AC5554-2022 (2021-00062-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC5554-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-03-013-2021-00062-01 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Mar\u00eda Ligia Salgado Izquierdo, Yaneth Izquierdo Salgado y John Jairo Izquierdo Salgado, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 16 de junio de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso verbal que promovi\u00f3 en su contra Fernando Izquierdo Monta\u00f1ez. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES DEL LITIGIO <\/p>\n
1.- En la demanda se solicit\u00f3 declarar que entre Fernando Izquierdo Izquierdo y Luz Stella Monta\u00f1ez Casallas, existi\u00f3 una sociedad civil de hecho durante el per\u00edodo comprendido entre 1979 y 2013. En consecuencia, declarar su disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n1. <\/p>\n
2.- En sustento de tales pedimentos, se plantearon los hechos que pasan a sintetizarse2: <\/p>\n
2.1.- El se\u00f1or Izquierdo Izquierdo contrajo matrimonio con Mar\u00eda Ligia Salgado Izquierdo el 15 de noviembre de 1973, de cuya uni\u00f3n nacieron dos hijos, Yaneth y John Jairo Izquierdo Salgado. <\/p>\n
2.2.- Hacia el a\u00f1o 1979, sin legalizar la separaci\u00f3n de su c\u00f3nyuge, el se\u00f1or Izquierdo Izquierdo inici\u00f3 una relaci\u00f3n afectiva con Luz Stella Monta\u00f1ez Casallas, de cuyo v\u00ednculo se procre\u00f3 al actor, Fernando Izquierdo Monta\u00f1ez. <\/p>\n
La pareja, adem\u00e1s, constituy\u00f3 una sociedad de hecho \u00abque se mantuvo de forma continua, estable, permanente y singular, de p\u00fablico conocimiento ante la sociedad durante m\u00e1s de 30 a\u00f1os\u00bb, logrando la consolidaci\u00f3n de un patrimonio conjunto derivado de los m\u00faltiples negocios que realizaron, entre los que destacan \u00ab[r]estaurantes, casas de apuestas, almacenes, revistas de publicidad, tipograf\u00eda, ferreter\u00eda, [y] pintura\u00bb. <\/p>\n
2.3.- Durante la vigencia de la sociedad, se adquirieron varios bienes muebles e inmuebles, acciones, establecimientos de comercio y dinero proveniente de seguros de vida y cuentas bancarias. <\/p>\n
2.4.- Luz Stella Monta\u00f1ez Casallas falleci\u00f3 el 6 de julio de 2013 y Fernando Izquierdo el 14 de julio de 2020. <\/p>\n
3.- Los demandados Mar\u00eda Ligia Salgado Izquierdo, Yaneth Izquierdo Salgado y John Jairo Izquierdo Salgado, quienes se tuvieron por notificados mediante conducta concluyente, se allanaron a las pretensiones al reconocer, entre otras cosas, que \u00abFernando Izquierdo y la se\u00f1ora Luz Stella Monta\u00f1ez estuvieron juntos como socios y como pareja desde 1979\u00bb, por lo que manifestaron: \u00ab[N]o nos oponemos, pues cada uno de los hechos es cierto y estamos prestos a constatar (\u2026)\u00bb3. <\/p>\n
4.- Por su parte, la curadora ad litem que actu\u00f3 en representaci\u00f3n de los herederos indeterminados de Fernando Izquierdo Izquierdo, plante\u00f3 la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u00abEcum\u00e9nica o Gen\u00e9rica\u00bb4. <\/p>\n
5.- Mediante sentencia calendada el 21 de septiembre de 20215, el Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali neg\u00f3 las pretensiones de la demanda y orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares practicadas. <\/p>\n
Contra tal determinaci\u00f3n se mostr\u00f3 inconforme la parte actora, quien interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
6.- En fallo de 16 de junio de 20226, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado y, en su lugar, declar\u00f3 la existencia de la \u00absociedad de hecho de car\u00e1cter civil\u00bb constituida entre Fernando Izquierdo Izquierdo y Luz Stella Monta\u00f1ez Casallas, durante el per\u00edodo comprendido entre 1979 y el 6 de julio de 2013, la cual se encuentra disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n \u00absiendo los bienes sociales a liquidar los se\u00f1alados en el numeral 7 de esta sentencia\u00bb. <\/p>\n
6.1.- Para arribar a tal conclusi\u00f3n, el ad quem , destac\u00f3 que acorde con los hechos relatados lo pretendido es la declaratoria de una sociedad civil de hecho conformada por Fernando Izquierdo Izquierdo y Luz Stella Monta\u00f1ez Casallas entre 1979 y 2013, \u00abproducto del trabajo mancomunado, con esfuerzo y dedicaci\u00f3n de la pareja, hasta lograr la formaci\u00f3n de un patrimonio integrado por los bienes muebles e inmuebles relacionados en el libelo\u00bb, sin perjuicio de los lazos afectivos generados entre ellos. <\/p>\n
6.2.- Tras citar varios precedentes jurisprudenciales, se\u00f1al\u00f3 que, adem\u00e1s de los v\u00ednculos emocionales que surgen en una pareja, tambi\u00e9n puede crearse un contrato societario de hecho entre \u00abconcubinos\u00bb, siempre que re\u00fanan las caracter\u00edsticas contempladas en los art\u00edculos 2079 del C\u00f3digo Civil y 98 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
6.3.- Al analizar individualmente los testimonios rendidos dentro del juicio, se pronunci\u00f3 en el siguiente sentido: <\/p>\n
6.3.1.- Georgina Carvajal Izquierdo, hermana del demandante, afirm\u00f3 conocer a la pareja Izquierdo \u2013 Monta\u00f1ez por m\u00e1s de 30 a\u00f1os, tiempo durante el cual ejecutaron varias actividades econ\u00f3micas en las que ambos participaron activamente. <\/p>\n
6.3.2.- Huber Enrique Valencia Ram\u00edrez, contador de Fernando Izquierdo, asegur\u00f3 que, si bien es cierto, los negocios se encontraban a nombre de este, no lo es menos que su contacto directo era con la se\u00f1ora Luz Stella Monta\u00f1ez, quien se encargaba de dirigir la parte administrativa (recaudo de arriendos, pago de n\u00f3minas, proveedores y compras) y de emitir \u00f3rdenes contables para la distribuci\u00f3n del capital social. <\/p>\n
6.3.3.- Esneda Rodr\u00edguez Cifuentes dio cuenta del crecimiento econ\u00f3mico que tuvo la pareja durante su vida negocial, en la que abrieron varios almacenes, adquirieron terrenos y construyeron algunos edificios; labor\u00edo que desempe\u00f1aron mancomunadamente. <\/p>\n
6.3.4.- Alexandra Gonz\u00e1lez Upegui adujo que conoci\u00f3 a la pareja en el a\u00f1o 2000, resaltando que la se\u00f1ora Monta\u00f1ez Casallas fung\u00eda como representante de los negocios y, en general, como su administradora; al punto que era quien \u00abpagaba la n\u00f3mina (\u2026) [y] a todos sus proveedores\u00bb; incluso \u00abten\u00eda la potestad de decidir en que pod\u00eda usar los dineros, si era para pagos o para una compra o para ella comprar algo, era algo muy de pareja, los negocios se llevaban as\u00ed (sic)\u00bb. <\/p>\n
6.3.5.- Los demandados Yaneth y John Jairo Izquierdo Salgado declararon que su padre convivi\u00f3 con Luz Stella Monta\u00f1ez Casallas por m\u00e1s de 30 a\u00f1os, lapso durante el cual trabajaron en conjunto para capitalizar sus bienes. <\/p>\n
6.4.- Al valorar tanto la documental allegada al diligenciamiento como los registros fotogr\u00e1ficos y videos aportados, concluy\u00f3 que se demostr\u00f3 la convivencia singular como pareja y la \u00abrealizaci\u00f3n de un proyecto econ\u00f3mico involucrando su esfuerzo y trabajo, confluyendo de este modo, la relaci\u00f3n de pareja y el \u00e1nimo societario\u00bb, logrando acreditar la materializaci\u00f3n de la affectio societatis. <\/p>\n
6.5.- Al develarse la existencia de una sociedad de hecho que no se vio afectada por la sociedad conyugal que ten\u00eda el causante Izquierdo Izquierdo, su liquidaci\u00f3n por partes iguales entre los socios debe comprender los bienes adquiridos con posterioridad a la constituci\u00f3n del estado de concubinato a t\u00edtulo oneroso, sin incluir los obtenidos a t\u00edtulo gratuito o con anterioridad al momento en que inici\u00f3 la asociaci\u00f3n. <\/p>\n
Los bienes relacionados por el Tribunal para conformar la masa social fueron los siguientes: i) Inmuebles adquiridos entre 1986 y 2012. ii) C\u00e1nones de arrendamiento de las oficinas ubicadas en la ciudad de Buenaventura. iii) Establecimiento de comercio de la misma ciudad. iv) Saldos depositados en cuentas bancarias. v) 944.591 acciones de la sociedad Inversiones del Pac\u00edfico S.A. <\/p>\n
6.6.- Respecto del alegato presentado en segunda instancia por la parte demandada, atinente a que el se\u00f1or Fernando Izquierdo Izquierdo continu\u00f3 su vida marital con Mar\u00eda Ligia Salgado con posterioridad al a\u00f1o 1979 y, por lo tanto, su sociedad de hecho con Luz Stella Monta\u00f1ez Casallas coexisti\u00f3 con la conyugal que tuvo con su esposa, el juez colegiado argument\u00f3 que, \u00abel hecho de que el socio Fernando Izquierdo haya concebido un hijo con su esposa (\u2026) no es \u00f3bice para la concurrencia de la sociedad de hecho establecida con Luz Stella Monta\u00f1ez, y ello tampoco conlleva discusi\u00f3n sobre la vigencia de la sociedad conyugal, a cuyo haber ingresar\u00eda lo adjudicado a aqu\u00e9l en la de facto. Lo que interesa a este asunto es [que] m\u00e1s all\u00e1 del car\u00e1cter sentimental, la existencia de hechos y actos que de manera inequ\u00edvoca dan cuenta de la conjunci\u00f3n de esfuerzos con el prop\u00f3sito de obtener ganancias y cubrir las p\u00e9rdidas que llegaren a sufrir\u00bb. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
1.- Los demandados, Mar\u00eda Ligia Salgado Izquierdo, Yaneth Izquierdo Salgado y John Jairo Izquierdo Salgado, formularon dos acusaciones contra la sentencia proferida el 16 de junio de 2022. <\/p>\n
2.- Con fundamento en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, los convocados denunciaron en el primer cargo la incongruencia del fallo recurrido, en contravenci\u00f3n de lo previsto en los art\u00edculos 281, 282 y 328 (inciso 1\u00ba) ejusdem, \u00aben la medida que dej\u00f3 de reconocer una [excepci\u00f3n perentoria] que el Tribunal ha debido reconocer de oficio. El cargo se referir\u00e1 a la existencia de la excepci\u00f3n perentoria de [fraude del proceso derivado de temeridad y mala fe en el desarrollo de la actuaci\u00f3n], que impide atender como v\u00e1lidas las pretensiones de la demanda, tal como se determin\u00f3 en la [s]entencia de [p]rimera [i]nstancia\u00bb. <\/p>\n
2.1.- Aseguraron que, adem\u00e1s de no haber encontrado acreditados los elementos axiol\u00f3gicos de la sociedad de hecho, el a quo sustent\u00f3 su decisi\u00f3n de negar las pretensiones, en la colusi\u00f3n en que incurrieron tanto el actor como los demandados, al acudir a la jurisdicci\u00f3n con el prop\u00f3sito de \u00abrepartir\u00bb los bienes que dej\u00f3 el causante Fernando Izquierdo Izquierdo, ante la amenaza econ\u00f3mica que representa para sus intereses el proceso instaurado por la se\u00f1ora Luz Eneida P\u00e9rez Paz en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura (exp. 2021-00004-00), quien elev\u00f3 un petitum similar al ventilado en el sub lite, en la b\u00fasqueda de que se reconozca la sociedad que constituy\u00f3 con el de cujus. <\/p>\n
Dicho panorama llev\u00f3 a resolver desfavorablemente el asunto en primera instancia, ante la presencia de \u00abuna maniobra preparada de antemano por ambas partes para enga\u00f1ar al operador judicial, \u201carropada\u201d en la acci\u00f3n de declaraci\u00f3n de una sociedad de hecho, siendo en realidad el prop\u00f3sito (\u2026) el de sustraer los bienes que dej\u00f3 al morir\u00bb. <\/p>\n
Entonces, al calificar la conducta procesal de ambos contendientes litigiosos, qued\u00f3 en evidencia la temeridad y mala fe con la que actuaron en el desarrollo de este juicio, con el objetivo de defraudar a terceros y repartirse entre ellos los bienes del difunto. <\/p>\n
2.2.- Cotejaron lo plasmado en la demanda con el escrito en que se allanaron a las pretensiones, para resaltar la cohesi\u00f3n que existi\u00f3 entre todos los litigantes frente al tiempo en que Fernando Izquierdo Izquierdo y Luz Stella Monta\u00f1ez mantuvieron su relaci\u00f3n sentimental y societaria, lo que \u00abrefleja una identidad absoluta que denota desde el inicio del proceso un acuerdo entre las partes para sacar avante las pretensiones\u00bb. <\/p>\n
Colusi\u00f3n que se hizo a\u00fan m\u00e1s notoria en los interrogatorios absueltos por Yaneth y John Jairo Izquierdo Salgado, de los que se extrae la clara intenci\u00f3n de tramitar este asunto de consuno para evitar los efectos de un eventual fallo adverso en el reclamo formulado por Luz Eneida P\u00e9rez Paz. <\/p>\n
2.3. Aunque las razones esbozadas por el a quo para negar las s\u00faplicas de la demanda fueron extensas y determinantes, el Tribunal mantuvo una actitud silente sobre el particular, pues nada dijo acerca del evidente fraude pactado ab initio por los intervinientes procesales. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, el sustrato de la acusaci\u00f3n se fundament\u00f3 en que \u00abno reconoci\u00f3 de oficio la excepci\u00f3n perentoria que se deriva del actuar temerario, de mala fe y con abuso del derecho que desplegaron las partes\u00bb. <\/p>\n
3. En el segundo cargo, de conformidad con lo normado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, los impugnantes anunciaron la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 98, 100, 218, 219, 498 y 506 del C\u00f3digo de Comercio, 1795 del C\u00f3digo Civil y 3\u00ba de la Ley 54 de 1990, en referencia al numeral 2\u00ba de la parte resolutiva de la providencia atacada, en la que se indic\u00f3: \u00absiendo los bienes sociales a liquidar los se\u00f1alados en el numeral 7 de esta sentencia\u00bb. <\/p>\n
Entonces, al haber fundado la decisi\u00f3n en dicho canon, soslay\u00f3 que las normas imperantes en este caso obedec\u00edan a los art\u00edculos 98, 100, 218, 219 y 506 del C\u00f3digo de Comercio, en virtud de las cuales se da una connotaci\u00f3n mercantil a las sociedades de facto, siendo estas muy diferentes a las patrimoniales que surgen entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
De no haber procedido de tal modo, no se habr\u00eda cometido el yerro de incluir dentro del haber social, aquellos bienes adquiridos por Fernando Izquierdo Izquierdo con posterioridad al fallecimiento de Luz Stella Monta\u00f1ez Casallas (6 de julio de 2013), puntualmente, el dinero representado en el CDT constituido el 15 de julio de 2020. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, con la decisi\u00f3n adoptada se impide que la c\u00f3nyuge sobreviviente, los herederos del se\u00f1or Izquierdo Izquierdo y la se\u00f1ora Luz Eneida P\u00e9rez Paz, puedan reclamar los bienes que fueron obtenidos con posterioridad al momento en que la sociedad de hecho Izquierdo-Monta\u00f1ez qued\u00f3 en estado de disoluci\u00f3n. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, supone que es el legislador quien determina los espec\u00edficos motivos de procedencia, los cuales deben ser validados al momento de decidir acerca de la admisibilidad de la demanda, labor que debe estar orientada por las reglas del estatuto procesal de acuerdo con las limitaciones que le son propias y que definen los contornos de la actividad jurisdiccional en tanto el tribunal de casaci\u00f3n, debe ce\u00f1irse al linde definido tanto en las causales invocadas, como en los aspectos jur\u00eddicos alegados por el recurrente en su demanda para sustentarlas, \u00absin que le sea permisible, sin rebasar sus poderes jurisdiccionales, examinar de oficio los dem\u00e1s aspectos que, no obstante contenerlos la sentencia, no han sido denunciados como motivo de ataque\u00bb7. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso al referir los requisitos de la demanda de casaci\u00f3n, incluye que esta debe contener: <\/p>\n
2. La formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa y con sujeci\u00f3n a las siguientes reglas: <\/p>\n
a) Trat\u00e1ndose de violaci\u00f3n directa, el cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria. <\/p>\n
En caso de que la acusaci\u00f3n se haga por violaci\u00f3n indirecta, no podr\u00e1n plantearse aspectos f\u00e1cticos que no fueron debatidos en las instancias. <\/p>\n
Cuando se trate de error de derecho, se indicar\u00e1n las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas. Si se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizar\u00e1 con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae. En todo caso, el recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia; <\/p>\n
b) Los cargos por las causales tercera y cuarta, no podr\u00e1n recaer sobre apreciaciones probatorias. (\u2026). <\/p>\n
Las distintas causales de casaci\u00f3n se caracterizan por su autonom\u00eda e independencia, toda vez que corresponden a circunstancias dis\u00edmiles y por lo tanto tienen identidad propia, de donde se desprende que el recurrente no puede combinarlas, sino que debe formularlas de manera separada tal y como lo exige la norma en comentario y lo ha decantado la Corte en profusa jurisprudencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.- En el asunto sub lite, se advierte que el recurso se fund\u00f3 en dos cargos, los cuales pasar\u00e1n a calificarse para verificar, con rigorismo, si la demanda de casaci\u00f3n debe admitirse o, por el contrario, declararse inadmisible. <\/p>\n
3.- El numeral 3\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, contempla como causal del recurso extraordinario, \u00ab[n]o estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio\u00bb. <\/p>\n
Teniendo en cuenta que la incongruencia como instituci\u00f3n tiene diversas dimensiones para configuraci\u00f3n, debe compararse lo expuesto en la sentencia con lo debatido durante del juicio. <\/p>\n
Es as\u00ed que, emerge di\u00e1fana cuando el fallo decide sobre aspectos no encuadrados dentro del objeto del litigio, omite resolver puntos que se ventilaron durante el proceso, impone condenas que exceden el l\u00edmite de las pretensiones, o deja de pronunciarse frente a las excepciones de m\u00e9rito, en el evento en que surja la obligaci\u00f3n de hacerlo. <\/p>\n
No en vano, tanto el derecho de acci\u00f3n ejercido por el actor, como el de contradicci\u00f3n a instancia del convocado, se materializan en dos actuaciones concretas, los escritos de demanda y de contestaci\u00f3n, siendo estos los que fijan la senda por la que debe enfilarse el juzgador para desatar la controversia planteada, salvo excepciones que el juez pueda reconocer de oficio. <\/p>\n
As\u00ed lo ha se\u00f1alado la Corte: <\/p>\n
(\u2026) son los involucrados en el conflicto, con sus escritos, quienes delimitan el contorno del debate, fijando las pautas a tener en cuenta al momento de desatar la litis y restringiendo, por ende, la labor del funcionario encargado de resolverla. De esa forma, el desconocimiento del querer explicitado se constituye en una irregularidad en la producci\u00f3n del fallo, ya sea por referirse a puntos no sometidos a discusi\u00f3n, acceder a menos de lo pedido o desbordando los alcances esbozados (\u2026) Y en ese mismo pronunciamiento record\u00f3 como (\u2026) La Corporaci\u00f3n tiene dicho al respecto que \u2018[e]l principio dispositivo que inspira el proceso civil, conduce a que la petici\u00f3n de justicia que realizan las partes delimite la tarea del juez y a que \u00e9ste, por consiguiente, al dictar sentencia, deba circunscribir su pronunciamiento a lo reclamado por ellas y a los fundamentos de hecho que hubieren delineado, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso\u2019. (CSJ SC8410 de 2014, rad. 2005-00304, reiterado en CSJ AC2412-2022. Resaltado por la Sala). <\/p>\n
De all\u00ed que, al estar claramente delineados los contornos del caso de acuerdo con lo expuesto en la demanda o en la contestaci\u00f3n, no le est\u00e1 permitido al juez decidir con desapego de estas, pues estar\u00eda profiriendo una sentencia extra o ultra petita que, por su misma naturaleza, estar\u00eda alejada de la realidad puesta en su conocimiento por las partes. <\/p>\n
A su vez, la incongruencia tambi\u00e9n deviene del hecho de dictar un fallo que no se pronuncie sobre lo que fue objeto de alegaci\u00f3n y demostraci\u00f3n durante el juicio; no guarde consonancia con lo manifestado por las partes o se desvi\u00e9 del tema formulado en la sustentaci\u00f3n de un recurso. <\/p>\n
3.1.- La pretensi\u00f3n que el se\u00f1or Fernando Izquierdo Monta\u00f1ez elev\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n, se centr\u00f3 en declarar que entre Fernando Izquierdo Izquierdo y Luz Stella Monta\u00f1ez Casallas [ambos fallecidos], existi\u00f3 una sociedad civil de hecho durante el per\u00edodo comprendido entre 1979 y 2013, con su consecuente disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Cuando los convocados John Jairo Izquierdo Salgado y Yaneth Izquierdo Salgado (esta \u00faltima actuando en nombre propio y en representaci\u00f3n de Mar\u00eda Ligia Salgado Izquierdo), comparecieron al proceso, radicaron un escrito conjunto en el que se allanaron al petitum del actor, al corroborar los supuestos f\u00e1cticos en los que se fund\u00f3 la demanda. <\/p>\n
Es as\u00ed que, despu\u00e9s de confirmar la \u00e9poca en que la pareja Izquierdo-Monta\u00f1ez mantuvo su relaci\u00f3n afectiva y negocial como \u00absocios\u00bb, exteriorizaron su intenci\u00f3n de no oponerse a las s\u00faplicas que dieron origen a este tr\u00e1mite. <\/p>\n
Con ese panorama, basta con examinar la sentencia censurada para advertir que tanto su parte considerativa como resolutiva se ci\u00f1\u00f3 al an\u00e1lisis de la figura de la sociedad de hecho entre los citados, m\u00e1s no a otro tema distinto, con estribo en las normas que rigen la materia y en el material probatorio recaudado durante la actuaci\u00f3n, al punto de resolver en el numeral 2\u00ba del fallo lo siguiente: <\/p>\n
DECLARAR la existencia de una sociedad de hecho de car\u00e1cter civil, entre Fernando Izquierdo Izquierdo y Luz Stella Monta\u00f1ez Casallas, desde 1979 hasta el 6 de julio de 2013, la cual se encuentra disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n, siendo los bienes sociales a liquidar los se\u00f1alados en el numeral 7 de esta sentencia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al cotejar la demanda con su contestaci\u00f3n, la \u00fanica conclusi\u00f3n a la que se puede arribar es que la sentencia recurrida mantuvo una estrecha relaci\u00f3n con el ac\u00e1pite petitorio, al grado de acceder a las pretensiones en su integridad; m\u00e1s a\u00fan cuando no existi\u00f3 ninguna repulsa por cuenta de quienes fueron citados a juicio, siendo ellos, precisamente, los que impetraron este recurso extraordinario. <\/p>\n
3.2.- Ahora bien, como la incongruencia se ciment\u00f3 en que el Tribunal dej\u00f3 de reconocer de oficio la excepci\u00f3n perentoria de fraude procesal por temeridad y mala fe, desconociendo as\u00ed las razones esbozadas por el a quo al negar las pretensiones, se efectuar\u00e1n las siguientes precisiones: <\/p>\n
Aunque en la demanda de casaci\u00f3n se aludi\u00f3 a una supuesta colusi\u00f3n entre los recurrentes y Fernando Izquierdo Monta\u00f1ez, con el objetivo de \u00abrepartirse\u00bb los bienes que dej\u00f3 el causante Fernando Izquierdo Izquierdo y, de paso, defraudar los intereses de Luz Eneida P\u00e9rez Paz, la realidad es que el ad quem no la encontr\u00f3 configurada cuando estudi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y, consecuentemente, las pruebas recaudadas en el diligenciamiento. <\/p>\n
Y si bien es cierto, antes de que se dictara el fallo de segunda instancia los aqu\u00ed censores denunciaron la mentada colusi\u00f3n, en la audiencia celebrada el 9 de junio de 2022, el Tribunal manifest\u00f3 que su decisi\u00f3n se centrar\u00eda en lo solicitado en la demanda y en el haz probatorio; a\u00f1adiendo que el acta de conciliaci\u00f3n que se pretendi\u00f3 introducir como elemento demostrativo de tal convenio, no tendr\u00eda ninguna injerencia en la decisi\u00f3n final: <\/p>\n
El documento denominado Acta de Conciliaci\u00f3n (\u2026) a cuyo tenor literal tiene como fin \u201cbuscar un arreglo en materia familia\u201d, para la Sala es carente de todo poder decisorio en las resultas de esta instancia. En todo caso, como la parte demandada viene anunciando que los hechos expuestos en su memorial ser\u00e1n puestos en conocimiento de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, ser\u00e1 dicha entidad la encargada de determinar los eventuales punibles en que incurrieron los ac\u00e1 litigantes con la suscripci\u00f3n del acta de conciliaci\u00f3n y las otras conductas que de consuno desplegaron, pues nuestro examen se limita a indagar si realmente se encuentran colmados los presupuestos para declarar la existencia de la sociedad de hecho, averiguaci\u00f3n que se adelantar\u00e1 mediante la valoraci\u00f3n del acervo probatorio allegado (\u2026)8. <\/p>\n
De suerte que, al abordar el estudio de los hechos planteados en la demanda, el ad quem encontr\u00f3 acreditada la existencia de la sociedad de hecho entre la pareja Izquierdo-Monta\u00f1ez, con sustento en la totalidad de las pruebas allegadas al expediente, sin advertir alg\u00fan tipo de colusi\u00f3n o pacto entre las partes que tuviera como objetivo defraudar los intereses de terceros o encubrir la realidad negocial que aquellos mantuvieron durante el per\u00edodo comprendido entre 1979 y 2013. <\/p>\n
Por ello, en la sentencia atacada se indic\u00f3: <\/p>\n
Adem\u00e1s de la alegaci\u00f3n de colusi\u00f3n, a la cual se dio pertinente respuesta en auto del pasado dos (2) de junio y en la audiencia del nueve (9) de junio de 2022, el apoderado judicial de los demandados en esta instancia se\u00f1al\u00f3 que, Mar\u00eda Ligia Salgado Izquierdo continu\u00f3 haciendo vida marital con su c\u00f3nyuge Fernando Izquierdo Izquierdo, a\u00f1os despu\u00e9s de la pretendida fecha de inicio de la sociedad de hecho entre este y Luz Stella Monta\u00f1ez Casallas, fijada en el a\u00f1o 1979. Ello lo corrobora el nacimiento de su hijo John Jairo Izquierdo Salgado el 16 de enero de 1982 (\u2026) <\/p>\n
Arriba se dej\u00f3 consignado que, a la hora de ahora, al margen del matrimonio o de la uni\u00f3n marital de hecho y de las correspondientes sociedad conyugal o patrimonial, puede coexistir una sociedad de hecho comercial o civil, integrada por los c\u00f3nyuges o por uno de estos con terceros, cada cual con su propia naturaleza, identidad y autonom\u00eda jur\u00eddica. As\u00ed las cosas, el hecho de que el socio Fernando Izquierdo haya concebido un hijo con su esposa Mar\u00eda Ligia Salgado, no es \u00f3bice para la concurrencia de la sociedad de hecho establecida con Luz Stella Monta\u00f1ez, y ello tampoco conlleva discusi\u00f3n sobre la vigencia de la sociedad conyugal, a cuyo haber ingresar\u00eda lo adjudicado a aqu\u00e9l en la de facto. <\/p>\n
Resulta claro que el Tribunal no tuvo necesidad de acudir a la facultad consagrada en el art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso, al no vislumbrar ninguna enervante de esa estirpe que debiera declarar de oficio, mucho menos cuando de los hechos y las pruebas relacionadas en la sentencia surgi\u00f3 su convencimiento para despachar favorablemente las pretensiones de la demanda, sin encontrar latente alg\u00fan tipo de fraude procesal. <\/p>\n
3.3.- Descartada cualquier incoherencia entre el fallo y el litigio debatido en ambas instancias, lo que se desprende de la acusaci\u00f3n es simplemente la inconformidad que mostraron los recurrentes frente a la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal. <\/p>\n
En ese orden, se limitaron a defender los argumentos expuestos por el a quo en la providencia que neg\u00f3 las pretensiones y de acusar tanto al actor como a ellos mismos, de haberse coludido para obtener un beneficio econ\u00f3mico con las resultas de este proceso, en detrimento de otra persona que est\u00e1 reclamando en otro juicio pretensiones similares a las debatidas en este asunto. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, se fundaron llanamente en una cr\u00edtica del estudio hermen\u00e9utico que realiz\u00f3 el ad quem al momento de fallar, como si de una instancia adicional se tratara. <\/p>\n
Por ende, se recuerda que el simple desacuerdo con la sentencia atacada no tiene la fuerza suficiente para derrumbarla, mucho menos cuando lo que se busca es imponer un criterio diferente al del Tribunal o una visi\u00f3n distinta de la manera en que pudo resolverse el litigio. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n ha indicado: <\/p>\n
[t]rat\u00e1ndose del numeral tercero del citado art\u00edculo 336, el cuestionamiento por inconsonancia debe centrarse en una manifiesta alteraci\u00f3n de lo debatido al confrontar el fallo con lo expuesto y pedido en la demanda, as\u00ed como la defensa asumida por el opositor o si se pasan por alto circunstancias con incidencia en la decisi\u00f3n reconocibles forzosamente por el juzgador. De ah\u00ed que la labor es comparativa entre lo que figura en los escritos que delimitan el contorno del litigio con la decisi\u00f3n tomada, pero sin que se desv\u00ede en reproches por errores de juicio en la lectura que se le dio al libelo y la respuesta al mismo, ni mucho menos discrepancias con la forma en que se sopesaron las probanzas, que corresponden a la segunda causal. (CSJ AC4592-2018. Reiterado en CSJ AC2930-2022. Subrayado intencional). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, como la discrepancia de los censores gravit\u00f3 en el an\u00e1lisis jur\u00eddico y probatorio que efectu\u00f3 el ad quem para resolver del modo en que lo hizo, el cargo se inadmitir\u00e1. <\/p>\n
3.4.- De otro lado, si los casacionistas pretend\u00edan dejar en evidencia la supuesta colusi\u00f3n, aludiendo a las pruebas practicadas durante el juicio, la senda que siguieron para controvertir su valoraci\u00f3n no fue la indicada, en la medida en que el legislador consagr\u00f3 para ese fin la causal contemplada en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, atinente a los errores de hecho. <\/p>\n
4.- Respecto al segundo cargo, teniendo en cuenta que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso ata\u00f1e a la violaci\u00f3n directa de normas sustanciales, el inconforme debe se\u00f1alar por lo menos una de ese linaje, \u00absin que sea necesario incorporar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb, ni tampoco \u00abcomprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb (art. 344 Ib). <\/p>\n
Lo anterior supone que el recurrente acepta las conclusiones f\u00e1cticas y probatorias del Tribunal, pero est\u00e1 en desacuerdo con la manera en que aplic\u00f3 o dej\u00f3 de aplicar determinada disposici\u00f3n de orden sustancial, irrumpiendo as\u00ed de manera abrupta el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Las normas de esa categor\u00eda, como inveteradamente se ha dicho, son aquellas que declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas; por lo tanto, no pueden confundirse con \u00ablos preceptos materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u201d (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01)\u00bb (Reiterada en CSJ AC4591-2018). <\/p>\n
Cuando se invoca \u00fanicamente la transgresi\u00f3n de las normas sustanciales por v\u00eda directa, la labor de la Corte no gravita sobre el an\u00e1lisis de los hechos presentados por la parte quejosa, ni sobre las pruebas recaudadas, sino en el estudio pormenorizado de las violaciones endilgadas y su impacto en la sentencia; de suerte que el trabajo de esta Corporaci\u00f3n se limita al examen de las normas acusadas y no al desarrollo del litigio, pues se recuerda que el estudio debe ce\u00f1irse a los \u00abtextos legales sustantivos \u00fanicamente, y ante ellos enjuicia el caso; ya sabe si los hechos est\u00e1n probados o no est\u00e1n probados, parte de la base de una u otra cosa, y s\u00f3lo le falta aplicar la ley a los hechos establecidos\u00bb ( CSJ, SC040-2000; SC 20 ago. 2014, rad. 00307; SC2342-2018; CSJ AC5875-2021). <\/p>\n
4.1.- Con ese panorama, lo primero que se advierte es que los recurrentes se\u00f1alaron indistintamente varias normas de la codificaci\u00f3n civil y comercial como soporte de su queja, sin detenerse siquiera a estudiar cu\u00e1les de ellas se califican en realidad como sustanciales; es decir, enunciaron varios c\u00e1nones que se ajustan a los reparos que enfilaron contra la sentencia del Tribunal, sin tener en cuenta que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso exige que las disposiciones que fundamenten la demanda de casaci\u00f3n sean de estirpe sustancial. <\/p>\n
Es as\u00ed que, por ejemplo, los art\u00edculos 100 y 498 del C\u00f3digo de Comercio no pertenecen a esa categor\u00eda, como en recientes pronunciamientos lo aclar\u00f3 la Sala en eventos de similares connotaciones: <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 la impugnante en la primera acusaci\u00f3n que la decisi\u00f3n cuestionada revela el quebranto del art\u00edculo 100 del compendio mercantil, como consecuencia de la indebida interpretaci\u00f3n que de aquel se hizo (\u2026) cuando se acude a la causal primera de casaci\u00f3n, es imperativo hacerlo con la certeza de que la norma que se aduce quebrantada es de tipo sustancial, car\u00e1cter que no se deduce del contenido de la citada, toda vez que alude al r\u00e9gimen aplicable a todo tipo de sociedades, puntualmente, a la sujeci\u00f3n que debe hacerse a la normatividad mercantil, en torno a los asuntos que surjan en temas societarios, bien sean civiles o comerciales, es decir, no crea, modifica ni extingue alg\u00fan derecho de contenido material (\u2026) (CSJ AC757 -2022). <\/p>\n
El art\u00edculo 498 del C\u00f3digo de Comercio precisa que la \u00absociedad comercial ser\u00e1 de hecho cuando no se constituya por escritura p\u00fablica. Su existencia podr\u00e1 demostrarse por cualquiera de los medios probatorios reconocidos en la ley\u00bb, por lo que como se dijo en CSJ AC 9 may. 1996, rad. 5930, \u00abdefine el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la sociedad de hecho, estatuyendo al mismo tiempo la libertad probatoria en orden a demostrar su existencia\u00bb, pero sin consagrar derechos subjetivos o mandatos de los que se deriven consecuencias vinculantes y as\u00ed se reiter\u00f3 en CSJ AC.8 feb. 2001, rad. 1997-7508-03 (CSJ AC2446-2018). <\/p>\n
4.2.- Respecto del art\u00edculo 506 del C\u00f3digo de Comercio, que hace menci\u00f3n de las normas para la liquidaci\u00f3n de las sociedades de hecho [siguiendo los principios del Cap\u00edtulo IX, T\u00edtulo I del Libro] y al nombramiento del liquidador, se advierte que, en primer lugar, no se especific\u00f3 en detalle cu\u00e1l de todo ese c\u00famulo de normas contentivas de la liquidaci\u00f3n fue dejado de aplicar por el Tribunal, habiendo sido necesario discriminarlas y cotejarlas con los argumentos de la sentencia, por tratarse de una remisi\u00f3n directa a otras disposiciones del ordenamiento mercantil, y en segundo, es evidente que el ad quem no pod\u00eda referirse a la figura del liquidador, por no corresponder a la etapa en que actualmente se encuentra el litigio. <\/p>\n
4.3.- Entre las disposiciones invocadas en el cargo, destaca el art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 54 de 1990, reconocido como sustancial por esta Sala (ver, entre otros, CSJ AC577-2020), que contempla: \u00abEl patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos pertenece por partes iguales a ambos compa\u00f1eros permanentes. Par\u00e1grafo. No formar\u00e1n parte del haber de la sociedad, los bienes adquiridos en virtud de donaci\u00f3n, herencia o legado, ni los que se hubieren adquirido antes de iniciar la uni\u00f3n marital de hecho, pero s\u00ed lo ser\u00e1n los r\u00e9ditos, rentas, frutos o mayor valor que produzcan estos bienes durante la uni\u00f3n marital de hecho\u00bb. <\/p>\n
De modo que, no obstante la citada norma es de estirpe sustancial, no procede su estudio de fondo, toda vez que la acusaci\u00f3n resulta desenfocada, como pasa a explicarse: <\/p>\n
Los inconformes manifestaron que en la sentencia atacada se aplic\u00f3 indebidamente el citado canon, al momento de establecer cu\u00e1les ser\u00edan los bienes que se considerar\u00edan sociales para su posterior liquidaci\u00f3n, ya que lo \u00ab\u00fanico que hizo el Tribunal Superior fue sustituir del texto de la norma el tipo de sociedad (sociedad de hecho entre concubinos en vez de uni\u00f3n marital de hecho), y la denominaci\u00f3n de los socios (concubinos en vez de compa\u00f1eros permanentes)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, al contrastar dicho argumento con lo expuesto por el ad quem, resulta evidente que en ning\u00fan momento aplic\u00f3 alguno de los preceptos consagrados en la Ley 54 de 1990, al contrario, afirm\u00f3 categ\u00f3ricamente que no pod\u00edan equipararse las sociedades patrimoniales derivadas de las uniones maritales con las sociedades de hecho, siendo estas \u00faltimas las que surgen del trabajo mancomunado entre las personas, con aportes mutuos, distribuci\u00f3n tanto de ganancias como de p\u00e9rdidas, y con \u00e1nimo de asociaci\u00f3n, con independencia de los lazos afectivos existentes entre ellas. <\/p>\n
Sobre el particular, se indic\u00f3 en la sentencia: <\/p>\n
[R]esulta evidente la existencia de la sociedad de hecho concubinaria pretendida en la demanda, sin que sea \u00f3bice la sociedad conyugal del causante Izquierdo con Mar\u00eda Ligia Salgado, pues no se trata de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes regulada en la Ley 54 de 1990, y nada se opone a su formaci\u00f3n (\u2026) <\/p>\n
Entonces, como el soporte de la queja es que se aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 54 de 1990, claramente se est\u00e1 desfigurando lo expuesto en la providencia, en la que se dijo todo lo contrario, pues se anot\u00f3 que esa norma no era aplicable en este caso. <\/p>\n
Es m\u00e1s, tampoco podr\u00eda decirse que al momento en que el ad quem explic\u00f3 que la liquidaci\u00f3n de los bienes comprender\u00eda aquellos adquiridos con posterioridad al estado de concubinato, a t\u00edtulo oneroso, con exclusi\u00f3n de los que tuviesen antes de asociarse o los obtenidos a t\u00edtulo gratuito, se estaba refiriendo al mentado art\u00edculo 3\u00ba, de un lado, porque en la parte considerativa se alej\u00f3 expresamente de la Ley 54 de 1990, y del otro, porque aquellos presupuestos de la liquidaci\u00f3n los extrajo de una sentencia proferida con bastante antelaci\u00f3n a la expedici\u00f3n de dicha ley (1958). <\/p>\n
Siendo as\u00ed, como la exposici\u00f3n del cargo deforma lo plasmado en el fallo, luce completamente desenfocado e impreciso, al no existir coherencia entre los argumentos esgrimidos por los recurrentes con el estudio que realiz\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
Incluso, se advierte que los recurrentes fueron quienes \u00abinterpretaron\u00bb lo se\u00f1alado en la sentencia al entender que se aplic\u00f3 la Ley 54 de 1990, cuando ello evidentemente no fue as\u00ed. <\/p>\n
Sobre este asunto, la Sala ha ense\u00f1ado: <\/p>\n
(\u2026) el reproche resulta desenfocado, en la medida en que no guarda una estricta y adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar\u2019 (auto de 18 de diciembre de 2009, exp. 6800131030012001-00389 01) o que \u2018resulta desenfocado, pues deja de lado la raz\u00f3n toral de la que se vali\u00f3 el ad quem para negar las pretensiones (\u2026) Ignorado fue, entonces, el n\u00facleo argumentativo del fallo impugnado, haciendo del cargo una embestida carente de precisi\u00f3n, pues apenas comprende algunas de las periferias del asunto, lo cual anticipa su ineficacia para propiciar el pronunciamiento de la Corte\u2019 (auto de 30 de agosto de 2010, exp. 11001-31-03-005-1999-02099-01). (AC 2 de nov. 2011, rad. n.\u00b0 2003-00428, reiterado en AC1473, 30 abr. 2019, rad. n.\u00b0 2016-00721, CSJ 816-2020. Resaltado intencional). <\/p>\n
4.4.- La misma suerte se predica del art\u00edculo 98 del C\u00f3digo de Comercio, tambi\u00e9n de estirpe sustancial (CSJ AC-2068-2022), que en particular define el contrato de sociedad. <\/p>\n
Es que, a pesar de que los censores aseguraron que la norma no se aplic\u00f3 y de all\u00ed surgi\u00f3 su afrenta por la v\u00eda directa, tal aseveraci\u00f3n se aleja diametralmente de la realidad al examinar la providencia atacada. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en el estudio jurisprudencial efectuado para la resoluci\u00f3n del caso, el ad quem cit\u00f3 la sentencia dictada por esta Corporaci\u00f3n el 27 de junio de 2005, en la que, entre otras cosas, se indic\u00f3 que los elementos estructurales del contrato societario de hecho entre concubinos requieren de la confluencia tanto de las exigencias del art\u00edculo 2079 del C\u00f3digo Civil, como del art\u00edculo 98 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Con ese panorama, al reparar en el contenido del citado art\u00edculo 98, salta a la vista que fue, precisamente, uno de los pilares en que se sustent\u00f3 el fallo para acceder a las pretensiones de la demanda, tras valorar las pruebas que acreditaron el trabajo mancomunado ejercido por la pareja Izquierdo-Monta\u00f1ez en el desarrollo de sus actividades comerciales, con la di\u00e1fana intenci\u00f3n de celebrar un contrato de sociedad, como lo exige dicha norma, as\u00ed: <\/p>\n
Con todo ello se acredita en forma fehaciente, no solo la convivencia singular de la pareja (\u2026) sino tambi\u00e9n la realizaci\u00f3n de un proyecto econ\u00f3mico involucrando su esfuerzo y trabajo, confluyendo de este modo, la relaci\u00f3n de pareja y el \u00e1nimo societario, seg\u00fan lo evidencian los desarrollos comerciales, ejecutados y reiterados en el tiempo desde 1979 hasta el 6 de julio de 2013. <\/p>\n
De modo que, mal pod\u00eda decirse que el Tribunal omiti\u00f3 aplicar la norma comercial, cuando es patente que s\u00ed lo hizo, tal como se desprende de las consideraciones expuestas en la sentencia sobre la convergencia de los requisitos esenciales para la formaci\u00f3n de la sociedad. <\/p>\n
4.5.- En lo que respecta a los art\u00edculos 218 y 219 del C\u00f3digo de Comercio, junto con el 1795 del C\u00f3digo Civil, se observa que el desacuerdo de los quejosos radica en que el Tribunal omiti\u00f3 aplicarlos, debiendo hacerlo, al imponer como \u00abcriterio jur\u00eddico para establecer el patrimonio social a liquidar, los presupuestos del art\u00edculo 3 de la ley 54 de 1990, que se instituyeron para regular una sociedad esencialmente diferente, esto es la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb lo que llevar\u00eda a \u00ab[cercenar] a la c\u00f3nyuge sobreviviente MAR\u00cdA LIGIA SALGADO IZQUIERDO el derecho a reclamar en juicio posterior, la presunci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 1795 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, como qued\u00f3 ampliamente esclarecido en precedencia, dicho argumento ni siquiera se contempl\u00f3 en la sentencia atacada, puesto que, se insiste, la mencionada Ley 54 de 1990 se descart\u00f3 al momento de abordar el marco jur\u00eddico que servir\u00eda de referencia para desatar este litigio. <\/p>\n
En s\u00edntesis, como los ataques a la sentencia reprochada se erigieron sobre supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos diferentes a los que sirvieron de fundamento para declarar la existencia de la sociedad civil de hecho, no puede abrirse paso el estudio del cargo al resultar completamente desenfocado. <\/p>\n
4.6.- Al margen de lo anterior, es preciso resaltar que la disconformidad planteada en esta acusaci\u00f3n, gravit\u00f3 en la manera en que se liquidar\u00e1 la sociedad de hecho y en los bienes que la integran; de suerte que la principal discrepancia se basa en saber si el CDT que constituy\u00f3 el se\u00f1or Izquierdo Izquierdo en el a\u00f1o 2020 se incluir\u00e1 en el haber social o no, siendo este posterior al fallecimiento de Luz Stella Monta\u00f1ez. <\/p>\n
Si lo pretendido por los censores era contrastar esa prueba en particular con los l\u00edmites temporales de la \u00e9poca en que la sociedad de hecho qued\u00f3 en estado de disoluci\u00f3n, el sendero que siguieron result\u00f3 equivocado, pues no pod\u00edan acudir a la v\u00eda directa, en la que est\u00e1 vedada la posibilidad de deambular entre los fundamentos f\u00e1cticos o entre las pruebas recaudadas durante el juicio. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado: <\/p>\n
Se ha explicado con suficiencia que cuando la acusaci\u00f3n se dirige por la v\u00eda directa, no es v\u00e1lido al impugnante hacer reproche alguno a la apreciaci\u00f3n de las pruebas, pues se presenta \u00abdirectamente, en l\u00ednea recta, sin rodeos, sin el medio o veh\u00edculo de los errores en el campo probatorio (CSJ, GJ. LXXXVIII, 657). Pero, al margen de lo anterior, tambi\u00e9n constituye un requisito formal imprescindible, el precisar la forma de transgresi\u00f3n denunciada en tanto que el recurrente debe exponer el fundamento de cada acusaci\u00f3n, el cual se echa de menos en el desarrollo del cargo primero (CSJ AC2898-2018). <\/p>\n
De manera que, es evidente que los recurrentes no enfilaron su ataque a controvertir las normas sustanciales, sino que descendieron a la plataforma f\u00e1ctica y de valoraci\u00f3n probatoria para ventilar la apreciaci\u00f3n de una prueba determinada (CDT). <\/p>\n
5.- En conclusi\u00f3n, como las acusaciones no se ci\u00f1eron a los requerimientos formales de esta senda extraordinaria, y toda vez que no se aprecian razones que justifiquen darle v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, al no advertirse que el fallo impugnado comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 346 Ib\u00eddem, se declarar\u00e1 inadmisible. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero. INADMITIR la demanda presentada para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso Mar\u00eda Ligia Salgado Izquierdo, Yaneth Izquierdo Salgado y John Jairo Izquierdo Salgado, frente a la sentencia de 16 de junio de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso en referencia. <\/p>\n
Segundo. Notif\u00edquese y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Presidente de Sala) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Expediente digital. Carpeta (Primera instancia – C01Principal). Archivo (002Demanda.pdf). <\/p>\n
2\u0002 Expediente digital. Carpeta (Primera instancia – C01Principal). Archivo (002Demanda.pdf). <\/p>\n
3\u0002 Expediente digital. Carpeta (Primera instancia – C01Principal). Archivo (025MemEcritosDdos.pdf). <\/p>\n
4\u0002 Expediente digital. Carpeta (Primera instancia – C01Principal). Archivo (43ContestaCuradora.pdf). <\/p>\n
5\u0002 Expediente digital. Carpeta (Primera instancia – C01Principal). Archivo (051ActaAudiencia.pdf). <\/p>\n
6\u0002 Expediente digital. Carpeta (Segunda instancia). Archivo (051SentenciaSegundaInstancia.pdf). <\/p>\n