ATC1861-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC1861-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n N\u00b0 08001-22-13-000-2022-00880-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de catorce de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n instaurada por Francia Elena Herrera Gonz\u00e1lez frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 16 de noviembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que present\u00f3 contra Saludcoop EPS en liquidaci\u00f3n con vinculaci\u00f3n del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Atl\u00e1ntico, la se\u00f1ora \u00c1ngela Mar\u00eda Echeverri Ram\u00edrez y los Juzgados S\u00e9ptimo y Noveno Civiles del Circuito de Barranquilla, sino fuera porque se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta todo lo actuado como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La se\u00f1ora Herrera Gonz\u00e1lez invoc\u00f3 la protecci\u00f3n al derecho a la vida digna de la persona en condici\u00f3n de discapacidad visual, debilidad manifiesta, disminuci\u00f3n mental y f\u00edsica, con el prop\u00f3sito de que se ordenara a Saludcoop EPS en liquidaci\u00f3n \u00abla PRELACI\u00d3N DE LA ACREENCIA SOBRE LAS CONDICIONES PERSONALES alteraci\u00f3n de turno en las acreencias reconocidas\u00bb, en la suma de $166.000.000 en resoluci\u00f3n RES2039 de 29 de marzo de 2019 que dio cumplimiento a la sentencia de 29 de junio de 2016 proferida por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Barranquilla en el proceso con radicado 2007-00336-00. <\/p>\n
A los 12 a\u00f1os de edad a Alexander Enrique le fue realizada valoraci\u00f3n m\u00e9dica por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la que tambi\u00e9n se evidenci\u00f3 su situaci\u00f3n de discapacidad. <\/p>\n
Francia Elena Herrera Gonz\u00e1lez present\u00f3 demanda contra Saludcoop EPS de radicado 2007-00336-00, y el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Barranquilla en sentencia de 29 de junio de 2016 conden\u00f3 a la demandada a pagarle a ella y a su hijo la suma de $166.000.000. <\/p>\n
El 14 de julio de 2016 radic\u00f3 ante Saludcoop EPS el fallo judicial para su cumplimiento y mediante resoluci\u00f3n RES2039 de 29 de marzo de 2019 dicha entidad refiri\u00f3 que la acreencia fue presentada de manera extempor\u00e1nea y aparece relacionada en el anexo n\u00famero 4, \u00edtem 32, pasivo cierto no reclamado. <\/p>\n
El 30 de junio de 2022 solicit\u00f3 a Saludcoop EPS la prelaci\u00f3n del pago de la acreencia por las condiciones personales de Alexander Enrique debido a su situaci\u00f3n de salud y en respuesta la accionada neg\u00f3 la petici\u00f3n el 13 de julio de 2022 por cuanto \u00abel Agente Especial Liquidador se encuentra sujeto a la estricta aplicaci\u00f3n de la prelaci\u00f3n para los pagos, que impide que se pueda cancelar cr\u00e9ditos reconocidos como PACINORE [Pasivo cierto no reclamado] hasta tanto se finalicen los pagos de las acreencias reconocidas como oportunas, lo cual a la fecha no ha acaecido\u00bb. <\/p>\n
Finalmente afirm\u00f3 ser madre cabeza de familia, que vive de la caridad p\u00fablica, no cuenta con pensi\u00f3n, tiene la custodia y cuidado de Alexander Ortega Herrera, quien se encuentra en \u00absituaci\u00f3n de discapacidad por la p\u00e9rdida de su visi\u00f3n, con debilidad manifiesta, disminuci\u00f3n f\u00edsica y mental\u00bb, por lo que requieren protecci\u00f3n reforzada en materia de salud y un trato preferencial de origen constitucional (pdf 04). <\/p>\n
2. En auto de 1\u00ba de noviembre de 2022 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla admiti\u00f3 la tutela, neg\u00f3 el decreto de la medida provisional y vincul\u00f3 al tr\u00e1mite constitucional al Instituto Nacional de Medicina Legal, a la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Atl\u00e1ntico, los Juzgados S\u00e9ptimo y Noveno Civiles del Circuito de Barranquilla y la se\u00f1ora \u00c1ngela Mar\u00eda Echeverri como agente especial de Saludcoop EPS en liquidaci\u00f3n (pdf 06). <\/p>\n
En sentencia de 16 de noviembre de 2022 declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n constitucional (pdf 12). Inconforme con lo anterior la actora impugn\u00f3 reiterando las pretensiones formuladas en el escrito inicial (pdf 15). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el canon 1 del Decreto 333 de 2021, establece, <\/p>\n
(\u2026) conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n
1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales. (\u2026) <\/p>\n
5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada. (\u2026) <\/p>\n
11. Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo. (Se resalta y subraya). <\/p>\n
2. En el asunto bajo estudio, se evidencia que la pretensi\u00f3n y medida provisional, sin asomo de duda, se dirigi\u00f3 contra Saludcoop EPS en liquidaci\u00f3n, entidad prestadora de salud de naturaleza particular que se identific\u00f3 como la \u00fanica accionada en el encabezado del escrito de tutela y direcci\u00f3n de notificaciones (p\u00e1gs. 1, 12 a 15, pdf 04). <\/p>\n
Por tanto, se evidencia que no era del caso aplicar el numeral 5 del art\u00edculo del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el canon 1 del Decreto 333 de 2021, por cuanto no se plante\u00f3 por la actora cuestionamiento alguno contra los Juzgados S\u00e9ptimo y Noveno Civiles del Circuito de Barranquilla, lo que igualmente, ocurre respecto a los dem\u00e1s vinculados al tr\u00e1mite constitucional, de ah\u00ed que tampoco se configure la hip\u00f3tesis del numeral 11 ib\u00eddem que atribuya el conocimiento al Tribunal de primera instancia. <\/p>\n
En tal sentido, cuando el a quo realiz\u00f3 en el admisorio de tutela las vinculaciones a las autoridades judiciales, entidades y persona natural, alter\u00f3 la competencia para dirimir la protecci\u00f3n constitucional invocada por la accionante (CSJ ATC716-2022). <\/p>\n
Cumple se\u00f1alar, que de acuerdo con lo preceptuado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, modificado por el Decreto 1983 de 2017 \u00ablos hechos descritos en la solicitud de tutela\u00bb son los que permiten determinar la competencia para conocer de dicha acci\u00f3n, de suerte que las reglas all\u00ed descritas logran cabal desarrollo a partir de la descripci\u00f3n f\u00e1ctica indicada, por lo que no basta con que se elija a un demandado o que se exponga aisladamente el motivo de su convocatoria, para que de esa manera, inapropiadamente, se var\u00ede el funcionario habilitado para el conocimiento de la queja, de otro modo, se radicar\u00eda esa facultad solamente con apoyo en la clase de demandado, con prescindencia de que ciertamente se le acuse o no de la infracci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental, dejando en el vac\u00edo, por tanto, los prop\u00f3sitos de racionalizaci\u00f3n y desconcentraci\u00f3n en el conocimiento de las acciones de tutela, que justifican dichos preceptos legales. <\/p>\n
3. En consecuencia, atendiendo a las reglas fijadas en el Decreto 333 de 2021 la sentencia proferida en este tr\u00e1mite por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla est\u00e1 viciada de nulidad (CSJ ATC4272-2018, ATC941-2022) por falta de competencia atendiendo a lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a la acci\u00f3n de tutela por remisi\u00f3n del canon 4, Decreto 306 de 1994 (CSJ ATC1396-2016, ATC1684-2016, ATC1297-2022), conservando validez las pruebas practicadas en el asunto (inciso 2, art\u00edculo 138 Ley 1564 de 2012). <\/p>\n
Por tanto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n del expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Municipales de Barranquilla. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la oficina de reparto de los Juzgados Municipales de Barranquilla. <\/p>\n
Tercero: Comunicar lo aqu\u00ed resuelto al Tribunal de primera instancia, a las partes y dem\u00e1s interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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