AC5583-2022 (2022-04005-00)<\/p>\n
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AC5583-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04005-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y el Despacho Segundo Civil del Circuito de Buga, atinente al conocimiento del proceso de reivindicaci\u00f3n promovido por la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- contra Mar\u00eda Edilma V\u00e9lez Arango. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda dirigida a los \u00abJUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE BOGOTA (REPARTO)\u00bb, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n, entre otras, \u00abDECLARAR que a COLPENSIONES le pertenece el dominio pleno y absoluto de 37.5984% del inmueble (\u2026) localizado en la ciudad de Buga (\u2026)\u00bb. En consecuencia, que se \u00abCONDENE a la demandada a restituir la posesi\u00f3n del inmueble (\u2026)\u00bb. Tambi\u00e9n, indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial \u00ab(\u2026) teniendo en cuenta los art\u00edculos 26 y 28 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb1. <\/p>\n
2. Repartida la demanda al Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1, este -con prove\u00eddo del 22 de agosto de 2022- resolvi\u00f3 rechazarla por falta de competencia. Argument\u00f3 que: <\/p>\n
\u201cEn los procesos en que la naci\u00f3n sea demandante es competente el juez que corresponda a la cabecera de distrito judicial del domicilio del demandado y en los que la naci\u00f3n sea demandada, el del domicilio que corresponda a la cabecera de distrito judicial del demandante\u201d. (Resaltado del Despacho). <\/p>\n
Corolario, se pone de presente que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES es una empresa industrial y comercial del Estado, organizada como entidad financiera de car\u00e1cter especial, vinculada al Ministerio del Trabajo. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, se tiene que la entidad demandante es de car\u00e1cter nacional y por ende, representa a la naci\u00f3n en la persecuci\u00f3n de sus intereses, raz\u00f3n por la cual se colige que, efectivamente, la competencia no radica en esta sede Judicial, sino en aquella ubicada en la cabecera de distrito Judicial del domicilio de la demandada, en concordancia con el numeral 1o Ibidem.2 <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites necesarios, el expediente fue entregado al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga. No obstante, con auto del 3 de noviembre de 2022, manifest\u00f3 que no le correspond\u00eda asumir este asunto. Y promovi\u00f3 el conflicto de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Sostuvo que: <\/p>\n
\u2026no es el competente para conocer del asunto de conformidad con lo establecido en el numeral 10\u00b0 de art. 28 del C.G. del P., (\u2026) <\/p>\n
La anterior normativa es concordante con lo establecido en el art. 29 ibidem que determina que: \u201cEs prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d. <\/p>\n
En efecto se observa, que la Ley 1151 de 2007 en su art\u00edculo 155 creo\u0301 la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES como una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio independiente, vinculada al entonces Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, y conforme al art\u00edculo 1o del Decreto 4121 de 2011 se cambi\u00f3 la naturaleza jur\u00eddica a empresa industrial y comercial del Estado organizada como entidad financiera de car\u00e1cter especial, vinculada al Ministerio del Trabajo, cuyo domicilio principal se ubica en la ciudad de Bogot\u00e1 D.C.3 <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el conflicto propuesto con base en las siguientes, <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre los Juzgados de distinto distrito judicial -Bogot\u00e1 y Buga-, de acuerdo con los art\u00edculos 139 ibidem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de su par 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia, debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez, a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa, surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde acontecieron los hechos, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros, puesto que el legislador privativamente determina la potestad e indica de manera precisa el funcionario que, con exclusi\u00f3n de cualquier otro, est\u00e1 llamado a encarar el debate. <\/p>\n
3. El art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso establece las reglas de competencia territorial. Conforme al numeral 7\u00ba, trat\u00e1ndose de asuntos, entre otros, donde se ejerciten derechos reales o de \u00abrestituci\u00f3n de tenencia\u00bb, el legislador estableci\u00f3 como fuero privativo el del \u00abjuez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes (…)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, el numeral 10\u00b0 de la misma disposici\u00f3n prescribe que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
4. Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otros, en auto CSJ AC, 14 dic. 2020, rad. 2020-02912-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 16 sep. 2004, rad. n\u00b0 00772-00 y AC909-2021, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
(…)\u2018[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (…). <\/p>\n
De tal manera que habr\u00eda una concurrencia entre fueros privativos al tratarse de pleitos que pretenden la restituci\u00f3n de la tenencia en que una de las partes sea una entidad p\u00fablica, lo que implica que ha de ser la ley, y no el actor, quien debe elegir el juez competente para conocer de la controversia. <\/p>\n
5. Pues bien, para dirimir este tipo de controversias, la reciente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n se ha decantado por acudir al precepto contenido en el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes… Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb. As\u00ed fue sentado en prove\u00eddo AC140-2020, en el cual, mutatis mutandi, en una controversia de imposici\u00f3n de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica, la Corte explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Como se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente?4 <\/p>\n
Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes… Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. <\/p>\n
En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite.(CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320) (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020). <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien. Sin embargo, en el evento de que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio. <\/p>\n
6. El asunto que origin\u00f3 la atenci\u00f3n de la Corte, concierne a un proceso reivindicatorio sobre un inmueble situado en Buga, incoado por Colpensiones5 contra Mar\u00eda Edilma V\u00e9lez Arango. Por tanto, al ser Colpensiones una \u00abEmpresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de car\u00e1cter especial, vinculada al Ministerio del Trabajo (\u2026)\u00bb6, la competencia para conocer de la presente controversia radicar\u00eda en el juez de su lugar de domicilio, correspondiente a la ciudad de Bogot\u00e17. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 impone, a efectos de determinar la competencia privativa del juez, que el convocante o convocado debe ser \u00abuna entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica\u00bb. En tal sentido, el precepto 68 de la ley 489 de 1998 prev\u00e9 que \u00abson entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos p\u00fablicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta (…)\u00bb. <\/p>\n
7. Por tanto, al tener la demandante la calidad de entidad p\u00fablica, corresponde el conocimiento del asunto al Juzgado de Bogot\u00e1, pues tal es designado en virtud del foro privativo demarcado por la ley. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
CUARTO: Por Secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso. <\/p>\n
NOT\u00cdFIQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-9, archivo \u201c004Demanda.pdf\u201d de la carpeta \u201cCuaderno Principal\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c0006AutoRechazaDemanda.pdf\u201d de la carpeta \u201cCuaderno Rechazo por competencia\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c007A793DeclaraFaltaCompetencia.pdf\u201d de la carpeta \u201cCuaderno Principal\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Conocer en forma prevalente un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador quede acuerdo a la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las dem\u00e1s, debe primar en su elecci\u00f3n. <\/p>\n
5\u0002 Actuando como titular del derecho de dominio, conforme al Certificado de existencia y tradici\u00f3n del inmueble involucrado en la litis. Folio 14 del archivo \u201c004Demanda.pdf\u201d de la carpeta \u201cCuaderno Principal\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 309 de 2017. <\/p>\n