ATC1801-2022<\/p>\n
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ATC1801-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 66001-22-13-000-2022-00376-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 27 de octubre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, que neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela instaurada por Yuri Lorena Ram\u00edrez \u00c1lzate, a trav\u00e9s de apoderado, en contra del Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, si no fuera porque en el devenir de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan se examina. <\/p>\n
1. En efecto, se observa que se omiti\u00f3 la notificaci\u00f3n tanto de las se\u00f1oras Alba Luc\u00eda \u00c1lzate Zapata y Wendy Dayana Ram\u00edrez \u00c1lzate, as\u00ed como de la Sociedad Colombiana de Anestesiolog\u00eda y Reanimaci\u00f3n, quienes participaron, las primeras como demandantes y la segunda como llamada en garant\u00eda, en el juicio de responsabilidad civil 2019-00629, cuestionado en sede de tutela, y cuya vinculaci\u00f3n fue ordenada en el auto admisorio de 13 de octubre de 2022, por asistirles un inter\u00e9s leg\u00edtimo en las resultas de este asunto. <\/p>\n
N\u00f3tese, en efecto, que seg\u00fan la informaci\u00f3n que obra en el expediente contentivo de la contienda criticada, Alba Luc\u00eda y Wendy Dayana deb\u00edan ser notificadas, pero ese acto de enteramiento no se realiz\u00f3 en debida forma. Por su parte, la Sociedad Colombiana de Anestesiolog\u00eda y Reanimaci\u00f3n se notific\u00f3 a la direcci\u00f3n instcare@care.org.co, pero el correo electr\u00f3nico de esta, seg\u00fan el certificado de c\u00e1mara de comercio allegado, es intscare@scare.org.com. <\/p>\n
Ahora, si bien se realizaron unas notificaciones a trav\u00e9s de sus apoderados en el proceso cuestionado, lo cierto es que la comunicaci\u00f3n a los interesados se debe efectuar de manera directa, sin que sea v\u00e1lida la comunicaci\u00f3n a trav\u00e9s de su representante judicial, pues, como lo sostuvo la Sala en asunto similar: <\/p>\n
\u2026la no vinculaci\u00f3n de (XXX), quien acumul\u00f3 un libelo de cobro compulsivo en el curso del procedimiento que motiva el reclamo constitucional, pero no se le enter\u00f3 personalmente de su existencia, sino que se le comunic\u00f3 a su mandataria, con quien no se satisfacen a cabalidad las garant\u00edas al presente procedimiento excepcional. <\/p>\n
Frente al punto, la Corte explic\u00f3 en asunto semejante que \u2018[a]s\u00ed, es claro, como ya se dijera, que lo decidido en la presente acci\u00f3n tambi\u00e9n incumbe a las referidas demandantes\u2026, sin que, a su vez, hubiesen sido enteradas, como era del caso, de esa tramitaci\u00f3n, gener\u00e1ndose el vicio expuesto, toda vez que la notificaci\u00f3n efectuada se surti\u00f3 con el apoderado\u2026, quien funge como su representante judicial en el litigio que origina esta actuaci\u00f3n de amparo y que al efecto actu\u00f3 en el presente asunto conforme se observa a folios 338 a 340 del cuaderno uno, enteramiento que no releva materializar la notificaci\u00f3n que origin\u00f3 la deficiencia apuntada, puesto que el actuar del aludido abogado no suple el debido conocimiento del tr\u00e1mite constitucional que hab\u00eda de proveerse directamente con aquellas, am\u00e9n que omiti\u00f3 aportar el mandato correspondiente para que pudiera actuar en dicha calidad\u2019 (auto del 4 de mayo de 2012, rad. 2012-00102-01) (CSJ ATC, 14 feb. 2013, rad. 2012-00973-01; reiterado, entre muchos otros, en CSJ ATC750-2015). <\/p>\n
2. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales, entre las que se destaca la posibilidad de enfrentar en igualdad de condiciones los cargos, cuestionamientos o condenas reclamadas en sede judicial. Para ello, resulta indispensable concurrir al proceso y contar la posibilidad de aducir pruebas y controvertir las allegadas por la parte contraria, principios consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, lo cual no escapa a la acci\u00f3n de tutela, dado que, pese a ser un tr\u00e1mite caracterizado por la brevedad y sumariedad, no es ajeno a las reglas del referido derecho fundamental, tal y como disponen los art\u00edculos 16 del Decreto 2591 de 1991, 2.2.3.1.1.3. y 2.2.3.1.1.4. del Decreto 1069 de 2015. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la circunstancia que viene de advertirse desemboca en la causal de nulidad reglada en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 C\u00f3digo General del Proceso, preceptiva que resulta aplicable a la presente acci\u00f3n constitucional en virtud de lo dispuesto por el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 y, por tanto, se impone declarar la invalidez de todo lo actuado con posterioridad al auto que avoc\u00f3 el conocimiento del asunto, para que el a-quo constitucional cumpla con la formalidad omitida y notifique, en debida forma, a Alba Luc\u00eda \u00c1lzate Zapata y Wendy Dayana Ram\u00edrez \u00c1lzate, as\u00ed como a la Sociedad Colombiana de Anestesiolog\u00eda y Reanimaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de lo actuado en la tutela rese\u00f1ada, con posterioridad al auto admisorio, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Disponer que por Secretar\u00eda se devuelva el expediente a la a quo constitucional, para que notifique el auto admisorio de la tutela, en debida forma, seg\u00fan lo indicado. <\/p>\n
3. Ordenar notificar esta decisi\u00f3n a los interesados, en la forma prescrita en el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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