ATC1826-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1826-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-03-000-2021-00748-04 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se dirime el incidente Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez Torres e Inversiones Gonz\u00e1lez Paris Ltda. formularon para que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar cumpliera el fallo emitido en la acci\u00f3n de tutela formulada por la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Esta Sala mediante sentencia STC3937 de 15 de marzo de 2021 orden\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar que, en el t\u00e9rmino de seis (6) meses, previo recaudo de los medios de convicci\u00f3n necesarios, definiera nuevamente el juicio de expropiaci\u00f3n que la Agencia Nacional de Infraestructura le promovi\u00f3 a los incidentantes (rad. n\u00b0 73449-31-03-002-2015-00128-00). <\/p>\n
2.- A trav\u00e9s de los interlocutorios ATC1147-2021 (9 ag.) y ATC1624-2021 (27 oct.), la Corte se abstuvo de sancionar a la titular del despacho, en los incidentes de desacato formulados con dicho prop\u00f3sito. Adem\u00e1s, el 23 de septiembre, se otorg\u00f3 a la funcionaria un plazo adicional de tres (3) meses para obedecer el mandato constitucional (ATC1456-2021). <\/p>\n
3.- A continuaci\u00f3n, en junio de este a\u00f1o, Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez Torres e Inversiones Gonz\u00e1lez Torres Paris Ltda., promovieron \u00abincidente de cumplimiento\u00bb, con el fin de que el fallo de tutela se materialice en el plazo conferido por la Corporaci\u00f3n, o en su defecto se ordene a la juzgadora, que un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuarenta y ocho (48) horas decida \u00abcon el material probatorio obrante en el plenario\u00bb, al ser suficiente para zanjar la controversia. <\/p>\n
Expusieron que la agencia querellada no ha decidido a\u00fan el litigio, en desmedro de sus derechos, entre ellos, el de propiedad privada, por cuanto el inmueble objeto de expropiaci\u00f3n se encuentra por fuera del comercio. Adem\u00e1s, no han recibido indemnizaci\u00f3n alguna, pese a haber sido despojados del terreno con ocasi\u00f3n de la su ocupaci\u00f3n por la ANI. <\/p>\n
Precisaron tambi\u00e9n, que falta mucho tiempo para que se expida la sentencia respectiva, debido a que el dictamen pericial decretado debe ser sometido a contradicci\u00f3n, sumado a las m\u00faltiples intervenciones de quienes aducen ser afectados por la expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
Acotaron, a su vez, que no hab\u00eda razones para conceder el amparo solicitado por la ANI, toda vez que seg\u00fan la familia Moreno Barrag\u00e1n, propietarios del predio con folio de matr\u00edcula n\u00b0 366-8611 que, se afirma, tambi\u00e9n est\u00e1 involucrado en la expropiaci\u00f3n, la entidad no lo ha ocupado, y seg\u00fan la Oficina de Control Interno de la ANI, no ha entregado recursos con ocasi\u00f3n del juicio. <\/p>\n
4.- La juez requerida, por medio de los informes semanales1 rendidos a la Sala, indic\u00f3 que ha expedido las decisiones enfiladas a atender lo dispuesto por esta Colegiatura. Destac\u00f3, en ese sentido, que, entre otros medios de convicci\u00f3n, fij\u00f3 fecha para la inspecci\u00f3n judicial de la zona a expropiar, y decret\u00f3 un dictamen con el fin de que se determine la situaci\u00f3n jur\u00eddica y f\u00edsica de los predios identificados con folios de matr\u00edculas 366-3908 y 366-8611, sus propietarios, as\u00ed como los perjuicios causados a estos. Empero, por circunstancias ajenas a su voluntad, ha sido posible recaudar dichas probanzas. <\/p>\n
As\u00ed, puntualiz\u00f3 que el proceso ha sido suspendido en m\u00faltiples oportunidades con ocasi\u00f3n de las recusaciones planteadas por los \u00abterceros intervinientes\u00bb. La inspecci\u00f3n no ha podido practicarla porque la misma depende de que se rinda el dictamen. Y este, no ha podido recaudarse porque i) varios de los auxiliares de la justicia designados no aceptaron la labor, ii) solo hasta el 29 de julio de 2022 uno de ellos se posesion\u00f3 en el cargo, iii) aunque por auto de 9 de agosto siguiente fij\u00f3 el 21 de septiembre como fecha para la inspecci\u00f3n, y le orden\u00f3 al perito que presentara la experticia diez (10) d\u00edas antes de la diligencia, suspendi\u00f3 el proceso el 1\u00b0 de septiembre, debido a una recusaci\u00f3n que le formularon. <\/p>\n
Inform\u00f3, recientemente, que el Tribunal declar\u00f3 infundada la recusaci\u00f3n mencionada el pasado 1\u00b0 de noviembre, por lo que el 10 siguiente reanud\u00f3 el proceso, requiri\u00f3 al perito para que presentara el dictamen, y fij\u00f3 el 14 de diciembre de este a\u00f1o como fecha para llevar a cabo la inspecci\u00f3n judicial con intervenci\u00f3n del experto. <\/p>\n
5.- Frente a dichas actuaciones, los incidentantes insistieron en que el juzgado debe decidir con el material probatorio obrante en el plenario, y no con el dictamen ordenado. Con mayor raz\u00f3n, expusieron, cuando la experticia tiene por objeto franjas de terreno distintas a la expropiaci\u00f3n, en contrav\u00eda de lo ordenado en el fallo de tutela, que orden\u00f3 la verificaci\u00f3n de 49.754.90 m2 por concepto de \u00e1reas expropiadas. <\/p>\n
6.- Al tr\u00e1mite, pero sin anexar mandato especial, compareci\u00f3 H\u00e9ctor Castelblanco Maldonado, como \u00abapoderado de Celmira Vargas Moreno, y sus representados, entre ellos, Luz Aurora Barrag\u00e1n Moreno, Jos\u00e9 Gonzalo Vargas Moreno y otros, Mar\u00eda Camila Torres Vargas, Luz Celmira Torres Vargas y Mar\u00eda Eduardo Li\u00e9vano de Hern\u00e1ndez, terceros intervinientes del proceso expropiatorio\u00bb; destac\u00f3 que la recusaci\u00f3n planteada en el asunto era improcedente, y rog\u00f3 tomar las decisiones que en derecho corresponden. <\/p>\n
7.- Tambi\u00e9n comparecieron Omar Antonio Mart\u00ednez y Ovalle y Carlos Arturo G\u00f3mez Pavajeu, invocando su condici\u00f3n de apoderados principal y sustituto de \u00abEl\u00edas Guillermo Li\u00e9vano Moreno, Martha Cecilia, Li\u00e9vano Moreno, Nansy Li\u00e9vano Moreno, Luis Alfredo Li\u00e9vano Moreno, Esperanza Li\u00e9vano Moreno, Jhon Jairo Li\u00e9vano Moreno, Jos\u00e9 Vicente Li\u00e9vano, Moreno, Fanny Li\u00e9vano Moreno, Myriam Li\u00e9vano Moreno, Nidia Milena Li\u00e9vano, Moreno, Damaris Li\u00e9vano Moreno, como herederos de la se\u00f1ora Fany Barrag\u00e1n Moreno; David Ricaurte Moreno y Jacinta Ricaurte Moreno, como hijos y apoderados de la se\u00f1ora Edilma Barrag\u00e1n Moreno; Samuel Moreno Lozano y Carmen Elisa Moreno herederos del se\u00f1or Ignacio Barrag\u00e1n Moreno; y los se\u00f1ores Jos\u00e9 Manuel Pi\u00f1eros Moreno, Esther Pi\u00f1eros Moreno, Aydee Pi\u00f1eros Moreno, Luz Mary Pi\u00f1eros Moreno, Indalecio Pi\u00f1eros Moreno, Myriam Pi\u00f1eros Moreno, Mar\u00eda Eduarda Pi\u00f1eros Moreno, Alexander Pi\u00f1eros Moreno herederos de la se\u00f1ora Soledad Barrag\u00e1n Moreno\u00bb, quienes alegan ser herederos de Ignacio Indalecio Barrag\u00e1n, y ser desde hace m\u00e1s de 130 a\u00f1os, poseedores y propietarios de las Fincas El Rodeo y El Predegal. <\/p>\n
Precisaron que hab\u00eda desacato porque el juzgado est\u00e1 en mora de dictar sentencia, pero que, en todo caso, no pod\u00eda resolver hasta que la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos definiera la actuaci\u00f3n administrativa impulsada con ese prop\u00f3sito. Se\u00f1alaron, tambi\u00e9n, que la agencia judicial orden\u00f3 al perito realizar estudios de t\u00edtulos, cuando el mismo era objeto de la referida actuaci\u00f3n administrativa. <\/p>\n
8.- La Agencia Nacional de Infraestructura el pasado 21 de noviembre inform\u00f3 que radic\u00f3 ante esta Corporaci\u00f3n, solicitud de cambio de radicaci\u00f3n del expediente de expropiaci\u00f3n, a la que se le asign\u00f3 el radicado 11001-02-03-000-2022-04032-00. <\/p>\n
9.- Escuchadas las posturas de los interesados, y con base en el expediente objeto de este procedimiento, y las dem\u00e1s evidencias aportadas a \u00e9l, se procede a definirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia no solo comporta el deber de los falladores de resolver los asuntos sometidos a su composici\u00f3n, sino tambi\u00e9n, el de garantizar el cumplimiento de las decisiones que los dirimen. De nada vale un pronunciamiento jurisdiccional, sino sus destinatarios o beneficiarios no pueden obtener su ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, el art\u00edculo 25 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, instrumento que hace parte de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se\u00f1ala que \u201ctoda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n (\u2026) , y a su vez que al Estado le corresponde \u201cgarantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisi\u00f3n en que se haya estimado procedente el recurso.\u201d <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de las \u00f3rdenes emitidas en una acci\u00f3n de tutela, los interesados en su materializaci\u00f3n cuentan con dos herramientas, el tr\u00e1mite de cumplimiento y el desacato, previstas en los art\u00edculos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, respectivamente. <\/p>\n
Sobre el primero de ellos, que es el aqu\u00ed interesa, el aludido canon 27, en lo pertinente, contempla: <\/p>\n
Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio deber\u00e1 cumplirla sin demora. <\/p>\n
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigir\u00e1 al superior del responsable y le requerir\u00e1 para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aqu\u00e9l. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenar\u00e1 abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptar\u00e1 directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podr\u00e1 sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. <\/p>\n
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso. <\/p>\n
En todo caso, el juez establecer\u00e1 los dem\u00e1s efectos del fallo para el caso concreto y mantendr\u00e1 la competencia hasta que est\u00e9 completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C367\/20142 se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
4.4.3. C\u00f3mo se acaba de ver, para cumplir un fallo de tutela existe un t\u00e9rmino fijado de manera precisa por la Constituci\u00f3n: debe cumplirse de inmediato. Este cumplimiento puede obtenerse por diversos medios, entre ellos, por el incidente de desacato. En efecto, el incidente de desacato no es el \u00fanico medio id\u00f3neo y eficaz para hacer cumplir un fallo de tutela. Y no lo es, porque para este prop\u00f3sito existe otro medio que es al menos tan id\u00f3neo y eficaz: el tr\u00e1mite o solicitud de cumplimiento. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
4.4.3.2. En el contexto del tr\u00e1mite o solicitud de cumplimiento la actividad del juez de tutela no se reduce a imponer sanciones a la persona incumplida, como si cumplir con el fallo fuese un asunto que s\u00f3lo dependiera de su voluntad, sino que le brinda competencias suficientes y adecuadas para disponer lo necesario para hacer cumplir este fallo, de manera independiente y sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan seguir para los incumplidos. <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Significa, entonces, que a trav\u00e9s del tr\u00e1mite de cumplimiento del fallo de tutela, el juez constitucional est\u00e1 habilitado para impartir las \u00f3rdenes que resulten necesarias en aras de concretar el mandato supralegal. <\/p>\n
2- En el caso, la adopci\u00f3n de tales medidas se impone, comoquiera que, hasta el momento, la Juez Segunda Civil del Circuito de Melgar no ha sentenciado nuevamente la expropiaci\u00f3n. No obstante que el plazo concedido para el efecto se encuentra vencido, y que en el interlocutorio ATC1456-2021 (23 sep.), mediante el cual se le otorg\u00f3 un plazo adicional3 se le advirti\u00f3: \u00ab(\u2026) su deber de expedir el correspondiente fallo antes de que culmine el nuevo t\u00e9rmino establecido en esta providencia, pues no es de recibo que este tipo de solicitud se vuelvan reiteradas o se prolonguen indefinidamente, ya que conllevar\u00eda a la privaci\u00f3n de la eficacia del amparo concedido\u00bb. <\/p>\n
Ahora, si bien, como se dijo al resolver los incidentes de desacatos promovidos contra la funcionaria, el incumplimiento ha obedecido a la complejidad de la orden impartida, y al contexto que ha rodeado su ejecuci\u00f3n, lo cierto es, que las directrices impartidas en el fallo de tutela se han cumplido imperfectamente, lo cual, ha impedido que el mandato constitucional se ejecute exitosamente, en perjuicio de los derechos de las partes. La ANI, por un lado, no ha podido obtener de los demandados, la transferencia de su derecho de dominio, y estos, despu\u00e9s de m\u00e1s de seis a\u00f1os han soportado que la entidad estatal ocupe los terrenos, sin recibir indemnizaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
3.- Es as\u00ed, porque la Corte le orden\u00f3 al juzgado que definiera nuevamente la controversia trabada entre la ANI y Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez Torres e Inversiones Gonz\u00e1lez Par\u00eds Ltda., respecto del inmueble con folio de matr\u00edcula n\u00b0 366-0908. Sin embargo, la actividad de la falladora no solo ha estado enderezada a ese fin, sino tambi\u00e9n a dilucidar la situaci\u00f3n de los due\u00f1os y poseedores de otros predios que pudieron resultar afectados con el desarrollo de las obras de la entidad demandante, como lo ser\u00edan quienes ostentan alg\u00fan derecho sobre el fundo con folio de matr\u00edcula n\u00b0 366-8611. <\/p>\n
3.1.- Respecto a la orden de definir en la sentencia, exclusivamente, lo referente a la situaci\u00f3n entre la ANI y los propietarios del predio Samarkanda, obs\u00e9rvese que en la parte resolutiva del fallo de tutela la Sala indic\u00f3: <\/p>\n
En consecuencia, se DEJA SIN EFECTOS la sentencia emitida el 13 de enero de 2016 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar, en la expropiaci\u00f3n que la accionante le adelanta a Inversiones Par\u00eds Ltda. en Liquidaci\u00f3n y Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez (rad. 73449-31-03-002-2015-00128-00) y, en su lugar, se ORDENA a su titular, que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, adopte, de acuerdo con los lineamientos trazados en esta providencia, las medidas que estime pertinentes para definir nuevamente el proceso. <\/p>\n
Y en la parte motiva, la Corporaci\u00f3n advirti\u00f3 que la juzgadora: <\/p>\n
i) \u00abdecret\u00f3 la expropiaci\u00f3n de la zona de terreno que pidi\u00f3 (\u2026) sin analizar, en debida forma, su \u00e1rea, l\u00edmites y su relaci\u00f3n con el proyecto vial para el cual est\u00e1 destinado, como tampoco la proporci\u00f3n en la que afecta el predio de dominio de Inversiones Gonz\u00e1lez Par\u00eds Ltda. en Liquidaci\u00f3n y Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez Torres\u00bb. <\/p>\n
ii) \u00ab(\u2026) no analiz\u00f3 a la luz de los medios de convicci\u00f3n recaudados hasta ese momento, esto es, las \u00abfichas prediales\u00bb aportadas por la actora, el certificado de tradici\u00f3n de libertad del predio, el aval\u00fao del terreno, los t\u00edtulos que justificaban el dominio de los demandados, como tampoco mediante el ejercicio de facultades probatorias oficiosas, las verdaderas condiciones del \u00e1rea anhelada y la parte que abarcaba del predio Samarkanda\u00bb. <\/p>\n
iii) est\u00e1 en el \u00abdeber definir la controversia por medio del an\u00e1lisis cr\u00edtico, conjunto y arm\u00f3nico de todos los elementos incorporados al proceso, entre ellos, los referidos por los demandados, quienes alegan, contrario a la ANI, que son due\u00f1os de toda el \u00e1rea, as\u00ed como las evidencias que estime pertinentes agregar de oficio, con el fin de adquirir certeza sobre la titularidad del terreno a expropiar, como, por ejemplo, la inspecci\u00f3n judicial del inmueble Samarkanda, el folio de matr\u00edcula 366-8611, un dictamen rendido por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi sobre el \u00e1rea real del predio de los demandados que realmente est\u00e1 comprometida con la obra, su aval\u00fao y los perjuicios causados a sus condue\u00f1os [Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez e Inversiones Paris Ltda. en Liquidaci\u00f3n], por ser la entidad encargada de elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble (Decreto-Ley 2113 de 1992), entre otras pruebas que permitan obtener certeza sobre dichas circunstancias\u00bb. <\/p>\n
De manera concreta, respecto de la orden de dirimir solo lo referente por medio de este proceso se debe dilucidar la expropiaci\u00f3n de la ANI respecto de los aqu\u00ed incidentantes, y en relaci\u00f3n con el inmueble \u00abSamarkanda\u00bb, se acot\u00f3: <\/p>\n
No se adoptar\u00e1n otras medidas para proteger las garant\u00edas de la ANI porque aquella es suficiente para restablecerlas, dado que en caso de que se compruebe que de los 39.874 m2 pedidos en expropiaci\u00f3n solo 18.118,31 m2 afectan al predio de Inversiones Gonz\u00e1lez Par\u00eds y \u00c1lvaro Antenor, u otra \u00e1rea distinta, la sentencia que se dicte en relevo de la confrontada deber\u00e1 decretar la expropiaci\u00f3n a tono con lo demostrado. <\/p>\n
N\u00f3tese c\u00f3mo esa observaci\u00f3n no fue deliberada, se hizo a efectos de evidenciar que no era procedente la medida de saneamiento pretendida por la ANI, en virtud del control de legalidad que pidi\u00f3 de la actuaci\u00f3n. Seg\u00fan qued\u00f3 expuesto en los antecedentes del fallo de tutela, dicho organismo \u00abpidi\u00f3 que se integrara el contradictorio con los propietarios de la segunda heredad, a fin de garantizar la correcta y plena adquisici\u00f3n de las franjas de terreno requeridas para la ejecuci\u00f3n del proyecto, evitar los perjuicios frente a los titulares de derechos excluidos del procedimiento y la \u00abconsumaci\u00f3n de un detrimento patrimonial\u00bb (p\u00e1g. 4). Mas la Sala estim\u00f3 que el asunto deb\u00eda fallarse solo respecto de los contendores iniciales, y con ocasi\u00f3n del predio con el que inici\u00f3 el procedimiento administrativo de expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
Precisi\u00f3n que, adem\u00e1s, se explica porque el tr\u00e1mite de la expropiaci\u00f3n judicial, conforme las Leyes 9 de 989 y 388 de 1997, solo se abre paso cuando se ha agotado la etapa de negociaci\u00f3n voluntaria con el propietario del inmueble requerido por la entidad. De suerte que s\u00ed y solo s\u00ed dicha fase fracasa, sea porque el afectado se niega a concertar la venta del predio, o guarda silencio, o incumple con las condiciones del acuerdo, es factible demandar ante la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria la expropiaci\u00f3n. Antes, no es posible. <\/p>\n
En ese sentido, el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 9 de 1989, modificado por el art\u00edculo 58 de la Ley 388 de 1997 establece que <\/p>\n
Para efectos de decretar su expropiaci\u00f3n y adem\u00e1s de los motivos determinados en otras leyes vigentes se declara de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social la adquisici\u00f3n de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: <\/p>\n
a) Ejecuci\u00f3n de proyectos de construcci\u00f3n de infraestructura social en los sectores de la salud, educaci\u00f3n, recreaci\u00f3n, centrales de abasto y seguridad ciudadana <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
e) Ejecuci\u00f3n de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo; <\/p>\n
El inciso primero del canon 13 de la misma normatividad establece: <\/p>\n
Corresponder\u00e1 al representante legal de la entidad adquirente, previas las autorizaciones estatutarias o legales respectivas expedir el oficio por medio del cual se disponga la adquisici\u00f3n de un bien mediante enajenaci\u00f3n voluntaria directa. El oficio contendr\u00e1 la oferta de compra, la trascripci\u00f3n de las normas que reglamentan la enajenaci\u00f3n voluntaria y la expropiaci\u00f3n, la identificaci\u00f3n precisa del inmueble, y el precio base de la negociaci\u00f3n. Al oficio se anexar\u00e1 la certificaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo anterior. Este oficio no ser\u00e1 susceptible de recurso o acci\u00f3n contencioso administrativa (se destaca). <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 20 del mismo compendio normativo prev\u00e9: <\/p>\n
La expropiaci\u00f3n, por los motivos enunciados en el art\u00edculo 10 de la presente Ley, proceder\u00e1: <\/p>\n
1. Cuando venciere el t\u00e9rmino para celebrar contrato de promesa de compraventa o de compraventa y no fuere ampliado oportunamente, sin que se hubieren celebrado dichos contratos. Si es por causa imputable a la entidad adquirente el propietario no perder\u00e1 los beneficios de que trata el art\u00edculo 15 de la presente Ley. <\/p>\n
2. Cuando el propietario hubiere incumplido la obligaci\u00f3n de transferirle a la entidad adquirente el derecho de dominio en los t\u00e9rminos pactados. <\/p>\n
3. Cuando el propietario notificado personalmente o por edicto rechazare cualquier intento de negociaci\u00f3n o guardare silencio sobre la oferta por un t\u00e9rmino mayor de quince (15) d\u00edas h\u00e1biles contados desde la notificaci\u00f3n personal o de la desfijaci\u00f3n del edicto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, este Tribunal ha establecido ciertas reglas que constituyen la garant\u00eda del debido proceso para la expropiaci\u00f3n tanto judicial como administrativa, el cual, como se mencion\u00f3 est\u00e1 determinado por una serie de etapas: (i) la oferta de compra, (ii) la negociaci\u00f3n directa y (iii) el proceso expropiatorio propiamente dicho. <\/p>\n
(i) La etapa de oferta inicia el tr\u00e1mite expropiatorio, tanto en el proceso por v\u00eda judicial como en el proceso por v\u00eda administrativa. Esta fase prev\u00e9 la expedici\u00f3n de un acto administrativo que contenga la oferta de compra que se hace al propietario del bien que se va a expropiar. (\u2026). <\/p>\n
<\/p>\n
(ii) La etapa de negociaci\u00f3n directa o de \u201cenajenaci\u00f3n voluntaria\u201d , se debe desarrollar igualmente tanto en el proceso de expropiaci\u00f3n judicial como en la expropiaci\u00f3n por v\u00eda administrativa. <\/p>\n
<\/p>\n
Si durante el proceso de negociaci\u00f3n se logra un acuerdo entre el particular y la entidad administrativa, la enajenaci\u00f3n del bien se lleva a cabo a trav\u00e9s de la celebraci\u00f3n de un contrato, que puede ser de compraventa o de promesa de compraventa. En caso contrario se da paso al proceso expropiatorio propiamente dicho. <\/p>\n
<\/p>\n
(iii) [Y] la etapa de expropiaci\u00f3n propiamente dicha (\u2026) (Sentencias C-669 de 2015, C-1074 de 2002, entre otras). <\/p>\n
En el caso, el tr\u00e1mite administrativo se adelant\u00f3 frente a Inversiones Gonz\u00e1lez Par\u00eds Ltda. en Liquidaci\u00f3n y Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez Torres, y no respecto de los due\u00f1os del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula 366-8611, ante quienes, en todo caso, deben agotarse todos los pasos consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico para ser despojados de las prerrogativas que detentan sobre dicho predio. <\/p>\n
Ahora, es cierto que el predio con folio 366-8611 importa para zanjar el litigio, por cuanto, entre otros aspectos, debe determinarse, si como lo inform\u00f3 la ANI, en febrero de 2020, el \u00e1rea pedida en la demanda (39.874m2), no corresponde solo al inmueble de propiedad de Jos\u00e9 Antenor e Inversiones Gonz\u00e1lez, sino que involucra a dicho inmueble, en una proporci\u00f3n de 21.180.59 m2. Pero que ese hecho deba esclarecerse no significa que en la sentencia deba emitirse un pronunciamiento sobre dicho predio o respecto de quienes tienen alg\u00fan sobre \u00e9l, pues, se insiste, la Corte orden\u00f3 zanjar nuevamente la litis, esclareciendo \u201clas verdaderas condiciones del \u00e1rea anhelada y la parte que abarcaba del predio Samarkanda\u00bb. De modo que, como se dijo en la directriz supralegal, si se comprueba que de los 39.874 m2 pedidos en expropiaci\u00f3n solo 18.118,31 m2 afectan al predio de Inversiones Gonz\u00e1lez Par\u00eds y \u00c1lvaro Antenor, u otra \u00e1rea distinta, la sentencia que se dicte en relevo de la confrontada deber\u00e1 decretar la expropiaci\u00f3n de quienes, por supuesto, fueron convocados por la ANI, a tono con lo demostrado. <\/p>\n
Ahora, si los part\u00edcipes de la acci\u00f3n constitucional no estaban de acuerdo con esa medida, debieron impugnar el fallo por esa circunstancia, empero, ello no se refut\u00f3 al recurrirlo. <\/p>\n
En fin, como pudo verse, lo ordenado a la Juez Segunda Civil del Circuito Melgar fue decidir, en la sentencia, la expropiaci\u00f3n solicitada por la ANI, respecto del inmueble de dominio de Inversiones Gonz\u00e1lez Par\u00eds Ltda. en Liquidaci\u00f3n y Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez Torres. <\/p>\n
3.2.- Ahora, la falladora se ha apartado de tales derroteros, porque a diferencia de ellas, advirti\u00f3 que esta Corporaci\u00f3n le hab\u00eda ordenado dilucidar los perjuicios irrogados a los interesados en el inmueble con folio de matr\u00edcula 366-8611. <\/p>\n
Por tanto, aunque inicialmente, cuando dispuso cumplir el fallo de tutela mediante prove\u00eddo de 20 de abril de 2021 se limit\u00f3, como deb\u00eda, a decretar las pruebas enfiladas a definir lo referente al inmueble objeto de expropiaci\u00f3n, con posterioridad, a partir del auto de 24 de junio de 2021, dispuso que deb\u00eda definirse tambi\u00e9n el aval\u00fao y perjuicios del predio con matr\u00edcula 366-8611. <\/p>\n
As\u00ed, mediante providencia de 20 de abril de 2021 dispuso obedecer el mandato constitucional a trav\u00e9s de las siguientes medidas: i) practicar inspecci\u00f3n judicial con intervenci\u00f3n de perito, sobre el inmueble objeto de expropiaci\u00f3n, \u00abpara efectos de establecer su existencia f\u00edsica, \u00e1rea precisa, colindancias anteriores y actuales, si sobre el mismo la ANI ha ocupado terrenos de su propiedad, en qu\u00e9 proporci\u00f3n y \u00e1rea ha sido la intervenida y ocupada para efectos del proyecto vial Bosa-Granada-Girardot\u00bb; ii) oficiar a la Oficina de Registro para que remita el certificado de tradici\u00f3n y libertad del otro predio con matr\u00edcula n\u00b0 366-8611; iii) ordenar dictamen que establezca, adem\u00e1s, si dichos inmuebles ha tenido terrenos comprometidos en la obra vial mencionada, cu\u00e1l es el \u00e1rea que ha resultado afectada y qui\u00e9nes figuran como titulares de la misma. <\/p>\n
Empero, el 24 de junio siguiente dispuso: <\/p>\n
Ante las manifestaciones que hace en escrito anterior el apoderado de la parte demandante y debidamente convalidadas por la parte demandada, en el sentido que a pesar que viene adelantando todo el tr\u00e1mite administrativo ante EL IGAC, para la consecuci\u00f3n del perito, lo que la fecha no ha sido posible, el Despacho teniendo en cuenta que lo ordenado por la H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casaci\u00f3n Civil en su sentencia 5TC3937-2021, es muy claro en que el JUZGADO con la intervenci\u00f3n de perito id\u00f3neo, debe establecer <\/p>\n
Del predio SAMARKANDA con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 366-3908 de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Melgar, dictaminar\u00e1 sobre su existencia f\u00edsica, \u00e1rea precisa, colindancias anteriores y actuales, as\u00ed como tambi\u00e9n si sobre este predio la agencia nacional de infraestructura ha ocupado terrenos de propiedad de JOSE ANTENOR GONZALEZ TORRES E INVERSIONES GONZALEZ PARIS LTDA hoy en liquidaci\u00f3n, que proporci\u00f3n de terrenos y \u00e1rea ha sido intervenida y ocupada para efectos del proyecto vial BOSA-GRANADA-GIRARDOT-, Determinando adem\u00e1s el aval\u00fao del \u00e1rea afectada as\u00ed como los perjuicios causados a sus due\u00f1os.- <\/p>\n
Del predio con folio de matr\u00edcula 366-8611, el perito tambi\u00e9n dictaminar\u00e1 su \u00e1rea de afectaci\u00f3n y ocupaci\u00f3n para el proyecto vial mencionado, en caso de que se haya dado, su aval\u00fao as\u00ed como los perjuicios que les haya causado a los condue\u00f1os que all\u00ed figuren como titulares de derechos. (\u2026). <\/p>\n
Luego, mediante interlocutorio de 20 de agosto de 2021 advirti\u00f3: <\/p>\n
En lo atinente a las inversiones que est\u00e1n solicitando los se\u00f1ores El\u00edas Guillermo Li\u00e9vano Moreno (\u2026), por el momento procesal en que nos encontramos se niega su reconocimiento como tal. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
La H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil en su sentencia STC3937-2021 es muy claro en que el Juzgado con la intervenci\u00f3n de perito id\u00f3neo debe establecer: <\/p>\n
\u2018Del predio Samarkanda con folio matr\u00edcula inmobiliaria No. 366-3908 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Melgar dictaminar\u00e1 sobre su existencia f\u00edsica, \u00e1rea, precisa, colindancias anteriores (\u2026). <\/p>\n
2. Del predio con folio de matr\u00edcula 366-8611, el perito tambi\u00e9n dictaminar\u00e1 su \u00e1rea de afectaci\u00f3n y ocupaci\u00f3n para el proyecto vial mencionado, en caso de que se haya dado su aval\u00fao, as\u00ed como a los perjuicios que les haya causado a los condue\u00f1os que all\u00ed figuren como titulares de derechos\u2019 <\/p>\n
Pruebas anteriores que a\u00fan no se han podido evacuar. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, el mandato de la H CORTE SUPREMA DE JUSTICIA fue preciso en el sentido que deben realizarse diligencias tendientes a demostrar qui\u00e9nes resultan afectados con la ocupaci\u00f3n que ha hecho la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI- de los terrenos o franja a expropiar. Significa esto, que de las pruebas que realizar\u00e1 el Despacho, en obedecimiento a lo ordenado por la H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, se podr\u00e1, si fuere el caso determinar los derechos que le pueden asistir a quienes reclaman su intervenci\u00f3n, pues bien pueden demostrarse tales derechos en la inspecci\u00f3n judicial ya ordenada o en la diligencia de entrega y as\u00ed el JUZGADO se pronunciar\u00e1 pero solo hasta ese momento (se destaca) (fls. 3578 a 3581, Cuaderno 1-12). <\/p>\n
Pautas que condujeron, en efecto, a que el perito que finalmente, hasta julio de 2022, asumi\u00f3 el encargo de practicar el dictamen, enfilara energ\u00eda a establecer puntos que, en principio, no ten\u00edan por qu\u00e9 determinarse. N\u00f3tese que el pasado 8 de agosto, en el informe que el auxiliar de la justicia rindi\u00f3, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
1. Se realizo reuni\u00f3n con la Doctora Yolanda Mar\u00eda Leguizam\u00f3n Malag\u00f3n, abogada representante de la parte demandante, junto con el equipo t\u00e9cnico de la Agencia Nacional de Infraestructura, la Concesi\u00f3n V\u00eda 40 Express y la interventor\u00eda de la obra Tercer Carril Bogot\u00e1 \u2013 Girardot, en la cual se entreg\u00f3 cartograf\u00eda del \u00e1rea afectada y por la cual se instauro el proceso de expropiaci\u00f3n dentro del cual se orden\u00f3 el peritaje encomendado. <\/p>\n
2. Se realizo reuni\u00f3n con el se\u00f1or Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez Torres demandado, junto con sus representantes jur\u00eddicos, a los cuales se les informo el objeto de la visita, y de los cuales se obtuvo toda la colaboraci\u00f3n y disposici\u00f3n para la realizaci\u00f3n de las actividades programadas. <\/p>\n
3. Al igual se sostuvo reuni\u00f3n con unos terceros que est\u00e1n asentados en parte de franja requerida, los cuales suministraron informaci\u00f3n documental, correspondiente a t\u00edtulos de propiedad de los terrenos sobre los cuales recae el \u00e1rea objeto de expropiaci\u00f3n, que datan de 1870, los cuales ser\u00e1n punto de partida del estudio de t\u00edtulos a realizar para la determinaci\u00f3n actual del propietario y\/o propietarios, a los cuales se debe reconocer el pago de indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Se realizo inspecci\u00f3n t\u00e9cnica al \u00e1rea de terreno afectada y a las construcciones, localizadas dentro de dicha franja. <\/p>\n
En suma, pese a que la falladora de Melgar no deb\u00eda dilucidar el derecho que terceros tuvieran sobre inmuebles distintos al de propiedad de Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez Torres e Inversiones Gonz\u00e1lez Paris Ltda., dispuso hacerlo, en contravenci\u00f3n a lo dispuesto por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Claro, esa omisi\u00f3n ha entorpecido el cumplimiento de la directriz constitucional. Basta ver que el proceso ha sido suspendido a ra\u00edz de las intervenciones de quienes afirman tener intereses sobre el inmueble con folio de matr\u00edcula n\u00b0 366-8611, cuando no est\u00e1n llamados a intervenir en la controversia, pues se insiste, lo que es objeto de litigio es el predio con folio de matr\u00edcula n\u00b0 366-3908, de dominio de Jos\u00e9 Gonz\u00e1lez e Inversiones Paris Ltda. en Liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
4.- El imperfecto incumplimiento del fallo de tutela se predica, adem\u00e1s, porque las medidas que la sentenciadora de Melgar estim\u00f3 pertinentes para esclarecer las verdaderas condiciones del \u00e1rea anhelada en expropiaci\u00f3n por la ANI, y la parte que abarcaba del predio Samarkanda, no las ha ejecutado adecuadamente. <\/p>\n
En ese sentido, obs\u00e9rvese que, aunque la juez inicialmente decret\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial del bien con intervenci\u00f3n del perito (20 abr. 2021), m\u00e1s adelante, sin justificar por qu\u00e9, supedit\u00f3 la diligencia a la pr\u00e1ctica del dictamen. <\/p>\n
Y el 22 de julio de este a\u00f1o, en la \u00abaudiencia de posesi\u00f3n del perito\u00bb, acot\u00f3: <\/p>\n
En este estado de la diligencia, el Juzgado requiere al se\u00f1or perito para que su experticia contemple los siguientes puntos ordenados a trav\u00e9s de los autos de fecha enero 14 de 2021 y subsiguientes, as\u00ed como lo dispuesto por la H. Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil (\u2026): <\/p>\n
1.- Del predio Samarkanda con folio matr\u00edcula inmobiliaria No. 366-3908 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Melgar dictaminar\u00e1 sobre su existencia f\u00edsica, \u00e1rea, precisa, colindancias anteriores y actuales, as\u00ed como tambi\u00e9n si sobre este predio la agencia nacional de infraestructura ha ocupado terrenos de su propiedad del se\u00f1or Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez Torres e Inversiones Gonz\u00e1les Par\u00eds Ltda,, hoy en liquidaci\u00f3n,, qu\u00e9 proporci\u00f3n de terrenos y \u00e1rea ha sido intervenida y ocupa para efectos del proyecto vial Bosa-Granada Girardot, determinando adem\u00e1s el aval\u00fao del \u00e1rea afectada. <\/p>\n
2. Del predio con folio de matr\u00edcula 366-8611, el perito tambi\u00e9n dictaminar\u00e1 su \u00e1rea de afectaci\u00f3n y ocupaci\u00f3n para el proyecto vial mencionado, en caso de que se haya dado su aval\u00fao. <\/p>\n
Todo lo anterior, ha de basarse en la informaci\u00f3n b\u00e1sica, informaci\u00f3n catastral y dem\u00e1s documentales como t\u00edtulos de adquisici\u00f3n, matr\u00edculas inmobiliarias allegados en el tr\u00e1mite del proceso. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Atendiendo lo anterior, se profiri\u00f3 el siguiente auto: <\/p>\n
Se conmina a las partes para que presten la colaboraci\u00f3n requerida para que el se\u00f1or perito designado (\u2026) realice la experticia conforme a los puntos anotados ordenando que se de la colaboraci\u00f3n necesaria tanto de la parte demandada como de quienes se encuentren en el terreno a inspeccionar conforme lo indicado por la ANI en el \u00e1rea que ha sido afectada, y si requieren ingresar a alg\u00fan otro predio, so pena de aplicar las medidas necesarias a que haya lugar. <\/p>\n
El estudio de t\u00edtulos se debe realizar desde la existencia de los predios y determinar las personas que tienen derecho sobre los mismos. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
El dictamen deber\u00e1 ser presentado por el perito 10 d\u00edas antes de la diligencia de inspecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
(\u2026). <\/p>\n
Proceder que ha conllevado a postergar una y otra vez la inspecci\u00f3n judicial del \u00e1rea materia de expropiaci\u00f3n, al punto que, hasta el mes de noviembre de 2022, no se ha realizado, pese a que su pr\u00e1ctica inicial era, y lo es a\u00fan, fundamental para expedir la nueva sentencia. Esto, porque, recu\u00e9rdese, lo que se le reproch\u00f3 a la falladora fue haber decidido la controversia sin tener certeza del \u00e1rea reclamada. <\/p>\n
De suerte que, como primera medida, le correspond\u00eda, realizar un diagn\u00f3stico de la controversia, a fin de determinar las inconsistencias existentes en relaci\u00f3n con \u00ablas verdaderas condiciones del \u00e1rea\u00bb pedida en expropiaci\u00f3n por la ANI, \u00aby la parte que abarcaba del predio Samarkanda\u00bb. Y para ello, cuanto menos, deb\u00eda constatar, primeramente, a trav\u00e9s de la inspecci\u00f3n judicial de la zona, las condiciones f\u00edsicas y jur\u00eddicas del \u00e1rea pedida en la demanda, al igual que las actuales. <\/p>\n
No de otro modo pod\u00eda impartirle al perito directrices para que elaborara el dictamen. Recu\u00e9rdese que no es el auxiliar de la justicia quien debe determinar las condiciones anteriores y actuales de la zona objeto de expropiaci\u00f3n y la del dominio de los demandados, si no la funcionaria, con ayuda de aqu\u00e9l. <\/p>\n
Es cierto que el dictamen debe ser acopiado para resolver los puntos oscuros relativos a la identificaci\u00f3n del \u00e1rea demandada en expropiaci\u00f3n. Pero si la falladora ni siquiera tiene certeza de cu\u00e1les son esos puntos, porque no los ha determinado a la luz de los insumos que obran en el proceso, y los que puede adquirir mediante la inspecci\u00f3n del inmueble, mal puede la prueba pericial cumplir con su destino. <\/p>\n
5.- De otro lado, aunque, como arriba se indic\u00f3, la juzgadora ha tenido dificultades para cumplir oportunamente la orden de tutela, dadas las m\u00faltiples peticiones que ha tenido que resolver, los tiempos en que el proceso ha sido suspendido, los problemas para que un perito del IGAC aceptara elaborar el dictamen pericial y, por ello, su responsabilidad subjetiva no est\u00e1 comprometida, ha olvidado que, para concretar el mandato y todas las directrices expedidas a fin de materializarlo, debe hacer uso de los poderes de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n consagrados en los art\u00edculos 42, 43 y 44 del estatuto adjetivo, como \u201crechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilaci\u00f3n manifiesta\u201d; \u201c(\u2026) adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda procesal\u201d, \u201cprevenir, remediar, sancionar o denunciar por los medios que este C\u00f3digo consagra, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso (\u2026), y \u201csancionar con multas hasta por diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (smlmv) a sus empleados, a los dem\u00e1s empleados p\u00fablicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las \u00f3rdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecuci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
6.- Por lo anterior, atendiendo las fallas advertidas en la ejecuci\u00f3n del mandato constitucional y su impacto en los derechos de las partes, es necesario que la Corte expida medidas concretas para que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar decida nuevamente la expropiaci\u00f3n objeto de an\u00e1lisis. Eso s\u00ed, de acuerdo con los lineamientos plasmados en el fallo STC3937-2021, que incluye el recaudo de nuevos medios de convicci\u00f3n, y no solamente con los que obran en el proceso, como lo pretenden los incidentantes, pero dentro de un t\u00e9rmino razonable y perentorio. <\/p>\n
Sobre la necesidad de practicar nuevas probanzas, no debe olvidarse que la acci\u00f3n de tutela propuesta por la ANI prosper\u00f3 porque la Sala evidenci\u00f3 que el juzgado accionado desat\u00f3 el juicio sin obtener certeza del \u00e1rea materia de expropiaci\u00f3n, pese a que, incluso, las evidencias recaudadas le indicaban que no hab\u00eda claridad sobre el tema. De all\u00ed que se dijera, se repite, que la jueza acusada \u00ab(\u2026) no analiz\u00f3 a la luz de los medios de convicci\u00f3n recaudados hasta ese momento, esto es, las \u00abfichas prediales\u00bb aportadas por la actora, el certificado de tradici\u00f3n de libertad del predio, el aval\u00fao del terreno, los t\u00edtulos que justificaban el dominio de los demandados, como tampoco mediante el ejercicio de facultades probatorias oficiosas, las verdaderas condiciones del \u00e1rea anhelada y la parte que abarcaba del predio Samarkanda\u00bb. <\/p>\n
No desconoce la Sala que el recaudo adicional de pruebas toma m\u00e1s tiempo, ya que no solo hay que practicarlas, sino garantizar su contradicci\u00f3n, pero ello es necesario a fin de que la ANI obtenga de los incidentantes, el derecho de dominio que requiere para ejecutar el proyecto vial. <\/p>\n
7.- Entonces, considerando que al momento en que se proyecta esta decisi\u00f3n el dictamen pericial decretado no se han rendido y la inspecci\u00f3n judicial de la zona materia de expropiaci\u00f3n se program\u00f3 para el 14 de diciembre de 2022, se imparten las siguientes directrices a efectos de que el asunto sea decidido nuevamente, i) atendiendo las pautas trazadas en el fallo STC3937-2021, y ii) en un plazo razonable, tomando en consideraci\u00f3n la afectaci\u00f3n de las garant\u00edas de las partes: <\/p>\n
7.1.- Advi\u00e9rtase, para todos los efectos a que haya lugar, que en cumplimiento del fallo de tutela la juez accionada solo debe resolver la relaci\u00f3n entre la ANI y Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez Torres e Inversiones Gonz\u00e1lez Paris Ltda., en relaci\u00f3n con el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula n\u00b0 366-3908 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Melgar, en los t\u00e9rminos expuestos en el numeral 3\u00b0 de las consideraciones de esta providencia. Luego, la sentencia y su registro y posterior entrega de la zona materia de expropiaci\u00f3n, debe circunscribirse al terreno perteneciente a aquellos. <\/p>\n
7.3.- Adem\u00e1s, previo a la diligencia deber\u00e1 poner en conocimiento al auxiliar de la justicia, la informaci\u00f3n que resulte relevante para que este la apoye, eficazmente, a realizar la verificaci\u00f3n del terreno y los hechos que resulten \u00fatiles para esclarecer \u00ablas verdaderas condiciones del \u00e1rea\u00bb anhelada en expropiaci\u00f3n por la ANI, y \u00abla parte que abarca del predio Samarkanda\u00bb. Asimismo, indagar\u00e1 a las partes sobre los hechos que, a su juicio, deben ser objeto de la prueba pericial. <\/p>\n
7.4.- El d\u00eda 15 de diciembre de 2022, con base en los insumos que haya obtenido en virtud de la inspecci\u00f3n judicial con intervenci\u00f3n de perito, y lo sugerido por las partes, impartir\u00e1 al auxiliar las directrices para elaborar el dictamen; dentro de ellas, deber\u00e1 considerar la evaluaci\u00f3n de \u00ablos medios de convicci\u00f3n recaudados hasta ese momento, esto es, las \u00abfichas prediales\u00bb aportadas por la actora, el certificado de tradici\u00f3n de libertad del predio, el aval\u00fao del terreno, los t\u00edtulos que justificaban el dominio de los demandados\u00bb. <\/p>\n
7.5.- Comoquiera que la experticia comenz\u00f3 a ser elaborada desde el mes de agosto de 2022, y en atenci\u00f3n a que deber\u00e1n ser atendidos los puntos que se indiquen en la diligencia del pr\u00f3ximo 14 de diciembre, el trabajo se presentar\u00e1 a m\u00e1s tardar el 28 de febrero de 2023. Con ese fin, la Sala requerir\u00e1 directamente al perito. Si lo puede rendir antes, lo deber\u00e1 informar al despacho de Melgar y a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
7.6.- El 1 de marzo siguiente, la juez correr\u00e1 a las partes del dictamen con el fin de que se surta la contradicci\u00f3n en los t\u00e9rminos previstos en los numeral 6\u00b0 y 7\u00b0 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso. La duraci\u00f3n de dicho tr\u00e1mite no podr\u00e1 exceder el plazo de 1 mes. <\/p>\n
7.7. Surtida la contradicci\u00f3n del dictamen, y las dem\u00e1s actuaciones que deban realizarse con ocasi\u00f3n de ella, el juzgado dictar\u00e1 sentencia en un plazo no superior al 31 de mayo. <\/p>\n
7.8.- A efectos de cumplir con los plazos se\u00f1alados, se recuerda a la funcionaria que debe hacer uso de los poderes de ordenaci\u00f3n e instrucci\u00f3n conferidos por el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
7.9.- La Sala podr\u00e1 reducir los plazos mencionados, atendiendo el devenir procesal de la controversia. <\/p>\n
7.10. La juez, al d\u00eda siguiente de vencido el plazo que tiene para realizar cada actuaci\u00f3n, deber\u00e1 acreditar su cumplimiento a la Sala, so pena de incurrir en las responsabilidades a que hubiere lugar, entre ellas, la derivada del desacato al fallo de tutela. Igualmente, deber\u00e1 seguir rindiendo informe semanal del proceso. <\/p>\n
7.11.- La presente actuaci\u00f3n se archivar\u00e1 una vez se decida la expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
8.- En resumen, comoquiera que i) no ha sido posible que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar cumpla a cabalidad el fallo STC3937-2021, y ii) la Corte debe garantizar el cumplimiento de dicho mandato constitucional, se adoptan las medidas mencionadas con el fin de materializarlo en debida forma y en un t\u00e9rmino prudencial. <\/p>\n
9.- De otro lado, se niegan las solicitudes de los incidentantes tendientes a que se ordene al juzgado accionado resolver con las pruebas que reposan en el expediente, por las razones consignadas en el numeral 6\u00b0 de estas consideraciones. <\/p>\n
Los \u00abterceros intervinientes\u00bb, quienes afirman tener intereses en inmuebles distintos al que es de propiedad Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez Torres e Inversiones Gonz\u00e1les Paris Ltda., deben estarse a las consideraciones expuestas en el numeral 6\u00b0 de esta providencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: A efectos de garantizar que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar cumpla adecuadamente el fallo STC3937-2021, se adoptan las medidas descritas en el numeral 7\u00b0 de las consideraciones de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR a la titular del despacho accionado que acate las mencionadas directrices, en los t\u00e9rminos y condiciones all\u00ed expuestas. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a Wilson Quiroga Orjuela, auxiliar de la justicia designado en el proceso 73449-31-03-002-205-00128-00, que rinda la experticia que se le encomend\u00f3, con los puntos que se precisar\u00e1n despu\u00e9s de la inspecci\u00f3n judicial de la zona objeto de expropiaci\u00f3n, a m\u00e1s tardar el 28 de febrero de 2023. Adem\u00e1s, se le solicita que enfile todos sus esfuerzos a efectos de rendirla a la mayor brevedad posible. De estar en posibilidad de presentar el trabajo con antelaci\u00f3n, deber\u00e1 informarlo ante la autoridad de Melgar y ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
A efectos de notificar esta determinaci\u00f3n, por Secretar\u00eda verif\u00edquense los datos del citado auxiliar. <\/p>\n
CUARTO. NEGAR las peticiones de Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez Torres e Inversiones Paris Ltda., en torno a conminar al juzgado accionado a que sentencia con las pruebas que reposan en el expediente, conforme a los motivos plasmados en el numeral 9\u00b0 de las consideraciones de esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
QUINTO. Los \u201cterceros intervinientes\u201d deben estar a lo expuesto en el inciso segundo del numeral 9\u00b0 de las consideraciones. <\/p>\n
SEXTO. Notif\u00edquese lo resuelto a todos los interesados, remiti\u00e9ndole copia la totalidad de esta decisi\u00f3n. A su vez, y comoquiera que la Agencia Nacional de Infraestructura solicit\u00f3 ante esta Corporaci\u00f3n cambio de radicaci\u00f3n de la expropiaci\u00f3n, rem\u00edtase copia de esta providencia al tr\u00e1mite 11001-02-03-2022-04032-00. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Con ocasi\u00f3n de este tr\u00e1mite, se orden\u00f3 a la funcionaria querellada que rindiera semanalmente informe de las actuaciones del proceso (auto 19 de julio). Por tanto, el tr\u00e1mite descrito corresponde a las actividades que la falladora ha desplegado con ocasi\u00f3n del fallo de tutela y el estado del litigio al 15 de octubre de 2022. <\/p>\n
2\u0002 Por medio de la cual se declar\u00f3 exequible el inciso primero del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, en el entendido de que el incidente de desacato all\u00ed previsto debe resolverse en el t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
3\u0002 Inicialmente el juzgado ten\u00eda 6 meses para fallar la expropiaci\u00f3n, los cuales se venc\u00edan en el mes octubre de 2021. El plazo se prorrog\u00f3 por 3 meses m\u00e1s y, por ende, la nueva sentencia debi\u00f3 expedirse en los primeros meses del a\u00f1o. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC1826-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente ATC1826-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-03-000-2021-00748-04 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre dos mil veintid\u00f3s) Se dirime el incidente Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez Torres e Inversiones Gonz\u00e1lez Paris Ltda. formularon para que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar cumpliera el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69421","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69421","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69421"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69421\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69421"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69421"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69421"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}