ATC1802-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1802-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2017-01556-03 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dos de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el grado jurisdiccional de consulta, respecto de la providencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga1 el 28 de noviembre de 2022. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En sentencia de 21 de noviembre de 2017, la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander concedi\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales reclamados por Sandra Marleny Blanco Figueroa, en representaci\u00f3n de su hija menor de edad L.M.R.B. En tal virtud, dispuso lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ORDENAR al DIRECTOR DE SANIDAD DEL EJ\u00c9RCITO NACIONAL en Bogot\u00e1 y al DISPENSARIO M\u00c9DICO DE BUCARAMANGA (antes HOSPITAL MILITAR REGIONAL) en Bucaramanga, que en forma directa o por medio de la dependencia que corresponda, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) HORAS siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, procedan a adelantar el tr\u00e1mite administrativo correspondiente para que en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cinco (5) d\u00edas se autoricen las valoraciones por gastroenterolog\u00eda pedi\u00e1trica, neumolog\u00eda pedi\u00e1trica, genetista, neurolog\u00eda y fisiatr\u00eda y dem\u00e1s ordenadas por el m\u00e9dico tratante y que no le han sido realizadas, autorizaciones que deber\u00e1n emitirse ante centros m\u00e9dicos o especialistas que efectivamente presten el servicio, sin que sea v\u00e1lido que se opongan situaciones de \u00edndole administrativa que no debe soportar la menor. <\/p>\n
Que se autoricen y practiquen todos los procedimientos, cirug\u00edas, tratamientos, terapias, medicamentos, insumos y dem\u00e1s que ordene el m\u00e9dico tratante para la atenci\u00f3n integral del diagn\u00f3stico de S\u00edndrome de Down. <\/p>\n
Que se autorice, reconozca y paguen vi\u00e1ticos para la menor y su acompa\u00f1ante en transporte intermunicipal en los desplazamientos de Lebrija a Bucaramanga y de regreso (transporte redondo), para la asistencia a citas m\u00e9dicas, terapias, ex\u00e1menes, procedimientos, tratamientos y cirug\u00edas que sean ordenados por el m\u00e9dico tratante, y a los que correspondan en cualquier otro municipio diferente al del domicilio de la menor, como se se\u00f1al\u00f3 en la parte motiva de esta providencia\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
2. La incidentante, obrando en la prenotada calidad, pidi\u00f3 el cabal cumplimiento de las \u00f3rdenes proferidas. En ese sentido, expuso que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el se\u00f1or mayor general (\u2026) de Bogot\u00e1 a quien fue dirigida documentaci\u00f3n de desembolso para la prestaci\u00f3n de vi\u00e1ticos que me present\u00f3 la empresa transportadora S\u00e1enz en la ciudad de Bucaramanga desde la finca Palmaseca vereda la puente del municipio de lebrija asia (sic) Bucaramanga hasta la fundaci\u00f3n Uaque y viceversa donde mi hija asiste a terapias grupales por su condici\u00f3n, la cual he asistido ya que jur\u00eddica de sanidad militar de DISPENSARIO DE BUCARAMANGA DIO ORDEN DE ASISTIR Y ELLOS TRAMITAN TAL PROCESO ORDENADO DESDE BOGOT\u00c1 por el MG de sanidad Bogot\u00e1 pidiendo sean cancelados los meses de AGOSTO y SEPTIEMBRE como consta en el PODER ESPECIAL adjunto y radicados del mismo, ya que la transportadora solo me ayudar\u00e1 hasta este mes de noviembre por falta de pago, quedando pendiente por solicitar desembolso del mes de octubre y noviembre\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, con auto de 9 de noviembre de 2022, convoc\u00f3 a la libelista para que aclarara el alcance de su solicitud, por lo cual aport\u00f3 memorial con los respectivos anexos de sus reclamaciones administrativas. <\/p>\n
4. As\u00ed mismo, con decisi\u00f3n de 15 de noviembre siguiente, se requiri\u00f3 al entonces Mayor General Carlos Alberto Rinc\u00f3n Arango, como Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional; al Mayor General Luis Mauricio Ospina Guti\u00e9rrez, como Comandante del Personal de esa instituci\u00f3n; y a la Teniente Coronel Jenny Paola Figueroa Pedreros, como Directora del Dispensario M\u00e9dico de la citada localidad, para que informaran sobre el cumplimiento de la obligaci\u00f3n impuesta, y, en caso afirmativo, remitieran la documentaci\u00f3n que as\u00ed lo acredite. <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n al comunicado del Ej\u00e9rcito Nacional, en el que se anunci\u00f3 el nombramiento del nuevo Director de Sanidad, se llam\u00f3 al tr\u00e1mite al Coronel Edilberto Cort\u00e9s Moncada, para los fines ya expuestos. De igual forma, se reiter\u00f3 la citaci\u00f3n a los dem\u00e1s vinculados. <\/p>\n
6. Con decisi\u00f3n de 22 de noviembre del mismo a\u00f1o, el tribunal a quo inici\u00f3 formalmente el incidente de desacato en contra del Coronel Edilberto Cort\u00e9s Moncada, en su calidad de Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional. Adicionalmente, requiri\u00f3 al Mayor General Luis Mauricio Ospina Guti\u00e9rrez como Comandante de Personal de esa entidad, para que inicie el procedimiento disciplinario pertinente. <\/p>\n
7. Con oficio del d\u00eda posterior, la Oficina Jur\u00eddica de la DISAN adujo lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEn relaci[\u00f3]n a (sic) la solicitud de reembolso presentado por la usuaria del mes de agosto se informa que frente al mismo (sic) fue emitido concepto jur\u00eddico a favor de dicha solitud (sic) mediante oficio n\u00b0 2022325016981263 fechado en 23 de agosto de 2022, posteriormente dicha solicitu (sic) se encuentar (sic) en el tr[\u00e1]mite respecto (sic) ante la oficina de financiera Disan con la finalidad de que esta realice el tr[\u00e1]mite de consignaci\u00f3n a la usuaria por conepto (sic) de desembolso de servicios no prestados. <\/p>\n
Respecto a la solicitud por concepto de reembolso presentada por la accionante del mes de septiembre de 2022, se informa que respecto al mismo se dio tr[\u00e1]mite desde dicha oficina de auditoria DISAN, logrando comunicaci\u00f3n con la se\u00f1ora Sandra Marleny Blanco, v[\u00ef]a telef\u00f3nica el d[\u00ed]a 21 de noviembre de 2022, donde le fue informado a la usuaria la ausencia de los documentos: cuenta de cobro, certificaci\u00f3n de asistencia al servicio por terapias de la menor, declaraci\u00f3n juramentada, factura completa del servicio de tran[s]portes, acordando el env[\u00ed]o de dicha documentaci\u00f3n completa por parte de la usuaria, y a la espra (sic) de la misma, con el prop\u00f3sito de posteriormente (sic) sea emitido el respectivo concepto jur\u00eddico donde se determine la favorabilidad o no de dicha solicitud, y dependiendo de ello posteriormente se d[\u00e9] tr[\u00e1]mite por parte de la oficina de financiera DISAN, de ser favorable, la cosnignacion (sic) d elos (sic) respectivos dineros solicitados a la accionante. <\/p>\n
Lo anterior, atendiendo a un proceso administrativo de tr[\u00e1]mite interno que se lleva acabo (sic) por por (sic) la dependencia a trav[\u00e9]s de las [\u00e1]reas correspondientes en atenci[\u00f3]n a las directrices emitidas para dichas solictudes (sic) allegadas por los usuarios del Subistema (sic)\u00bb. <\/p>\n
8. Mediante resoluci\u00f3n de 24 de noviembre hoga\u00f1o, se abri\u00f3 a pruebas el tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
9. Con providencia de 28 de noviembre de 2022, el precitado colegiado sancion\u00f3 por desacato al Coronel Edilberto Cort\u00e9s Moncada, como actual Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, con un (1) d\u00eda de arresto y multa de (1) SMMLV. Tambi\u00e9n deneg\u00f3 la solicitud de inaplicaci\u00f3n de la anterior amonestaci\u00f3n, la cual se alleg\u00f3 en el curso de esta diligencia. <\/p>\n
10. Remitido el expediente a la Corte para resolver la consulta de dicha determinaci\u00f3n, se procede a su estudio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La sentencia que se profiere en virtud de una acci\u00f3n de tutela no solo goza de plena fuerza vinculante, propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que la instituy\u00f3 de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del destinatario de ese mandato judicial, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la ley. <\/p>\n
Por su especial car\u00e1cter, al juez que conoce del desacato no le es l\u00edcito volver sobre las valoraciones que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues revivir\u00eda una controversia concluida, de ah\u00ed que su actuaci\u00f3n se encuentre delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento. <\/p>\n
Tras esa verificaci\u00f3n inicial, es deber del juzgador ocuparse no solo del aspecto objetivo, cual es el hecho del incumplimiento del fallo de tutela, sino tambi\u00e9n del factor subjetivo, dado que la desatenci\u00f3n que se censura es aquella que proviene de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien deb\u00eda cumplir la orden de protecci\u00f3n, de modo que se impone atender elementos propios de un r\u00e9gimen sancionatorio, como lo atinente a la culpa con que haya actuado el funcionario, su intenci\u00f3n de desobedecer y las posibles circunstancias de justificaci\u00f3n. <\/p>\n
2. De acuerdo con las premisas que anteceden, est\u00e1 autorizada legalmente la imposici\u00f3n de sanciones cuando quien est\u00e1 llamado a cumplir la orden que se le imparte no acata tal mandato en la forma y t\u00e9rmino se\u00f1alados por el juez de tutela. Empero, esa desatenci\u00f3n debe estar plenamente demostrada, de forma tal que el destinatario de la acci\u00f3n haya desobedecido por capricho, incuria, negligencia o por otra cualquiera raz\u00f3n semejante que revele su falta de disposici\u00f3n para atender lo resuelto en el amparo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el an\u00e1lisis que la Corte debe realizar se ci\u00f1e a efectuar un ejercicio de comparaci\u00f3n o cotejo, entre lo dispuesto en la decisi\u00f3n emitida dentro del memorado proceso constitucional y la conducta, calificada como indiferente, negligente o insuficiente, que se reprocha, dado que como lo indicara esta Sala en oportunidad anterior al resolver un asunto de igual naturaleza al que ahora se examina: \u00abel desacato se predica de quien incumple la orden emanada del Juez de tutela, pues se parte del supuesto de que el sujeto contra quien se pronunci\u00f3 la decisi\u00f3n, debe ajustar estrictamente su conducta a los par\u00e1metros se\u00f1alados por el fallador, tendiente a ordenar que cese la vulneraci\u00f3n que motiv\u00f3 el proceso constitucional\u00bb (CSJ ATC 13 en. 2000, rad. 8150, reiterado entre otras, en ATC3599-2016, 9 jun.). <\/p>\n
3. Para establecer si en el asunto el incidentado incurri\u00f3 en el desacato que se le enrostra, y comoquiera que el alcance de la orden de protecci\u00f3n constitucional constituye la base para valorar si el receptor de ese mandato ha entrado en franca rebeld\u00eda con lo decidido, es preciso remitirse a la sentencia de tutela y a los informes rendidos dentro de esta causa, si los hubiere. <\/p>\n
En el presente caso, el tr\u00e1mite incidental fue abierto en contra del Coronel Edilberto Cort\u00e9s Moncada, quien se desempe\u00f1a actualmente como Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional; siendo sancionado con un (1) d\u00eda de arresto y multa de un (1) SMMLV. <\/p>\n
4. Ciertamente, de la verificaci\u00f3n de las \u00f3rdenes que originaron esta espec\u00edfica actuaci\u00f3n, esto es, \u00abque se autorice, reconozca y paguen vi\u00e1ticos para la menor y su acompa\u00f1ante en transporte intermunicipal en los desplazamientos de Lebrija a Bucaramanga y de regreso (transporte redondo), para la asistencia a citas m\u00e9dicas, terapias, ex\u00e1menes, procedimientos, tratamientos y cirug\u00edas que sean ordenados por el m\u00e9dico tratante, y a los que correspondan en cualquier otro municipio diferente al del domicilio de la menor, como se se\u00f1al\u00f3 en la parte motiva de esta providencia\u00bb, la Sala advierte que confirmar\u00e1 la resoluci\u00f3n sancionatoria de primer grado, toda vez que no se acredit\u00f3 el cumplimiento de los mandatos impartidos, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan la declaraci\u00f3n de la reclamante \u2013y de acuerdo con los memoriales adosados a esta causa, los cuales no fueron controvertidos por el actual Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional\u2013, a la fecha de iniciar el presente asunto no se hab\u00edan pagado los servicios de transporte en la forma prevista en el fallo; especialmente, en lo que concierne al mes de agosto2, cuya documentaci\u00f3n fue radicada oportunamente por la aqu\u00ed memorialista, a la cual se le dio tr\u00e1mite por parte del Dispensario M\u00e9dico de Bucaramanga \u2013tal como se constat\u00f3 desde el anterior incidente de desacato\u2013; pero, a la fecha, persiste la renuencia a efectuar el desembolso respectivo, sin explicaci\u00f3n alguna sobre el particular. <\/p>\n
En ese orden, se insiste, no se prob\u00f3, por parte del Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional, ni siquiera la realizaci\u00f3n de gestiones tendientes a solucionar la problem\u00e1tica evidenciada \u2013lo que se afianza con el hecho de que desde el incidente que antecede se encuentra pendiente de resolver esta espec\u00edfica cuesti\u00f3n3\u2013, por lo que deviene di\u00e1fano que, en esas condiciones, contin\u00faan las circunstancias trasgresoras de las garant\u00edas fundamentales de la menor. <\/p>\n
5. Conforme con ello, comoquiera que la vulneraci\u00f3n deprecada persiste, se ratificar\u00e1 el auto consultado, sin que lo aqu\u00ed decidido exima al encartado de cumplir la totalidad de requerimientos dictados en la sentencia de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, CONFIRMA la resoluci\u00f3n sancionatoria impuesta el 28 de noviembre de 2022, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, al Coronel Edilberto Cort\u00e9s Moncada, en su condici\u00f3n de Director de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional. <\/p>\n
Previa notificaci\u00f3n por el medio m\u00e1s expedito a las partes, devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n surtida a la oficina judicial de origen, para que forme parte del respectivo expediente. Of\u00edciese. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Lo anterior, en virtud del reparto que se efectu\u00f3 en el a\u00f1o 2021, en atenci\u00f3n a la remisi\u00f3n que hiciere la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Santander al citado tribunal, con fundamento en la prohibici\u00f3n de conocer de asuntos de tutela prevista en el Acto Legislativo n.\u00ba 2 de 2015. <\/p>\n
2\u0002 Lo anterior, porque aun cuando tambi\u00e9n se reclam\u00f3 el pago del transporte correspondiente al mes de septiembre, no se aportaron las constancias de asistencia a las citas m\u00e9dicas de ese periodo, pese al requerimiento que se hizo en ese sentido por parte del tribunal a quo. <\/p>\n
3\u0002 CSJ ATC1504-2022, 11 oct. <\/p>\n
<\/p>\n
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ATC1802-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente ATC1802-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2017-01556-03 (Aprobado en Sala de dos de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el grado jurisdiccional de consulta, respecto de la providencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69408","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69408","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69408"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69408\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69408"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69408"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69408"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}