materia, all\u00e1 adosado, aquellos ascend\u00edan a $509.074.209,78, para esa calenda. <\/p>\n
vi) La solicitud de los ahora enjuiciados, elevada al iudex de la divisi\u00f3n con el fin de obtener mandamiento de pago por $230.289.307,40, aduciendo que ese era el saldo que \u00e9l les adeudaba \u00abpor unos supuestos e inexistentes frutos\u00bb, luego de hacer la respectiva compensaci\u00f3n entre \u00e9stos y los gastos de preservaci\u00f3n, evidenciando que estaban conscientes de deberle la cifra consignada en el prove\u00eddo referido en el ordinal anterior; el pronunciamiento favorable a esa s\u00faplica (31 oct. 2014); aquel que invalid\u00f3 la anterior resoluci\u00f3n (3 mar. 2015) al estimar que con ella se quebrant\u00f3 \u00abflagrantemente el principio constitucional del debido proceso\u00bb; el que \u00abrechaz\u00f3 de plano el incidente de reclamaci\u00f3n de frutos civiles\u00bb (19 jun. 2015); y, la confirmaci\u00f3n de este \u00faltimo (25 feb. 2016). <\/p>\n
vii) La providencia de 15 de diciembre de 2011 emanada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 en el rese\u00f1ado litigio, donde consider\u00f3 que al decretarse la partici\u00f3n de la hacienda Bariloche <\/p>\n
\u00abno se decidi\u00f3 sobre los rendimientos en menci\u00f3n, [y, por tanto] el Juez a quo no debi\u00f3 pronunciarse sobre frutos pendientes de reconocer a los demandantes, toda vez que esta providencia debe ce\u00f1irse al fin determinado para [esa actuaci\u00f3n] y en [la] cual seg\u00fan los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 467 y 472 del C.P. Civil el \u00fanico derecho que es permisible alegar por el comunero demandante (\u2026) o por el demandado en la compensaci\u00f3n es el de mejoras, pretendiendo la ley que en estas acciones no se involucren cuestiones propias de otras clases de procesos\u00bb. <\/p>\n
viii) La experticia aportada con el escrito genitor, elaborada por el profesional Jorge Arango Velasco en el mes de enero de 2020, no controvertida por sus adversarios. <\/p>\n
Partiendo de la afirmaci\u00f3n del juzgador, acerca de que ni siquiera la valoraci\u00f3n conjunta de la totalidad de los medios suasorios introducidos al plenario, incluyendo los debatidos en el primer pleito adelantado entre las partes, permit\u00eda dar v\u00eda libre a los ruegos del actor, asever\u00f3 que esa autoridad \u00abs\u00ed dispon\u00eda de suficientes elementos probatorios para fallar el caso sometido a su consideraci\u00f3n\u00bb, pero los despreci\u00f3, \u00abno los analiz\u00f3 en su real dimensi\u00f3n y contenido, pretiri\u00e9ndoles o d\u00e1ndoles un alcance que no tienen\u00bb. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, recab\u00f3 con vehemencia en que el colegiado supuso que estaba acreditado que \u00e9l explot\u00f3 econ\u00f3micamente los predios antes de su distribuci\u00f3n y obtuvo r\u00e9ditos que deb\u00eda repartir, cuando ello no solo no es cierto, sino que no fue \u00abalegado ni reclamado\u00bb en debida forma por los interesados, de tal manera que no ten\u00eda porqu\u00e9 exig\u00edrsele rendir cuentas sobre el particular. <\/p>\n
Explicit\u00f3 a continuaci\u00f3n, que \u00abel Tribunal pretiri\u00f3\u00bb las confesiones de sus hermanos y la declaraci\u00f3n de Guillermina Jim\u00e9nez Neira, al no contemplar que ellos \u00abde manera libre y espont\u00e1nea reconocieron que desde el mes de julio de 1999 [\u00e9l] asumi\u00f3 la totalidad de los gastos de sostenimiento del predio, lo que los obligaba a su reembolso en forma proporcional a sus al\u00edcuotas\u00bb; as\u00ed como la documental trasladada de la actuaci\u00f3n surtida en pret\u00e9rita oportunidad con la participaci\u00f3n de los mismos litigantes, que da cuenta de la admisi\u00f3n de la deuda, por el concepto tantas veces indicado, a su favor. <\/p>\n
Para finalizar, acus\u00f3 al fallador de \u00abapreciar indebidamente\u00bb la prueba pericial recaudada, \u00abque part\u00eda de la actualizaci\u00f3n de los gastos que para 2009 ascend\u00eda a la cantidad de $509.074.209,78, tal como fueron reconocidos por los demandados a trav\u00e9s de su apoderado, los cuales, adem\u00e1s, fueron indexados y actualizados por el perito hasta el a\u00f1o de 2020 en debida forma\u00bb <\/p>\n
En cierre, insisti\u00f3 en que en el juicio partitivo no cab\u00eda la reclamaci\u00f3n de frutos, como qued\u00f3 definido en ese tr\u00e1mite en sede de segunda instancia, pues \u00abla ley no prev\u00e9 en ninguna parte la rendici\u00f3n previa de cuentas de unos inexistentes frutos\u00bb, especialmente \u00abporque al no existir [tales r\u00e9ditos] los mismos no pueden ser distribuidos entre ellos\u00bb. <\/p>\n
Apoyado en tales disertaciones, coligi\u00f3 que \u00abla sentencia acusada deb[\u00eda] ser infirmada\u00bb. <\/p>\n
Apunt\u00f3 el memorialista que \u00abcon fundamento en la causal de casaci\u00f3n prevista en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 336 del CGP\u00bb, denunciaba el veredicto del ad-quem por \u00abviolaci\u00f3n indirecta por error de derecho\u00bb, en tanto se desconocieron \u00ablas normas probatorias contenidas en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 42 y en los art\u00edculos 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, que le impon\u00edan \u00abemplear los poderes que le concede la ley en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes; as\u00ed como decretar pruebas de oficio, antes de fallar para esclarecer los hechos objeto de la controversia\u00bb. <\/p>\n
Luego de transliterar algunos fragmentos de la providencia opugnada, critic\u00f3 el an\u00e1lisis desplegado con respecto al dictamen que adjunt\u00f3 a su demanda, por cuanto, en su sentir, no es cierto que all\u00ed se hubiera calculado \u00ab\u00edntegramente el valor de los costos sin tener en cuenta que el porcentaje que correspond\u00eda a los comuneros demandados era de tan solo 5\/14 partes\u00bb, pues en esa pericia \u00fanicamente se sopesaron los costos concernientes a esa fracci\u00f3n, tal como se desprende del cap\u00edtulo cuarto del trabajo, donde se anot\u00f3: \u00abluego de analizar los hechos y los supuestos a la luz de la t\u00e9cnica contable y financiera, declaro que el valor de las 5\/14 partes de los gastos de mantenimiento de la finca Bariloche, m\u00e1s el valor del auto judicial, ascienden a un total de COP 1.099.630.154\u00bb. <\/p>\n
Empero, sostuvo, si estimaba que hab\u00eda oscuridad en el mentado informe, debi\u00f3 acudir a sus poderes oficiosos y citar \u00abde oficio al perito, si lo consideraba necesario, para esclarecer todas las dudas que ten\u00eda sobre las inconsistencias o inexactitudes que avizor\u00f3 y que solo vino a revelar en la sentencia\u00bb las cuales, en todo caso, en su opini\u00f3n, no exist\u00edan por haber sido \u00abclaramente explicada[s] y aclarada[s] expresamente por el perito en la conclusi\u00f3n\u00bb, al punto que los dem\u00e1s comuneros no \u00absolicitaron la contradicci\u00f3n del dictamen, como era su derecho, de pedir el interrogatorio del perito o la presentaci\u00f3n de otro dictamen de contradicci\u00f3n, lo que no hicieron, dando as\u00ed una se\u00f1al inequ\u00edvoca de su aceptaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que dicho medio demostrativo no fue apreciado \u00aben forma conjunta con el dictamen que se traslad\u00f3\u00bb a esta litis, ni \u00abcon los dem\u00e1s elementos probatorios que obraban en el expediente, de acuerdo con la sana cr\u00edtica\u00bb, soslayando as\u00ed los \u00abprincipios de unidad y comunidad de las pruebas\u00bb y su garant\u00eda fundamental al debido proceso. <\/p>\n
Con cimiento en este ataque, reiter\u00f3 su postura, seg\u00fan la cual la sentencia combatida debe decaer. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Debido a la naturaleza dispositiva del recurso de casaci\u00f3n, la Corte no est\u00e1 habilitada para suplir de oficio las deficiencias de la censura y su potestad jurisdiccional se encuentra circunscrita a las causales, que hall\u00e1ndose consagradas en la codificaci\u00f3n procesal, hayan sido formuladas por el impugnante (inciso final art. 336 C.G.P.). Tales motivos constituyen un numerus clausus que no puede ampliarse ni extenderse por v\u00eda de analog\u00eda. <\/p>\n
Desde esa limitaci\u00f3n, al Tribunal de Casaci\u00f3n le corresponde decidir dentro de los confines que le demarca el opugnador, sin que le est\u00e9 autorizado reformular los cargos deficitariamente planteados. Esto, sin perjuicio de las facultades oficiosas de que est\u00e1 investido para casar las sentencias en que brote ostensible la vulneraci\u00f3n del orden o patrimonio p\u00fablicos, o se atente contra los derechos y prerrogativas constitucionales. <\/p>\n
2. De lo anterior resulta que en la impugnaci\u00f3n extraordinaria no pueden ver las partes una tercera instancia, ni la oportunidad para abordar nuevamente el thema decidendum del proceso, o un escenario donde les sea l\u00edcito debatir la cuesti\u00f3n litigiosa y presentar sus particulares puntos de vista y posiciones en relaci\u00f3n con la materia que suscit\u00f3 la controversia. <\/p>\n
El objeto del juicio en la sede extraordinaria, como se ha dicho siempre, es el veredicto emitido por el enjuiciador, porque se pretende dilucidar si, en esa decisi\u00f3n, aqu\u00e9l incurri\u00f3 en desaciertos reprochables, tanto en su labor in iudicando, como en los aspectos rituales (vicios in procedendo), ambos transgresores de la ley. <\/p>\n
Como lo indicara el jurista espa\u00f1ol Manuel de La Plaza, \u00aberrar\u00eda gravemente quien no acertase a ver en el recurso de casaci\u00f3n otra cosa que un medio de velar por la defensa de la ley, o un expediente h\u00e1bil para dotar a la justicia de aquel sentido unitario en que estriba su mayor excelencia y su m\u00e1s subido valor\u00bb1. Ergo, el examen del componente f\u00e1ctico de la contienda en sede de la Corte es excepcional, y est\u00e1 ce\u00f1ido a la equivocada apreciaci\u00f3n que de este realice el fallador al valorar los medios de prueba, siendo aquel desatino el veh\u00edculo para quebrantar normas sustanciales. <\/p>\n
As\u00ed lo ha reiterado esta Corporaci\u00f3n: \u00ab[c]omo el recurso de casaci\u00f3n no constituye una tercera instancia habilitada para dirimir el conflicto sometido a la jurisdicci\u00f3n, sino la m\u00e1s elevada expresi\u00f3n del control normativo a que se somete la actividad jurisdiccional del Estado, resulta necesario recordar que este medio de impugnaci\u00f3n no es \u00fatil para insistir o enfatizar en los argumentos probatorios expuestos ante los [j]ueces de conocimiento, raz\u00f3n por la cual, es indispensable que el recurrente (\u2026) m\u00e1s que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador\u00bb (CSJ SC 23 mar. 2004, rad. No. 7533, reiterada en CSJ SC3142-2021, 28 jul., rad. 2014-00193-01). <\/p>\n
Luego, la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, que la impugnaci\u00f3n est\u00e9 soportada en los motivos que expresamente contempla el art\u00edculo 336 ejusdem, as\u00ed como la formulaci\u00f3n separada de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera, como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnador asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene acompa\u00f1ada la providencia. <\/p>\n
3. Trat\u00e1ndose de vicios de juicio, se memora que al menoscabo de preceptos sustanciales puede arribarse por dos sendas: violaci\u00f3n directa e indirecta. <\/p>\n
Ahora, si el censor opta por reprochar defectos in iudicando a la actividad del fallador, adem\u00e1s de invocar los preceptos sustanciales que considere infringidos, se le impone explicar la manera como se materializ\u00f3 la supuesta vulneraci\u00f3n, a la par que evidenciar la trascendencia del equ\u00edvoco en el sentido de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
La postura de la Corte se justifica porque no es posible, en sede de casaci\u00f3n, completar el ataque, fijando las disposiciones desobedecidas, o establecer el alcance de la cr\u00edtica, pues la funci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n est\u00e1 delimitada por el se\u00f1alamiento del censor, de suerte que se confronten las previsiones legales aducidas con la decisi\u00f3n objeto del recurso, para establecer si se dio o no la inobservancia. <\/p>\n
Dado que son pifias de ralea estrictamente de derecho (iuris in iudicando), suponen la absoluta prescindencia de cualquier reflexi\u00f3n relativa a la demostraci\u00f3n de los supuestos de facto invocados como causa petendi de la acci\u00f3n. Por tal raz\u00f3n se ha se\u00f1alado que la discusi\u00f3n en ese plano, ha de ce\u00f1irse a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (CSJ AC3599-2018, 27 ag., rad. 2015-00704-01, reiterada en CSJ SC3344-2021, 26 ag., rad. 2012-00021-01). <\/p>\n
En otras palabras, el an\u00e1lisis de la Corte recae sobre \u00ablos textos legales sustantivos \u00fanicamente, y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos est\u00e1n probados o no est\u00e1n probados, parte de la base de una u otra cosa, y s\u00f3lo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos\u00bb (CSJ SC040, 25 abr. 2000, rad. 5212; CSJ SC 20 ag. 2014, rad. 00307; CSJ SC2342-2018, 26 jun. 2018, rad. 2009-00013-01; CSJ SC1043-2021, 5 abr., rad. 2013-00056-01). <\/p>\n
En consonancia con lo expuesto, al recurrente que opta por ese camino, le est\u00e1 vedado manifestar inconformidad o discrepancia con la apreciaci\u00f3n de los hechos efectuada por el sentenciador con base en las probanzas, es decir, ning\u00fan reproche puede lanzar aqu\u00e9l sobre el estudio de los elementos demostrativos y, de contera, no le ser\u00e1 dable separarse de las conclusiones a que haya arribado el juzgador en esa tarea investigativa de la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica de la litis. <\/p>\n
3.2. Empero, si el reclamo se encamina por la senda de la violaci\u00f3n indirecta, el descontento del impugnante se dirige contra el ejercicio valorativo del juzgador, sea por error de evaluaci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 contrariando las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio, o por la indebida interpretaci\u00f3n que hace de la demanda o su contestaci\u00f3n, ora cuando supone, omite o altera el contenido de los elementos de convicci\u00f3n que le sirven de soporte a su resoluci\u00f3n, con la connotaci\u00f3n de ser manifiesta y trascedente, de suerte que la apreciaci\u00f3n realizada se muestre alejada de la realidad procesal, absurda, o sin justificaci\u00f3n, pero, adem\u00e1s, que influya en la manera en que se zanj\u00f3 el debate, generando as\u00ed la trasgresi\u00f3n de las disposiciones sustanciales llamadas a operar en la contienda sometida a la decisi\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n, que de no haber ocurrido el resultado ser\u00eda distinto. <\/p>\n
Para atender dicha carga deber\u00e1 enfrentar los razonamientos esenciales y los medios de prueba sobre los cuales ciment\u00f3 el fallador su decisi\u00f3n, con el objeto de desvirtuarlos, se\u00f1alando la incidencia de los yerros y la forma como estos llevaron a la desatenci\u00f3n de los preceptos materiales invocados, su contundencia e inconsistencia entre lo que objetivamente se desprende de tales probanzas y las conclusiones de la sentencia, am\u00e9n \u00abque no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casaci\u00f3n, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dial\u00e9ctico, as\u00ed sea acertado, frente a unas conclusiones tambi\u00e9n razonables del sentenciador, dejar\u00eda de ser evidente, pues simplemente se tratar\u00eda de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecer\u00eda el del juzgador, puesto que la decisi\u00f3n ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunci\u00f3n de acierto (CSJ SC de 9 de agosto de 2010, rad. 2004-00524-01\u00bb (subrayado no es del texto; CSJ SC1905-2019, 4 jun., rad. 2011-00271-01, reiterado en CSJ AC2588-2021, 30 jun., rad. 2016-00074-01). <\/p>\n
3.2.1. Tocante al error de hecho se ha adoctrinado, \u00abque surge en la suposici\u00f3n o en la apreciaci\u00f3n o en la preterici\u00f3n de pruebas. Supone la prueba el juzgador que halla un medio en verdad inexistente, as\u00ed como aquel que distorsiona el elemento probatorio que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene; y resulta preterida, u omitida, la prueba cuya presencia cierta es ignorada en todo o cercenada en parte, esto \u00faltimo para asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa. <\/p>\n
\u00abDenunciada por el atacante una o todas las posibilidades del elenco anterior, ha de demostrar que el yerro resaltado es adem\u00e1s trascendente por haber determinado la decisi\u00f3n reprochada. Y desde luego que, para establecer el alcance de la acusaci\u00f3n, se acude a una actividad de comparaci\u00f3n entre la realidad que ofrece el expediente y el discurso que funda la sentencia\u00bb (CSJ SC115 20 jun. 2001, rad. 5937, reiterada en CSJ SC3129-2021, 13 ag., rad. 2016-00124-01). <\/p>\n
Puntualmente la Corte ha expresado que \u00ab-cuando [el casacionista] endilgue al sentenciador violaci\u00f3n de la ley sustancial, a consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas-, m\u00e1s que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo -o debi\u00f3 extraer- el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ SC3142-2021 citada). <\/p>\n
3.2.2. A su turno, el error de derecho presupone, que el sentenciador no se equivoc\u00f3 en la constataci\u00f3n material de la existencia de la prueba y fijar su contenido, pero las aprecia \u00absin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere\u00bb. (CXLVII, p\u00e1gina 61, citada en CSJ SC 13 abr. 2005, rad. 1998-0056-02, reiterada en CSJ SC1929-2021, 26 may., rad. 2007-00128-01). <\/p>\n
De ah\u00ed que, cuando el ataque se perfile por esta senda, el discrepante deber\u00e1, adem\u00e1s, citar \u00ablas normas probatorias que se considere violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u00bb. <\/p>\n
Valga decir, la ocurrencia de esta tipolog\u00eda de dislate tiene ocurrencia, esencialmente, en los siguientes supuestos (i) cuando a un elemento demostrativo irregular, ilegal, extempor\u00e1neo, o no id\u00f3neo, se le otorga eficacia demostrativa contrariando as\u00ed el principio de legalidad (ii), en el evento que se le niegue eficacia probatoria a un medio oportuno, regular o conducente (iii) cuando se desatiende el imperativo de valorar de forma aunada o conjunta las probanzas incorporadas al legajo, prescindiendo de los puntos que las enlazan o relacionan. <\/p>\n
3.3. En torno al tercer motivo de impugnaci\u00f3n extraordinaria, se ha dicho que constituye un yerro que atenta contra las formas esenciales del procedimiento, el cual se materializa cuando la sentencia desacata el principio contenido en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, al decidir sobre puntos ajenos a la controversia; deja de resolver los temas objeto de la litis; realiza una condena m\u00e1s all\u00e1 de lo pretendido; o no se pronuncia sobre alguna de las excepciones de m\u00e9rito, cuando es del caso hacerlo. <\/p>\n
As\u00ed, se ha puntualizado que tiene lugar una transgresi\u00f3n de esta naturaleza, cuando \u00abel juzgador decide el [juicio] por fuera de las pretensiones o excepciones probadas en el caso (extra petita), o m\u00e1s all\u00e1 de lo pedido (ultra petita), o cercenando lo que fue objeto de alegaci\u00f3n y demostraci\u00f3n (citra petita). Tambi\u00e9n se configura cuando la sentencia no guarda correlaci\u00f3n con las \u2018afirmaciones formuladas por las partes\u2019, puesto que es obvio que el juez no puede hacer m\u00e9rito de un hecho que no haya sido afirmado por ninguna de ellas. Y se ha reconocido, asimismo, que la incongruencia como causal de casaci\u00f3n se da en los eventos en los que se presenta \u2018una desviaci\u00f3n del tema que fue objeto de la pretensi\u00f3n deducida en la sustentaci\u00f3n del recurso\u00bb (La subraya es para resaltar) (AC280-2021, 8 feb., rad. 2013-00031-02). <\/p>\n
El proceso civil contiene una relaci\u00f3n jur\u00eddico\u2013procesal en virtud de la cual la actividad de las partes y el campo de decisi\u00f3n del juez quedan vinculados a los t\u00e9rminos de la demanda y su contestaci\u00f3n. Por tanto, \u00ab(…) los hechos y las pretensiones de la demanda, y las excepciones del demandado trazan, en principio, los l\u00edmites dentro de los cuales debe el juez decidir sobre el derecho disputado en juicio; por consiguiente, la incongruencia de un fallo se verifica mediante una labor comparativa entre el contenido de lo expuesto en tales piezas del proceso y las resoluciones adoptadas en \u00e9l, todo en armon\u00eda con el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 281 del C\u00f3digo General del Proceso]; de ese modo se podr\u00e1 establecer si en verdad el juzgador se sustrajo, por exceso o por defecto, a tan precisas pautas (CSJ SC, 6 Jul. 2005, rad. 5214; CSJ SC, 1\u00ba nov. 2006, rad. 2002-01309-01)\u00bb (CSJ SC11331-2015, 27 ago., rad, 2006-00119-01; reiterado en CSJ AC2115-2021, 2 jun., rad. 2013-00193-01). <\/p>\n
La Sala ha sido enf\u00e1tica al recabar que \u00ab(\u2026) no es suficiente con esbozar una falta de coherencia en lo decidido, sino que su planteamiento, para que sea completo, debe comprender la contraposici\u00f3n del fallo con todos los elementos debatidos al interior del litigio y que incidir\u00edan en su proferimiento, esto es la demanda, la contestaci\u00f3n y las excepciones propuestas (\u2026) de tal manera que aparezca de bulto una real desarmon\u00eda con el contexto (\u2026)\u00bb (CSJ AC6075-2021, 16 dic., rad. 2018-01593-01). <\/p>\n
4. Desde el p\u00f3rtico se advierte que las acusaciones no tienen vocaci\u00f3n de admisibilidad, por cuanto adolecen de falencias t\u00e9cnicas que impiden franquear la senda de la s\u00faplica extraordinaria, de cara al puntual descontento con la decisi\u00f3n impugnada, donde se desecharon los pedimentos del accionante, enderezados a que sus parientes fueran declarados responsables de reintegrarle los costos del mantenimiento de los predios que conformaban la hacienda Bariloche y en tal condici\u00f3n, se les condenara a pagarle la suma de $1.099.630.154, indexada. <\/p>\n
4.1. En el primer embate, se adujo el menoscabo de los art\u00edculos 2324, 2325, 2327 y 2328 del Estatuto Civil, por indebida interpretaci\u00f3n de los tres primeros e indebida aplicaci\u00f3n del \u00faltimo; para demostrar el defecto, el libelista afirm\u00f3, en un comienzo, que sin estar previsto por el legislador, el sentenciador ech\u00f3 de menos un presupuesto que en nada se relaciona con la controversia, mucho m\u00e1s cuando su contraparte no \u00abaleg\u00f3 ni reclam\u00f3\u00bb la rendici\u00f3n de las cuentas de su gesti\u00f3n ni de los frutos producidos por las heredades a su cargo, por lo que estima desacertado que se le exigiera tal labor\u00edo. <\/p>\n
Adujo que, con el anterior proceder, la magistratura pas\u00f3 por alto, para repeler sus aspiraciones, que los demandados \u00abno formularon ninguna excepci\u00f3n de fondo o una demanda de reconvenci\u00f3n tendiente a reclamar los supuestos e inexistentes frutos que dicen que se les adeudaban\u00bb, los cuales, en todo caso, dijo, no pod\u00edan perseguir por esta senda. <\/p>\n
4.1.1. De lo anotado emerge contundente el entremezclamiento en que incurri\u00f3 la censura, en contrav\u00eda de lo dispuesto por el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, que impone el car\u00e1cter aut\u00f3nomo e independiente de cada acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, comoquiera que se endilg\u00f3 la transgresi\u00f3n directa de reglas de contenido material, empero se despleg\u00f3 el reparo aludiendo a una extralimitaci\u00f3n del juzgador, al decidir sobre un t\u00f3pico que no fue enarbolado por los encartados en la \u00abcontestaci\u00f3n de la demanda\u00bb, donde \u00fanicamente opusieron a sus s\u00faplicas la \u00abpreclusi\u00f3n y falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, yerro que debi\u00f3 encaminar por el tercer motivo de casaci\u00f3n, llevando a cabo el indispensable trabajo de confrontaci\u00f3n entre aquel escrito y lo discernido por el ad-quem. <\/p>\n
Al brillar por su ausencia tal ejercicio comparativo, resultar\u00eda inane escindir las acusaciones como lo prev\u00e9 el par\u00e1grafo 2\u00ba, ejusdem, como quiera que tal falencia obstaculizar\u00eda la viabilidad de esta \u00faltima y la primera, adolece de dislates adicionales que truncan su admisi\u00f3n. <\/p>\n
4.1.2. En efecto, el demandante, al edificar el reproche olvid\u00f3 su deber de acreditar que el Tribunal err\u00f3 al predicar que no bastaba \u00abcon determinar cu\u00e1l es el monto de los gastos en los que incurri\u00f3 para el mantenimiento de la heredad\u00bb, porque, para poder dirimir el litigio en la forma pedida, era precisa \u00abla determinaci\u00f3n de los frutos producidos por \u00e9ste, en tanto que la regla 2328 sustancial\u00bb, prev\u00e9 el derecho de todos los comuneros a obtener tales r\u00e9ditos a prorrata de sus cuotas. <\/p>\n
Ello, por cuanto el atacante se limit\u00f3 a exhibir su propio punto de vista sobre esta materia, sin hacer esfuerzo alguno por enfrentar los razonamientos confutados, basando su postura en un pasaje jurisprudencial que hace alusi\u00f3n a la inviabilidad del juicio \u00abdivisorio\u00bb para reclamar el pago de frutos civiles, cuando esa no es la naturaleza del declarativo rebatido. <\/p>\n
Luego, toda la diatriba est\u00e1 construida desde el punto de vista personal del casacionista, sobre la forma en que ha debido el juzgador entender las pautas enlistadas en el cargo. En esa medida, lo esbozado por el opugnador se asemeja a un alegato de instancia a trav\u00e9s del cual busc\u00f3 anteponer su propia \u00f3ptica sobre la del sentenciador, finalidad ajena a esta defensa excepcional. <\/p>\n
4.1.3. Refuerza la tesis de la Sala, la insuficiencia de los reproches enarbolados por el opugnador en su libelo, para derruir todos los argumentos que dieron soporte a la improsperidad de su petitum, pues aun de salir avante sus embistes contra la hermen\u00e9utica de los lineamientos legales llamados a regentar este juicio, lo cierto es que ninguna controversia suscit\u00f3 en torno a la ausencia de demostraci\u00f3n de los gastos cobrados a sus contendientes ni del perjuicio que el no pago de los mismos le ocasion\u00f3, aserto que, per se, daba al traste con la pretensi\u00f3n resarcitoria. <\/p>\n
Por lo antedicho, el primer planteamiento no satisface las exigencias t\u00e9cnicas para ser acogido. <\/p>\n
4.2. La segunda acusaci\u00f3n se erigi\u00f3 sobre la v\u00eda de la infracci\u00f3n mediata de los c\u00e1nones 2324, 2325, 2327 y 2329 del estatuto civil, por \u00aberr\u00f3nea interpretaci\u00f3n\u00bb, y 2328 de la misma obra, por \u00abindebida aplicaci\u00f3n\u00bb, ante \u00ablos errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb cometidos por el colegiado. <\/p>\n
4.2.1. Para su demostraci\u00f3n, el recurrente enlist\u00f3 las pruebas sobre las que, en su sentir, recay\u00f3 el equ\u00edvoco, pasando por alto, en primer lugar, la obligaci\u00f3n que tiene el casacionista de cotejar el contenido material de aquellas con las conclusiones \u00abpuntuales\u00bb que de cada una extrajo o debi\u00f3 extraer el veredicto, circunscribi\u00e9ndose, una vez m\u00e1s, a revelar su particular perspectiva sobre la realidad procesal, pero sin demostrar el yerro en su evaluaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, afirm\u00f3 que el Tribunal \u00abpretiri\u00f3\u00bb las confesiones que sus parientes plasmaron en la contestaci\u00f3n de la demanda, en los interrogatorios de parte, en un memorial presentado ante el Juez Quinto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 y varios prove\u00eddos dictados por ese despacho y el Tribunal Superior de ese Distrito en el juicio divisorio previo a esta contienda, donde, dijo, admitieron tener una deuda insoluta a su favor por los costos que cubri\u00f3 para la conservaci\u00f3n de sus propiedades; sin embargo, en manera alguna se ocup\u00f3 de trasuntar los apartes pertinentes de las primeras piezas procesales con miras a evidenciar su relevancia en la resoluci\u00f3n del asunto ni, por ende, la magnitud del error atribuido a la colegiatura. <\/p>\n
Solo con la relaci\u00f3n expl\u00edcita del dicho de los se\u00f1alados deponentes y la comparaci\u00f3n de lo resuelto en el fallo acerca de los aspectos sobre los cuales versaron tales aportes testimoniales, era posible develar que la forma como se zanj\u00f3 el pleito fue abiertamente opuesta a lo que arrojaban las pruebas; como esa tarea no se llev\u00f3 a cabo, inviable es tener por demostrado el dislate imputado al sentenciador. <\/p>\n
4.2.2. Con todo, de considerarse suficiente la breve descripci\u00f3n que de esas exposiciones consign\u00f3 el suplicante, el panorama no variar\u00eda, dado que es palpable el desenfoque de su reclamaci\u00f3n, pues all\u00ed parte de la omisi\u00f3n de esas versiones, cuando ninguna duda se plante\u00f3 en torno a su derecho a obtener la devoluci\u00f3n de los dineros aportados para preservar los bienes ni el correlativo compromiso de sus contradictores de asumir tal obligaci\u00f3n, el debate se suscit\u00f3 fue en lo concerniente al ejercicio de la posesi\u00f3n y usufructo que, seg\u00fan daba cuenta el expediente, ostent\u00f3 respecto de tal patrimonio y en la no acreditaci\u00f3n de las cuentas presentadas por el reclamante ni del da\u00f1o causado por no haber recibido el pago de esos valores de manos de los responsables. <\/p>\n
4.2.3. V\u00e9ase que el colegiado dej\u00f3 sentado en su providencia que \u00abde acuerdo con los interrogatorios de parte y el testimonio de Guillermina Jim\u00e9nez Neira\u00bb, el actor \u00abse encontraba en posesi\u00f3n del predio desde el a\u00f1o 1999, explot\u00e1ndolo econ\u00f3micamente desde esa fecha\u00bb, aseveraci\u00f3n que el detractor dej\u00f3 inc\u00f3lume al no desmentirla, a trav\u00e9s, se insiste, de la respectiva confrontaci\u00f3n con \u00abel contenido material\u00bb de tales probanzas. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, \u00ab[e]l impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u2019 (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u2018si impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u2019\u00bb (CSJ Auto 29 ag. 2000, rad. 1994-0088, reiterado en CSJ AC3661-2020, 18 dic., rad. 2018-00094-01). <\/p>\n
Aunque s\u00ed observ\u00f3 tal lineamiento en lo que respecta a la prueba trasladada, el discrepante obvi\u00f3 enfrentar las restantes conclusiones f\u00e1cticas del fallo, permitiendo as\u00ed que los argumentos complementarios que le sirvieron de cimiento, quedaran en pie. <\/p>\n
En efecto, tal como lo record\u00f3 el propio impugnante, los raciocinios que llevaron al decaimiento de sus anhelos no se agotaron en la falta de evidencias sobre los rendimientos generados por los terrenos de la comunidad desde el a\u00f1o 1999. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, la autoridad judicial tambi\u00e9n dedujo que \u00abla experticia arrimada como soporte de la pretensi\u00f3n inaugural (\u2026) presenta serias inconsistencias\u00bb, porque, pese a que la condena solicitada \u00abcorresponde a 5\/14 de los gastos totales de mantenimiento de la finca Bariloche\u00bb, el profesional \u00abdespu\u00e9s de calcular los costos de sostenimiento del fundo desde el a\u00f1o 2009 en adelante, que arroj\u00f3 la suma de $174.578.010 pesos, le adicion\u00f3 la suma de $925.052.144 pesos, correspondientes al valor total que dentro del proceso divisorio se calcul\u00f3 por ese mismo concepto en $509.074.209 pesos, desde 1999 hasta septiembre de 2009, indexados por \u00e9l hasta la fecha de presentaci\u00f3n del dictamen\u00bb, sin hacer \u00abninguna clase de deducci\u00f3n de acuerdo con los porcentajes de copropiedad de cada condue\u00f1o\u00bb, es decir, que no se determin\u00f3 el equivalente a las cuotas partes de los convocados, sino que la estimaci\u00f3n de lo debido por estos se hizo sobre la base del total de los gastos, esto es, incluyendo los que correspond\u00eda asumir al demandante como due\u00f1o de las 9\/14 partes de los bienes, colof\u00f3n que tampoco mereci\u00f3 reproche alguno del casacionista. <\/p>\n
Lo propio ocurri\u00f3 en relaci\u00f3n con el aserto del Tribunal, seg\u00fan el cual, adem\u00e1s de la pifia acabada de describir \u00abdentro de [la citada] experticia [se] relacion[aron] los costos de mantenimiento generados para el a\u00f1o 2009 en el predio Bariloche, mismos que, como atr\u00e1s se expres\u00f3, ya hab\u00edan sido liquidados dentro de dictamen rendido en el proceso divisorio de ese mismo bien, donde se tasaron los gastos hasta el mes de septiembre de esa misma anualidad, por lo que al realizar la sumatoria de los dineros all\u00ed consolidados como erogaciones, [el] perito registr\u00f3 dos veces los gastos incurridos durante una parte (enero \u2013 septiembre) del mismo periodo calendario, arroj\u00e1ndose as\u00ed un resultado inexacto\u00bb. <\/p>\n
En otras palabras, para la magistratura, el trabajo contable elaborado por el experto en esa \u00e1rea del conocimiento, no arrojaba certeza sobre el monto que deb\u00edan sufragar los otrora comuneros del promotor, pues, de un lado, al hacer el c\u00e1lculo respectivo, se sum\u00f3 la totalidad de lo invertido por este \u00faltimo, sin diferenciar lo que correspond\u00eda a cada quien de acuerdo con su porci\u00f3n; y, por otra parte, los costos pagados por los arreglos efectuados entre enero y septiembre del a\u00f1o 2009, fueron doblemente registrados. <\/p>\n
Aserto este \u00faltimo sobre el cual puntualiz\u00f3 el juzgador: aunque \u00abse indic\u00f3 que la tasaci\u00f3n versar\u00eda sobre los gastos incurridos por Abel Enrique Jim\u00e9nez Neira a partir de octubre de 2009, se tom\u00f3 al pie de la letra lo certificado por la contadora Melissa Varela V., quien en su an\u00e1lisis sobre la relaci\u00f3n de costos dijo haber revisado toda la documentaci\u00f3n aportada desde el 2009, sin precisar que se hubieran valorado \u00fanicamente los soportes de egresos generados con posterioridad al mes de septiembre de dicha calenda\u00bb. <\/p>\n
Nada dijo el recurrente con relaci\u00f3n a estos reparos del Tribunal, su afrenta, contrario sensu, se centr\u00f3 en demostrar que sus contendores aceptaron deberle los gastos ocasionados por las propiedades y la ausencia de reclamo de \u00ablos supuestos e inexistentes frutos\u00bb producidos por la heredad, m\u00e1s las imprecisiones detectadas por el ad quem frente a la pericia donde se fij\u00f3 el valor anhelado, quedaron indemnes, circunstancia adicional para desestimar esta acusaci\u00f3n. <\/p>\n
4.3. Como se precis\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s, para que el ataque enfilado por la causal tercera pueda considerarse completo, es deber del casacionista contraponer la decisi\u00f3n cuestionada frente a todos los elementos debatidos \u00ab(\u2026) al interior del litigio y que incidir\u00edan en su proferimiento, esto es la demanda, la contestaci\u00f3n y las excepciones propuestas (\u2026) de tal manera que aparezca de bulto una real desarmon\u00eda con el contexto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.3.1. La \u00faltima reprimenda fue encausada por el cauce de este motivo, empero, de la lectura a su sustentaci\u00f3n, se evidencia que lo propuesto, en realidad, fue un yerro f\u00e1ctico por \u00abdesconocimiento de normas probatorias\u00bb. <\/p>\n
4.3.2. Por m\u00e1s que la Corte hiciera caso omiso de cara a la deficiente enmarcaci\u00f3n jur\u00eddica del embate, varios son los obst\u00e1culos para dar v\u00eda libre a esta impugnaci\u00f3n. El primero de ellos tiene que ver con la insuperable falta de menci\u00f3n de la o las normas sustanciales supuestamente quebrantadas como consecuencia de los \u00aberrores de derecho\u00bb enrostrados al fallador, por cuanto el censor no se ocup\u00f3 de singularizar los preceptos de ese linaje, que considera violentados. <\/p>\n
Es menester enfatizar en que, sea que se aduzca error de hecho o de derecho, compete al recurrente indicar las \u00abnormas de derecho sustancial\u00bb que siendo o debiendo ser base esencial de la decisi\u00f3n confutada resultaron infringidas, teniendo esa calidad aquellas que \u00ab\u2026\u201cen raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u2026\u201d, de manera que no son de esa naturaleza aquellas que se \u201climitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u201d\u00bb. (CSJ AC, 5 may. 2000; criterio reiterado en CSJ AC756-2022, 17 mar.). <\/p>\n
Contrario a esto, en su escrito, el opugnador \u00fanicamente asegur\u00f3 que se incurri\u00f3 en \u00abviolaci\u00f3n indirecta por error de derecho al haber desconocido el Tribunal las normas probatorias contenidas en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 42, y en los art\u00edculos 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso, que consagran en cabeza del juez el deber de emplear los poderes que le concede la ley en materia de pruebas de oficio para verificar los hechos alegados por las partes, as\u00ed como de decretar pruebas de oficio, antes de fallar, para esclarecer los hechos objeto de la controversia\u00bb, sin que en el desarrollo de sus razonamientos para fundamentar el ataque, diera cumplimiento a la carga en comento. <\/p>\n
4.3.3. Aunque los prenotados defectos son suficientes para desechar la censura, vale la pena resaltar que, adem\u00e1s de ellos, la Sala se encuentra con el tropiezo atinente al entremezclamiento de los errores f\u00e1cticos endilgados al veredicto, pues pese a anunciar que este reparo alud\u00eda \u00aba la evaluaci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 contrariando las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio\u00bb, su despliegue se encamin\u00f3 a cuestionar la apreciaci\u00f3n material y el valor suasorio que el juzgador plural le dio a las experticias obrantes en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, rebati\u00f3 que se concluyera que \u00abel perito Jorge Arango Velasco calcul\u00f3 \u00edntegramente el valor de los costos sin tener en cuenta que el porcentaje que correspond\u00eda a los comuneros demandados era de tan solo 5\/14 partes\u00bb, sin fijarse en el \u00abreal contenido\u00bb de ese medio probatorio, en cuyas conclusiones se plasm\u00f3 que \u00abluego de analizar los hechos y los supuestos a la luz de la t\u00e9cnica contable y financiera, declaro que el valor de las 5\/14 partes de los gastos de mantenimiento de la finca Bariloche, m\u00e1s el valor del auto judicial, ascienden a un total de COP 1.099.630.154\u00bb. <\/p>\n
Y m\u00e1s adelante asever\u00f3: \u00ab[n]o es que no haya habido un dictamen para acreditar las pretensiones econ\u00f3micas de la demanda, sino que el Tribunal consider\u00f3 infundadamente que el que se present\u00f3 y acompa\u00f1\u00f3 a la demanda conten\u00eda algunas inconsistencias e inexactitudes que supuso y que no exist\u00edan, efectuando as\u00ed una valoraci\u00f3n indebida del mismo\u00bb. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que cuando se acude a la causal segunda no se pueden entremezclar errores de hecho y de derecho, dado que \u00ab[l]as dos especies de error en la apreciaci\u00f3n de la prueba, de hecho y de derecho, son de naturaleza distinta y, por lo mismo, no se puede aducir en un mismo cargo la concurrencia de ambos respecto de id\u00e9nticos medios de prueba, ni resulta id\u00f3neo invocar el uno sustentado en elementos propios del otro, pues si se denuncia como de hecho y se fundamenta como de derecho, o viceversa, am\u00e9n de que el cargo se torna oscuro e impreciso, implica que en el fondo el vicio que se quiso delatar carece de fundamentaci\u00f3n\u00bb (CSJ, SC 10 ag. 2001, Rad. 6898, reiterado en CSJ AC4205-2021, 7 oct., rad. 2015-00671-01). <\/p>\n
Ciertamente, de forma reiterada esta Corporaci\u00f3n ha sostenido la inviabilidad de entremezclar, al interior de un mismo cargo y en relaci\u00f3n con unas mismas pruebas, el error de hecho y el de derecho ya que, como antes se apunt\u00f3, el primero se refiere a la ponderaci\u00f3n objetiva de los medios de convicci\u00f3n, mientras que el segundo alude a su valoraci\u00f3n jur\u00eddica a la luz de las normas de disciplina probatoria, que gobiernan su producci\u00f3n y eficacia, lo que, por ende, presupone su adecuada contemplaci\u00f3n material por el juzgador, circunstancias que los tornan excluyentes entre s\u00ed. <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
El art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso ordena que los cargos sean formulados de manera separada, esto es, sin mezcla entre las diversas causales, v\u00edas o errores; por tanto, cada acusaci\u00f3n debe responder a un motivo concreto y espec\u00edfico, fuera de divagaciones que puedan conducir a que la v\u00eda seleccionada sea inadecuada a la sustentaci\u00f3n esbozada. <\/p>\n
Regla explicable por la disimilitud de las causales, en tanto cada una de ellas est\u00e1 destinada a cuestionar t\u00f3picos particulares de la sentencia atacada, siendo incompatible su amalgamiento. De all\u00ed que esta Sala, en palabras que tienen renovada actualidad, haya manifestado que: <\/p>\n
Los diferentes reproches que se tengan respecto de la sentencia impugnada, debe proponerlos el recurrente en cargos separados, caracterizados por ser aut\u00f3nomos e individuales, lo que igualmente se infiere del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, premisas que le impiden entremezclar acusaciones de diferente naturaleza o confundir, al interior de una, el error de hecho con el de derecho\u00bb (CSJ AC6341, 21 oct. 2014, rad. 2007-00145-01) (CSJ AC 2707 10 jul. 2019, rad. 2016-46013-01, reiterado CSJ SC3172-2021, 28 jul. rad. 2015-00149-01; se subraya). <\/p>\n
5. Aunado a las consideraciones expuestas, el escrito introductor no satisface los presupuestos para su selecci\u00f3n de oficio, pues el fallo no vulner\u00f3 los derechos y garant\u00edas constitucionales de las partes, ni les irrog\u00f3 agravios que deban ser reparados; no amenaza la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, ni compromete el orden o el patrimonio p\u00fablico; y tampoco se requiere un pronunciamiento unificador de jurisprudencia respecto del tema discutido. <\/p>\n
6. Las razones anotadas aparejan la inadmisi\u00f3n del libelo. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia de 2 de junio de 2022, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro del proceso rese\u00f1ado. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la corporaci\u00f3n de origen. An\u00f3tese su salida. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La Casaci\u00f3n Civil, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1944. <\/p>\n
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AC5521-2022 (2020-00017-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC5521-2022 Radicaci\u00f3n n. \u00ba 73001-31-03-000-2020-00017-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil veintid\u00f3s (2022) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69262","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69262","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69262"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69262\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69262"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69262"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69262"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}