AC5634-2022 (2022-04278-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC5634-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-04278-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Quinto Civil del Circuito de Pereira y Veintiocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, para conocer de la acci\u00f3n popular promovida por Nilton Ruge y Javier Arias contra el Banco Davivienda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En ejercicio de la citada acci\u00f3n constitucional, los activantes manifestaron que la entidad financiera trasgrede intereses de car\u00e1cter colectivo, debido a que, en el cajero electr\u00f3nico ubicado en la \u00abcra 10 nro 814 TUNJA BOYACA\u00bb, no cuenta con un software de lector de pantalla, \u00abnegando un acceso adecuado a la poblaci\u00f3n que contempla la ley 982 de 2005\u00bb. Aseguraron que el domicilio de la contraparte es Pereira, Risaralda, territorio donde radicaron la demanda [archivo digital 001]. <\/p>\n
3. Inconformes con la anterior determinaci\u00f3n, los gestores interpusieron recurso horizontal, que fue rechazado en prove\u00eddo del 6 de septiembre siguiente, [archivo digital 007]. <\/p>\n
4. Recibidas las actuaciones por el Juez Veintiocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tambi\u00e9n se rehus\u00f3 a impartirles tr\u00e1mite, por cuanto, Davivienda cuenta con sucursal en Pereira, [archivo digital 014]. En virtud de ello, plante\u00f3 la controversia que debe definir esta Corte, de acuerdo con la atribuci\u00f3n dispuesta en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, pues involucra a juzgados de distintos distritos judiciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica instituy\u00f3 las acciones populares como un mecanismo de \u00abprotecci\u00f3n y aplicaci\u00f3n\u00bb de los derechos e intereses colectivos relacionados con \u00abel patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad p\u00fablicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia econ\u00f3mica y otros de similar naturaleza\u00bb. <\/p>\n
En palabras de la Corte Constitucional, el mencionado auxilio busca \u00abproteger los derechos e intereses colectivos de todas aquellas actividades que ocasionen perjuicios a amplios sectores de la comunidad, como por ejemplo la inadecuada explotaci\u00f3n de los recursos naturales, los productos m\u00e9dicos defectuosos, la imprevisi\u00f3n en la construcci\u00f3n de una obra, el cobro excesivo de bienes o servicios, la alteraci\u00f3n en la calidad de los alimentos, la publicidad enga\u00f1osa, los fraudes del sector financiero etc.\u00bb, cuya efectividad, resalt\u00f3 en esa oportunidad dicha colegiatura, exige \u00abuna labor anticipada de protecci\u00f3n y, por ende, una acci\u00f3n pronta de la justicia para evitar su vulneraci\u00f3n u obtener, en dado caso, su restablecimiento. De ah\u00ed que su defensa sea eminentemente preventiva\u00bb -El \u00e9nfasis es de la Sala- (C-377-02, 14 may., Exp. D-3774). <\/p>\n
Con arreglo a tan relevante funci\u00f3n, el legislador consagr\u00f3 un rito preferente y c\u00e9lere (art. 6\u00ba, Ley 472 de 1998), desprovisto de dilaciones de cualquier \u00edndole e investido de valores supralegales, como los de \u00abprevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia\u00bb, imponi\u00e9ndole al juez la obligaci\u00f3n de impulsarlo \u00aboficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n\u00bb (art. 5\u00ba, \u00eddem). <\/p>\n
Con la finalidad de materializar tales lineamientos, verbi gratia, el art\u00edculo 17 ejusdem, estableci\u00f3 la posibilidad de formular la demanda sin necesidad de apoderado, fijando un breve lapso para su contestaci\u00f3n (10 d\u00edas) y otorgando a la parte convocada la posibilidad de proponer como excepciones previas, exclusivamente, las de \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n y cosa juzgada\u00bb (art. 23), de modo que no le es posible rebatir la ausencia de competencia territorial a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
Lo anterior, denota la relevancia de la herramienta constitucional en comento, que impone a los distintos funcionarios judiciales del pa\u00eds, efectuar un cuidadoso examen de los libelos con que se inician estas acciones, en aras de encausarlas acertadamente, esto es, admitirlas a tr\u00e1mite cuando sea viable o redireccionarlas, inmediatamente, a quien corresponda, en observancia de los principios de prevalencia, celeridad y econom\u00eda procesal aludidos. <\/p>\n
2. En torno a la competencia para conocer este tipo de tramitaciones, el inciso segundo del canon 16 de la citada ley contempl\u00f3, que lo \u00abser\u00e1 (\u2026) el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocer\u00e1 a prevenci\u00f3n el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda\u00bb (subraya la Sala), de donde se extrae que el legislador consagr\u00f3 la concurrencia de dos fueros: el del sitio de la vulneraci\u00f3n y el del domicilio del llamado a juicio. <\/p>\n
La anterior disposici\u00f3n, seg\u00fan lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, pone en evidencia \u00ab(…) que la atribuci\u00f3n de competencia en los procesos de la naturaleza se\u00f1alada, est\u00e1 delimitada por los fueros concurrentes que estableci\u00f3 el legislador, de manera que el actor \u00fanicamente podr\u00e1 optar por uno de los que correspondan a las alternativas fijadas por la norma, y una vez realizada esa selecci\u00f3n, el funcionario judicial no podr\u00e1 apartarse de ella\u00bb (CSJ AC1327-2016, 8 mar., rad. 2016-00504-00, reiterada en CSJ AC665-2020, 27 feb., rad. 2020-00580-00). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del \u00faltimo foro, esto es, el del domicilio del convocado a juicio, por disposici\u00f3n del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 28 del ordenamiento adjetivo, aplicable al caso por remisi\u00f3n del 44 de la norma especial comentada, ser\u00e1 competente, a prevenci\u00f3n, tanto el juez del lugar en el que est\u00e1 domiciliada la entidad demandada, como el de la circunscripci\u00f3n territorial donde se encuentre ubicada la sucursal o agencia vinculada a los hechos, de ser ese el caso. <\/p>\n
Ante tal elenco de posibilidades, la ley de enjuiciamiento civil le otorga al demandante la potestad de escoger -entre estas- el juez natural que dirimir\u00e1 su disputa, esto es, en la vecindad del llamado a la causa, ora, el lugar en el que se materializa la supuesta vulneraci\u00f3n, selecci\u00f3n que no puede ser desconocida y, mucho menos alterada por el juzgador elegido. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha considerado: <\/p>\n
\u00abEn t\u00e9rminos de tal expresi\u00f3n legislativa, el promotor de la acci\u00f3n judicial tiene libertad para escoger ante cu\u00e1l de los funcionarios con competencia potencial la inicia. Si ante el del lugar donde acontecieron los hechos o ante el del domicilio del opositor; desde luego, la manifestaci\u00f3n de preferencia del accionante al respecto, es vinculante para \u00e9l, pero tambi\u00e9n para el juez ante quien se la concreta\u00bb (se resalta) (CSJ AC3261-2018, 31 jul., rad. 2018-02046-00; criterio reiterado en CSJ AC1986-2021, 26 may., rad. 2021-00689-01). <\/p>\n
3. Examinado el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la Sala, desde el p\u00f3rtico se advierte que, en la escogencia del juez que deb\u00eda impulsar la acci\u00f3n constitucional, el actor popular desatendi\u00f3 las precisas pautas que autoriza el legislador. <\/p>\n
Lo anotado, porque de acuerdo con el escrito inaugural, la afectaci\u00f3n de los derechos colectivos se da en la ciudad de Tunja, donde Banco Davivienda tiene instalado un cajero autom\u00e1tico, que \u00abno brinda garant\u00edas a los ciudadanos objeto de la ley 982 de 2005, es decir poblaci\u00f3n sorda, sordociega\u00bb <\/p>\n
Indic\u00f3, adem\u00e1s, que para efecto de la fijaci\u00f3n de la competencia \u00abSe de aplicaci\u00f3n al art 28 numeral 5 CGP y se d\u00e9 tr\u00e1mite a la acci\u00f3n en juzgados civiles del circuito en Pereira Rda, sitio del domicilio que a elecci\u00f3n a PREVENCI\u00d3N escogido por el actor popular. <\/p>\n
Por otra parte, a la demanda se anex\u00f3 el certificado de existencia y representaci\u00f3n de la convocada, expedido por la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 [archivo digital 004] que da cuenta del domicilio principal de la entidad en esta urbe y de las diferencias agencias que \u00e9sta tiene funcionando en aqu\u00ed. <\/p>\n
Seg\u00fan se vio en precedencia, el art\u00edculo 16 de la ley 472 asigna competencia al juez del lugar donde se produce la afectaci\u00f3n de los derechos -Tunja- o al del domicilio de la infractora y que al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en este caso lo podr\u00eda ser del domicilio principal -Bogot\u00e1- o si el asunto estuviere \u00abvinculado a una sucursal o agencia ser\u00e1n competente a prevenci\u00f3n el juez de aquel y el de \u00e9sta\u00bb <\/p>\n
Es claro entonces que en esta \u00faltima opci\u00f3n no es el juez de cualquier ciudad en la que se ubique sucursal o agencia quien pudiera conocer de un proceso contra una persona jur\u00eddica, sino aquel donde funcione alguna respecto de la cual est\u00e9 vinculado el asunto. <\/p>\n
En ese orden, como quiera que el actor popular opt\u00f3 por la prerrogativa que le confiere el art\u00edculo 28 numeral 5, y no por el lugar donde se produce la afectaci\u00f3n, la competencia para impulsar la acci\u00f3n recae en el juez capitalino, donde tiene el domicilio principal la llamada a juicio, habida cuenta que ninguna vinculaci\u00f3n tiene la ciudad de Pereira con el asunto controvertido, aun de tenerse por cierta la afirmaci\u00f3n de que Banco Davivienda tiene sucursal o agencias en dicha ciudad, pues claramente se se\u00f1al\u00f3 que el cajero que trasgrede los derechos colectivos se ubica en \u00abla] cra 10 nro 814 TUNJA BOYACA\u00bb, esto es, en otra sede territorial. <\/p>\n
Si esto es as\u00ed, es inobjetable que, que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, Risaralda, no estaba llamado a asumir el conocimiento del presente asunto, puesto que, la selecci\u00f3n del impulsor de la acci\u00f3n popular fue entablar la causa en el lugar de domicilio de la entidad demandada, que lo es la ciudad de Bogot\u00e1, pues el asunto no est\u00e1 vinculado con alguna Sucursal o agencia de la ciudad de Pereira, cuya existencia tampoco se acredit\u00f3, de suerte que el adelantamiento de esta causa debe surtirse ante el juez del domicilio principal de la entidad crediticia, esto es, la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
4. S\u00edguese entonces, que al tenor de las previsiones legales el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, es legalmente competente para impulsar el presente juicio, por lo que a esa autoridad se le remitir\u00e1 el expediente para que adelante su tramitaci\u00f3n <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 es el competente para continuar con el conocimiento de la acci\u00f3n popular referenciada. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a ese despacho judicial para que asuma el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, Risaralda y a los interesados. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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AC5634-2022 (2022-04278-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC5634-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-04278-00 Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Quinto Civil del Circuito de Pereira y Veintiocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69323","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69323","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69323"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69323\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69323"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69323"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69323"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}