ATC1825-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1825-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00742-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n que se interpuso frente al fallo proferido el primero de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Ricardo James Castro Ram\u00edrez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Promiscuo Municipal de Altamira, tr\u00e1mite al que, adem\u00e1s, fueron vinculados los Juzgados Promiscuo Municipal de Tarqui, Segundo Penal del Circuito de Garz\u00f3n, Primero y Segundo Penales Municipales de esa municipalidad, al igual que el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC) de Garz\u00f3n; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, \u00aba no ser discriminado\u00bb, igualdad, libertad y vida, que dice vulneradas por las sedes judiciales acusadas, por lo que solicit\u00f3 se concediera su \u00ablibertad inmediata por vencimiento de t\u00e9rminos\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Ricardo James Castro Ram\u00edrez se promovi\u00f3 proceso penal por el delito de \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb, por el que fue condenado, mediante sentencia de 20 de febrero de 2020, a 12 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el procesado, recurso cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Tribunal convocado y que, al momento de interponerse este resguardo, no hab\u00eda sido objeto de resoluci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el juzgado accionado \u00abten\u00eda 90 d\u00edas para [hacer] las audiencias\u00bb, lo que no aconteci\u00f3, por lo que el 15 de enero de 2020, solicit\u00f3 a la oficina jur\u00eddica del centro carcelario en el que se encuentra recluido presentar \u00abun derecho de petici\u00f3n y esta oficina se neg\u00f3 a [enviarle] esa solicitud donde [reclamaba] su libertad\u2026 por vencimiento de t\u00e9rminos\u00bb; y que \u00abel juzgado tambi\u00e9n se neg\u00f3 a recibirle la solicitud por vencimiento de t\u00e9rminos\u00bb. <\/p>\n
3. La acci\u00f3n de tutela fue repartida a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite con prove\u00eddo del 17 de junio de 2021. Posteriormente, mediante prove\u00eddos del 23 de junio y 25 de junio, ambos de 2021, dispuso la vinculaci\u00f3n de los Juzgados Promiscuo Municipal de Tarqui (toda vez que ese estrado neg\u00f3 la petici\u00f3n que elev\u00f3 el quejoso por vencimiento de t\u00e9rminos), Segundo Penal del Circuito de Garz\u00f3n (por cuanto dicha sede judicial conoci\u00f3 de la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 el quejoso contra el auto que le neg\u00f3 la libertad por el referido vencimiento de t\u00e9rminos), Primero y Segundo Penales Municipales de esa municipalidad (comoquiera que dichos despachos judiciales conocieron de dos acciones de habeas corpus que promovi\u00f3 el actor por hechos similares a los aqu\u00ed expuestos), al igual que el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC) de Garz\u00f3n. <\/p>\n
4. A trav\u00e9s de providencia del primero de julio de 2021, el a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo con providencia del primero de junio de 2021, al considerar, de un lado, que: <\/p>\n
De otro lado, precis\u00f3 que \u00abno se advierte que la protesta del actor, referente a que el 15 de enero de 2020 la Oficina Jur\u00eddica del EPMSC de Garz\u00f3n \u00abse neg\u00f3 a recibirme (\u2026) [una] solicitud (\u2026) [en la que reclamaba] la libertad inmediata por vencimiento de t\u00e9rminos\u00bb, haya sido debatida en el proceso reprobado\u00bb; y que: <\/p>\n
\u2026 el actor se haya privado de la libertad en virtud de la sentencia condenatoria emitida en febrero de 2020\u2026 mas no por la detenci\u00f3n provisional dispuesta en su contra el 14 de septiembre de 2019… [por lo que] queda descartada cualquier violaci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales alegada por el memorialista, pues el art\u00edculo 450 del CPP permite que el juez de conocimiento libre orden de captura contra el implicado, a\u00fan sin estar ejecutoriada la sentencia condenatoria. <\/p>\n
5. Contra esa decisi\u00f3n el promotor impugn\u00f3, sin precisar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el peticionario pretende que se amparen sus derechos supuestamente vulnerados, con ocasi\u00f3n de las decisiones que le han negado su libertad, por vencimiento de t\u00e9rminos, al considerar que se re\u00fanen los requisitos necesarios para conced\u00e9rsela. <\/p>\n
De otro lado, predica que sus derechos fueron conculcados por parte del establecimiento carcelario convocado, por cuanto, seg\u00fan \u00e9l, se rehus\u00f3 a darle tr\u00e1mite a la solicitud que elev\u00f3 con la finalidad de obtener su libertad. <\/p>\n
Luego, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n carec\u00eda de competencia para asumir, en primera instancia, el conocimiento de la demanda de tutela, pues las quejas formuladas involucran, exclusivamente, al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC) de Garz\u00f3n, los Juzgados Promiscuo Municipal de Altamira, Promiscuo Municipal de Tarqui, Segundo Penal del Circuito de Garz\u00f3n, Primero y Segundo Penales Municipales de esa misma municipalidad, pues fueron esas autoridades las que intervinieron en las peticiones de libertad que ha elevado el actor, seg\u00fan se extracta de los informes rendidos en el presente asunto e, incluso, de lo que expres\u00f3 el tutelante en su demanda de tutela, por lo que ning\u00fan soporte ten\u00eda la convocatoria de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Neiva, pues ninguna queja concreta se elev\u00f3 frente a tal sede judicial, la que, por dem\u00e1s, no conoci\u00f3 de las referidas peticiones de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos. <\/p>\n
Por lo tanto, esta Sala tampoco cuenta con competencia para asumir el conocimiento de tales censuras, en segundo grado, conforme con el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, \u00faltimo que prev\u00e9 que \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb, debiendo conocer, entonces, de la acci\u00f3n de tutela, en primera instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. <\/p>\n
2. Ahora, que la demanda de amparo se hubiese dirigido contra la prenombrada Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, no conlleva la alteraci\u00f3n del funcionario competente para dirimirlo, pues en aras de determinar la competencia del juez de tutela, \u00abno puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya (a los accionados) hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb. (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; y ATC, 17 ago. 2011, rad. 2011-00430-01) (Reiterado en ATC5961-2014, 30 sep. 2014, rad. 2014-00250-01, entre otros). <\/p>\n
Por lo dicho, es claro que la vinculaci\u00f3n de las prenotada oficina judicial se tornaba \u00abaparente\u00bb, habida cuenta que, como qued\u00f3 expuesto, las quejas del actor se dirigen, en esencia, a cuestionar que no se le haya otorgado la libertad que reclam\u00f3 por vencimiento de t\u00e9rminos, decisiones que fueron dictadas, como qued\u00f3 visto, por los Juzgados Promiscuo Municipal de Altamira, Promiscuo Municipal de Tarqui, Segundo Penal del Circuito de Garz\u00f3n, Primero y Segundo Penales Municipales de esa misma municipalidad. <\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 el env\u00edo de la queja a la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, por ser la autoridad competente para resolver el reclamo tutelar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado el primero de julio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, por ser la llamada a conocer de esta solicitud de amparo. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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ATC1825-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente ATC1825-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00742-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n que se interpuso frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69420","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69420","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69420"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69420\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69420"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69420"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69420"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}