AC5574-2022 (2007-00603-01)<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC5574-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66400-31-89-001-2007-00603-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual la sociedad Echeverri y C\u00eda. de Obras Civiles S.A.S. pretende sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia del 12 de octubre de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. El tr\u00e1mite se adelanta dentro del proceso verbal de responsabilidad contractual que instaur\u00f3 la Uni\u00f3n Temporal \u00abEcheverri y C\u00eda. De Obras Civiles SCS y De la Roche M y C\u00eda. Ltda.\u00bb, la recurrente y De la Roche M y C\u00eda. Ltda., contra Cemex Colombia S.A. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La pretensi\u00f3n <\/p>\n
La Uni\u00f3n Temporal \u00abEcheverri y C\u00eda. De Obras Civiles SCS y De la Roche M y C\u00eda. Ltda.\u00bb, Echeverri y C\u00eda. De Obras Civiles SCS -hoy S.A.S.- y De la Roche M y C\u00eda. Ltda.1 pretendieron que se declarara a la demandada civilmente responsable de los perjuicios materiales y morales causados, con ocasi\u00f3n del incumplimiento del contrato de suministro \u00abde la cantidad de 58 M3 de concreto clase A mezclado de 350 KG\/MC y acelerante para 58 M3 de concreto mezclado\u00bb2. En consecuencia, pidieron que fuera la pasiva condenada a pagar los perjuicios reclamados. <\/p>\n
2.- Fundamentos de hecho <\/p>\n
2.1.- La Uni\u00f3n Temporal \u00abEcheverri y C\u00eda. De Obras Civiles SCS y De la Roche M y C\u00eda. Ltda.\u00bb y Cemex Concretos de Colombia S.A. celebraron contrato \u00abpara el suministro de la cantidad de 58 M3 de concreto clase A mezclado de 350 KG\/MC y acelerante para 58 M3 de concreto mezclado, conforme a las remisiones 00170799, 00170795, 001707958, 00170796, 0017094, 00170793, 00170797\u00bb. Ello con el fin de que la demandante diera cumplimiento a las obligaciones adquiridas con ocasi\u00f3n del contrato 0648 del 14 de febrero del 2002, celebrado con el Instituto Nacional de V\u00edas \u00abpara la rehabilitaci\u00f3n y conservaci\u00f3n del puente Ca\u00f1averal de la carretera Anserma Nuevo la Virginia\u00bb. <\/p>\n
2.2.- Se\u00f1al\u00f3 que el concreto suministrado no cumpli\u00f3 con las condiciones t\u00e9cnicas acordadas. Como consecuencia de ello, Invias no recibi\u00f3 a satisfacci\u00f3n la obra contratada hasta el 10 de octubre de 2002. Asegur\u00f3 que el incumplimiento en la fecha de entrega (que estaba acordada para el 27 de enero del 2002) \u00abse debi\u00f3 \u00fanicamente a la existencia de la baja resistencia del producto suministrado por CEMEX CONCRETOS DE COLOMBIA S.A., que con base en lo pactado debi\u00f3 haber tenido una resistencia de 350 HG\/CM2 o 5000 PSI y no de 3000 PSI como efectivamente se suministr\u00f3\u00bb. <\/p>\n
2.3.- A ra\u00edz de lo sucedido, se generaron ciertos costos derivados de la entrega tard\u00eda de la obra, como lo fueron: i) excedente en el valor del pavimento que se le compr\u00f3 a Asf\u00e1lticas de Occidente; ii) intereses de mora generados respecto del \u00faltimo pago que deb\u00eda hacer Invias a la fecha de recepci\u00f3n de la obra; iii) \u00abvalor a descontar por INVIAS (seg\u00fan comit\u00e9 de obras de marzo 5 de 2002, enviada a CEMEX CONCRETOS DE COLOMBIA SA) de concreto que no cumpli\u00f3 la resistencia y acelerante que no se suministr\u00f3\u00bb; iv) honorarios de ingeniero calculista, entre otros. Adem\u00e1s, se gener\u00f3 una p\u00e9rdida de la capacidad operativa de la empresa, \u00abdebido a que con la demora en la recepci\u00f3n a satisfacci\u00f3n de la obra objeto del contrato por parte de INVIAS, gener\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad operativa en la empresa, que la redujo a un m\u00ednima (sic), pues sus cupos en bancos, el no pago de los parafiscales, el retardo en el pago de otras cuentas, entre otras consecuencias\u00bb. <\/p>\n
3.- Posici\u00f3n del demandado <\/p>\n
En su oportuna contestaci\u00f3n, la pasiva propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u00abinexistencia del hecho generador del da\u00f1o\u00bb; \u00abinexistencia de los supuestos perjuicios\u00bb3. <\/p>\n
4.- Primera instancia <\/p>\n
La clausur\u00f3 el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, el cual dict\u00f3 sentencia del 23 de septiembre de 2020, en la que declar\u00f3 civilmente responsable a la demandada de los perjuicios materiales causados con ocasi\u00f3n del incumplimiento del contrato de suministro de concreto por ejecuci\u00f3n defectuosa. En consecuencia, conden\u00f3 a Cemex Concretos de Colombia S.A. a pagar a la Uni\u00f3n Temporal la suma de $318.761.379. <\/p>\n
5.- Segunda instancia <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n formulado por ambas partes contra el fallo de primera instancia fue desatado por el Tribunal -con sentencia del 12 de octubre de 2021-. All\u00ed confirm\u00f3 parcialmente el fallo apelado solo \u00aben cuanto declar\u00f3 la responsabilidad de CEMEX Concretos de Colombia S.A. frente a la sociedad Echeverri y C\u00eda. de Obras Civiles S.C.S.\u00bb. A su turno, revoc\u00f3 el prove\u00eddo respecto de la sociedad De la Roche M. Y C\u00eda. Ltda., para en su lugar negar las pretensiones de la demanda. Adem\u00e1s, modific\u00f3 la condena de perjuicios pues \u00fanicamente mantuvo la condena respecto de la sociedad Echeverri y C\u00eda. de Obras Civiles S.C.S. por valor de \u00ab$2\u2019017.216,50, que indexada a la fecha asciende a $4\u2019429,757.63; y la suma de $17\u2019947.190.64, que, actualizada a la fecha, asciende a $39\u2019735.845,19\u00bb. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal comenz\u00f3 por aseverar que ning\u00fan pronunciamiento de fondo pod\u00eda efectuarse respecto de la Uni\u00f3n Temporal, porque carece de personalidad jur\u00eddica. Dicho esto, y acreditados los presupuestos procesales, acometi\u00f3 el estudio de la decisi\u00f3n de primera instancia, para determinar si acert\u00f3 la funcionaria de primer grado al reconocer parcialmente las pretensiones de las demandantes. <\/p>\n
Comenz\u00f3 por evidenciar que las conclusiones a las que arrib\u00f3 el a quo respecto del tipo de responsabilidad deprecada, la existencia del contrato de suministro de concreto y la deficiencia del producto que tuvo que ser sometido a unas pruebas de calidad -en las que sali\u00f3 a flote que su resistencia era inferior a la solicitada-, no fueron controvertidas. De manera que, a su juicio, la controversia se circunscribe a que el demandado alega que no hubo incumplimiento. A la postre, la interventor\u00eda admiti\u00f3 que el concreto aplicado a la obra reun\u00eda los est\u00e1ndares de resistencia adecuados. <\/p>\n
Frente a los reparos de la pasiva, evidenci\u00f3 que estos estaban llamados a prosperar \u00fanicamente respecto de la sociedad De La Roche y M. y C\u00eda. Ltda. Y esto es as\u00ed pues ninguno de los documentos allegados, y menos la prueba testimonial, da cuenta realmente de un eventual da\u00f1o causado a tal persona jur\u00eddica. Por el contrario, las probanzas conducen a que fue Echeverri y C\u00eda. de Obras Civiles S.C.S. \u00abla que asumi\u00f3 en su totalidad el resultado de la obra\u00bb. Aludi\u00f3 al escrito de cesi\u00f3n de derechos litigiosos que le hizo la una a la otra. Adem\u00e1s, se halla probado que entre ambas \u00abhubo un acuerdo interno, seg\u00fan el cual, Echeverri y C\u00eda. de Obras Civiles S.C.S. asumi\u00f3 \u201c\u2026la totalidad en un 100% de la contabilidad de la U.T. ECHEVERRI Y C\u00cdA. DE OBRAS CIVILES S.C.S Y DE LA ROCHE M. Y C\u00cdA LTDA. y lo involucre en la contabilidad de la empresa ECHEVERRI Y C\u00cdA. DE OBRAS CIVILES S.C.S. consolid\u00e1ndola al 100% en esta \u00faltima, con la consiguiente responsabilidad del 100% de \u201cC.O.C.\u201d en todo lo inherente a dicho contrato\u00bb. Conclusi\u00f3n que sustent\u00f3 tambi\u00e9n en los interrogatorios rendidos por las partes y en el texto de la demanda. Por tanto, \u00absi todo el reclamo que aqu\u00ed se hace estriba en la demora en el pago de la \u00faltima fase de la obra por causa de la baja calidad del concreto suministrado por la demandada, pero el da\u00f1o se concentra en la sociedad Echeverri y C\u00eda. de Obras Civiles S.C.S., sin que se avizore cu\u00e1l fue el que pudo recibir De La Roche M. y C\u00eda. Ltda.\u00bb ninguna responsabilidad puede imputarse a la demandada frente a De La Roche M. y C\u00eda. Ltda. <\/p>\n
En cuanto a la sociedad Echeverri y C\u00eda. de Obras Civiles S.C.S. distinto es el an\u00e1lisis. En primer lugar, estim\u00f3 que est\u00e1 probado que s\u00ed existi\u00f3 incumplimiento por parte de Cemex, habida cuenta de que el concreto suministrado no se ajust\u00f3 a los par\u00e1metros solicitados. En segundo lugar, expuso que s\u00ed est\u00e1 probado el da\u00f1o sufrido con ocasi\u00f3n de dicho cumplimiento imperfecto: \u00aben la liquidaci\u00f3n final del contrato se le descont\u00f3 a la demandada un valor correspondiente a la compensaci\u00f3n por la calidad del concreto que fue utilizado en la obra, que solo se le puede atribuir a la demandada en la medida en que fue ella la que lo suministr\u00f3. As\u00ed que, el da\u00f1o, al menos en este aspecto, es cierto, por lo que, como m\u00ednimo, por ello tendr\u00eda qu\u00e9 responder\u00bb. A su turno, encontr\u00f3 que el retraso de la fase final de recibido y el pago de las obras en el puente Ca\u00f1averal \u00abdebe atribu\u00edrsele a Cemex Concretos S.A., como tambi\u00e9n el descuento realizado, pues \u00e9l obedeci\u00f3 a la diferencia del precio entre el concreto que se deb\u00eda suministrar y el que realmente se utiliz\u00f3 en la obra\u00bb. <\/p>\n
Respecto de los perjuicios reclamados afirm\u00f3 lo que sigue. Frente al lucro cesante, lo tuvo por no probado. A juicio de la Sala, ninguno de los documentos allegados constata la imposici\u00f3n a la demandante de ning\u00fan tipo de sanci\u00f3n que le impidiera seguir licitando con el Estado. Ni las documentales ni las testimoniales dan prueba de dicha circunstancia. En cuanto al dictamen pericial, soporte fundamental de la p\u00e9rdida que reclama la empresa, surgi\u00f3 evidente para el ad quem su ineficacia probatoria. Y esto es as\u00ed pues \u00abpesar de que el comitente se\u00f1al\u00f3 que el perito deb\u00eda ser un contador, el comisionado asign\u00f3 la tarea a un abogado, quien, al comienzo y al final de sus escritos, dej\u00f3 claro que toda la informaci\u00f3n de la demandante fue cruzada con un experto en banca de inversi\u00f3n, que fue quien, a la postre, realiz\u00f3 la labor, pues fueron los valores y las apreciaciones suyas las que tuvo en cuenta el perito para rendir su experticia, sin agregarle de su parte los conocimientos propios, de los que, obviamente, como abogado, carec\u00eda\u00bb. En ese orden, es evidente que el peritaje no fue elaborado por una persona experta en la materia, \u00ablo cual pone en entredicho la posibilidad de una verdadera contradicci\u00f3n, pues cuando ella ocurri\u00f3, lo que aconteci\u00f3 es que, otra vez, se acudi\u00f3 a un profesional distinto al perito, que, por cierto, tampoco era el que el comitente hab\u00eda encomendado, si bien fue claro en el auto en precisar que deb\u00eda ser un contador\u00bb. Tal circunstancia le resta toda eficacia al dictamen, por lo que no pod\u00eda ser el pilar de la decisi\u00f3n del juzgado. Y aun cuando se pasara por alto la inaceptable delegaci\u00f3n que hizo el perito, de todas maneras, se eludieron aspectos relevantes del caso al momento de elaborar la experticia. <\/p>\n
Frente al da\u00f1o emergente, desech\u00f3 la experticia por las razones consignadas en precedencia. Y a\u00fan si se tomara en cuenta, \u00abhabr\u00eda que realizar una valoraci\u00f3n cr\u00edtica del trabajo presentado en el que el mismo auxiliar desatiende las exigencias m\u00ednimas de claridad, precisi\u00f3n y detalle que de \u00e9l se esperan\u00bb. En primer lugar, \u00abno fue \u00e9l quien hizo las averiguaciones, valoraciones, estudios, an\u00e1lisis financiero, sino el experto que contrat\u00f3 para ello\u00bb. En segundo lugar, \u00abn\u00f3tese que en ese trabajo que realiz\u00f3 el profesional delegado por el auxiliar, no se discriminan, en parte alguna esos gastos; tan solo en las conclusiones finales (p. 111, c. 004-1) se dice que por conceptos adicionales a la operatividad de la empresa, la compa\u00f1\u00eda incurri\u00f3 en algunos (\u2026) sin ninguna referencia m\u00e1s que los documentos que la misma empresa aport\u00f3\u00bb. <\/p>\n
A su turno, la prueba testimonial tampoco da cuenta detallada del da\u00f1o emergente. Por su parte, los documentos aportados \u00abno permiten establecer qu\u00e9 relaci\u00f3n puedan tener la mayor\u00eda de ellos con lo que aqu\u00ed se reclama, por ejemplo, todos los que tienen que ver con llamadas telef\u00f3nicas, o con pago de vi\u00e1ticos (transporte, alimentaci\u00f3n, habitaci\u00f3n); o una serie de pr\u00e9stamos que dice haber recibido la sociedad demandante a partir del mes de enero de 2002. Nuevamente, se se\u00f1ala que a\u00fan de haberse acreditado que ellos fueron para cumplir con algunas obligaciones contra\u00eddas en virtud del contrato de obra, pues al recibir el pago por parte de Inv\u00edas en el mes de noviembre de ese a\u00f1o, lo que se esperaba es que se cubrieran, y que solo se cobrara como un verdadero perjuicio \u00fanicamente los intereses que de all\u00ed pudieran haber surgido\u00bb. Advirti\u00f3 que muchos de los montos relacionados, a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente, \u00abni siquiera el experto subcontratado por el perito que asign\u00f3 el juez para el caso, supo concretar esas cantidades o si ellas depend\u00edan de esas negociaciones, por lo que, imponer cualquier monto ser\u00eda en este caso especulativo y quedar\u00eda soportado, exclusivamente, en la afirmaci\u00f3n de la demandante de que tales erogaciones correspondieron al mentado incumplimiento del contrato\u00bb. Tampoco aparece acreditado el supuesto pago a un experto para las pruebas de resistencia del concreto. En ese orden de ideas, no se puede colegir \u00abque a una deuda del Inv\u00edas que ascend\u00eda a 127 millones de pesos, se contrajeron obligaciones distintas a las que con ese valor hab\u00eda qu\u00e9 cubrir, en una cuant\u00eda superior a los ciento 184 millones de pesos, como se se\u00f1ala en el fallo\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, le hall\u00f3 raz\u00f3n a la demandada, salvo en lo que respecta a la deducci\u00f3n que Invias le hizo a la demandante por la diferencia en el costo del concreto realmente utilizado, \u00aben cantidad de $2\u2019017.216,50, que tiene que ser reconocida, con su respectiva indexaci\u00f3n entre el mes de noviembre de 2002, cuando se produjo, y la fecha actual, esto es, la suma de $4,429,757.63\u00bb. Adem\u00e1s, estim\u00f3 que debieron reconocerse \u00ablos intereses que la suma dejada de percibir en el mes de enero, cuando deb\u00eda recibirse la obra, se causaron hasta la fecha de su consignaci\u00f3n, que lo fue el 7 de noviembre de 2002 (p. 158, c. 001)\u00bb. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N: CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Se formul\u00f3 un \u00fanico cargo contra la sentencia del Tribunal. Con estribo en la causal segunda de casaci\u00f3n, el recurrente censur\u00f3 la sentencia de ser violatoria indirectamente de los art\u00edculos 1604, 1605, 1613, 1614 del C\u00f3digo Civil, del art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998 y del inciso final del art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso, como consecuencia de error de derecho por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 169 y 170 del mismo estatuto procesal. Ello comoquiera que se omiti\u00f3 decretar de oficio la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial. <\/p>\n
En s\u00edntesis, registr\u00f3 que, habi\u00e9ndose establecido que el dictamen pericial practicado carec\u00eda de valor probatorio, \u00abel tribunal debi\u00f3 acudir a la facultad-deber de decretar de oficio un nuevo dictamen pericial, a fin establecer tanto el monto de los dem\u00e1s perjuicios como su relaci\u00f3n con el hecho generador del da\u00f1o. Es que la necesidad del decreto del dictamen como prueba de oficio, surge en el momento en que el Tribunal, en la misma sentencia, le niega la eficacia probatoria al dictamen practicado. Hasta ese momento procesal, dicha prueba gozaba de la presunci\u00f3n de eficacia probatoria, por tanto, al quitarle la misma, no pod\u00eda optar simplemente por negar la reparaci\u00f3n integral\u00bb. Sostuvo que existe una zona de penumbra que requiere ser dilucidada. Indic\u00f3 que en el expediente milita abundante informaci\u00f3n financiera de la recurrente \u00abque no fue analizada por el fallador \u2013 lo cual resulta comprensible \u2013 pues el juez no es experto en esta materia\u00bb. Tal circunstancia implica que el ad quem avizore la existencia de otros perjuicios \u00abcuya reparaci\u00f3n qued\u00f3 por fuera del fallo y sin embargo no realiza ning\u00fan esfuerzo por esclarecer este punto oscuro, a efecto de materializar en su decisi\u00f3n el principio de reparaci\u00f3n integral consagrado en el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998 y en el inciso final del art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Adicionalmente, afirm\u00f3 que la prueba aparece insinuada en el proceso. Y que, con el decreto de oficio, no se estar\u00eda supliendo ninguna falta de diligencia probatoria de la parte demandante. En ese orden de ideas, \u00abhabiendo constatado la falta de claridad en torno al alcance de los perjuicios efectivamente causados a la sociedad ECHEVERRY & CIA DE OBRAS CIVILES SCS y habiendo desconocido por completo la eficacia probatoria del dictamen rendido en el marco del proceso, el ad quem debi\u00f3 dar aplicaci\u00f3n a los art\u00edculos 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso y decretar de oficio la pr\u00e1ctica de un nuevo dictamen pericial que le permitiera elucidar los aspectos oscuros y brumosos que quedaban en el proceso\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el cargo \u00fanico se censur\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1604, 1605, 1613, 1614 del C\u00f3digo Civil, del art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998 y del inciso final del art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso. Sobre el particular se aclara lo que viene. Por un lado, gran parte de estas disposiciones no son normas sustanciales. Y, por otro, respecto de las que s\u00ed ostentan tal car\u00e1cter, no se demostr\u00f3 c\u00f3mo el ad quem las transgredi\u00f3 en el prove\u00eddo recurrido. <\/p>\n
2.- Los art\u00edculos 1613 y 1614 del C\u00f3digo Civil consagran un precepto legal que no ostenta la calidad de sustancial, porque su contenido es esencialmente definitorio de figuras jur\u00eddicas. Al respecto, esta Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abAs\u00ed lo ha dicho la Sala frente al canon 1614 del estatuto civil, al sostener que se limita a \u00abla definici\u00f3n de da\u00f1o emergente y lucro cesante sin ocuparse de regular ninguna relaci\u00f3n de hecho a la que deba seguirle una determinada consecuencia jur\u00eddica\u00bb (AC3597, 27 ag. 2018, rad. n.\u00b0 2008-00491-01), calific\u00e1ndola como una disposici\u00f3n meramente definitoria con fundamento en los precedentes \u00abCSJ, AC 13 Mar 2008 Rad. 2000-05547, CSJ AC 2 Feb. 2005, Rad. 1998-00155 y CSJ SC 29 Abr 2005, Rad. 0829-92\u00bb (idem)\u00bb (AC2828-2020 del 26 de octubre). <\/p>\n
Por su parte, en cuanto al art\u00edculo 1613, esta Corporaci\u00f3n ha ense\u00f1ado que: \u00ablos art\u00edculos 1613, 1614 y 1615, del Estatuto Civil, que explican los componentes de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios (da\u00f1o emergente y lucro cesante), no son sustanciales pues tan s\u00f3lo hacen una clasificaci\u00f3n y explicaci\u00f3n de dos modalidades de da\u00f1os resarcibles\u00bb (AC2506-2016, AC3597-2018, ambos mencionados en AC2117-2020). <\/p>\n
El art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998 tampoco ostenta la requerida connotaci\u00f3n pues el mandato que contiene, a saber, que \u00abdentro de cualquier proceso que se surta ante la Administraci\u00f3n de Justicia, la valoraci\u00f3n de da\u00f1os irrogados a las personas y a las cosas atender\u00e1 los principio de reparaci\u00f3n integral y equidad y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales\u00bb, no declara, crea, modifica o extingue una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta. Sobre dicha disposici\u00f3n, se ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEn efecto, la referida disposici\u00f3n establece que \u00abdentro de cualquier proceso que se surta ante la Administraci\u00f3n de Justicia, la valoraci\u00f3n de da\u00f1os irrogados a las personas y a las cosas atender\u00e1 los principio de reparaci\u00f3n integral y equidad y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales\u00bb, mandato que no declara, crea, modifica o extingue una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, de ah\u00ed que no se haya dado cumplimiento a la parte final del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 368 de la normatividad adjetiva. (CSJ. AC. 18. Dic. 2014, rad. 2008-00267-01)\u00bb (AC5525-2015). <\/p>\n
En cuanto al inciso final del art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso, este contiene un mandato procesal, seg\u00fan el cual en \u00abtodo proceso jurisdiccional la valoraci\u00f3n de da\u00f1os atender\u00e1 los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales\u00bb. Tal norma no crea, modifica o extingue ninguna relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta. Tan solo indica ciertos lineamientos que habr\u00e1n de ser tenidos en cuenta por el juez al momento de determinar la cuant\u00eda de los da\u00f1os que deber\u00e1n repararse. Al respecto, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abAsimismo, no se observa en los embates la indicaci\u00f3n de las normas sustanciales que se hubiesen infringido indirectamente a causa de los denunciados errores probatorios, ya que los c\u00e1nones 399, numeral 13, p\u00e1rrafo final, y 283 del C\u00f3digo General del Proceso, no son reglas de esa categor\u00eda jur\u00eddica, sino que corresponden a preceptos de disciplina probatoria. Tiene sentado la Corporaci\u00f3n que \u00abno tienen la calidad de norma de derecho sustancial las que\u2026 van dirigidas a regular el tr\u00e1mite, como tampoco son en principio normas sustanciales aquellas otras que regulan la actividad de las partes y el juez en orden al decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas, normas por eso llamadas probatorias, que aun cuando pueden contener la garant\u00eda de derechos fundamentales como el del debido proceso, de defensa y contradicci\u00f3n, derechos que asimismo se garantizan con las normas meramente procedimentales, no regulan una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta\u00bb (AC003, 14 en. 2020, rad. n.\u00b0 2011-00832-01, reitera AC, 3 oct. 2003, rad. 2000-0037501)\u00bb (AC2828-2020). <\/p>\n
Ciertamente, tal yerro impide absolutamente que la Corte aborde el tema en estudio. Por tanto, es necesario incluir la disposici\u00f3n legal de car\u00e1cter sustancial que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida. Tal como se dijo en AC3878-2019, <\/p>\n
\u00ab(…) tanto cuando se invoca la violaci\u00f3n directa de normas sustanciales a que se refiere la causal primera de casaci\u00f3n, como la indirecta de que trata la segunda, es imprescindible enunciar al menos un precepto material infringido y a partir del mismo desarrollar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la vulneraci\u00f3n dentro de las exigencias de cada una de esas especialidades, lo que ni siquiera fue tenido en cuenta por el censor ya que ninguna cita normativa existe en su argumentaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed se precis\u00f3 en AC2831-2018, en un evento analizado bajo el antiguo ordenamiento procesal donde esas dos variantes hac\u00edan parte del primer motivo de casaci\u00f3n pero que tiene relevancia en la actualidad por cuanto la exigencia de citar preceptos materiales se conserva para ambas en el C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) el impugnante desatendi\u00f3 el deber de citar los preceptos materiales que justificaban el reparo por la causal primera, quedando cerrada de entrada cualquier arremetida contra la providencia del ad quem por el camino propuesto, ya que no es posible estructurar con precisi\u00f3n mediante simples elucubraciones la equivocaci\u00f3n \u00abin iudicando\u00bb, que depende precisamente de la \u00abviolaci\u00f3n de norma de derecho sustancial\u00bb de la cual se derivan las diferentes variables en que se manifiesta la misma, ya en forma directa o indirecta. (\u2026) <\/p>\n
<\/p>\n
La ausencia de un principio rector quebrantado conlleva una plena satisfacci\u00f3n con el desempe\u00f1o del juzgador en su ejercicio de selecci\u00f3n del marco normativo y los alcances dados al mismo, as\u00ed como una adecuada estructuraci\u00f3n de la providencia bajo esos lineamientos, por lo que cualquier disentimiento frente a la forma como se sopesaron las probanzas sin encasillarlo en una afrenta al r\u00e9gimen aplicable no pasa de ser un alegato de instancia o la propuesta alterna para tasarlas, sin controvertir satisfactoriamente en qu\u00e9 consisti\u00f3 el desfase, lo que es inadmisible por esta ruta\u00bb. <\/p>\n
3.- Con respecto al art\u00edculo 1604 del C\u00f3digo Civil, la acusaci\u00f3n se desarroll\u00f3, poniendo de presente elementos probatorios. Bajo esta perspectiva, la disposici\u00f3n en ciernes, en particular su inciso 3\u00b0, no revela su car\u00e1cter sustancial \u00abel art\u00edculo 1604 no ostenta el car\u00e1cter sustancial por tratarse de evidentemente una regla de estirpe probatoria4\u00bb. El casacionista enarbol\u00f3 que \u00abes claro que el deudor CEMEX CONCRETOS DE COLOMBIA S.A., obtuvo un beneficio del contrato celebrado, en tanto recibi\u00f3 una contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica, de tal suerte que seg\u00fan el art\u00edculo 1604 del C.C., est\u00e1 obligado a responder por culpa leve\u00bb. Sin embargo, no se demostr\u00f3 c\u00f3mo tal canon, en sus incisos 1\u00b0 y 2\u00b0 result\u00f3 transgredido por el prove\u00eddo de segunda instancia, comoquiera que all\u00ed s\u00ed se tuvo por probada la responsabilidad civil de la demandada por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales. A su turno, se destaca que tal disposici\u00f3n no constituye la base cardinal del fallo cuestionado, porque la desestimaci\u00f3n del lucro cesante y parte del da\u00f1o emergente no se relacion\u00f3 con el grado de culpa, ni en el caso en concreto se propuso el acaecimiento de ning\u00fan caso fortuito que condujera a tal resultado. Mem\u00f3rese que el requisito en comento -invocar al menos una norma de estirpe sustancial- no se satisface con la referencia a disposiciones que no constituyen el fundamento cardinal del fallo. La norma en cita no es la llamada prioritariamente a definir el litigio. Ciertamente, lo que dijo el Tribunal fue que no era posible acceder a la condena implorada ante lo especulativo de los da\u00f1os, porque las sumas rogadas no ten\u00edan sustento probatorio en ning\u00fan medio de prueba obrante en el plenario. Al respecto, esta Sala ha destacado que: <\/p>\n
\u00ab(…) Sea que el reproche descanse en un quebranto recta v\u00eda o en una violaci\u00f3n indirecta, el quejoso deber\u00e1 se\u00f1alar los c\u00e1nones de derecho sustancial que estime inobservados, y para ello le basta con denunciar cualquier precepto de esa estirpe que, constituyendo base sustancial de la resoluci\u00f3n rebatida, o habiendo debido serlo, haya sido infringido (…). Adem\u00e1s de la anotada connotaci\u00f3n de las normas presuntamente transgredidas, se requiere una especial conexi\u00f3n con la sentencia impugnada, a tal punto que las invocadas en la demanda hayan sido soporte esencial de la decisi\u00f3n, o al menos, debieron serlo. Por ello, no puede obviarse que \u201cel cargo ser\u00e1 inadmisible si se citan textos legales insustanciales o que, a pesar de ostentar esa naturaleza, carezcan de relaci\u00f3n con la controversia\u201d (CSJ AC 943-2020, 19 mar.; CSJ AC3484-2020, 14 dic.). La postura de la Corte se justifica porque no es posible, en sede de casaci\u00f3n, completar el ataque, fijando las disposiciones desobedecidas, o establecer el alcance de la cr\u00edtica, pues la funci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n est\u00e1 delimitada por el se\u00f1alamiento del impugnante, de suerte que se confronten las previsiones legales aducidas con la decisi\u00f3n objeto del recurso, para establecer si se dio o no la inobservancia\u00bb (CSJ AC3015-2021, 12 ago.; citada en AC4260-2022). <\/p>\n
El canon 1605 del C\u00f3digo Civil s\u00ed puede ser catalogado como una norma de estirpe sustancial, pues prescribe que la obligaci\u00f3n de dar implica las de entregar la cosa y\/o conservarla hasta la entrega al acreedor que no se haya constituido en mora de recibir. V\u00e9ase como tal precepto crea obligaciones, a partir de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta. As\u00ed como derechos en favor del deudor cumplido. Sin embargo, no se demostr\u00f3 c\u00f3mo tal norma fue inaplicada o indebidamente interpretada por el ad quem en la sentencia recurrida. Al respecto, el censor \u00fanicamente asever\u00f3 que \u00aben el caso bajo examen se demostr\u00f3 fehacientemente que la demandada no cumpli\u00f3 a cabalidad con esta obligaci\u00f3n, pues entreg\u00f3 una cosa distinta a la que se hab\u00eda comprometido a entregar- CUMPLI\u00d3 DEFECTUOSAMENTE- por lo que debe resarcir a plenitud los perjuicios ocasionados\u00bb. El incumplimiento de las obligaciones a cargo de Cemex no es un aspecto controvertido en el cargo esbozado -que se relaciona \u00fanicamente con la cuantificaci\u00f3n de los perjuicios y la ausencia de decreto oficioso de un dictamen pericial-. Por tanto, no es di\u00e1fano c\u00f3mo aquella disposici\u00f3n result\u00f3 vulnerada. Pues no es objeto de discusi\u00f3n en el caso en concreto la consecuencia jur\u00eddica que de aquella norma emana, comoquiera que el pago de los perjuicios s\u00ed fue concedido a la demandante -solo que no en la cuant\u00eda pretendida-. <\/p>\n
En una palabra, no se evidenci\u00f3 la forma en que al menos los art\u00edculos 1604 y 1605 del C\u00f3digo Civil fueron transgredidos por el Tribunal y su v\u00ednculo directo con el fundamento del motivo de casaci\u00f3n esbozado. <\/p>\n
4.- En conclusi\u00f3n, se inadmitir\u00e1 el cargo formulado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR el cargo \u00fanico formulado por Echeverri y C\u00eda. de Obras Civiles S.A.S. respecto de la sentencia del 12 de octubre de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira dentro del juicio de marras. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan reforma de la demanda y auto que la admiti\u00f3 obrantes en las p\u00e1ginas 233 y 340 del archivo \u00ab03CuadernoNro001B(corregido)\u00bb, respectivamente. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1gina 27 del PDF \u00ab01CuadernoNro001(corregido)\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1gina 177 del PDF \u00ab03CuadernoNro001B(corregido)\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. SC, AC 3912 de 2019. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC5574-2022 (2007-00603-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC5574-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66400-31-89-001-2007-00603-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69297","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69297","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69297"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69297\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69297"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69297"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69297"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}