ATC1798-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1798-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-01075-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 21 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sim\u00f3n Nasif Lebbos Saad contra el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 y la Comisar\u00eda de Familia de Sop\u00f3, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00aben el a\u00f1o 2020, como resultado de la pandemia mundial generada por el covid-19, al interior del seno del hogar [que integra con su esposa Rana Ghassan Zarzour y cuatro hijos \u2013 tres de ellos actualmente mayores de edad], surgi\u00f3 una crisis econ\u00f3mica, dado que la actividad econ\u00f3mica y profesional que yo desarrollaba -\u00e1rea de la construcci\u00f3n- fue paralizada por varios meses\u00bb, y que \u00abla \u00fanica soluci\u00f3n que se vislumbraba era que [los] hermanos [de su c\u00f3nyuge] devolvieran recursos por $154.000.000 (\u2026), para poder cubrir las obligaciones sobre todo de la educaci\u00f3n superior de nuestros hijos mayores [quienes], para esa \u00e9poca entraron a universidades (\u2026) en Suiza y Boston\u00bb. <\/p>\n
Que por haberle solicitado a su esposa que requiriera el pago del dinero adeudado por sus hermanos, ella \u00abtuvo una reacci\u00f3n negativa y a que me insult\u00f3 haciendo uso de palabras soeces en mi contra y diciendo que yo deb\u00eda olvidarme de esa plata. Adicionalmente, no me dejaba acercarme a ella f\u00edsicamente como esposo [y] a partir del comienzo del a\u00f1o 2021 se le convirti\u00f3 una obsesi\u00f3n el rompimiento de la vida en com\u00fan y de culpabilizarme de cualquier situaci\u00f3n que ocurriera en la casa\u00bb, refiriendo haber sido v\u00edctima de \u00abagresi\u00f3n f\u00edsica\u00bb y de exigencias de parte de ella \u00abque ten\u00eda que irme de la casa\u00bb. <\/p>\n
Que seguidamente se mantuvo el comportamiento hostil hacia \u00e9l por parte de su c\u00f3nyuge y de sus familiares, no obstante que su estado de salud se vio afectado \u00abdebido al covid\u00bb y a que \u00abpresent\u00e9 deficiencia pulmonar\u00bb, pues \u00abdesde febrero de 2021 y durante mi convalecencia (\u2026), la se\u00f1ora Rana decidi\u00f3 compartir a diario con su hermana Nour [quien resid\u00eda en la misma casa] y sus hermanos Elie y Wassin, quienes iban a almorzar o iban en horas de la tarde a consumir bebidas alcoh\u00f3licas con cerveza, gin, whiskey en grandes proporciones, a fumar narguile o vaporizaciones, actividades que las hac\u00edan en presencia de mis hijos, dos menores de edad, e incitando a los mayores a estas actividades (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que pese a recibir maltrato f\u00edsico, verbal y psicol\u00f3gico, mediante \u00abenga\u00f1o a la Comisar\u00eda de Familia de Sop\u00f3\u00bb, su esposa lo denunci\u00f3 por violencia intrafamiliar \u00abel d\u00eda 28 de abril de 2021, [logrando] sacarme de mi vivienda ocasion\u00e1ndome la peor crisis psicol\u00f3gica de mi vida\u00bb, puesto que esa denuncia fue \u00abbasada en argumentos y en pruebas que no cumpl\u00edan con la temporalidad ni los hechos eran acordes a una violencia intrafamiliar\u00bb, como que \u00abha sido violentada econ\u00f3micamente lo cual no es cierto ya que ella hac\u00eda transacciones y retiros de sumas de dinero altas, sin tener ning\u00fan tipo de control por parte m\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Que surtidas las etapas procesales en varias audiencias, \u00abel 07 de septiembre de 2021\u00bb se profiri\u00f3 fallo de primer grado, y como consecuencia de los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos por ambas partes, el 28 de junio de 2022 el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1, \u00abvulnera gravemente el derecho fundamental al debido proceso [al] omitir realizar control de legalidad frente a la actuaci\u00f3n de la Comisar\u00eda de Sop\u00f3 y a los requisitos establecidos por la ley conforme a la temporalidad frente a presuntos hechos de violencia presentados al interior del hogar Lebbos Zarzour\u00bb, as\u00ed como \u00abel derecho a la igualdad (\u2026) ya que est\u00e1 demostrado que hay una violencia psicol\u00f3gica y econ\u00f3mica de RANA hacia m\u00ed, y el juzgado me est\u00e1 vulnerando el derecho a mantener y dejar en doble v\u00eda la medida de protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional senda jur\u00eddica se proceda a \u00abREVOCAR o dejar sin efecto las providencias del Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 [y] de la Comisar\u00eda de Sop\u00f3\u00bb, y en su lugar, \u00abse adopten las medidas y decisiones que considere necesarias el juez de tutela para lograr la efectiva protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4. El tribunal a-quo concedi\u00f3 el resguardo al advertir \u00abuna deficiente motivaci\u00f3n por parte del Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 en la providencia del 28 de junio de 2022\u00bb, porque tras relacionar los motivos que condujeron al hoy accionante a impugnar la decisi\u00f3n adoptada por la Comisar\u00eda de Familia de Sop\u00f3 el 7 de septiembre de 2021, encontr\u00f3 que \u00abdej\u00f3 de responder la totalidad de reparos que plante\u00f3 verbalmente [su] apoderada\u00bb. En consecuencia, dej\u00f3 sin efectos la sentencia dictada por el juzgado y le orden\u00f3 \u00abresolver nuevamente los recursos de apelaci\u00f3n (\u2026), sin perjuicio que del an\u00e1lisis del asunto se llegue a la misma decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. La vinculada Rana Ghassan Zarzour, impugn\u00f3 a trav\u00e9s de apoderada judicial, para aseverar que la acci\u00f3n se torna improcedente frente a la providencia judicial criticada, y porque esta \u00abno tiene vicios en su motivaci\u00f3n\u00bb; aunado a ello, asegur\u00f3 que la actuaci\u00f3n del tribunal constitucional estaba afectada de nulidad \u00abpor falta de competencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de esta acci\u00f3n lo prev\u00e9 el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 ibidem (aplicable a esta acci\u00f3n en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en este caso. <\/p>\n
Examinada la demanda y las piezas procesales que hacen parte del expediente, se establece que la presente acci\u00f3n se encamina a censurar la sentencia de segunda instancia que profiri\u00f3 el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquir\u00e1 el 28 de junio de 2022, dentro del proceso de medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar n\u00b0 2021-00282 que conoci\u00f3 en primer grado la Comisar\u00eda de Familia de Sop\u00f3 – Cundinamarca. <\/p>\n
Bajo la anterior perspectiva, y al tenor de lo previsto en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021, en el presente asunto se hace necesario observar lo contemplado en el numeral 5\u00b0 de dicha disposici\u00f3n, seg\u00fan el cual: \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. Se resalta. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, sin que haya lugar a consideraci\u00f3n adicional, es evidente que el presente auxilio debi\u00f3 ser asumido en primera instancia por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, comoquiera que el reproche constitucional est\u00e1 dirigido contra autoridades jurisdiccionales pertenecientes a dicho distrito judicial. Por tanto, ser\u00e1 a dicha colegiatura a quien se le asignar\u00e1 la competencia para conocer y fallar este asunto en primera instancia. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para conocer en primer grado esta acci\u00f3n, y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca. <\/p>\n
As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que la afectaci\u00f3n es solo del fallo de primera instancia, sin perjuicio de lo que la corporaci\u00f3n habilitada para conocer de este tr\u00e1mite estime necesario complementar (vr. g. realizar notificaciones omitidas y\/o practicar otras pruebas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa potestad, esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
[Por tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC185-2022, 17 feb., rad. 00148-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar., rad. 00028-01, citado entre otros en ATC1699-2021, 11 nov., rad. 00698-01 y ATC1704-2022, 16 nov., rad. 00901-01). <\/p>\n
5. De la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n
En cuanto a esa tem\u00e1tica, una vez m\u00e1s se advierte que: <\/p>\n
\u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ ATC, 16 jul. 2010, rad. 00022-01, citado en ATC1929-2021, 15 dic., rad. 00398-01, entre otros). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia, proferida en el asunto de la referencia por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 21 de octubre de 2022, sin perjuicio de la validez de las pruebas legalmente practicadas. <\/p>\n
Tercero: Comunicar lo aqu\u00ed resuelto al tribunal a-quo, as\u00ed como a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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