ATC1896-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC1896-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2022-00588-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cartagena el 30 de noviembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Ana Isabel Garc\u00eda Arrieta formul\u00f3 contra el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bol\u00edvar y la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de dicho Distrito, si no fuera porque se advierte una irregularidad que configura la nulidad que pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso [acceso a la administraci\u00f3n de justicia] por cuanto, pese a la acci\u00f3n de tutela y al incidente de desacato que ha promovido, no ha obtenido la certificaci\u00f3n laboral que solicit\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de San Jacinto, por su desempe\u00f1o como \u00absecretaria encargada\u00bb de ese despacho. <\/p>\n
En consecuencia, pidi\u00f3 revocar la decisi\u00f3n proferida en el tr\u00e1mite incidental, toda vez que no se cumpli\u00f3 lo ordenado en la acci\u00f3n de tutela que en su momento le otorg\u00f3 el amparo para ese fin. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Tribunal Superior de Cartagena, neg\u00f3 el amparo tras considerar que \u00abse acredit\u00f3 la diligencia de los entonces accionados en desplegar acciones tendientes a cumplir el fallo de tutela, por lo que, la decisi\u00f3n adoptada por el juzgado accionado correspond[\u00eda] a un an\u00e1lisis razonable de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y normatividad aplicable al caso en concreto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Inconforme, la accionante impugn\u00f3 y anunci\u00f3 la sustentaci\u00f3n de su recurso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Cartagena, carece de competencia para adelantar esta acci\u00f3n, en tanto que fue interpuesta por una empleada que perteneci\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en el cargo de \u00absecretaria encargada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abCuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo.\u00bb. [\u00c9nfasis no original] <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, resulta necesario dejar sin valor y efecto lo actuado en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a los efectos de la \u00abdeclaratoria de falta de competencia\u00bb, y ordenar la remisi\u00f3n inmediata del expediente digital a la autoridad competente, la que para el presente caso, por tratarse de un Juez Promiscuo del Circuito, as\u00ed como del Consejo Seccional de la Judicatura, al tenor de lo dispuesto en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 supra referido2, es el Tribunal Administrativo de Cartagena de Indias, no sin antes recordar que la Sala, en auto de 13 de mayo de 2009 (rad. 2009-00083-01), reiterado entre otros en ATC1486-2022 se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes. <\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o legales privativas por otras autoridades. <\/p>\n
Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). <\/p>\n
An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean constitucionales. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia de constitucional proferida por Tribunal Superior de Cartagena el 30 de noviembre de 2022, en el asunto de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la remisi\u00f3n de las diligencias a la oficina encargada del reparto ante el Tribunal Administrativo de Cartagena, para que asuma el conocimiento en primera instancia. <\/p>\n
Tercero: Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los intervinientes y al a quo por el medio m\u00e1s expedito. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u201cPor medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho\u201d <\/p>\n
2\u0002 Que se\u00f1ala: \u00abLas acciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura [\u2026] ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb. <\/p>\n
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