ATC1815-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1815-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04301-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados D\u00e9cimo Civil Municipal de Oralidad de Cali y Once Civil Municipal de Barranquilla, para conocer de la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan de Dios Rodr\u00edguez Castro contra el Instituto de Tr\u00e1nsito y Transporte de Fundaci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A la primera de las mencionadas dependencias judiciales fue repartida la demanda rectora del tr\u00e1mite arriba descrito, autoridad que a trav\u00e9s de auto del d\u00eda 29 de noviembre de 2022 se declar\u00f3 incompetente para dirimirla, en la medida en que, en su sentir, la \u00abacci\u00f3n constitucional es dirigida directamente contra la SECRETAR\u00cdA DE MOVILIDAD DE BARRANQUILLA, con domicilio en dicha municipalidad, por lo que la presunta vulneraci\u00f3n o amenaza de garant\u00edas superiores alegadas por el accionante se materializa all\u00ed\u00bb. <\/p>\n
2. Por su parte, el despacho receptor del expediente plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa de marras con providencia del 1\u00b0 de diciembre siguiente, al esgrimir, en s\u00edntesis, que la accionada es el Instituto de Tr\u00e1nsito y Transporte de Fundaci\u00f3n, ubicada en el municipio del Magdalena; ahora que, el actor, a prevenci\u00f3n, eligi\u00f3 el juez constitucional de Cali, por lo que la autoridad de dicha ciudad es la competente para tramitar la acci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. No hay duda de que en esta Corte reside la atribuci\u00f3n para desatar el conflicto competencial bajo estudio, al tenor del art\u00edculo 18 de la ley 270 de 1996, en concordancia con el canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, habida cuenta que los estrados judiciales enfrentados pertenecen a diferentes distritos judiciales. <\/p>\n
2. La controversia sub examine va dirigida a determinar cu\u00e1l de las sedes judiciales implicadas debe conocer sobre la queja del convocante, quien estima conculcado su derecho esencial de petici\u00f3n, en raz\u00f3n que \u00aba la fecha, no se ha allegado el acto administrativo exonerativo de la fotomulta 47288000000033130235 del 28 de diciembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
2.1. El art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del decreto 1069 de 2015, modificado por el canon primero del decreto 333 del a\u00f1o que transcurre, establece que \u00ab[p]ara los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u2026\u00bb, siendo el principal objetivo de la anterior disposici\u00f3n facilitar al presunto agraviado (accionante) la elecci\u00f3n del juez que deba resolver sobre la protecci\u00f3n constitucional deprecada, de tal suerte que cualquiera de los dos eventos intencionalmente subrayados, por lo general, puede coincidir con el de domicilio o residencia de aquel, seg\u00fan sea el caso. <\/p>\n
2.2. Asimismo, el numeral primero de la citada norma (art\u00edculo 2.2.3.1.2.1, decreto 1069 de 2015) indica que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb (\u00e9nfasis), como aqu\u00ed aconteci\u00f3. <\/p>\n
2.3. La parte accionante eligi\u00f3 a los jueces de Cali para impetrar su libelo, circunstancia por la cual debe entenderse que precisamente en dicha ciudad es que ha tenido lugar la vulneraci\u00f3n que alega, sin que tenga injerencia la ubicaci\u00f3n de la entidad accionada, incluso la del accionante, toda vez que, para el caso concreto, el tutelante escogi\u00f3 Cali, de donde debe prevalecer su voluntad. <\/p>\n
Sobre el asunto, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
Al respecto de la finalidad de dichas disposiciones, esta Sala ha enfatizado que, para: <\/p>\n
[F]acilitar al presunto afectado la elecci\u00f3n del Juez que resuelva sobre la tutela de sus garant\u00edas superiores, de manera que la competencia por el factor territorial debe establecerse, a prevenci\u00f3n, por el lugar en que, acorde con las afirmaciones del correspondiente libelo, adquiere materialidad la violaci\u00f3n o amenaza, es decir, donde se produce los efectos de la actuaci\u00f3n u misi\u00f3n cuestionadas, que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para el importe el domicilio o sede administrativa del accionado; lo que debe ser entendido sin perjuicio de la confluencia de fueros cuando dichos efectos pueden tener incidencia en varios lugares, e inclusive por la sede en menci\u00f3n, casos en que es facultativo para el peticionario escoger entre \u00e9stos. (CSJ ATC158-2021, reiterado en ATC700-2022, rad. 2022-01510-00). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha dicho que <\/p>\n
(\u2026) por sitio de ocurrencia debe entenderse no s\u00f3lo donde nace o se origina el acto que se considera lesivo de los derechos constitucionales, sino, tambi\u00e9n, donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos del mismo, como, por ejemplo, el sitio en el que reside el actor, o donde se entera de la determinaci\u00f3n o actividad lesiva, o donde labora o recibe un perjuicio. (CSJ APL Autos abr. 22 de 2022, exp. 388; AC abr. 12 de 2002, tad. 10892; AP, may. 8 de 2002, rad. 9532, oct. 9 de 2001, rad. 10251; AL. Abr. 7 de 2002, tad. 80, APL414-2018, entre otros). <\/p>\n
En el mismo sentido, se ha determinado que la elecci\u00f3n libre del accionante permite establecer cu\u00e1l despacho judicial es el llamado a definir el amparo solicitado. Por lo tanto, la sede seleccionada queda suficientemente investida para definir el asunto constitucional1. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso en concreto, se constata que la promotora eligi\u00f3 la ciudad de Bucaramanga para radicar la solicitud de amparo. De manera que, ninguna injerencia tiene la ubicaci\u00f3n de la entidad accionada pues, como se explic\u00f3, debe prevalecer la voluntad de la tutelante. (CSJ, ATC1342-2022, 9 sep.; rad. 2022-02839-00). <\/p>\n
3. Luego, el despacho al cual inicialmente le toc\u00f3 por reparto la demanda es el competente para dirimirla, ya que, rem\u00e1rquese, esta puede instaurarse en cualquiera de los lugares donde adquiera materialidad o irradie efectos la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n disentida, a elecci\u00f3n del tutelante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, se resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar que el competente para conocer de la acci\u00f3n de tutela de la referencia es el Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Oralidad de Cali, al cual se dispone remitir el expediente. <\/p>\n
Segundo. Comunicar esta decisi\u00f3n al interesado y a los despachos involucrados. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CSJ ATC 10 sep. 2022; 22 ene. 2004, reiterado en ATC1322-2018 y ATC1117-2021, entre otros. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC1815-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC1815-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04301-00 Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados D\u00e9cimo Civil Municipal de Oralidad de Cali y Once Civil Municipal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69418","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69418","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69418"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69418\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69418"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69418"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69418"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}