AC5571-2022 (2018-03191-00)<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03191-00 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
<\/p>\n
AC5571-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03191-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
<\/p>\n
La Corte decide la solicitud de \u00abnulidad de la sentencia\u00bb proferida por esta Sala, propuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el tr\u00e1mite de exequ\u00e1tur promovido por Andrea Susana Castagno Mendieta, con el fin de que se homologue la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de Primer Turno de Montevideo (Uruguay), el 27 de julio de 2016, que en segunda instancia conoci\u00f3 del proceso laboral iniciado por la convocante contra la Embajada de Colombia en dicho pa\u00eds. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Con escrito presentado a trav\u00e9s de apoderado judicial, la demandante, mayor de edad y de nacionalidad colombiana deprec\u00f3 el otorgamiento de efecto jur\u00eddico a la providencia extranjera ab initio citada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El tr\u00e1mite fue admitido con auto del 31 de octubre de 2018. Y se orden\u00f3 correr traslado individual y sucesivo a la Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles y Laborales y al Ministerio de Relaciones Exteriores, seg\u00fan lo dispuesto en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso1. Estas entidades p\u00fablicas2 contestaron la demanda propuesta. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Sala -con sentencia anticipada SC4600 del 29 de octubre de 2019- resolvi\u00f3 \u00abconceder el exequ\u00e1tur al fallo proferido el 27 de julio de 2016, por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de Primer Turno de Montevideo (Uruguay), a trav\u00e9s del cual se concedieron las pretensiones de la demanda laboral presentada por Andrea Susana Castagno Mendieta contra la Embajada de Colombia en Uruguay\u00bb3. <\/p>\n
<\/p>\n
II. TR\u00c1MITE OBSERVADO. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del fallo, el apoderado judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores solicit\u00f3 la nulidad de la sentencia4. Ello, con fundamento en los numerales 5\u00b0 y 6\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. Al respecto, indic\u00f3 que: <\/p>\n
<\/p>\n
En lo que respecta a la causal 5 [\u2026] se tiene que la Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala Civil, omiti\u00f3 pronunciarse respecto a la prueba documental por medio de oficio, solicitadas por el apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual hace referencia a oficiar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Procuradur\u00eda Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa con el fin de remitir copia de las actuaciones disciplinarias dentro del proceso 2012-371764 seguido en contra de la Embajadora de Colombia en la Rep\u00fablica de Uruguay, para la \u00e9poca de los hechos [\u2026]; lo anterior, reiterando la ausencia de un pronunciamiento del operador judicial frente a su decreto y en caso de ser negada, se debi\u00f3 dar el respectivo traslado a la parte pasiva dentro del presente asunto, con el fin de que esta en (sic) presentara los respectivos recursos en contra de la anterior decisi\u00f3n, configur\u00e1ndose per se un defecto f\u00e1ctico por la omisi\u00f3n en el decreto y la pr\u00e1ctica de pruebas. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura una nulidad insubsanable, ya que bajo el argumento de \u201ceficiencia en la administraci\u00f3n de justicia\u201d se est\u00e1n omitiendo etapas procesales, no siendo oportuno despu\u00e9s de haber sido proferida la sentencia argumentar la no necesidad de la prueba, ya que se insiste en que no se brind\u00f3 a la parte pasiva la oportunidad procesal de controvertir la pr\u00e1ctica o no del medio probatorio. <\/p>\n
<\/p>\n
En lo referente a la causal 6 [\u2026] La Corte Suprema de Justicia, realiz\u00f3 prueba documental ejemplificada en la remisi\u00f3n por parte de la Coordinaci\u00f3n de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores copia de la \u201cConvenci\u00f3n Interamericana sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros suscrita por Colombia, con aprobaci\u00f3n del Congreso de la Rep\u00fablica mediante Ley No 16 del 22 de enero de 1981\u201d, lo que conlleva a que dicho documento al ser de car\u00e1cter general, debi\u00f3 ser objeto de traslado a las partes, con el fin de realizar un pronunciamiento de naturaleza particular al caso objeto de la litis, lo anterior m\u00e1xime si se tiene en consideraci\u00f3n que el suscrito libelista en el escrito de contestaci\u00f3n de la demanda, se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Otro punto que [\u2026] no resulta permisible [es] la omisi\u00f3n de los alegatos de conclusi\u00f3n, de manera discrecional omitiendo instancias procesales valiosas para el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de propender en la defensa de sus intereses. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con auto del 13 de septiembre de 2021, se dispuso correr traslado de la nulidad invocada a los intervinientes en el proceso5. Sin embargo, no hubo pronunciamiento alguno6. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Seguidamente, con prove\u00eddo del 31 de marzo de los corrientes, se dispuso no decretar pruebas al interior del respectivo incidente, por cuanto \u00ablos medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente resultan suficientes para decidir de fondo la nulidad impetrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores\u00bb7. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, la entidad recurrente solicita que se decrete la nulidad de la sentencia SC4600-2019 pues, con fundamento en el numeral 5\u00b0 del canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso, estima que esta Sala omiti\u00f3 manifestarse frente al requerimiento probatorio que elev\u00f3 relativo a que la Procuradur\u00eda Delegada para la Vigilancia Administrativa remitiera a la causa actuaci\u00f3n disciplinaria en contra de la embajadora de Colombia en Uruguay. Asimismo, con sustento en el motivo 6\u00b0 \u00eddem, considera que no se le corri\u00f3 traslado para pronunciarse respecto del documento \u00abConvenci\u00f3n Interamericana sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros suscrita por Colombia\u00bb. Y, discurri\u00f3 que con la omisi\u00f3n discrecional de la etapa de alegaciones se vulner\u00f3 su derecho de defensa. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, esta Sala observa que para resolver el asunto se dict\u00f3 un fallo anticipado. Esto es, sin decretar pruebas y sin surtirse la etapa de alegaciones finales. Ello, en cumplimiento a lo reglado por el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, que obliga a los jueces a dictar sentencia anticipada cuando se cumpla alguna de las siguientes circunstancias procesales. Cuando las partes o sus apoderados de com\u00fan acuerdo lo soliciten. Si no hubiere pruebas por practicar. Y, cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacci\u00f3n, la caducidad, la prescripci\u00f3n extintiva y la carencia de legitimaci\u00f3n en la causa. Precisamente, la Corte, en esta determinaci\u00f3n, previo a analizar los aspectos sustanciales y procesales de lo pretendido en el juicio sub examine, precis\u00f3 que <\/p>\n
<\/p>\n
Si bien el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 607 de la misma codificaci\u00f3n presupone que \u00abVencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u00bb, la presente sentencia, escrita y por fuera de audiencia oral, es procedente toda vez que con nitidez se cumple estrictamente lo dispuesto por el numeral segundo del art\u00edculo 278; aunado a que las pruebas documentales requeridas para este especial procedimiento se encuentran configuradas de acuerdo con la naturaleza propia del asunto, lo que a todas luces permite resolver de forma adelantada. <\/p>\n
<\/p>\n
De lo anterior, se desprende que los jueces tienen la obligaci\u00f3n de, una vez advertido el no cumplimiento del debate probatorio o que de llevar este \u00faltimo a cabo resultar\u00eda inocuo, proferir el fallo sin adicionales tr\u00e1mites, en cabal cumplimiento de lo expuesto por los principios celeridad y econom\u00eda procesal, que, en \u00faltimas, reclaman de la jurisdicci\u00f3n decisiones prontas, \u00abcon el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas\u00bb. De no ser as\u00ed, ser\u00eda someter cada causa a una prolongaci\u00f3n absurda, completamente injustificada, en contra de los fundamentos sustanciales y procesales que acompa\u00f1an los tr\u00e1mites judiciales [\u2026]. <\/p>\n
<\/p>\n
[\u2026] Descendiendo al caso objeto de estudio, cabe el proferimiento de un fallo anticipado, debido a que, conforme a las pruebas tra\u00eddas al proceso, la situaci\u00f3n de facto particular del sub judice y la normatividad internacional al respecto, no es necesario adicionales elementos que permitan el convencimiento del fallador, siendo insustancial llevar el proceso, incluso hasta la etapa de alegaciones, como as\u00ed lo refiere el numeral 4 del art\u00edculo 607 del C.G.P. (se resalta). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En ese orden, lo argumentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la pretermisi\u00f3n de etapas procesales en el juicio de exequ\u00e1tur \u2013probatoria y de alegaciones finales-, no encuentra sustento de cara a la realidad f\u00e1ctica cumplida al interior de la causa. En efecto, como se explic\u00f3 en la mentada providencia, no era necesario llevar el juicio hasta su fase final, cuando al interior de este existi\u00f3 un caudal probatorio completo que exig\u00eda a la Sala dictar la respectiva sentencia anticipada. Sumado a que no es posible pretender -por v\u00eda de la nulidad- reabrir el debate probatorio cumplidamente zanjado por esta Corte. <\/p>\n
<\/p>\n
3.1. En igual sentido, refulge que lo suscrito por esta Corporaci\u00f3n se acompasa con el principio de autonom\u00eda judicial, sin que se desprenda, de ninguna manera, afrenta a las prerrogativas del debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n de los involucrados. En un caso donde se dej\u00f3 sin valor ni efecto, el auto que corri\u00f3 traslado para alegar de conclusi\u00f3n porque debi\u00f3 surtirse dicho tr\u00e1mite bajo las reglas del C\u00f3digo General del Proceso, la Sala se\u00f1al\u00f3 que: \u00abha de memorarse que por entrar en vigencia la nueva ley de enjuiciamiento civil \u2013Ley 1564 de 2012-, a partir del 1\u00ba de enero de 2016, ciertamente, resulta aplicable en el sub lite esta normatividad, puesto que seg\u00fan lo prev\u00e9 el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 625 ejusdem, el tr\u00e1mite de los recursos, entre otras actuaciones, se rigen por las leyes vigentes al momento de su interposici\u00f3n y como quiera que en este asunto la demanda de revisi\u00f3n se radic\u00f3 el 15 de agosto de 2017 [\u2026], no cabe duda de que se debe rituar, en su integridad, bajo los mandatos de ese nov\u00edsimo ordenamiento procesal. [\u2026] En esas condiciones, no era dable en el caso examinado correr traslado para alegar de conclusi\u00f3n con base en el \u00abart\u00edculo 383 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb, siendo que, hasta ahora, todas las etapas del asunto se hab\u00edan agotado conforme a los lineamientos del C\u00f3digo General del Proceso. [\u2026] Ahora bien, con respecto a la manifestaci\u00f3n del actor en torno a que los pronunciamientos de cierre de las partes se hagan oralmente, seg\u00fan lo prev\u00e9 el inciso s\u00e9ptimo del art\u00edculo 358 Ib\u00eddem, en el sub examine habr\u00e1 de prescindirse de ello, comoquiera que en el actual estado de cosas, esto es, no habiendo pruebas por practicar, resulta procedente dictar sentencia anticipada, pues as\u00ed lo permite el numeral 2\u00ba del inciso segundo del canon 278 \u00cddem, sin que haya lugar a agotar las restantes etapas que prev\u00e9 el precepto en menci\u00f3n, como ser\u00eda la citaci\u00f3n a audiencia para escuchar alegaciones\u00bb (AC2643-2021).8 <\/p>\n
<\/p>\n
3.2. Consecuente con lo anterior, en relaci\u00f3n con las sentencias anticipadas en los juicios de exequ\u00e1tur, esta Sala, reiteradamente, ha sostenido que <\/p>\n
<\/p>\n
El art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe que, \u00ab[e]n cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u2026 [c]uando no hubiere pruebas por practicar\u00bb. Los sentenciadores, al existir claridad f\u00e1ctica sobre los supuestos aplicables al caso, tienen el deber de proferir fallo definitivo, por advertirse que no habr\u00e1 debate probatorio o que el mismo es inocuo, sin tr\u00e1mites adicionales. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
En consecuencia, el proferimiento de una sentencia anticipada, que se hace por escrito, supone que algunas etapas del proceso no se agoten, como una forma de dar prevalencia a la celeridad y econom\u00eda procesal, lo que es arm\u00f3nico con una justicia eficiente, diligente y comprometida con el derecho sustancial (SC1794-2022) (se resalta). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Para terminar, de cara al cuestionamiento relativo a que a la entidad recurrente no se le corri\u00f3 traslado para pronunciarse respecto del documento denominado \u00abConvenci\u00f3n Interamericana sobre la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros suscrita por Colombia\u00bb10, se advierte que no encuentra asidero en la causal de nulidad propuesta, en la medida que dicha prueba normativa fue solicitada y aportada por la se\u00f1ora representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, situaci\u00f3n que no vislumbra la conculcaci\u00f3n de la garant\u00eda procesal alegada. En efecto, como qued\u00f3 visto, fue el Ministerio mismo quien dio lugar al hecho que presuntamente origin\u00f3 la nulidad invocada. En el punto, la Sala ha indicado que <\/p>\n
<\/p>\n
\u2026deviene imperativo que quien la invoca tenga legitimaci\u00f3n para alegar esa irregularidad, lo cual es predicable de la persona que a causa del vicio haya sufrido lesi\u00f3n o menoscabo de sus derechos, como lo previene el art\u00edculo 135 del estatuto procesal civil, texto legal que tambi\u00e9n establece \u00abno podr\u00e1 alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien no la aleg\u00f3 como excepci\u00f3n previa, si tuvo la oportunidad, ni quien despu\u00e9s de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Ciertamente, la mentada disposici\u00f3n es inequ\u00edvoca al deslegitimar a quien ha dado lugar a un vicio de nulidad del proceso, como mecanismo para precaver actuaciones maliciosas que fomenten la dilaci\u00f3n injustificada de los juicios, impidiendo que quien ha provocado la generaci\u00f3n del motivo de anulaci\u00f3n pueda alegarlo en su favor (se resalta – SC3732-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
5. En una palabra, se negar\u00e1 la solicitud de nulidad propuesta. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
<\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
<\/p>\n
Primero. Negar la solicitud de nulidad procesal invocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores frente a la sentencia SC4600 proferida por esta Sala el 29 de octubre de 2019. <\/p>\n
<\/p>\n
Segundo. Sin costas en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 810 del expediente. <\/p>\n
2\u0002 Folios 813 a 818 y folios 854 a 865. Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 862 a 877. Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folios 878 a 882. Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 887. Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 Folio 888. Ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 Folio 900. Ib\u00eddem. <\/p>\n
8\u0002 Asimismo, frente a la pretermisi\u00f3n de etapas procesales \u2013particularmente, el decreto o pr\u00e1ctica de pruebas- la Corte explic\u00f3 que \u00abse colige que el comentado motivo de anulaci\u00f3n tiene lugar, \u00fanicamente, cuando se pretermiten los t\u00e9rminos u oportunidades para el decreto y\/o la pr\u00e1ctica de las pruebas. <\/p>\n
Con otras palabras: un proceso se torna inv\u00e1lido, entre otras causas, cuando no se resuelve sobre las pruebas pedidas por las partes, ya sea decret\u00e1ndolas, ora neg\u00e1ndolas, o cuando pese a ser ordenadas, se omite, sin justificaci\u00f3n legal, su realizaci\u00f3n [\u2026]. <\/p>\n
Precisamente, sobre el motivo de nulidad que se comenta, es doctrina de la Sala, que \u00e9l \u201c(\u2026) \u2018no se da cuando, mediante auto en firme, se deniega la pr\u00e1ctica de todas o algunas de las pruebas pedidas, porque entonces el fallador est\u00e1 cumpliendo con uno de sus deberes, cu\u00e1l es el de considerar y resolver una petici\u00f3n, que no, por adversa que resulta para el solicitante, implica el desconocimiento del derecho de defensa\u2019 (se subraya; sentencia no publicada de fecha 14 de marzo de 1985) (CSJ, SC del 7 de marzo de 2003, Rad. n.\u00b0 7054)\u00bb (se resalta – SC069-2019). <\/p>\n
9\u0002 Lino Enrique Palacio, Manual de Derecho Procesal Civil, LexisNexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, p. 72. <\/p>\n
10\u0002 Folios 837 a 844 del expediente. <\/p>\n
3 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC5571-2022 (2018-03191-00) Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03191-00 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC5571-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69294","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69294","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69294"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69294\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69294"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69294"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69294"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}