ATC1827-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-01178-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 29 de septiembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n Civil, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Guillermo Alberto Velasco Medina contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial Seccional del Valle del Cauca; sino fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, en calidad de Asistente Jur\u00eddico Grado 19, en Propiedad, del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santiago de Cali, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas a la igualdad, a la salud, al trabajo en condiciones dignas y descanso, que aduce vulneradas por las autoridades querelladas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene a \u00abDirecci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial Seccional Valle del Cauca, previa autorizaci\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Sala Administrativa \u2013 y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial (\u2026) se expida la correspondiente partida presupuestal que corresponda, para el disfrute de [su] turno de vacaciones correspondiente (\u2026) y as\u00ed el Juez Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, Valle, [l]e conceda el disfrute del descanso remunerado y se permita mantener un debido funcionamiento del Juzgado\u00bb. <\/p>\n
De otro lado pidi\u00f3, \u00abse conmine a aquellas autoridades a evitar la conducta cuestionada y \u00abse conmine al Consejo Superior de la Judicatura, para que revise y estudie la posibilidad de derogar la Circular No. PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011 mediante la cual se deroga las Circulares 44 y 89 de 2005, que se refiere a la \u00fanica programaci\u00f3n de las vacaciones de los funcionarios\u00bb. <\/p>\n
2. Como soporte de dicho pedimento, adujo el actor que: <\/p>\n
2.1. La Coordinadora del \u00c1rea de Talento Humano de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Valle del Cauca, le expidi\u00f3 al accionante el \u00abestudio de vacaciones\u00bb, que arroj\u00f3 que su \u00faltimo periodo de descanso obedeci\u00f3 a las labores que cumpli\u00f3 entre el 1\u00ba de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, el cual disfrut\u00f3 entre el 10 de agosto y el 3 de septiembre de 2021, por lo cual se encuentra pendiente el reconocimiento y disfrute de las vacaciones correspondientes a las labores desempe\u00f1adas entre el 1\u00ba de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, adem\u00e1s de que el 1\u00ba de octubre de 2022 se hace exigible un nuevo periodo vacacional. <\/p>\n
2.2. En consecuencia, el gestor pidi\u00f3 a su nominador, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Santiago de Cali, le concediera las vacaciones entre el 26 de diciembre de 2022 y el 19 de enero de 2023, frente a lo cual el titular de la sede judicial requiri\u00f3 a la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial Seccional Valle del Cauca, la asignaci\u00f3n de la partida presupuestal para el nombramiento de la persona de reemplazo. <\/p>\n
2.3. La precitada autoridad emiti\u00f3 el oficio DESAJCL022-2206 de 11 de julio hoga\u00f1o, con que manifest\u00f3 \u00abno es procedente para esta Direcci\u00f3n Seccional, solicitar recursos para reemplazo de Vacaciones de los servidores Judiciales Guillermo Alberto Velasco Medina, Asistente Jur\u00eddico, y Octavio Jair Casta\u00f1o G\u00f3mez, Oficial Mayor del Despacho que usted dirige, teniendo en cuenta la Circular No. PSAC11-44 de noviembre 23 de 2011, mediante la cual se deroga las Circulares 44 y 89 de 2005, dado a que refiere a la programaci\u00f3n de las vacaciones de los Funcionarios. Circular que a la fecha se encuentra vigente y no ha sido derogada. Como quiera que la Circular excluye a los servidores judiciales que ostentan la calidad de Empleados, no es dable para esta entidad desconocerla para atender su solicitud, ello teniendo en cuenta que la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial y sus Seccionales, son \u201cel \u00d3rgano t\u00e9cnico y Administrativo que tiene a su cargo la ejecuci\u00f3n de Actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeci\u00f3n a las pol\u00edticas y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura.\u201d. (Art\u00b4. 98 ley 270 de 1996)\u00bb. <\/p>\n
2.4. Debido a la respuesta, el 25 de julio de 2022 el titular del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00b0 02 con que neg\u00f3 las vacaciones, atendiendo a factores de necesidad y afectaci\u00f3n en la prestaci\u00f3n del servicio, debido a la alta carga laboral que se maneja en el juzgado, de alrededor de 4500 procesos, con solicitudes de mucha importancia, adem\u00e1s del aumento del flujo de acciones de tutela que llegan a fin de a\u00f1o, porque dejan de ser atendidas por las dem\u00e1s sedes judiciales del distrito judicial que entran a disfrutar de las vacaciones colectivas, lo que hace necesario contar con la planta completa de empleados, situaci\u00f3n por la cual considera que su nominador no le ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental, sino \u00fanicamente la autoridad encargada de asignar el presupuesto para cubrir la eventualidad. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que existen decisiones de tutela emitidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, donde a empleados del mismo distrito judicial se les ha concedido la protecci\u00f3n por estar en una situaci\u00f3n similar a la suya. <\/p>\n
3. El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo al considerar que a la accionante se le est\u00e1 vulnerando el derecho al descanso con fundamento en restricciones administrativas, garant\u00eda que no puede ser trasgredida en funci\u00f3n del servicio, ni sujetar su concesi\u00f3n a la existencia de disponibilidad presupuestal para designar un servidor de reemplazo durante el receso, por lo que dej\u00f3 sin efecto la Resoluci\u00f3n N\u00b0 2 de 25 de julio de 2022 del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, para que, en su lugar, dentro de los 5 d\u00edas h\u00e1biles siguientes \u00abconceda las vacaciones solicitadas por el accionante\u00bb; asimismo, ordenar a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cali que, una vez tenga conocimiento del precitado acto administrativo y dentro de los 5 d\u00edas siguientes a ello \u00abadelante las gestiones necesarias para garantizar el reemplazo de Guillermo Alberto Velasco Medina en el cargo de asistente jur\u00eddico grado 19 del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad\u00bb. <\/p>\n
4. La Directora Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cali impugn\u00f3 la referida orden, al considerar que actu\u00f3 de acuerdo a la Circular existente desde el a\u00f1o 2011, que por disposici\u00f3n constitucional debe acatar por encima de precedentes judiciales, menos a\u00fan cuando no son un\u00e1nimes; que el nominador debe procurar autorizar las vacaciones en la \u00e9poca del a\u00f1o que genere menores traumatismos y las labores del empleado ausente puedan ser distribuidas entre los dem\u00e1s y; que no est\u00e1n reunidos los requisitos legales para tramitar el certificado de disponibilidad presupuestal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico expuesto en la demanda de amparo, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
En efecto, verificado el plenario, da cuenta que Guillermo Alberto Velasco Medina funge actualmente como empleado judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, esto, porque al presentar la petici\u00f3n de amparo est\u00e1 posesionado como Asistente Jur\u00eddico Grado 19 en Propiedad, debidamente posesionado en el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, Valle; de ah\u00ed que, no cabe duda que el promotor, se insiste, es empleado judicial de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Ahora, al presente ruego constitucional le resultan aplicables los par\u00e1metros establecidos en el Decreto 333 de 6 de abril de 2021 -por el cual se modifican los art\u00edculos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015-, en el que se determin\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
6. Las acciones de tutela dirigidas contra los Consejo Seccionales de la Judicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. <\/p>\n
Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. En los dem\u00e1s casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela ser\u00e1n conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. (subrayas y negrillas fuera de texto). <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
11. Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo. <\/p>\n
2. En el sub examine, se tiene que, adem\u00e1s de que, como qued\u00f3 visto, el accionante es empleado judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, la queja constitucional se dirigi\u00f3 contra la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial Seccional Valle del Cauca y el Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, por cuanto pide se emita el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal para nombrar su reemplazo y, en consecuencia se ordene el disfrute de su periodo vacacional causado entre el 1\u00b0 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021. <\/p>\n
2.1. As\u00ed las cosas, advierte la Sala que las pretensiones del gestor involucran al Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, comoquiera que, a voces del art\u00edculo 103 de la Ley 270 de 1996, los \u00abDirector[es] Seccional[es] de la Rama Judicial\u00bb ejercen sus funciones \u00aben el \u00e1mbito de su jurisdicci\u00f3n y conforme a las \u00f3rdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administraci\u00f3n Judicial\u00bb, disposici\u00f3n que compagina con el canon 98 de la misma norma, que a su turno define a la precitada Direcci\u00f3n Ejecutiva Nacional como \u00abel \u00f3rgano t\u00e9cnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecuci\u00f3n de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeci\u00f3n a las pol\u00edticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura\u2026\u00bb (subrayado ajeno al texto). <\/p>\n
Debido a ello, se concluye que, si bien la solicitud de protecci\u00f3n constitucional fue dirigida, ente otros, frente a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial del Valle del Cauca, lo all\u00ed esgrimido se hace extensivo al Consejo Superior de la Judicatura – Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, atendiendo la relaci\u00f3n funcional de tales entes. <\/p>\n
Luego, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de las entidades convocadas y, adem\u00e1s, que quien instaur\u00f3 la acci\u00f3n de tutela ostenta la condici\u00f3n de empleado judicial, perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, r\u00e1pidamente se avizora que la competencia para conocer de la demanda de amparo ha de recaer, en primera instancia, en el Consejo de Estado, acorde con la regla trazada en el memorado numeral 8\u00ba (inciso 2\u00b0) del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021). <\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el decreto 1983 de 2017, aplicable a las normas establecidas en el decreto 333 de 2021, por su gran similitud, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 el env\u00edo de la queja constitucional al Consejo de Estado, por ser la autoridad competente para resolver el reclamo tutelar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado el 29 de septiembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente al Consejo de Estado, por ser el llamado a conocer de esta solicitud de amparo. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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ATC1827-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-01178-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 29 de septiembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69422","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69422","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69422"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69422\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69422"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69422"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69422"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}