AC5679-2022 (2022-04317-00)<\/p>\n
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AC5679-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-04317-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Once de Familia de Medell\u00edn y Promiscuo de Familia de Andes. <\/p>\n
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1. En el proceso administrativo de restablecimiento de derechos que funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar iniciaron el 22 de septiembre de 2021 en favor de una menor de edad (13 a\u00f1os) y su peque\u00f1a hija (4 meses), entonces residentes en la vereda Tapart\u00f3 del municipio de Andes en Antioquia, se dispuso el 10 de diciembre siguiente el ingreso de ambas al programa de atenci\u00f3n del ICBF en la modalidad \u00abinternado – adolescentes y gestantes y\/o en per\u00edodo de lactancia Congregaci\u00f3n Siervas de Cristo Sacerdote – Casa de la Divina Providencia, ubicado en la calle 61 N\u00b0 55A-37, de la ciudad de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
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2. Luego de adelantar diversas actuaciones, la Defensora de Familia del Centro Zonal Suroeste de la Regional Antioquia, orden\u00f3 el 8 de noviembre postrero remitir las diligencias a los Jueces de Familia de la capital de dicho departamento para que se pronunciara sobre la existencia de una nulidad, como disponen los par\u00e1grafos 2 y 5 del art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006. <\/p>\n
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3. El Juzgado Once de Familia de Medell\u00edn, en prove\u00eddo de 29 de noviembre de esta anualidad, no acept\u00f3 la atribuci\u00f3n y env\u00edo el asunto a su hom\u00f3logo de Andes, por cuanto \u00ablos hechos que dieron origen al presente proceso ocurrieron en dicha municipalidad\u00bb, con amparo en lo dispuesto por la Sala de Familia del Tribunal de Medell\u00edn en un asunto de similares connotaciones. <\/p>\n
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4. El destinatario igualmente lo rehus\u00f3 por auto del 2 de diciembre siguiente, porque en virtud del CSJ AC4792-2018 quien est\u00e1 compelido a impulsarlo es el remitente, sin ahondar en razones. <\/p>\n
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II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Como la divergencia se plantea entre funcionarios de diferentes distritos judiciales, le corresponde a esta Corporaci\u00f3n en Sala Unitaria resolverla como superior funcional com\u00fan, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, el \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
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2. El art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia contempla que para el tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos \u00ab[s]er\u00e1 competente la autoridad del lugar donde se encuentre el ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente\u00bb, precepto que se extiende a las autoridades judiciales cuya intervenci\u00f3n contempla el inciso final del art\u00edculo 103 del mismo estatuto, como reiteradamente lo ha se\u00f1alado la Corte al precisar que <\/p>\n
(\u2026) aunque esta norma se refiere a los funcionarios administrativos que deben conocer del restablecimiento de los derechos del menor afectado, es indudable que como al perder \u00e9stos la atribuci\u00f3n por no decidir dentro de los plazos se\u00f1alados en el par\u00e1grafo 2\u00b0, art\u00edculo 100 de dicha ley, corresponde a los funcionarios judiciales, a partir de ah\u00ed, asumir la competencia con base en el mismo expediente, resulta apenas natural que aquella regla se aplique a los \u00faltimos, mayormente si ese es el entendimiento que mejor garantiza la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a cargo del Estado de \u201c[a]segurar la presencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente en todas las actuaciones que sean de su inter\u00e9s y que los involucren\u201d as\u00ed como \u201c[p]rocurar la presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su representante legal\u201d, tal y como lo establece al ordinal 34, art\u00edculo 41 de la aludida ley. (CSJ AC, 19 jul. 2008, Rad. 2008-00649-00, reiterado, entre otros, en AC8150-2016 y AC1828-2019). <\/p>\n
La claridad de la referida disposici\u00f3n no remite a duda, en cuanto asigna la facultad al funcionario del sitio en que se \u00abencuentre\u00bb el menor, aludiendo as\u00ed simple y llanamente a su ubicaci\u00f3n f\u00edsica y, por tanto, dejando de lado otros conceptos cuya aplicaci\u00f3n en concreto pudiera generar duda. <\/p>\n
Dicho predicamento se acopla plenamente a los principios de inmediaci\u00f3n, econom\u00eda procesal y acceso real y efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, compendiados en el concepto de \u00abm\u00ednimo esfuerzo de la jurisdicci\u00f3n\u00bb, acorde con el cual se aspira a que el tr\u00e1mite se desarrolle lo m\u00e1s cerca posible a los involucrados en el conflicto, para facilitar su comparecencia, la aportaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y debate de las pruebas y el cumplimiento de las medidas encaminadas a la protecci\u00f3n del menor. <\/p>\n
Ahora, como en la cotidianidad no siempre es posible que la sede de todos los interesados confluya alrededor de un solo funcionario, es evidente que en aras de la prevalencia del inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, la propia regla ha despejado cualquier duda, inclin\u00e1ndose por la localizaci\u00f3n de este, que de suyo involucra la de quien directa y actualmente se encuentra a su cuidado. <\/p>\n
No obstante, se trata de un asunto que debe definirse desde el comienzo de la actuaci\u00f3n, pues el principio de perpetuatio jurisdictionis impone que, cuando un funcionario ha asumido sin reparo un asunto, no puede desprenderse de su conocimiento por iniciativa propia, excepto en los casos de falta de competencia por los factores subjetivo o funcional; en otras palabras, en los dem\u00e1s eventos, solamente puede hacerlo si una parte o interviniente legitimados alegan en la oportunidad y forma se\u00f1alados en la ley su carencia de facultad para adelantar el procedimiento. <\/p>\n
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3. En la presente ocasi\u00f3n, aunque ya se dieron los primeros pasos del diligenciamiento por la senda administrativa, lo cierto es que la intervenci\u00f3n judicial apenas est\u00e1 por comenzar, para dar cumplimiento a lo preceptuado en los par\u00e1grafos 2 y 5 del art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006, raz\u00f3n por la cual la regla a aplicar es la general se\u00f1alada en el art\u00edculo 97 ib\u00eddem, esto es, la autoridad del domicilio de las menores, sin que incida el \u00e1mbito territorial de los funcionarios del ICBF que les dieron inicio. <\/p>\n
Esta posici\u00f3n est\u00e1 acorde con lo que recientemente se indic\u00f3 en CSJ AC5009-2022, seg\u00fan el cual <\/p>\n
(\u2026) como hasta el momento la actuaci\u00f3n estuvo en manos de la Comisar\u00eda de Familia de Betania, pero ninguna autoridad jurisdiccional ha avocado su conocimiento, se impone la necesidad de que se le asigne al juzgador del lugar donde se localiza la menor, sin que tenga cabida el postulado de la jurisdicci\u00f3n perpetua. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en la medida que la ni\u00f1a a favor de quien se sigue el procedimiento que origina este debate se encuentra actualmente en el Comit\u00e9 Privado de Asistencia a la Ni\u00f1ez -PAN- de Medell\u00edn, con ocasi\u00f3n de la medida administrativa de restablecimiento de derechos que dispuso su ubicaci\u00f3n en hogar sustituto, el servidor que en sede judicial asumir el asunto es el Segundo de Familia de Oralidad de ese lugar. <\/p>\n
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4. En consecuencia, se asignar\u00e1 el caso al despacho judicial que en primer lugar fue repartido y se comunicar\u00e1 lo definido a la otra sede judicial y a la autoridad administrativa interviniente. <\/p>\n
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III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Once de Familia de Medell\u00edn es el competente para conocer el proceso de restablecimiento de derechos de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad, y comunicar lo decidido al otro estrado inmerso en la colisi\u00f3n y a la Defensora de Familia del Centro Zonal Suroeste de la Regional Antioquia. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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