ATC1799-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1799-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00841-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 4 de noviembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Adelaida Aparicio Hern\u00e1ndez, Adriano Sedano Rueda, Ana Gabriela Arenas Chaparro, Abner Jair Abon\u00eda Suarez, Anderson Estip Villamizar Balaguera, Andrea Lucero Bueno C\u00e1ceres, Angela Mar\u00eda L\u00f3pez Jaimes, Angelica Maria Franci Mantilla, Arnold Andres Ni\u00f1o Rueda, Beatriz Ximena Valdivieso Chac\u00f3n, Birhyud Luz Darys Pinz\u00f3n Castro, Briceida C\u00e1ceres Guerrero, Britney Loreyni Gomez Castillo, Carlos Daniel Alfonso Parra, Carlos Eduardo Pe\u00f1a Rodr\u00edguez, Carmen Adriana Parada Pinz\u00f3n, Cesar Augusto Alfaro Pinto, Claudia C\u00e1ceres Sandoval, Claudia Liseth Higuera Lozano, Claudia Patricia Rivera Fern\u00e1ndez, Daisy Johanna Carrillo Le\u00f3n, Diana Acevedo, Elimar Valle Cortez Montalvo, Elizabeth Perez Galvis, Emily Zoidanyill Camacho Portela, Eric Wilkie Prieto Pinz\u00f3n, Ezequiel Afanador Pe\u00f1a, Fabian Bayona Cote, Francisco Arley Bueno C\u00e1ceres, Gerson Gonzalo Ortiz Gonz\u00e1lez, Gustavo Andres Ben\u00edtez Luna, Henry Abel Mora Boh\u00f3rquez, Hewin Antonio Pinto Celis, Jaider Camilo Estupi\u00f1\u00e1n Lopez, Jairo Andres Vargas Agredo, Javier Esteban Lizcano Fl\u00f3rez, Jeimmy Saray Mill\u00e1n Monsalve, contra la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales la dignidad humana, el buen nombre, la honra, el libre desarrollo de la personalidad, la libre escogencia y oficio y el derecho al trabajo e igualdad material, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Expusieron que \u00ab[a] trav\u00e9s de comunicado 1110600000000 del 27 de mayo de 2022 cuyo asunto denomin\u00f3 \u201cllamado a sumar acciones para la prevenci\u00f3n de toda forma de violencias contra ni\u00f1as, ni\u00f1os, adolescentes y mujeres\u201d dirigido al alcalde del distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, [la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, Dra. Viviana Mora Verbel] realiz\u00f3 una serie de se\u00f1alamientos encaminados a desprestigiar la realizaci\u00f3n del Congreso LaLexpo2022 -\u201cLatin America Adult Business Expo\u201d-, e impedir su realizaci\u00f3n mediante la cancelaci\u00f3n del permiso en el presunto marco de las funciones preventivas asignadas en el art. 24 del Decreto Ley 262 de 2000, por considerar que las actividades all\u00ed desarrolladas se asemejan o derivan en la comisi\u00f3n de conductas punibles tales como la trata de personas y la prostituci\u00f3n infantil\u00bb. <\/p>\n
Que con esa comunicaci\u00f3n, la funcionaria \u00absesga el derecho a la industria del sexo como fen\u00f3meno social y la institucionalidad del entretenimiento para adultos, margin\u00e1ndolo y degrad\u00e1ndolo a la dimensi\u00f3n delictiva, pese a no ser proscrita por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; comunicado que no ha sido rectificado y por tanto al desbordar la realidad representa menoscabo a los derechos fundamentales de las personas que participan activamente\u00bb, al asegurar que \u00ab\u201c\u2026no debemos perder de vista que las p\u00e1ginas de pornograf\u00eda en muchas ocasiones alojan contenidos donde se evidencian violaciones grabadas de ni\u00f1as, ni\u00f1os y adolescentes de todas partes del mundo, o de personas mayores simulando ser personas menores de edad, generando graves impactos en las personas, muchas de ellas j\u00f3venes y en pleno desarrollo de su sexualidad, que interiorizan estos contenidos violentos, racistas, discriminadores y que transgreden claramente la dignidad humana\u201d (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que \u00ab[e]l congreso de entretenimiento para adultos \u201cLalexpo 2022\u201d que se realizar\u00eda los d\u00edas 11,12 y 13 de junio en el Centro de Convenciones Puerta de Oro en la ciudad de Barranquilla fue cancelado, dado que a partir de ese comunicado se agrav\u00f3 la situaci\u00f3n de discriminaci\u00f3n a este grupo social tradicionalmente vulnerado por escoger en base a su libre desarrollo de la personalidad la actividad econ\u00f3mica del modelaje webcam, incluso el 29 de mayo del a\u00f1o en curso el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo fue atacado por una ciudadana por permitir la participaci\u00f3n de este grupo social en las instalaciones de la ciudad de Barranquilla. Con ello se extendi\u00f3 una ola manifestaciones el Movimiento Social Ampliado de Mujeres, la veedur\u00eda de mujer y g\u00e9nero, la red nacional de Mujeres (\u2026)\u00bb. Y acotaron que \u00abel 8 de agosto del a\u00f1o en curso [enviaron] una solicitud de rectificaci\u00f3n y retractaci\u00f3n a la procuradur\u00eda en menci\u00f3n [siendo] resp[ondida] el 29 de agosto de 2022 de forma negativa\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden se proceda a \u00abORDENAR al Ministerio Publico a: (i) realizar de inmediato la respectiva RECTIFICACI\u00d3N Y RETRACTACI\u00d3N del comunicado adiado 27 de mayo de 2022 dirigido al alcalde de Barranquilla, frente a la noci\u00f3n y acercamiento nocivo que realiza entre el entretenimiento para adultos de y la realizaci\u00f3n del Congreso Lalexpo 2022 (\u2026); (ii) EMITIR nuevo comunicado que se tome nota de las acepciones correctas de la industria del sexo como parte del entretenimiento para adultos, pues su aseveraci\u00f3n desconoce el marco jur\u00eddico de la Ley 2010 de 2019 y la jurisprudencia constitucional (\u2026); [y], (iii) realizar PUBLICACI\u00d3N en la misma forma y por id\u00e9nticos medios de la nueva comunicaci\u00f3n, de suerte que no quede duda sobre la diametral diferencia entre la actividad econ\u00f3mica que respalda el Congreso Lalexpo2022 y las conductas punibles de trata de personas y pornograf\u00eda infantil\u00bb. <\/p>\n
4. El tribunal a-quo -por decisi\u00f3n mayoritaria- concedi\u00f3 el amparo, precisando que, si bien el comunicado en cuesti\u00f3n lo expidi\u00f3 la accionada \u00aben ejercicio de sus funciones como Procuradora Delegada, de conformidad con lo reglado en el art\u00edculo 24 del decreto 262 del 2000 [y que], no [se] puede desmentir en ning\u00fan momento que, \u201c\u2026 [en] la pornograf\u00eda existe diversos \u00e1mbitos y escenarios en los que pueden estar en juego m\u00faltiples derechos fundamentales (\u2026)\u201d [y] a pesar de que los anteriores escenarios son de conocimiento por las estad\u00edsticas criminales llevadas por las diferentes entidades del Estado, lo cierto es que, las conductas all\u00ed descritas no pueden ser endilgadas sobre la totalidad de un sector econ\u00f3mico fundado en meras consideraciones alejadas de hechos concretos, no solo porque ello puede transgredir la notoriedad y el alcance y la aceptaci\u00f3n del mercado en el que se mueve dicho sector sino que adem\u00e1s, en los casos m\u00e1s graves cuando dicho se\u00f1alamiento hace recaer la opini\u00f3n de las masas sobre un actor especifico del mercado, transgrede los principios de presunci\u00f3n de inocencia, y los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre\u00bb. <\/p>\n
Que, \u00absi bien las razones dadas por el Alcalde de Barranquilla para no realizar el Congreso LaLexpo2022 fueron diferentes a las expresadas en la comunicaci\u00f3n de la procuradora accionada, lo cierto es que esta \u00faltima, con la excusa de sumar acciones para prevenir ciertas conductas delictivas, expres\u00f3 una posici\u00f3n sesgada que, vincul\u00f3 y equipar\u00f3 directamente actividades l\u00edcitas con actividades delictivas, con la \u00fanica intenci\u00f3n obtener la cancelaci\u00f3n de un evento con respecto al cual, comparti\u00f3 la opini\u00f3n de un grupo que no estaba de acuerdo en cuanto a su realizaci\u00f3n\u00bb, y en ese orden, concluy\u00f3 que \u00abla informaci\u00f3n contenida en la comunicaci\u00f3n del 27 de mayo de 2022 (\u2026) hecha p\u00fablica en la p\u00e1gina oficial de la misma, desbord\u00f3 la libertad de expresi\u00f3n de los funcionarios p\u00fablicos\u00bb. En consecuencia, tutel\u00f3 \u00ablos derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de los accionantes, y en consecuencia [orden\u00f3 a la entidad accionada], que RECTIFIQUEN la comunicaci\u00f3n del 27 de mayo de 2022 dirigida al alcalde de la ciudad de Barranquilla, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a esta providencia y hacerla p\u00fablica en su p\u00e1gina oficial\u00bb. <\/p>\n
5. La funcionaria encartada impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, para refutar que \u00abel oficio (\u2026) de 27 de mayo de 2022 no se profiri\u00f3 en ejercicio del derecho de la libre expresi\u00f3n pues no es una opini\u00f3n moral o personal de la procuradora delegada\u00bb, y aseverar que \u00abel fallo de primera instancia no tuvo en cuenta la perspectiva de g\u00e9nero\u00bb. As\u00ed mismo, razon\u00f3 sobre la \u00abimprocedencia de la acci\u00f3n de tutela ante la inexistencia de una conducta respecto de la cual se pueda efectuar el juicio de vulnerabilidad de derechos fundamentales\u00bb, que en los demandantes se evidenci\u00f3 falencias probatorias para enrostrar vulneraci\u00f3n de sus derechos, y que \u00abno puede endilgarse la cancelaci\u00f3n de Lalexpo 2022 a la PGN\u00bb. Por \u00faltimo, dijo que la tutela tampoco proced\u00eda como mecanismo transitorio \u00abal no configurarse un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de esta acci\u00f3n lo prev\u00e9 el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 ibidem (aplicable a esta acci\u00f3n en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en este caso. <\/p>\n
Efectuada la revisi\u00f3n de la demanda y dem\u00e1s piezas procesales que hacen parte del expediente, la Corte encuentra que para resolver la primera instancia de la presente acci\u00f3n de tutela, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla carece de competencia, al advertirse que la queja no compromete actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de alguno de los funcionarios que, en forma expresa, enlista el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 20211), sino que se dirige contra la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, y gen\u00e9ricamente contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n a la que pertenece, la cual est\u00e1 comprendida como una autoridad \u00abdel orden nacional\u00bb. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, esta Sala sostuvo que: <\/p>\n
\u00abDel relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de tutela se desprende, sin duda alguna, que la queja constitucional est\u00e1 dirigida concretamente frente a las actuaciones de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, m\u00e1s no de su representante legal o titular. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge clara la falta de competencia del a quo para resolver la presente queja constitucional, pues, por una parte, no le ser\u00eda aplicable lo dispuesto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017, que prev\u00e9 que las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del \u201cRegistrador Nacional del Estado Civil\u201d ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos; y por la otra, seg\u00fan la naturaleza jur\u00eddica de la entidad acusada, y lo dispuesto en las reglas consagradas en el numeral 2\u00ba ib\u00eddem, la competencia para conocer del presente asunto en primera instancia corresponde a los Jueces del Circuito o con categor\u00eda de tales\u00bb (CSJ ATC857-2018, 18 abr., rad. 00033-01). <\/p>\n
En otro pronunciamiento posterior, relacionado con un tema de revocatoria de mandato local, dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) As\u00ed las cosas, se advierte que la queja est\u00e1 dirigida, contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil (Registrador Municipal del Estado Civil de Cumaral-Meta), y el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, entidades p\u00fablicas del orden nacional, y, contra la Gobernaci\u00f3n del Meta, ente del nivel departamental, bajo ese supuesto, advierte la Corte que al tenor de lo previsto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, mediante el cual se modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, \u201c[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u201d, y a su vez, dicha normatividad en el numeral 11 de dicho canon, consigna que \u201c[c]uando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u201d\u00bb (CSJ ATC1167-2018, 6 jun., rad. 00029-01). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva y teniendo en consideraci\u00f3n el factor funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela contra entidades, autoridades u organismos del orden nacional se radica en los jueces del circuito, al tenor de lo previsto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual dispone que: \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb. Se resalta y subraya. <\/p>\n
De suerte que, conforme se extrae de la normativa en cita y que en lo atinente a dicha competencia no ha sido objeto de posterior modificaci\u00f3n, el primer grado de la presente acci\u00f3n constitucional no correspond\u00eda tramitarlo al Tribunal Superior de Barranquilla, sino a los jueces del circuito de ese distrito judicial. <\/p>\n
3. De la actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De conformidad con lo antedicho, se declarar\u00e1 la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla para conocer en primera instancia esta acci\u00f3n, y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente al reparto de los jueces civiles del circuito de esa ciudad. <\/p>\n
As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que la afectaci\u00f3n es solo del fallo de primera instancia, sin perjuicio de lo que el funcionario habilitado para conocer de este tr\u00e1mite estime necesario complementar, como realizar notificaciones omitidas y\/o practicar otras pruebas. <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa potestad, esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
[Por tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC185-2022, 17 feb., rad. 00148-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00ab[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19923\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar., rad. 00028-01, citado en ATC1704-2022, 16 nov., rad. 00901-01, entre otros). <\/p>\n
5. De la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n
En cuanto a esa tem\u00e1tica, una vez m\u00e1s esta Corporaci\u00f3n advierte que: <\/p>\n
\u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ ATC, 16 jul. 2010, rad. 00022-01, citado, entre otros, en ATC1052-2021, 22 jul., rad. 00105-01, y ATC1929-2021, 15 dic., rad. 00398-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia, proferida en el asunto de la referencia por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 4 de noviembre de 2022, sin perjuicio de la validez de las pruebas legalmente practicadas. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Barranquilla, para que el asignado por reparto asuma en primer grado el conocimiento de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Comunicar lo aqu\u00ed resuelto al tribunal a-quo, as\u00ed como a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00ab3. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Contralor General de la Republica, del Procurador General de la Naci\u00f3n, del Fiscal General de la Naci\u00f3n, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la Republica, del Contador General de la Naci\u00f3n, del Consejo Nacional Electoral, as\u00ed como, las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesi\u00f3n e intervenci\u00f3n forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesaci\u00f3n provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitaci\u00f3n o autorizaci\u00f3n de funcionamiento, con fundamento en los art\u00edculos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, ser\u00e1n repartidas, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
3\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC1799-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC1799-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00841-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69406","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69406","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69406"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69406\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69406"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69406"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69406"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}