AC5732-2022 (2022-04369-00)<\/p>\n
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AC5732-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-04369-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Quinto Civil Municipal de Pereira y Promiscuo Municipal de Bugalagrande. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Ante el primer Despacho, RCI Colombia Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento solicit\u00f3 \u00ablibrar orden de aprehensi\u00f3n\u00bb del automotor de placas HWO745, gravado con prenda sin tenencia constituida por Gustavo Adolfo Amado D\u00edaz, con fundamento en los art\u00edculos 57, 58 y 60 de la Ley 1676 de 2013 y 2.2.2.4.2.3. del Decreto 1835 de 2015. <\/p>\n
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3. El destinatario, igualmente repeli\u00f3 el asunto el primer d\u00eda de los corrientes mes y a\u00f1o, con el argumento de que \u00abseg\u00fan la informaci\u00f3n allegada ninguna de las partes reside, ni recibe notificaciones f\u00edsicas en Bugalagrande, Valle, en cuanto al veh\u00edculo, est\u00e1 registrado en la oficina de transito de Pereira, Risaralda, igualmente, tanto el poder como la demanda se dirige al Juez de Pereira, Risaralda\u00bb, por lo que era all\u00ed donde deb\u00eda adelantarse. <\/p>\n
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II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre dos estrados de diferente distrito judicial, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el 7 de la 1285 de 2009. <\/p>\n
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2. El estatuto adjetivo se ocup\u00f3 de la distribuci\u00f3n de competencia en asuntos civiles, comerciales, agrarios y de familia con atenci\u00f3n en los diversos factores que la determinan. En ese orden, el art\u00edculo 28 de la Ley 1564 de 2012 consagra las directrices a tener en cuenta por el fuero territorial y en su numeral 7 dispone que: <\/p>\n
[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser\u00e1 competente, de modo privativo, el Juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante. <\/p>\n
Aflora de all\u00ed la intenci\u00f3n clara del legislador que toda actuaci\u00f3n litigiosa que revele el ejercicio de un derecho real se adelante ante la autoridad del sitio donde est\u00e1 el bien involucrado, tanto as\u00ed que esa pauta excluye cualquier otra, dado el car\u00e1cter privativo que se le dio. <\/p>\n
De otro lado, el numeral 14 ejusdem prescribe que para \u00abla pr\u00e1ctica de pruebas extraprocesales, de requerimientos y diligencias varias, ser\u00e1 competente el Juez del lugar donde deba practicarse la prueba o del domicilio de la persona con quien debe cumplirse el acto, seg\u00fan el caso\u00bb, lo que se trae a colaci\u00f3n en vista que la cuesti\u00f3n analizada no es propiamente un \u00abproceso\u00bb sino una \u00abdiligencia especial\u00bb, creada por la Ley 1676 de 2013, que permite al \u00abacreedor\u00bb satisfacer la prestaci\u00f3n dineraria debida con el mueble gravado en su favor. <\/p>\n
Ese compendio (preceptos 57 y 60) previ\u00f3 que de no realizarse la entrega voluntaria, \u00abel acreedor garantizado podr\u00e1 solicitar\u00bb al \u00abjuez civil competente\u00bb que \u00ablibre orden de aprehensi\u00f3n y entrega del bien\u00bb, a su vez, a voces del numeral 7 del art\u00edculo 17 del C\u00f3digo General del Proceso corresponde a los jueces civiles municipales, en \u00fanica instancia, conocer de \u00abtodos los requerimientos y diligencias varias, sin consideraci\u00f3n a la calidad de las personas interesadas\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed se concluye que las actuaciones del prenotado linaje (aprehensi\u00f3n y entrega de bienes) incumben al funcionario civil del orden municipal. Resta definir qu\u00e9 par\u00e1metro prima, si el relativo al \u00abejercicio de derechos reales\u00bb o el indicado para \u00abdiligencias especiales\u00bb. No obstante, como el procedimiento examinado no encaja de forma exacta en alguno de ellos, habr\u00e1 de colmarse el vac\u00edo con el canon que regule una situaci\u00f3n af\u00edn, de conformidad con el art\u00edculo 12 ib\u00eddem. <\/p>\n
De ese labor\u00edo se concluye que tales diligencias ata\u00f1en a los juzgados civiles municipales o promiscuos municipales de donde est\u00e9n los \u00abmuebles\u00bb garantes del cumplimiento de la obligaci\u00f3n. Sobre el particular esta Sala, en CSJ AC747-2018, reiterado en AC1651-2019, en asuntos de similares contornos, acot\u00f3 que, <\/p>\n
[e]l contexto m\u00e1s pr\u00f3ximo y parecido al que regulan los art\u00edculos 57 y 60 de la ley 1676 de 2013 es el previsto en el numeral 7 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto all\u00ed se instituye, se itera, el criterio seg\u00fan el cual la asignaci\u00f3n se determina por la ubicaci\u00f3n de los bienes, cuando la acci\u00f3n abrigue \u00abderechos reales\u00bb. <\/p>\n
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3. En esta ocasi\u00f3n, como se dej\u00f3 advertido, el patr\u00f3n que impera para definir la discordia es la localizaci\u00f3n del bien objeto de aprehensi\u00f3n, aspecto para el cual, a pesar de la manifestaci\u00f3n de la peticionaria en el sentido de que se refiere a un veh\u00edculo \u00absin ninguna limitaci\u00f3n para la libre locomoci\u00f3n por todo el territorio nacional\u00bb, no permite pasar por alto el contenido del contrato de prenda en el cual se estipul\u00f3 en la cl\u00e1usula cuarta que el rodante afectado permanecer\u00e1 en \u00abla ciudad y direcci\u00f3n atr\u00e1s indicados\u00bb. <\/p>\n
Si bien dicha especificaci\u00f3n luce contradictoria en el presente caso en el que el espacio correspondiente a la \u00abUbicaci\u00f3n del bien(es) objeto de garant\u00eda\u00bb se dej\u00f3 en blanco, adem\u00e1s de que se indicaron respectivamente como lugares de residencia del deudor Gustavo Adolfo Amado D\u00edaz (CC14569675) y del constituyente Gustavo Amado (CC16330054) las ciudades de Bugalagrande y Cartago, una interpretaci\u00f3n l\u00f3gica del acuerdo es que el mueble dado en respaldo permanecer\u00eda en el sitio reportado por su propietario, esto es, el \u00faltimo de los indicados seg\u00fan la licencia de tr\u00e1nsito 10018947023 aportada en fotocopia por la interesada. <\/p>\n
Quiere decir que se equivocaron los dos juzgadores involucrados en esta disputa, en tanto consideraron que el otro era el competente para impulsar el asunto sin advertir lo establecido de forma espec\u00edfica en el contrato de prenda, criterio que cobra fuerza porque la solicitud involucra un derecho real, evento en el que, como se vio, es forzoso acudir ante el estrado del lugar donde se encuentre el bien, m\u00e1xime cuando no hay evidencia de que tal disposici\u00f3n sobre su paradero, vinculante para las contratantes, haya sido modificada o que permanezca en otro sitio por decisi\u00f3n unilateral de una de ellas. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC1464-2020, en un caso de contornos similares, se precis\u00f3, en lo medular, que \u00ab\u2026 al no haberse informado por la acreedora que se autoriz\u00f3 el cambio de lugar de permanencia del rodante, ello genera, al menos liminarmente, una presunci\u00f3n de certidumbre sobre su localizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
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4. En ese orden de ideas, se asignar\u00e1 el caso al Juzgado Civil Municipal de Cartago que corresponda en reparto y se informar\u00e1 esta decisi\u00f3n a los estrados en disputa. Esta determinaci\u00f3n de fijar la litis en un despacho ajeno al conflicto no es ajena a la Sala, que en CSJ AC506-2021 acudi\u00f3 a ese \u00ab[p]roceder que no es ex\u00f3tico, en cuanto en las ocasiones que ha sido menester, la Corte ha reenviado el pleito a un juez que no est\u00e1 involucrado en la misma, acudiendo, adem\u00e1s, al principio de econom\u00eda procesal\u00bb y recientemente se hizo igual en CSJ AC5414-2022. <\/p>\n
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III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que ninguno de los juzgados involucrados es el competente para conocer del asunto de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Enviar el expediente a la Oficina Judicial de Cartago, para que sea repartido entre los juzgados civiles municipales del lugar. <\/p>\n
Tercero: Comunicar lo decidido a los despachos trabados en esta disputa. <\/p>\n
Cuarto: Librar, por Secretar\u00eda, los oficios correspondientes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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