AC5531-2022 (2022-03888-00)<\/p>\n
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AC5531-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03888-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve el recurso de queja interpuesto por Martha Helena y Mar\u00eda Claudia Matallana \u00c1ngel frente al auto de 01 de septiembre de 2022, por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, neg\u00f3 conceder el recurso de casaci\u00f3n. Tal remedio se instaur\u00f3 contra la sentencia de 17 de agosto del 2022, dictada por el la misma Magistratura, dentro del proceso de pertenencia instaurado por Adriana Licinia, Beatriz, Mar\u00eda Ang\u00e9lica, Gloria In\u00e9s, Mar\u00eda del Pilar, Martha Isabel y Samuel Serrano contra las recurrentes. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demanda principal: Los demandantes reclamaron contra los Martha Helena y Mar\u00eda Claudia Matallana \u00c1ngel, la declaraci\u00f3n de pertenencia a trav\u00e9s del modo de prescripci\u00f3n adquisitiva del inmueble ubicado en la calle 53 A bis No. 22-10 de la ciudad de Bogot\u00e1, e identificado con Matricula Inmobiliaria No. 50C-337865. En consecuencia, de tal mandato, solicit\u00f3 inscribir la providencia en la oficina de instrumentos p\u00fablicos de esa ciudad1. <\/p>\n
Asegura el representante judicial que sus mandantes son poseedores con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o del bien determinado anteriormente, desde hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os -aproximadamente desde el 2004-. Asever\u00f3 que los hermanos Serrano Vargas delegaron en Adriana Licina la administraci\u00f3n y explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del inmueble, en el cual funciona un parqueadero. Destacaron que en una parte del fundo existe una construcci\u00f3n, la cual fue levantada por los poseedores. Indican que all\u00ed vive la se\u00f1ora Adriana en compa\u00f1\u00eda de su hija, \u00abpor estar todos los poseedores de acuerdo con ello\u00bb. <\/p>\n
2. Demanda de reconvenci\u00f3n. Las demandadas, a su turno, interpusieron demanda de reconvenci\u00f3n con la que pretendieron la reivindicaci\u00f3n del derecho de dominio y posesi\u00f3n que ejercen sobre el inmueble identificado con F.M.I. 50C-337865. En consecuencia, instaron a su restituci\u00f3n material2. <\/p>\n
Aseveraron que los hermanos Serrano Vargas son poseedores de mala fe pues han pose\u00eddo el bien clandestinamente \u00abteniendo como velo el hecho que su se\u00f1or padre FRANSCISCO SERRANO TAPIAS ingres\u00f3 al inmueble como tenedor bajo un contrato de arrendamiento\u00bb. Indicaron que han ejercido actos de se\u00f1or y due\u00f1o sobre el fundo. <\/p>\n
3. Sentencia de primera instancia: El 28 de marzo de 2022, el Juez Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda principal. En contraposici\u00f3n, neg\u00f3 las de la reivindicatoria. <\/p>\n
4. Fallo de segundo grado: El 17 de agosto de 2022, el superior, al resolver la apelaci\u00f3n formulada por la parte procesal pasiva, confirm\u00f3 la de primer grado. <\/p>\n
5. Recurso de casaci\u00f3n: Lo formul\u00f3 el extremo pasivo. <\/p>\n
6. Decisi\u00f3n sobre la concesi\u00f3n: El Tribunal, mediante prove\u00eddo de 1 de septiembre de 2022, no accedi\u00f3 a tramitarlo. Ello puesto que <\/p>\n
\u00abEn el caso concreto, para acreditar el mentado requisito, las recurrentes acompa\u00f1aron a su escrito de impugnaci\u00f3n un certificado catastral del predio en disputa que, incrementado en un 50%, \u201cde conformidad con el art\u00edculo 444.4 del CGP\u201d, arroja un valor de $1.242.465.000. <\/p>\n
Pues bien, lo primero que debe decirse es que, al margen de ser una prueba distinta a aquella que estableci\u00f3 el legislador para estos casos, valorado el contenido del susodicho aval\u00fao catastral (a\u00f1o gravable 2022), el valor que all\u00ed se le atribuye al inmueble para la mencionada anualidad es de $828.310.000, el que se torna insuficiente a efectos de acreditar el inter\u00e9s que asiste a las actoras para formular el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, por cuanto dicha cifra es inferior a los 1000 smmlv que exige el art\u00edculo 338 del estatuto procesal civil ($1.000.000.000) <\/p>\n
Ahora bien, no es viable, para efectos de calcular la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, aumentar el valor del aval\u00fao catastral en un 50%, en aplicaci\u00f3n de la regla prevista en el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 444 del CGP, \u201cpues esa pauta normativa no fue dispuesta propiamente para estimar la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, sino, puntualmente, para el aval\u00fao de inmuebles en procesos ejecutivos\u201d (CSJ. AC409-2020, 12 feb.; negrita y subraya original)\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, asever\u00f3 que no es posible acceder a la petici\u00f3n del apoderado de decretar de oficio el aval\u00fao del predio en disputa comoquiera que \u00abla aportaci\u00f3n del justiprecio a que alude el art\u00edculo 339 del CGP, seg\u00fan lo ha precisado la Corte, es una \u201ccarga del recurrente\u201d\u00bb. Adicionalmente, \u00abaunque el apoderado alude que no le permiten el acceso al inmueble, esa es una circunstancia que solo aleg\u00f3 pero no demostr\u00f3, sin que se encuentre acreditado, por ejemplo, que se puso de acuerdo con su colega, representante de los usucapientes, para efectos de procurar el acceso al predio a fin de practicar el dictamen pericial con fines de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
7. Reposici\u00f3n y recurso de queja: Lo interpuso la pasiva. Plasmando sus premisas impugnatorias, as\u00ed \u00abEl sentido com\u00fan y el ejercicio de la profesi\u00f3n por varios a\u00f1os, ense\u00f1an que la contraparte no va a facilitarnos practicar y conseguir en forma unilateral el aval\u00fao comercial del inmueble, porque a ellos no les conviene. Les implica mantener la expectativa de las resultas del recurso en casaci\u00f3n, cuando ya tienen la certeza de la sentencia favorable de segunda instancia\u00bb. Indic\u00f3 que en el proceso est\u00e1 probado que \u00abla vez que entre al predio en enero de 2019, terminamos en un problema entre las partes en el cual intervino la Polic\u00eda\u00bb. Aunado a que el principio de buena fe ampara lo manifestado en el escrito de interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n en cuanto al hecho de no poder ingresar al predio para realizar el aval\u00fao. <\/p>\n
Por otra parte, \u00abrespecto a que no aplica para establecer la cuant\u00eda en casaci\u00f3n lo dispuesto por el art\u00edculo444.4 del C.G.P., es cuestionable porque dentro de las facultades que concede el art\u00edculo 228 C.N., est\u00e1 la de la autonom\u00eda y libre apreciaci\u00f3n que tiene el operador judicial en el caso en estudio\u00bb. <\/p>\n
8. Determinaci\u00f3n frente al remedio horizontal: Se neg\u00f3 el 16 de septiembre de 2022. El cuerpo colegiado destac\u00f3 que los argumentos esgrimidos por el recurrente no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) m\u00e1s all\u00e1 de su reiterativa alegaci\u00f3n en ese sentido, no existe prueba id\u00f3nea del inter\u00e9s para recurrir, pues la aportada junto con el memorial de interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n (certificaci\u00f3n catastral del predio en disputa) no reviste la naturaleza de dictamen pericial que exige la ley \u2013no cumple con ning\u00fan requisito para serlo-, lo que permite concluir que ning\u00fan memorial o pieza de evidencia permite afirmar que el agravio patrimonial que el fallo del tribunal les irrog\u00f3 sea superior al m\u00ednimo fijado como inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso (1000 SMLMV). Y siendo carga de las recurrentes despejar dicha inc\u00f3gnita, su persistencia frustra la procedencia del remedio extraordinario. <\/p>\n
M\u00e1s elocuente a\u00fan fue la manifestaci\u00f3n del representante judicial de los convocantes al descorrer el traslado del presente recurso, seg\u00fan la cual \u201c[e]l abogado recurrente en ning\u00fan momento hizo gesti\u00f3n alguna para entrar [a]l bien inmueble con el fin de practicar el aval\u00fao comercial del mismo. Nunca solicit\u00f3 dicho ingreso a trav\u00e9s de memorial dirigido a los demandantes o a su apoderado judicial\u201d; lo que de por s\u00ed descarta la manifestaci\u00f3n de las recurrentes, en el sentido de que sus oponentes no les permitieron el ingreso al predio, pues lo que se advierte es que ni siquiera procuraron el recaudo de la prueba, sino que la dejaron, ab initio, en manos del tribunal para que la decretara en forma oficiosa. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con lo estipulado en el art\u00edculo 352 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abcuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelaci\u00f3n, el recurrente podr\u00e1 interponer el de queja para que el superior lo conceda si fuere procedente. El mismo recurso procede cuando se deniegue el de casaci\u00f3n\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la no concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n espec\u00edficamente, el fin primordial de la queja es que el superior examine si aquel medio de impugnaci\u00f3n estuvo bien o mal denegado. En consecuencia, la competencia funcional de la Corte se circunscribe a: i) precisar si el recurso extraordinario es procedente de conformidad con los lineamientos del art\u00edculo 334 de la ley adjetiva; ii) si se propuso en la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 337 ejusdem; y, iii) si la parte que lo formul\u00f3 se encuentra legitimada para ello, seg\u00fan las previsiones de ese mismo precepto. <\/p>\n
2. Dentro de los requisitos de procedibilidad, para conceder el recurso de casaci\u00f3n, se encuentra \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb. Por supuesto, esto en trat\u00e1ndose de pretensiones esencialmente econ\u00f3micas, como en presente asunto, tal como lo exige el art\u00edculo 338 del estatuto procesal. De ah\u00ed que el recurso de casaci\u00f3n es viable \u00abcuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb. <\/p>\n
Dicho inter\u00e9s, por tanto, est\u00e1 supeditado a la tasaci\u00f3n econ\u00f3mica de la relaci\u00f3n jur\u00eddico sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, es decir, a la cuant\u00eda de la desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, evaluaci\u00f3n que debe efectuarse para el d\u00eda del fallo3. No obstante, valga decirlo, cuando la \u00absentencia es \u00edntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma\u00bb4. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, en los pleitos meramente patrimoniales, el art\u00edculo 339 ib\u00eddem impone que, cuando \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb; disposici\u00f3n que consagra una carga para aqu\u00e9l de demostrar el quantum del detrimento que le ocasiona la providencia, simult\u00e1neamente con la radicaci\u00f3n del embate, o a m\u00e1s tardar antes de que le venza el lapso para esa finalidad, salvo que lo estime identificable con los instrumentos obrantes en el legajo. En tal caso, ser\u00e1 tarea del funcionario constatarlo, sin que le est\u00e9 autorizado decretar pruebas adicionales a los existentes, ya que el censor asume los efectos adversos de su desidia. <\/p>\n
De cualquier forma, la fijaci\u00f3n del malogro debe cristalizarse al tiempo en que surge la legitimaci\u00f3n para disentir, esto es, la fecha de la decisi\u00f3n cuestionada, y contar con bases susceptibles de verificaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, el art\u00edculo 339 precept\u00faa que cuando sea necesario para la procedencia de dicha impugnaci\u00f3n determinar el inter\u00e9s para recurrir \u00absu cuant\u00eda debe establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo el recurrente podr\u00e1 aportar dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre su concesi\u00f3n\u00bb. De manera que a la interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n puede acompa\u00f1arse un dictamen pericial con el objeto de justipreciar el inter\u00e9s econ\u00f3mico. Sin embargo, en el caso en que la parte recurrente no considere la anterior circunstancia, es necesario que el juzgador acuda a los elementos de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, para determinar la cuant\u00eda. <\/p>\n
3. En lo que concierne a los procesos de pertenencia, la acci\u00f3n est\u00e1 encaminada consolidar el patrimonio del poseedor-demandante, mediante el afianzamiento completo del derecho real de dominio a trav\u00e9s del uso, el goce y la disposici\u00f3n plena del bien, objeto a usucapir. De all\u00ed puede deducirse que el petitum de pertenencia reviste un cariz substancialmente econ\u00f3mico. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La queja que hoy desata la Corte encuentra fundamentaci\u00f3n en las consideraciones del censor seg\u00fan las cuales, a la casaci\u00f3n que invoc\u00f3 frente a la sentencia de segunda instancia, le son aplicables las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, escenario normativo en el que aduce: \u00abse atend\u00eda era la naturaleza del asunto y no su cuant\u00eda\u00bb, agregando que la pretensi\u00f3n \u00abdeclaratoria de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u00bb escapa de las calificadas como esencialmente econ\u00f3micas. <\/p>\n
La rese\u00f1ada argumentaci\u00f3n no es de recibo y por ende corresponde avalar el criterio del Tribunal, en tanto: (i) el recurso extraordinario que aqu\u00ed interesa est\u00e1 regido por las pautas del C\u00f3digo General del Proceso; (ii) es incorrecto sostener que en el r\u00e9gimen anterior la procedencia de la casaci\u00f3n s\u00f3lo estaba determinada por la naturaleza del asunto y; (iii) la aspiraci\u00f3n de pertenencia por usucapi\u00f3n es n\u00edtidamente patrimonial\u00bb (CSJ AC011-2017). <\/p>\n
4. En el sub-ex\u00e1mine, anticipa la Corte que, como lo estableci\u00f3 el ad-quem, los elementos de juicio adosados al plenario para el momento en que el medio de impugnaci\u00f3n fue formulado no acreditaban el quantum necesario para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Con el prop\u00f3sito de fijar el inter\u00e9s, el Tribunal acudi\u00f3 a los elementos probatorios obrantes en expediente, en particular, a la constancia de declaraci\u00f3n y\/o pago del impuesto predial del bien, aportado por las demandadas al momento de interponer el remedio extraordinario. En tal documento se se\u00f1ala que el avalu\u00f3 del inmueble, para el 2022, asciende a $828.310.000. De manera que no se avizora que la cuant\u00eda de 1000 SMLV se encuentre satisfecha. <\/p>\n
5. Aduce la impugnante que dicho valor se debe aumentar en un 50%, conforme a lo indicado en el art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso. Sin embargo, tal proceder no es posible asumirlo al momento de conceder el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pues aquella es una previsi\u00f3n aplicable \u00fanica y exclusivamente para el aval\u00fao de inmuebles en procesos ejecutivos. Al respecto, reiteradamente esta Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abY no sobra insistir en que, para resolver sobre la concesi\u00f3n del pluricitado remedio extraordinario tampoco era factible \u00abincrementar\u00bb el susodicho aval\u00fao catastral en una mitad, en la forma que contempla el art\u00edculo 444-4 del C\u00f3digo General del Proceso, pues esa pauta no fue dispuesta propiamente para estimar la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, sino, puntualmente, para el aval\u00fao de inmuebles en procesos ejecutivos. En relaci\u00f3n con dicho aspecto, esta Sala puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl \u00fanico medio de convicci\u00f3n que puede aportar el recurrente, con posterioridad al proferimiento del fallo que pretenda censurar, es un dictamen pericial, connotaci\u00f3n que, ciertamente, no ostenta la \u201ccertificaci\u00f3n catastral\u201d que aport\u00f3 el quejoso, pues se trata de un elemento de juicio distinto al que de manera particular contempl\u00f3 la ley para ese caso espec\u00edfico, como es la cuantificaci\u00f3n del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, que no es una tasaci\u00f3n cualquiera, sino una determinaci\u00f3n jur\u00eddica sobre el monto en t\u00e9rminos econ\u00f3micos del desmedro alegado por el quejoso frente a la sentencia cuestionada. <\/p>\n
Por eso mismo, deben descartarse aplicaciones de normas propias de otro tipo de actuaciones, como las del aval\u00fao de bienes en procesos ejecutivos, que pretende invocar el censor, en la medida en que se refieren a situaciones totalmente distintas. Adem\u00e1s, bien se sabe que la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica tiene lugar cuando no hay norma que regule el caso concreto, carencia que no se advierte en este asunto, comoquiera que el legislador estableci\u00f3, con claridad, el procedimiento a seguir para determinar el prenotado inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC4423-2017)\u00bb (Subrayado del Despacho, AC5697-2021). <\/p>\n
6. Tampoco se le halla raz\u00f3n a las impugnantes cuando alegaron que el Colegiado de segundo grado debi\u00f3 decretar una prueba de oficio. En efecto, v\u00e9ase que la norma impuso en los impugnantes la carga de acreditar el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, a trav\u00e9s de un dictamen pericial. Sin embargo, se observa que, en el caso en concreto, la parte demandada se abstuvo de ejecutar tal actuaci\u00f3n al momento de interponer el remedio extraordinario. Ello bajo la creencia, pues no aport\u00f3 pruebas al respecto, de que \u00abel sentido com\u00fan y el ejercicio de la profesi\u00f3n por varios a\u00f1os, ense\u00f1an que la contraparte no va a facilitarnos practicar y conseguir en forma unilateral el aval\u00fao comercial del inmueble, porque a ellos no les conviene\u00bb. <\/p>\n
Al respecto la Corte ha indicado, <\/p>\n
\u00ab[p]ara la determinaci\u00f3n del mencionado inter\u00e9s, la nueva regulaci\u00f3n procesal prev\u00e9\u0301 que \u201c…su cuant\u00eda deber\u00e1\u0301 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1\u0301 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1\u0301 de plano sobre la concesi\u00f3n\u201d (art\u00edculo 339). Se trata pues de dos maneras para determinar el justiprecio del inter\u00e9s para recurrir, o bien se establece con los elementos de juicio que obren en el expediente; o bien, el recurrente tiene la facultad de aportar un dictamen pericial. No de otra manera puede entenderse los vocablos \u201cpodr\u00e1\u0301\u201d y \u201csi lo considera necesario\u201d que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estar\u00eda convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines. Ahora, de optar el recurrente por no aportar un dictamen pericial que determine el inter\u00e9s para recurrir, se somete entonces al escrutinio que sobre el particular pueda hacer el ad quem con los elementos de juicio que obren en el expediente. Pero, de elegir hacer uso de tal prerrogativa, habr\u00e1\u0301 de ce\u00f1irse en su aportaci\u00f3n a las normas probatorias que regulan la aducci\u00f3n de este tipo de prueba, pues aunque al dictamen allegado por la parte no se le someta a contradicci\u00f3n, ello no le resta rigurosidad en su materialidad probatoria. De manera que, ese dictamen pericial aportado por el recurrente, no es cualquier documento. Por el contrario, bien claro dispuso el legislador que la carga consiste en aportar un \u201cdictamen pericial\u201d, luego debe cumplir con los requisitos contemplados en el art\u00edculo 226 de la misma codificaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC1923-2018, 16 mayo). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en la actual ley de enjuiciamiento civil, el Cuerpo Colegiado de Jueces, no est\u00e1 compelido para suplir la deficiencia probatoria del recurrente en casaci\u00f3n. Al respecto, \u00abel recurrente es quien debe satisfacer la carga de demostrar los supuestos necesarios para que el asunto pueda ser objeto de ese control extraordinario, entre ellos la cuant\u00eda requerida para poder acceder a esa v\u00eda\u00bb. (CSJ AC 1146-2021). <\/p>\n
7. De acuerdo con lo discurrido, no prospera la queja, sin que haya lugar a condenar en costas al impugnante, por cuanto no se erogaron gastos en esta sede. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 17 de agosto del 2022 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, dentro del proceso ya referenciado. Sin lugar a condena en costas. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar devolver lo actuado al Tribunal de origen para que forme parte del expediente. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 126, archivo \u00ab001 ExpedienteDigitalizado- 11001310300820180016800_C001.pdf\u00bb. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1gina 7, archivo \u00ab01CuadernoReconvencion.pdf\u00bb. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Auto de 30 de junio de 2006. Exp.: 2002-00467 reiterado AC 5214 de 2016. <\/p>\n
4\u0002 Auto de 28 de agosto de 2012. Exp.: 2012-01238-00. <\/p>\n
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AC5531-2022 (2022-03888-00) AC5531-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03888-00 Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve el recurso de queja interpuesto por Martha Helena y Mar\u00eda Claudia Matallana \u00c1ngel frente al auto de 01 de septiembre de 2022, por medio del cual el Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69269","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69269","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69269"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69269\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69269"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69269"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69269"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}