AC5736-2022 (2022-04308-00)<\/p>\n
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AC5736-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04308-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el recurso de queja formulado por la demandante frente al auto de 13 de septiembre de 2022, con el que se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n que aquella interpuso contra el fallo de 8 de junio del mismo a\u00f1o, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. En el escrito inicial, la Congregaci\u00f3n de Misioneras de Mar\u00eda Inmaculada y Santa Catalina de Sena \u201cMisioneras de la Madre Laura Provincia de Medell\u00edn\u201d pidi\u00f3 que se declarara que adquiri\u00f3, por el modo originario de la prescripci\u00f3n extraordinaria, el dominio de dos inmuebles, ubicados en el municipio de Cove\u00f1as. <\/p>\n
2. En ambas instancias se neg\u00f3 ese pedimento, tras establecer que los predios que pretend\u00edan usucapirse son terrenos bald\u00edos, que pertenecen a la Naci\u00f3n.<\/p>\n
3. La actora interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, remedio cuya concesi\u00f3n fue denegada por el ad quem, tras considerar que \u00ab(…) realizadas las operaciones aritm\u00e9ticas pertinentes para verificar el valor exigido para recurrir en casaci\u00f3n en asunto civiles, se tiene, de la liquidaci\u00f3n adjunta efectuada por el profesional adscrito a este Tribunal, un valor que asciende a la suma de $739.328.770, siendo la fijada por esta Magistratura para el presente caso, torn\u00e1ndose improcedente la concesi\u00f3n del extraordinario (sic) interpuesto, por no superar la cuant\u00eda establecida por la normatividad para recurrir\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La convocante formul\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio queja, arguyendo que \u00abse arrim\u00f3 dictamen pericial aportado con el escritural (sic) impugnatorio, dictamen que fue realizado por un profesional adscrito a la Seccional Atl\u00e1ntico Lonja S. C. A. Cap\u00edtulo Lorica, (…) arquitecto Ren\u00e9 Renals Blanquicett, dictamen que fue realizado el d\u00eda 19 de enero del a\u00f1o 2021, donde aval\u00faa los bienes inmuebles por su valor comercial y de acuerdo a sus construcciones, as\u00ed mismo, teniendo en cuenta la extensi\u00f3n de los mismos (…) y las obras establecidas en el inmueble\u00bb, arrojando como resultado un precio comercial total que asciende a $2.404.800.000. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que el tribunal fij\u00f3 el inter\u00e9s para recurrir a partir del valor actualizado de los aval\u00faos catastrales de los predios en disputa, perdiendo de vista que \u00absiempre ha existido diferencia entre el aval\u00fao catastral y el aval\u00fao comercial de un bien inmueble, porque los aval\u00faos catastrales no est\u00e1n actualizados al devenir del progreso y avance de los municipios, por consiguiente, esta (sic) magistratura puede ordenar a una entidad profesional, seria y de conocimiento en la zona, para que presente un dictamen pericial que determine la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir, el cual obviamente ser\u00e1 sufragado por la parte actora, determinando as\u00ed fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Como en sede de reposici\u00f3n se mantuvo el auto impugnado, se remitieron copias de lo actuado a esta Colegiatura, para surtir el tr\u00e1mite del recurso de queja. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Aptitud legal para el pronunciamiento. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, conforme lo disponen los art\u00edculos 30-3 y 35 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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2. Procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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1. Dada la naturaleza extraordinaria y restringida del recurso de casaci\u00f3n, su procedencia se halla condicionada a la satisfacci\u00f3n de diversos requisitos, establecidos expresamente en la ley. Al respecto, el art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que el aludido medio de impugnaci\u00f3n \u00ab(\u2026) procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia: 1) Las dictadas en toda clase de procesos declarativos; 2) Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria; 3) Las dictadas para liquidar una condena en concreto\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, resulta evidente que no todas las providencias judiciales son susceptibles de ser atacadas por esta v\u00eda, sino solo aqu\u00e9llas taxativamente previstas por el legislador, en consideraci\u00f3n a la naturaleza del asunto debatido y, en determinados supuestos, a la cuant\u00eda actual del agravio denunciado por el impugnante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Tambi\u00e9n conviene precisar que el estatuto procesal civil introdujo relevantes modificaciones a la impugnaci\u00f3n extraordinaria; por v\u00eda de ejemplo, ampli\u00f3 el espectro de las sentencias susceptibles de ser atacadas en casaci\u00f3n, principalmente desde la perspectiva del tipo de procedimiento en el que se profirieron (v. gr., procesos declarativos en general, acciones de grupo y liquidaciones de condena en concreto en cualquier tramitaci\u00f3n). <\/p>\n
Asimismo, la normativa procesal actual puntualiz\u00f3 que el importe de la resoluci\u00f3n desfavorable debe ascender, cuanto menos, a mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (SMLMV), cuando se trate de pretensiones esencialmente patrimoniales. De esta regla quedan exceptuados los fallos pronunciados en acciones de grupo, adem\u00e1s de aquellos casos en los que se debaten tem\u00e1ticas relativas al estado civil, y que, por lo mismo, resultan inconmensurables. Con todo, en este \u00faltimo caso debe verificarse que el conflicto verse sobre la reclamaci\u00f3n e impugnaci\u00f3n del estado civil, o la declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho (art\u00edculos 334 y 338 ejusdem). <\/p>\n
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3. El inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Acorde con el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[c]uando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 SMLMV). Se excluye la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil\u00bb. <\/p>\n
El inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, entonces, se refiere a la estimaci\u00f3n cuantitativa de la resoluci\u00f3n desfavorable al momento de proferirse la sentencia que es objeto de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, concepto que \u00ab(…) est\u00e1 supeditado a la tasaci\u00f3n econ\u00f3mica de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (\u2026) a la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, evaluaci\u00f3n que debe efectuarse para el d\u00eda del fallo\u00bb (AC7638-2016, 8 nov.). <\/p>\n
Ello implica que el aludido monto se determinar\u00e1 a partir del agravio o perjuicio que al recurrente le ocasione la decisi\u00f3n impugnada en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensi\u00f3n integral, y atendidas las singularidades del caso. As\u00ed lo ha sostenido, en forma invariable, la Sala: <\/p>\n
\u00ab(…) uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, corresponde al monto del perjuicio que la decisi\u00f3n atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las dem\u00e1s circunstancias que conlleven a su delimitaci\u00f3n, as\u00ed como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas econ\u00f3micas de los intervinientes var\u00edan de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos\u00bb (CSJ AC, 28 sep. 2012, rad. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr.). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
Aun cuando la Corte no comparte los breves raciocinios que expuso el ad quem para fundamentar su decisi\u00f3n, lo cierto es que el recurso de casaci\u00f3n bien denegado, por lo que la queja no puede salir avante. Para arribar a dicha conclusi\u00f3n, debe tenerse en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
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1. Existe un v\u00ednculo inescindible entre el precio comercial de los inmuebles objeto de usucapi\u00f3n y la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n; es decir, la sentencia desestimatoria de segunda instancia, en este juicio en particular, le irrog\u00f3 a la Congregaci\u00f3n de Misioneras de Mar\u00eda Inmaculada y Santa Catalina de Sena \u201cMisioneras de la Madre Laura Provincia de Medell\u00edn\u201d un agravio equivalente al valor que tendr\u00edan en el comercio las heredades sobre las que gravitaban sus pretensiones. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte ha precisado que <\/p>\n
\u00abLa prescripci\u00f3n adquisitiva supone alterar el derecho real de dominio, uno de los m\u00e1s importantes en la construcci\u00f3n de la historia de la humanidad y de la riqueza, al punto que cuenta con decisiva raigambre legal en todos los c\u00f3digos civiles modernos, con un registro inmobiliario aut\u00f3nomo, con acciones judiciales propias, e inclusive con estatura constitucional, como en el caso colombiano en el art\u00edculo 58 de la Carta de 1991\u201d (SC17141-2014, 16 dic. 2014, rad. 2005-00037-01). <\/p>\n
A tono con lo decantado, la Sala de forma invariable, tanto en el r\u00e9gimen procesal actual como en el anterior, ha requerido la cuantificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n desfavorable cuando se trata de pretensiones relacionadas con la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, estableciendo regla constante conforme a la cual \u201cel monto del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n est\u00e1 representado \u00fanicamente por el valor del inmueble materia de la acci\u00f3n de pertenencia\u201d (Subrayado fuera de texto) (AC de 4 may. 2012, rad. 2012-00301, AC2014-2014, AC3910-2015, AC6307-2016 y AC7084-2016)\u00bb (CSJ AC8423-2017). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Dada esa fuerte conexi\u00f3n entre el valor en el comercio del inmueble a usucapir y el agravio de la parte vencida en un proceso de pertenencia, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha insistido en la necesidad de auscultar prolijamente las caracter\u00edsticas del bien ra\u00edz, con miras a captar adecuadamente todos los detalles que pueden incidir en su precio. Incluso, resulta aconsejable \u2013aunque no imperativo\u2013 que esas variables sean procesadas por un avaluador, y presentadas al juez en forma de experticia. <\/p>\n
En contraposici\u00f3n, la Sala ha considerado que para estimar el agravio sufrido con el fallo recurrido en casaci\u00f3n <\/p>\n
\u00abno sirve el aval\u00fao catastral de que da cuenta el recibo de impuesto predial y, por lo tanto, no son de recibo actualizaciones realizadas con par\u00e1metros fijados para actualizar a\u00f1o a a\u00f1o ese tributo, pues, el aludido certificado representa simplemente un indicador fiscal, salvo lo dispuesto para el proceso ejecutivo, lo cual significa que \u201c(\u2026) no sirve en todo caso para fijar el aludido monto econ\u00f3mico, en la medida en que el art\u00edculo 370 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil traza unas pautas especiales para los eventos en que el valor para recurrir por la indicada v\u00eda no aparezca determinado en el proceso\u201d (autos de 25 de abril de 2002, exp. 0403-01 y de 29 de junio de 2004, exp. 11001-0203-000-2003-00261-01)\u201d. Tampoco es admisible la actualizaci\u00f3n con base en el \u00cdndice de Precios al consumidor, como hizo el Tribunal, por la misma raz\u00f3n que tal variable expresa una realidad econ\u00f3mica diferente de la que se requiere averiguar.\u00bb (CSJ., AC808-2017, 16 feb., rad. 2013-00580-01, citado tambi\u00e9n en AC3300-2019, 14 ago., rad. 2011-00184-01). <\/p>\n
Y si no es aconsejable acudir al valor que fijan las autoridades para liquidar los tributos prediales, con mayor raz\u00f3n debe descartarse el m\u00e9todo consistente en \u00abincrementar\u00bb el susodicho aval\u00fao catastral en una mitad, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 444-4 del C\u00f3digo General del Proceso. Recu\u00e9rdese que esa pauta no fue dispuesta para estimar la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, sino para avaluar el precio base para el remate de bienes ra\u00edces en procesos ejecutivos. <\/p>\n
Por ese sendero, esta Sala ha puntualizado: <\/p>\n
\u00abEl \u00fanico medio de convicci\u00f3n que puede aportar el recurrente, con posterioridad al proferimiento del fallo que pretenda censurar, es un dictamen pericial, connotaci\u00f3n que, ciertamente, no ostenta la \u201ccertificaci\u00f3n catastral\u201d que aport\u00f3 el quejoso, pues se trata de un elemento de juicio distinto al que de manera particular contempl\u00f3 la ley para ese caso espec\u00edfico, como es la cuantificaci\u00f3n del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, que no es una tasaci\u00f3n cualquiera, sino una determinaci\u00f3n jur\u00eddica sobre el monto en t\u00e9rminos econ\u00f3micos del desmedro alegado por el quejoso frente a la sentencia cuestionada. <\/p>\n
Por eso mismo, deben descartarse aplicaciones de normas propias de otro tipo de actuaciones, como las del aval\u00fao de bienes en procesos ejecutivos, que pretende invocar el censor, en la medida en que se refieren a situaciones totalmente distintas. Adem\u00e1s, bien se sabe que la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica tiene lugar cuando no hay norma que regule el caso concreto, carencia que no se advierte en este asunto, comoquiera que el legislador estableci\u00f3, con claridad, el procedimiento a seguir para determinar el prenotado inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC4423-2017). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Dadas las razones explicadas, fuerza colegir que la decisi\u00f3n del tribunal se bas\u00f3 en premisas improcedentes, pues no solo acudi\u00f3 a los aval\u00faos catastrales de los predios que la entidad demandante dijo poseer, sino que increment\u00f3 ese valor en una mitad, como si su prop\u00f3sito fuera establecer el importe inicial para una subasta p\u00fablica en el curso de un tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n, y no establecer el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n en un juicio declarativo. <\/p>\n
Sin embargo, evidenciar ese yerro no hace pr\u00f3spero el recurso de queja que interpuso la parte demandante, pues al prescindir, como es ser\u00eda de rigor, de los datos a los que acudi\u00f3 el ad quem para hacer la mencionada cuantificaci\u00f3n, no quedar\u00eda en el expediente ning\u00fan otro medio de prueba conducente para esclarecer el valor de las heredades a usucapir y, por esa senda, el monto del agravio que sufri\u00f3 la demandante, vencida en ambas instancias. <\/p>\n
En efecto, al prescindir de la informaci\u00f3n que reposa en los certificados catastrales expedidos el 14 de diciembre de 2015, que obran a folios 8 y 10 del cuaderno principal (donde los bienes en disputa aparecen avaluados en $156.637.000 y $207.835.000), no queda en el expediente ninguna otra referencia a las caracter\u00edsticas o al valor de los inmuebles cuya propiedad reclama la congregaci\u00f3n; menos a\u00fan, una con el grado de detalle que exige el precedente. <\/p>\n
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4. No olvida la Corte que esa orfandad probatoria pretendi\u00f3 ser salvada por la demandante, acudiendo a la posibilidad de \u00abaportar un dictamen pericial\u00bb para \u00abfijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia\u00bb, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 339 del C\u00f3digo General del Proceso. Sin embargo, la quejosa no present\u00f3 una experticia junto con su memorial de impugnaci\u00f3n, sino otro medio de prueba distinto (un documento declarativo proveniente de un tercero), que no cumple los requerimientos formales que prev\u00e9 el precepto 226 ejusdem, y por lo mismo, tampoco satisface la regla de conducencia fijada en el canon 339. <\/p>\n
Sobre el particular, ense\u00f1a el precedente invariable de la Corte: <\/p>\n
\u00ab(…) Al concederse el instrumento extraordinario, el ad quem acogi\u00f3 el \u201cdictamen pericial\u201d allegado por la interesada, sin advertir que \u00e9ste no satisface las condiciones para ser valorado, por lo que su decisi\u00f3n fue prematura. En efecto, el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe que todo dictamen, para asign\u00e1rsele m\u00e9rito demostrativo, debe cumplir con unas exigencias, que por su importancia frente al caso se destacan las siguientes: (i) ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; (ii) explicar los ex\u00e1menes, m\u00e9todos, experimentos e investigaciones efectuadas; (iii) exponer los fundamentos t\u00e9cnicos y cient\u00edficos de las conclusiones; (iv) incluir los datos de contacto del perito; (v) explicitar la profesi\u00f3n, oficio, arte o actividad que es ejercida por el experto, anexando los t\u00edtulos acad\u00e9micos y la prueba de su experiencia; (vi) se\u00f1alar los casos en que el perito ha participado y, en caso de haber aplicado t\u00e9cnicas diferentes a la considerada para el caso, indicar las razones para ello; y (vii) manifestar que no se encuentra en una situaci\u00f3n que le impida actuar como perito. <\/p>\n
Sobre el punto, la Corte ha sostenido que toda peritaci\u00f3n debe observar los requerimientos especiales antes enunciados, so pena que la decisi\u00f3n de admisi\u00f3n del mecanismo extraordinario no pueda soportarse en ella, y, por tanto, deba declararse prematura la resoluci\u00f3n que se emita en sentido contrario (AC5405, 23 ag. 2016, rad. n\u00b0 2008-00324-01; AC7246, 25 oct. 2016, rad. 2012-00116-01; AC1641, 2 ab. 2014, rad. 2009-01202-01)\u00bb (CSJ AC6081-2017, 15 sep.). <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, se insisti\u00f3 en que <\/p>\n
\u00ab[p]ara la determinaci\u00f3n del mencionado inter\u00e9s, la nueva regulaci\u00f3n procesal prev\u00e9 que \u201c\u2026su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u201d (art\u00edculo 339). Se trata pues de dos maneras para determinar el justiprecio del inter\u00e9s para recurrir, o bien se establece con los elementos de juicio que obren en el expediente; o bien, el recurrente tiene la facultad de aportar un dictamen pericial. No de otra manera puede entenderse los vocablos \u201cpodr\u00e1\u201d y \u201csi lo considera necesario\u201d que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estar\u00eda convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines. <\/p>\n
Ahora, de optar el recurrente por no aportar un dictamen pericial que determine el inter\u00e9s para recurrir, se somete entonces al escrutinio que sobre el particular pueda hacer el ad quem con los elementos de juicio que obren en el expediente. Pero, de elegir hacer uso de tal prerrogativa, habr\u00e1 de ce\u00f1irse en su aportaci\u00f3n a las normas probatorias que regulan la aducci\u00f3n de este tipo de prueba, pues, aunque al dictamen allegado por la parte no se le someta a contradicci\u00f3n, ello no le resta rigurosidad en su materialidad probatoria. De manera que, ese dictamen pericial aportado por el recurrente no es cualquier documento. Por el contrario, bien claro dispuso el legislador que la carga consiste en aportar un \u201cdictamen pericial\u201d, luego debe cumplir con los requisitos contemplados en el art\u00edculo 226 de la misma codificaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC1923-2018, 16 may.). <\/p>\n
Las pautas procesales previamente expuestas fueron obviadas por la entidad actora, pues para acreditar la cuant\u00eda de su inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n arrim\u00f3 un documento titulado \u00abinforme de aval\u00fao de un predio\u00bb, que no incluye la informaci\u00f3n que prev\u00e9n los numerales 2 a 7 del precepto 226, ni las declaraciones que se\u00f1alan los numerales 8 y 9 ibidem. De hecho, el \u201cinforme\u201d no se dirige al tribunal, sino a la propia congregaci\u00f3n demandante. <\/p>\n
A ello cabe a\u00f1adir que el arquitecto Ren\u00e9 Rhenals Blanquicett, quien sign\u00f3 el referido documento, obvi\u00f3 exponer la metodolog\u00eda utilizada para establecer el precio del metro cuadrado que luego multiplic\u00f3 por el \u00e1rea de los inmuebles objeto del petitum; simplemente se limit\u00f3 a se\u00f1alar que el monto \u00abcorresponde al valor comercial del inmueble avaluado, entendi\u00e9ndose por este en que un comprador estar\u00eda dispuesto a pagar de contado y un vendedor a recibir por la propiedad, como justo y equitativo, de acuerdo a su localizaci\u00f3n y caracter\u00edsticas generales y particulares actuando ambas partes libre de toda necesidad, presi\u00f3n o urgencia\u00bb, premisa incompatible con cualquier m\u00e9todo objetivo de valuaci\u00f3n generalmente aceptado). Adem\u00e1s, no demostr\u00f3 encontrarse inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, como lo exige el canon 22 de la Ley 1673 de 2013. <\/p>\n
Todas esas deficiencias imped\u00edan fijar el inter\u00e9s para recurrir con apoyo en el referido trabajo, que fue aportado a momento de interponer el remedio casacional. Y como tampoco existen otros elementos de juicio que permitan discernir que el agravio sufrido por la impugnante es superior a 1000 SMLMV, era forzoso denegar la casaci\u00f3n, como en efecto lo hizo el tribunal \u2013aunque con apoyo argumentos diferentes\u2013. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
No existe evidencia que permita afirmar que el dem\u00e9rito que irrog\u00f3 a la convocante el fallo del tribunal supera el m\u00ednimo fijado como inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso. Y siendo carga de la recurrente despejar dicha inc\u00f3gnita, su persistencia frustra la procedencia del remedio extraordinario. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
SEGUNDO. Sin costas, por no aparecer justificadas (art\u00edculo 365-8, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
TERCERO. DEVU\u00c9LVASE la actuaci\u00f3n al tribunal de origen, para lo de su cargo. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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AC5736-2022 (2022-04308-00) AC5736-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04308-00 Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el recurso de queja formulado por la demandante frente al auto de 13 de septiembre de 2022, con el que se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69349","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69349","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69349"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69349\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69349"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69349"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69349"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}