AC5746-2022 (2022-04141-00)<\/p>\n
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AC5746-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-04141-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Yopal (Casanare) y Tercero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., dentro del proceso de expropiaci\u00f3n judicial promovido por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contra los herederos indeterminados de Mar\u00eda Ligia S\u00e1nchez Mesa y otros. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En la demanda presentada ab initio ante los jueces civiles del circuito de Yopal, la parte actora solicit\u00f3 que, entre otras cosas, se decrete la expropiaci\u00f3n por motivos de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social, de una zona de terreno del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula No. 470-42333 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Yopal. <\/p>\n
En cuanto a la competencia indic\u00f3 que le correspond\u00eda a dicha autoridad, por \u00absu naturaleza y el territorio o jurisdicci\u00f3n donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de expropiaci\u00f3n, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5\u00b0 del Art\u00edculo 20 del C.G.P. y numeral 7\u00b0 del Art\u00edculo 28 Ib\u00eddem\u00bb. <\/p>\n
2.- El escrito inicial fue asignado al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal, quien lo admiti\u00f3 el 25 de marzo de 2022. <\/p>\n
Sin embargo, en auto del pasado 24 de mayo, declar\u00f3 su falta de competencia para continuar con el juicio dada la prevalencia del factor subjetivo sobre el real; por ende, dispuso la remisi\u00f3n del expediente a los juzgados civiles del circuito de esta ciudad, por corresponder al domicilio de la entidad actora. <\/p>\n
3.- Sometido el diligenciamiento a reparto, se envi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., quien mediante providencia de 26 de julio de 2022, resolvi\u00f3 no avocar conocimiento y, en tal sentido, promovi\u00f3 el conflicto negativo. <\/p>\n
Argument\u00f3 que, a pesar de existir un foro subjetivo, la ANI eligi\u00f3 v\u00e1lidamente el real consagrado en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, que para el caso concreto se erige como el canon especial y aplicable, teniendo en cuenta que renunci\u00f3 al subjetivo \u00abpara darle primac\u00eda al fuero porque, en sentir de la peticionaria, desarrolla mejor el principio constitucional de acceso a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026) de los demandados y garantiza el desenvolvimiento de los postulados del derecho al debido proceso (\u2026) raz\u00f3n por las que en el sub judice debe aplicarse el fuero privativo correspondiente a la ubicaci\u00f3n del inmueble, conforme al numeral 7\u00ba (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, se pasa a resolver lo que corresponda previas las siguientes, <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como el conflicto de competencia que se analiza se establece entre dos autoridades judiciales de diferentes distritos, a esta Corte le ata\u00f1e dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- El ordenamiento jur\u00eddico consagra los par\u00e1metros para la asignaci\u00f3n de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, a partir de diversos factores de competencia tales como el objetivo, el subjetivo, el funcional, el de atracci\u00f3n o conexidad y el territorial. <\/p>\n
En virtud del factor territorial, la competencia se determina con sujeci\u00f3n al fuero personal (domicilio del demandado), fuero real (lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes), fuero contractual (lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones), fuero social (establece la competencia en los procesos relacionados con sociedades), fuero sucesoral o hereditario (\u00faltimo domicilio del causante) y fuero de administraci\u00f3n (lugar en donde se verific\u00f3 la administraci\u00f3n o gesti\u00f3n objeto del proceso). <\/p>\n
Por su parte, el factor subjetivo responde a las calidades especiales de las partes del litigio, el cual otorga, entre otros, un fuero preferente para las entidades del Estado, tal como se desprende del numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. que reza: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb (resaltado ajeno al texto). <\/p>\n
Siendo as\u00ed, existen casos en los que varios de esos fueros pueden concurrir dentro de una misma causa, lo que genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla; en esos eventos, la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que, en principio, tal voluntad pueda ser desconocida. <\/p>\n
3.- En lo atinente a las expropiaciones, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra una \u00abcompetencia privativa\u00bb, en virtud de la cual le impone el conocimiento del asunto al juez del lugar donde se ubiquen los bienes: \u00abEn los procesos (\u2026) expropiaci\u00f3n (\u2026) ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
No obstante, el numeral 10\u00ba del mencionado art\u00edculo contempla que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter personal y prevalente que se funda en la calidad del sujeto, alusiva al lugar de domicilio de la entidad p\u00fablica. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuando se pretenda la expropiaci\u00f3n de un predio por parte de una entidad del Estado, ser\u00edan competentes, en principio, tanto el juez del domicilio de la entidad como su lugar de ubicaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a esta concurrencia de fueros privativos la Sala de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 en auto AC140-2020, que el enfrentamiento entre los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 ejusdem reconoce por la \u00abcalidad de las partes\u00bb. <\/p>\n
En dicha providencia se indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u00bb (AC4272-2018)\u201d (resaltado intencional). <\/p>\n
4.- Siguiendo tales derroteros, a la Agencia Nacional de Infraestructura no le era posible despojarse del fuero subjetivo [ni siquiera voluntariamente], en la medida en que la predilecci\u00f3n de ese factor de competencia obedece a una norma de orden p\u00fablico, haci\u00e9ndola irrenunciable. <\/p>\n
Con ese panorama, el lugar de radicaci\u00f3n de la demanda deb\u00eda corresponder un\u00edvocamente al lugar de domicilio de la ANI, siendo este la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., conforme se desprende de la informaci\u00f3n allegada con el escrito inicial y la publicada en internet1, al ser \u00abuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, adscrita al Ministerio de Transporte, seg\u00fan decreto 4165 del 03 noviembre de 2011\u00bb, con domicilio o asiento principal en este Distrito Capital. <\/p>\n
Vista la anterior calidad, se acude ahora al precepto 38 de la Ley 489 de 1998, seg\u00fan el cual, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico la integran, entre otros, el sector descentralizado por servicios del que hace parte la accionante, ratific\u00e1ndose as\u00ed la pertinencia de subsumirla en la pauta d\u00e9cima del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el art\u00edculo 29 ejusdem. <\/p>\n
Desde esa \u00f3ptica, no le asiste raz\u00f3n al juzgado de esta ciudad al rehusar el conocimiento del asunto porque, si bien es cierto, existe una competencia privativa descrita en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, que la fija en el lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble, no lo es menos que esta Sala ha indicado que el criterio que debe prevalecer es el del domicilio de la parte demandante al ser una entidad p\u00fablica, acentuada en el art\u00edculo 29 ib.; por lo tanto, no queda otra v\u00eda diferente que la de ce\u00f1irse a la regla imperativa. <\/p>\n
Finalmente debe anotarse que, aun cuando son entendibles los raciocinios esgrimidos por el despacho de esta localidad, la prevalencia que se otorga al fuero subjetivo sobre el real, obedece a un estudio pormenorizado de las normas que disciplinan la materia, las cuales, al ser cotejadas, conllevan a afirmar que el primero se impone sobre el segundo. <\/p>\n
5.- Debe tenerse en cuenta que la prevalencia del factor subjetivo no se ve afectada por los tr\u00e1mites que pudo haber adelantado el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal (Casanare), ni siquiera so pretexto de que la entidad p\u00fablica renunci\u00f3 a dicho fuero; por lo tanto, para este evento concreto no resulta procedente aplicar la prorrogabilidad de la competencia, por la sencilla raz\u00f3n de que prima la competencia subjetiva sobre la real, tal como se precis\u00f3 en el mencionado auto de unificaci\u00f3n, al indicar: <\/p>\n
(…) En el art\u00edculo 16 del nuevo estatuto procesal civil se estableci\u00f3 la improrrogabilidad de la competencia por los factores subjetivo y funcional, raz\u00f3n por la cual, los jueces pueden declarar su falta de competencia por esos factores incluso despu\u00e9s de haber impartido tr\u00e1mite al proceso, con independencia que esta haya sido o no alegada por las partes y de que la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal haya sido trabada, en cuyo caso lo actuado hasta antes de la sentencia conservar\u00e1 validez, incluidas las medidas cautelares que hayan sido practicadas. <\/p>\n
Es decir, que esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo trae consigo otra cuesti\u00f3n sumamente importante, cu\u00e1l es la imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis. En efecto, si el legislador opt\u00f3 por establecer el car\u00e1cter de improrrogable a los citados foros de distribuci\u00f3n, lo que se traduce en que de ellos no se puede disponer ni aun bajo el consentimiento de las partes, y determin\u00f3 que aunque lo actuado por el juzgador sin jurisdicci\u00f3n y competencia conserva validez, menos la sentencia, lo que finalmente consagr\u00f3 fue una excepci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis. <\/p>\n
Finalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto(CSJ AC4273-2018)\u00bb. (Resaltado ajeno). <\/p>\n
De conformidad con los argumentos expuestos con antelaci\u00f3n se concluye, necesariamente, que este asunto debe conocerlo el juez de esta ciudad, ya que de lo contrario se estar\u00edan contrariando normas de orden p\u00fablico, como se ha sostenido reiteradamente en los pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n AC3409-2021, AC1045-2022, AC2732-2021, AC1756-2021, AC1228-2021, AC1153-2021 y AC894-2021. <\/p>\n
6.- Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al despacho del Distrito Capital, por ser el competente para conocer de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., es el competente para continuar conociendo del tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta providencia al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal (Casanare), as\u00ed como a la entidad promotora del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n