AC5621-2022 (2022-04123-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC5621-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-04123-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 y Cuarto de Familia de Neiva, para conocer de la demanda de regulaci\u00f3n de custodia y aumento de cuota alimentaria, adelantada por Mar\u00eda1, como representante de su hijo menor de edad Juli\u00e1n2, contra Felipe3. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mar\u00eda4, actuando en nombre de su hijo menor de edad, present\u00f3 demanda ante el primer estrado judicial en menci\u00f3n en la que solicit\u00f3 (I) que se fije la cuota de alimentos en favor de su descendiente \u00abconforme a las verdaderas necesidades del menor en procura de que no se vulneren sus derechos por un valor de (30%) del salario que recibe mensualmente que no sea inferior valor en pesos de ($918.000,00) NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS\u00bb y (II) \u00abse realice una estimaci\u00f3n de los [gastos anuales del menor] mismos y se fije una cuota definitiva por concepto de alimentos y manutenci\u00f3n congruos y necesarios\u2026\u00bb. <\/p>\n
En su escrito, indic\u00f3 que ese juzgado era competente \u00abde acuerdo con lo previsto en el numerales 3\u00b0 del art\u00edculo 21 y 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Ese estrado judicial rehus\u00f3 la competencia, porque al pretenderse el aumento de la cuota de alimentos fijada por el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva, seg\u00fan el art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso este tipo de peticiones deben tramitarse ante el mismo juez. <\/p>\n
3. El despacho receptor del expediente declin\u00f3 su competencia y propuso conflicto negativo, tras afirmar que conoci\u00f3 del caso cuando el menor resid\u00eda en Neiva, pero que actualmente este habitaba con su madre en la ciudad de Ibagu\u00e9, como se extrae de los anexos arribados. Por ende, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 129 de la ley 1098 de 2006 la competencia recae de forma privativa al juez del domicilio del ni\u00f1o que forme parte del proceso judicial, como lo establece el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 C\u00f3digo General del Proceso, independientemente si es demandante o demandado. <\/p>\n
Se\u00f1ala que si bien los art\u00edculos 390 y 397 \u00eddem consagran la competencia en cabeza del mismo juez que conoci\u00f3 de la primera demanda, como manifestaci\u00f3n del principio de econom\u00eda procesal, para el caso bajo examen no pueden ser aplicados, ya que el fuero de conexidad debe ceder ante el inter\u00e9s superior del menor, reflejo del art\u00edculo 8\u00b0 de la ley 1098 de 2006. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
En ese orden, reluce que la atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial, en particular, para los procesos en los que se encuentre vinculado un menor, est\u00e1 asignada de manera privativa al juez del domicilio y\/o residencia de \u00e9ste, lo que excluye la vigencia de cualquier otra pauta. <\/p>\n
As\u00ed lo ha manifestado la Sala al analizar la norma en comento, frente al cobro de alimentos de un menor, al se\u00f1alar que \u00abla atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial en los procesos ejecutivos de alimentos en los que se encuentre vinculado un menor, est\u00e1 asignada de manera privativa al juez del domicilio y\/o residencia de \u00e9ste, sin que pueda regularse por la pauta ordinaria\u00bb (AC8147, 28 nov. 2016, rad. 2016-03144-00). <\/p>\n
Lo anterior por cuanto el constituyente de 1991 consagr\u00f3 la calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado a los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior y la prevalencia de sus garant\u00edas respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten en la especie, formaci\u00f3n con valores indispensables para la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por beneficios de alto rango. <\/p>\n
Sobre el inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587\/98, dijo: <\/p>\n
Esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende por la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45). <\/p>\n
Aunado a estos aspectos, esa Corporaci\u00f3n indic\u00f3: <\/p>\n
\u2026Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el lineamiento actual del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia marc\u00f3 la tendencia contempor\u00e1nea en el ordenamiento, a trav\u00e9s de los servidores judiciales, en procura de garantizar el inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes que se encuentren implicados en un asunto. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala ha dicho que el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006, que consagra la competencia territorial de las autoridades administrativas para conocer de las actuaciones que se adelanten en procura de salvaguardar los derechos de los menores, puede ser aplicado a los casos que conozcan las autoridades jurisdiccionales, en tanto que: <\/p>\n
\u2026\u201cel prop\u00f3sito de las normas adoptadas en torno de conflictos en los que resulten vinculados o involucrados menores de edad, es beneficiar su posici\u00f3n brind\u00e1ndoles la prerrogativa, precisamente por su condici\u00f3n, de que dichos conflictos se puedan adelantar en su domicilio o residencia\u201d (Exp. 2007-01529-00); y que \u201cen orden a dirimir el conflicto ha de tenerse en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 97 de la ley 1098 de 2006 en el sentido de que es competente \u2018la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u2019, pues aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder \u00e9stos la atribuci\u00f3n por no decidir dentro de los plazos se\u00f1alados en el par\u00e1grafo 2\u00b0, art\u00edculo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ah\u00ed, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los \u00faltimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cargo del Estado de \u2018[a]segurar la presencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en todas las actuaciones que sean de su inter\u00e9s y que los involucren\u2026\u2019 as\u00ed como \u2018[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal\u2019, tal y como lo establece al ordinal 34, art\u00edculo 41 de la aludida ley\u201d (Exp. 2008-00649-00) (CSJ AC 4 jul. 2013, rad. n.\u00ba 2013-00504-00). <\/p>\n
Hermen\u00e9utica que se armoniza con lo dispuesto por el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual las normas procesales deben interpretarse de conformidad con los principios constitucionales, de manera que para la asignaci\u00f3n de la competencia en el caso en concreto, debe tenerse en cuenta el inter\u00e9s superior del menor, pues as\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 la Sala en anterior oportunidad: <\/p>\n
\u2026cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio, pues acorde con la amplia normatividad existente a nivel internacional, en nuestro medio se debe partir del postulado de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual \u201clos derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u201d (CSJ STC7351, 7 Jul. 2018, rad. 2018-00141-01). (Resaltado ajeno al texto. AC897-2019, 14 mar., rad. n.\u00ba 2019-00465-00). <\/p>\n
Es que el inter\u00e9s superior al que se alude comporta un postulado a modo de insumo en las decisiones jurisdiccionales direccion\u00e1ndolas a facilitar la protecci\u00f3n de los ni\u00f1os, ni\u00f1as, adolescentes, entre otros fines, para auspiciarles el acceso directo a la administraci\u00f3n de justicia en el lugar en que se encuentren ubicados, pues de esta forma se evita que tengan que incurrir en erogaciones de toda \u00edndole para reparar sus necesidades, que a la postre podr\u00edan verse insatisfechas de tener que acudir a un lugar distinto de donde se localizan, reflexi\u00f3n que de cara a la tutela efectiva del derecho, aplica al caso concreto del menor de edad Juli\u00e1n5. <\/p>\n
3. Desde esta \u00f3ptica, carece de raz\u00f3n el Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9 para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, por cuanto en esa ciudad se encuentra domiciliado el menor de edad involucrado en la causa, tal como lo expresara su progenitora, circunstancia reconocida en las facturas de venta expedidas por el Colegio Franciscano Jim\u00e9nez de Cisneros de la ciudad de Ibagu\u00e9, de lo cual puede extraerse que all\u00ed es donde el menor adelanta sus estudios, y por ende, reside. <\/p>\n
Por ende, es inadmisible el argumento del estrado judicial de dicha urbe al pretender apartarse del conocimiento del asunto, pues, ins\u00edstese, el domicilio de los sujetos de especial protecci\u00f3n es fuero especial de atribuci\u00f3n de competencia territorial, en favor de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, incluso en casos de car\u00e1cter excepcional en los cuales el juzgador de un lugar distinto al de domicilio o residencia de estos hubiere avocado conocimiento del asunto, en tanto prevalecen los derechos e inter\u00e9s superior de estos, por encima de los postulados procesales del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 390 y el art\u00edculo 397 del C\u00f3digo General del Proceso, por su relevancia constitucional. <\/p>\n
4. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9, por ser el actual competente para conocer de la mencionada demanda de custodia y aumento de cuota alimentaria, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario judicial involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer de la demanda de la referencia es el Juzgado Segundo de Familia de Ibagu\u00e9, al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite <\/p>\n
2\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
3\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
5\u0002 El nombre original fue modificado en cumplimiento al Acuerdo 34 de 2020 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte y desarrollo de las leyes 1098 de 2006, 1581 de 2012 y 1712 de 2014, a fin de garantizar los derechos del menor interviniente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
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