SC1971-2022 (2018-00106-01)<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC1971-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73319-31-03-001-2018-00106-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el convocante frente a la sentencia de 6 de agosto de 2020, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Alfredo Silvestre Reyes contra Mar\u00eda Norma Perdomo Rivera. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Pretensiones. <\/p>\n
El actor pidi\u00f3 declarar que son absolutamente simulados: (i) el contrato de compraventa instrumentado en la escritura p\u00fablica n.\u00b0 436, otorgada el 15 de septiembre de 1991 en la Notar\u00eda \u00danica de Ortega (Tolima), mediante el cual transfiri\u00f3 a Mar\u00eda Norma Perdomo Rivera el predio rural denominado \u201cEl Oasis\u201d, con folio de matr\u00edcula n.\u00ba 360-13668, ubicado en el municipio de Guamo; y (ii) el contrato de arrendamiento, \u00absuscrito entre Alfredo Silvestre Reyes como arrendatario y Mar\u00eda Norma Perdomo Rivera, como arrendadora, sobre el citado predio denominado \u201cEl Oasis\u201d\u00bb. <\/p>\n
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2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
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1. Los litigantes convivieron \u00aben uni\u00f3n libre\u00bb entre los a\u00f1os 1989 y 2011. En los albores de ese v\u00ednculo, el actor dijo vender a su compa\u00f1era permanente \u00abvarios inmuebles de su propiedad, entre ellos el denominado \u201cEl Oasis\u201d\u00bb, mediante contrato de compraventa contenido en la citada escritura p\u00fablica n.\u00b0 436 de 15 de septiembre de 1991. <\/p>\n
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2. El referido convenio \u00abfue simulado, por cuanto a m\u00e1s de no haberse pagado el precio de venta ($2.300.000) por parte de quien ostenta la calidad de compradora (…), tampoco hubo entrega de la posesi\u00f3n de ninguno de los inmuebles contenidos en la citada venta, menos del denominado \u201cEl Oasis\u201d, toda vez que la intenci\u00f3n [del demandante] fue la de eludir algunos compromisos econ\u00f3micos\u00bb. <\/p>\n
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3. Para la \u00e9poca de la negociaci\u00f3n, \u00abla se\u00f1ora Mar\u00eda Norma Perdomo Rivera (…) no ten\u00eda recursos econ\u00f3micos para poder sufragar el precio\u00bb, debi\u00e9ndose a\u00f1adir que, con posterioridad a la celebraci\u00f3n del contrato ficto, el actor continu\u00f3 ejerciendo actos de se\u00f1or\u00edo sobre la heredad que dijo transferir a su compa\u00f1era permanente. <\/p>\n
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4. Con el fin de \u00abaparentar en mejor forma la citada venta simulada ante terceros, se convino entre [el demandante] y la ac\u00e1 demandada simular en igual forma, esto es, de manera ficticia (sic), contrato de arrendamiento sobre el inmueble denominado \u201cEl Oasis\u201d, para as\u00ed justificar ante terceros el hecho de que [el demandante] continuaba y contin\u00faa poseyendo el inmueble\u00bb. <\/p>\n
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5. Dando cumplimiento al pacto secreto \u00abla se\u00f1ora Mar\u00eda Norma Perdomo Rivera reintegr\u00f3 [al se\u00f1or Silvestre Reyes] bajo la figura disfrazada de la donaci\u00f3n, los bienes que le fueron transferidos simuladamente, a excepci\u00f3n del predio denominado \u201cEl Oasis\u201d, a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 264 de septiembre 25 de 2018 (…) reconociendo as\u00ed la venta simulada que se le hizo\u00bb. <\/p>\n
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3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
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1. La demanda (reformada) fue admitida por auto de 27 de noviembre de 2018. Enterada personalmente de ese prove\u00eddo, la convocada se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formul\u00f3 las defensas denominadas \u00abexcepci\u00f3n previa de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb; \u00abinexistencia de causa para demandar\u00bb; \u00abausencia de simulaci\u00f3n\u00bb y \u00abbuena fe\u00bb. <\/p>\n
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2. En audiencia de 25 de julio de 2019, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo deneg\u00f3 \u00edntegramente el petitum. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el se\u00f1or Silvestre Reyes formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal confirm\u00f3 lo decidido por el funcionario a quo, con apoyo en las siguientes razones: <\/p>\n
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i. En cuanto al contrato de arrendamiento, \u00abno puede pasar inadvertida la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ortega, Tolima, el pasado 24 de mayo de 2019, en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado adelantado por la aqu\u00ed demandada, Mar\u00eda Norma Perdomo Rivera, contra el ac\u00e1 actor, Alfredo Silvestre Reyes\u00bb, providencia en la que \u00abse resolvi\u00f3 \u201cdeclarar no probadas las excepciones de fondo\u201d denominadas \u201ccontrato de arrendamiento simulado\u201d (…), raz\u00f3n por la cual se declar\u00f3 legalmente terminado el contrato (…). En ese orden, dilucidado por un juez competente lo atinente a la simulaci\u00f3n del contrato de arrendamiento, no es posible volver sobre el punto, pues tal cuesti\u00f3n qued\u00f3 zanjada\u00bb. <\/p>\n
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ii. En lo que tiene que ver con la compraventa, ha de recordarse que \u00abpara establecer si el acto demandado fue absolutamente simulado, se debe analizar si hubo una intenci\u00f3n previa, inequ\u00edvoca, concertada, de las partes para encubrir la realidad\u00bb. No obstante, los hechos relatados en el escrito inicial \u00abdenotan, prima facie, que no existe un concierto simulatorio, por lo menos, nada se prueba sobre el particular, siendo ello carga del extremo activo\u00bb. <\/p>\n
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iii. Los testigos que declararon en el juicio \u00abno informan o dan cuenta que (sic) supieran algo de cuestiones de tiempo, modo o lugar de ese acuerdo privado de los contratantes para simular (…). Con la prueba testimonial no se logra revelar que entre los contratantes se hubiera realizado un pacto secreto con el fin de llevar a cabo el acto que se reprocha simulado, lo que tampoco se supera con la prueba documental, que se enfoc\u00f3 m\u00e1s bien a determinar aspectos econ\u00f3micos de los contendientes (…), luego siendo esa la orientaci\u00f3n probatoria, todo desencadena en la no demostraci\u00f3n del requisito necesario para la configuraci\u00f3n de la simulaci\u00f3n (concierto simulatorio)\u00bb. <\/p>\n
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iv. Si bien el demandante \u00abse preocup\u00f3 por acreditar algunos indicios, como lo son especialmente los referidos al tema de la capacidad econ\u00f3mica de las partes, la falta de pago del precio, calidad de los contratantes, raz\u00f3n para simular y documentos sospechosos\u00bb, en realidad, \u00abdej\u00f3 de lado la carga que ten\u00eda de probar el presupuesto principal de la acci\u00f3n simulatoria, como lo es la confabulaci\u00f3n de los intervinientes en el contrato fustigado\u00bb. <\/p>\n
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v. Aunque fuera cierto \u00abque el demandante, para el a\u00f1o 1991, tuviera a cargo algunas obligaciones (…), [eso] no demuestra que el patrimonio estuviera tan comprometido o bajo una amenaza econ\u00f3mica directa y avasallante que conllevara como lo dice el actor la urgencia u obligaci\u00f3n de transferir el mismo de forma simulada para insolventarse (…). Y m\u00e1s endeble aflora lo pretendido si en cuenta se tiene que, a causa de una denuncia por el delito de amenazas presentada por la demandada ante el actor (…) \u201clas partes acuerdan que a cada uno le corresponde el 50% de la totalidad de la finca \u201cEl Oasis\u201d\u00bb. <\/p>\n
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vi. Ello significa que Alfredo Silvestre Reyes, \u00abante la autoridad competente, desmiente la propia afirmaci\u00f3n que hace en la demanda consistente en que \u00e9l es el \u00fanico due\u00f1o del predio \u201cEl Oasis\u201d, de paso desmoronando la prueba documental y testimonial que en ese sentido quiso hacer valer. Y es que esa conciliaci\u00f3n ante el ente acusador permite colegir que sabe que el inmueble no es solo suyo, como lo ha asegurado enf\u00e1ticamente en esta causa; seguramente por ello tard\u00f3 casi 30 a\u00f1os para intentar deshacer el negocio (…)\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Al sustentar su impugnaci\u00f3n extraordinaria, el actor esgrimi\u00f3 una sola censura, fincada en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Tras denunciar la violaci\u00f3n indirecta del art\u00edculo 1766 del C\u00f3digo Civil, indic\u00f3 que el tribunal \u00abincurre en error de hecho por omisi\u00f3n de pruebas, porque omite el indicio (…) que contiene el hecho de que el deudor s\u00ed ten\u00eda deudas. Est\u00e1 la confesi\u00f3n de la demandada en tal sentido, est\u00e1n los soportes contables de la demandante en tal sentido y est\u00e1n las declaraciones testimoniales\u00bb. Asimismo, \u00abpretermiti\u00f3 los medios de prueba consistentes en los indicios graves que de manera manifiesta aparecen en el proceso, los cuales, en conjunto, de manera convergente y concordante, [demuestran] el concierto simulatorio\u00bb. <\/p>\n
El ad quem pas\u00f3 por alto que \u00abMar\u00eda Norma Perdomo, como compradora y compa\u00f1era permanente del demandante, y Alfredo Silvestre Reyes como vendedor, en una misma fecha dijeron celebrar contrato de venta en bloque de cuatro fincas rurales\u00bb; que exist\u00eda evidente cercan\u00eda entre los contratantes; que \u00abla demandada siempre tuvo la disposici\u00f3n de devolverle los bienes a Alfredo Silvestre Reyes, incluida la finca \u201cEl Oasis\u201d\u00bb, y que \u00abla demandada necesit\u00f3 nuevamente del consentimiento de Alfredo para acordar que el 50% de la finca le correspond\u00eda a ella\u00bb. <\/p>\n
La colegiatura de segundo grado tambi\u00e9n obvi\u00f3 el acuerdo conciliatorio que ajustaron los litigantes ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en el que la convocada asumi\u00f3 la obligaci\u00f3n de restituirle varios de los bienes transferidos mediante el negocio jur\u00eddico atacado, sin solicitar por ello contraprestaci\u00f3n alguna. Y tampoco advirti\u00f3 los pactos sospechosos que ajustaron las partes, ni la carencia de recursos de la se\u00f1ora Perdomo Rivera para pagar el precio consignado en el contrato. <\/p>\n
En suma, \u00abincurre el tribunal en flagrante error de hecho manifiesto y trascendente porque pretermite los indicios descritos, todos graves, convergentes y concordantes (…). Si en vez de pretermitir las pruebas indiciarias, ellas hubieran sido tenido en cuenta, la conclusi\u00f3n de tribunal no hubiera sido la que fue, sino otra: que de hecho la simulaci\u00f3n s\u00ed existi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. La acci\u00f3n de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
La acci\u00f3n de simulaci\u00f3n \u2013tambi\u00e9n llamada acci\u00f3n de prevalencia\u2013 tiene por prop\u00f3sito develar la verdadera intenci\u00f3n de las partes de un contrato, oculta de manera concertada tras un negocio jur\u00eddico aparente. En ese sentido, debe existir una discordancia entre el contenido del contrato que podr\u00eda percibir un observador externo \u2013razonable e imparcial\u2013, y lo que acordaron los estipulantes de forma privada, antinomia que debe ser el resultado de una voluntad rec\u00edproca y consciente, orientada a distorsionar la naturaleza del pacto, modificar sus caracter\u00edsticas principales, o fingir su misma existencia. <\/p>\n
Por ese sendero, ha explicado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[S]eg\u00fan el Diccionario de la Lengua Espa\u00f1ola, el verbo transitivo simular denota \u201crepresentar algo, fingiendo o imitando lo que no es\u201d. A diferencia del que oculta de los dem\u00e1s una situaci\u00f3n existente (quien disimula), el simulador pretende provocar en los dem\u00e1s la ilusi\u00f3n contraria: hacer aparecer como cierto, a los ojos de extra\u00f1os, un hecho que es irreal. La simulaci\u00f3n, en la esfera de los contratos, supone que los extremos de un negocio jur\u00eddico bilateral (o plurilateral), concertadamente, hagan una declaraci\u00f3n de voluntad fingida, con el prop\u00f3sito de mostrarla frente a otros como su verdadera intenci\u00f3n. Esa discordancia entre la voluntad y su exteriorizaci\u00f3n implica que, para los contratantes \u2013sabedores de la farsa\u2013 la declaraci\u00f3n (i) no est\u00e1 orientada a producir efectos reales (simulaci\u00f3n absoluta), o (ii) simplemente disfraza un acuerdo subyacente con el ropaje de una tipolog\u00eda o configuraci\u00f3n negocial distinta (simulaci\u00f3n relativa). <\/p>\n
En palabras de la doctrina, \u201c(…) negocio simulado es el que tiene una apariencia contraria a la realidad, o porque no existe en absoluto, o porque es distinto de como aparece. Entre la forma extr\u00ednseca y la esencia \u00edntima hay un contraste llamativo: el negocio que, aparentemente, es serio y eficaz, es en s\u00ed mentiroso y ficticio, o constituye una m\u00e1scara para ocultar un negocio distinto. Ese negocio, pues, est\u00e1 destinado a provocar una ilusi\u00f3n en el p\u00fablico, que es inducido a creer en su existencia o en su naturaleza tal como aparece declarada, cuando en verdad, o no se realiz\u00f3, o se realiz\u00f3 otro negocio diferente al expresado en el contrato\u201d. <\/p>\n
Similarmente, para esta Corporaci\u00f3n el instituto de la simulaci\u00f3n de contratos \u201c(…) comprende una situaci\u00f3n an\u00f3mala en la que las partes, de consuno, aparentan una declaraci\u00f3n de voluntad indeseada (…). Si hay un contenido negocial escondido tras el velo del que se exhibe al p\u00fablico, la simulaci\u00f3n se dice relativa. Pero si no hay v\u00ednculo contractual de ninguna especie y por lo tanto el \u00fanico acto en realidad celebrado consiste en el convenio de las partes para dar vida a una apariencia que enga\u00f1e p\u00fablicamente demostrando ante terceros la existencia de un negocio que las partes nunca se propusieron ajustar, la simulaci\u00f3n se califica de absoluta. <\/p>\n
En una compraventa, por ejemplo, se da la simulaci\u00f3n absoluta cuando no obstante existir formalmente la escritura p\u00fablica que la expresa, no hay \u00e1nimo de transferir en quien se dice all\u00ed vendedor, ni adquirir en quien aparece comprando, ni ha habido precio. En este tipo de operaciones, detr\u00e1s del acto puramente ostensible y p\u00fablico no existe un contrato espec\u00edfico de contenido positivo. Sin embargo, las partes celebran en secreto un convenio que es el de producir y sostener ante el p\u00fablico un contrato de compraventa enteramente ficticio con el \u00e1nimo de enga\u00f1ar hasta obtener ciertos fines. Las partes convienen pues en producir y sostener una ficci\u00f3n para conservar una situaci\u00f3n jur\u00eddica determinada\u201d (CSJ SC, 19 jun. 2000)\u00bb (CSJ SC3598-2020, 28 sep.). <\/p>\n
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2. La prueba de la simulaci\u00f3n. <\/p>\n
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1. El esclarecimiento de la simulaci\u00f3n de un contrato exige importantes esfuerzos probatorios, comoquiera que implica desentra\u00f1ar un estado mental que las partes de la negociaci\u00f3n resolvieron mantener en su fuero \u00edntimo, y que, en ocasiones, persisten en encubrir. En l\u00ednea con lo anterior, suele reconocerse la importancia de emplear evidencias indirectas de la voluntad real, como ciertos rasgos o comportamientos de las partes, que no son frecuentes entre quienes ajustan tratos serios. <\/p>\n
Por v\u00eda de ejemplo, las reglas de la experiencia sugieren que es habitual que el vendedor se desprenda de la posesi\u00f3n del bien que enajena; que, quiera o necesite vender y su contraparte comprar; que reclame por esa transferencia un precio, equivalente al valor de mercado del activo, y que el comprador cuente con recursos suficientes para asumir sus cargas econ\u00f3micas. Por tanto, actuar contrariando dichas pautas comportamentales puede sugerir el fingimiento de una declaraci\u00f3n de voluntad. <\/p>\n
A las anteriores evidencias pueden sumarse otras, ya no propias de una conducta negocial at\u00edpica, sino del contexto en que se celebr\u00f3 el contrato, como la cercan\u00eda de las partes (no necesariamente su parentesco); la ausencia de tratativas previas; la \u00e9poca de la negociaci\u00f3n; las cl\u00e1usulas contractuales inusuales (reserva de usufructo, pacto de retroventa, etc.); la transferencia masiva de activos, y la causa simulandi, que se traduce en la existencia de un motivo para encubrir con un ropaje aparente la aut\u00e9ntica voluntad de los contratantes. <\/p>\n
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2. Circunstancias como las que se relacionaron supra, consideradas en forma aislada, no ser\u00edan suficientes para calificar un contrato como ficto, pues las convenciones veraces pueden, por distintas causas, presentar algunos de esos rasgos en su configuraci\u00f3n, y las simuladas no hacerlo. Pero varios de ellos conjuntados, vistos bajo el prisma de la sana cr\u00edtica, la l\u00f3gica formal y las reglas de la experiencia, permiten cimentar adecuadamente una conclusi\u00f3n en torno al punto por el que se averigua. <\/p>\n
Los indicios que han identificado y compendiado la jurisprudencia y la doctrina a lo largo de los a\u00f1os sirven como herramienta para reconocer las notas distintivas de los negocios jur\u00eddicos simulados, de modo que, al analizar contextualmente los hechos probados en el proceso, resultar\u00e1 m\u00e1s sencillo establecer si reflejan la seriedad del contrato, o dan cuenta de que, tras su apariencia, se oculta una voluntad diversa a la exteriorizada. <\/p>\n
No obstante, debe tenerse en cuenta que esos \u201cindicios de simulaci\u00f3n\u201d <\/p>\n
\u00ab(…) no constituyen una lista de necesaria satisfacci\u00f3n, que exija para el \u00e9xito de la acci\u00f3n de prevalencia la indefectible demostraci\u00f3n de todos los supuestos sugerentes de un contrato simulado; al fin y al cabo, la valoraci\u00f3n de la conducta humana exige, m\u00e1s all\u00e1 de simples razonamientos autom\u00e1ticos, un ejercicio de ponderaci\u00f3n y an\u00e1lisis complejo, siempre orientado, insiste la Sala, por las reglas de la sana cr\u00edtica. Pi\u00e9nsese, para demostrar la validez de este argumento, en un contrato de compraventa con pacto de reserva de dominio, celebrado entre padre e hijo. Per se, resultar\u00eda aventurado tildarlo de mendaz solo por la relaci\u00f3n filial y convenci\u00f3n accidental; pero si la contrataci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo entre un progenitor moribundo, con gran capacidad econ\u00f3mica, y su \u00fanico descendiente, que reci\u00e9n alcanz\u00f3 la mayor\u00eda de edad, sin empleo ni recursos propios, parece leg\u00edtimo dudar de la armon\u00eda entre la real intenci\u00f3n de las partes y su exteriorizaci\u00f3n. <\/p>\n
Y si a ese panorama se suma la posibilidad latente de una demanda de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal contra el enajenante, que obligar\u00eda a distribuir equitativamente su patrimonio con su antigua esposa, esas sospechas dejar\u00e1n de serlo, y la l\u00f3gica revelar\u00e1 una verdad concluyente: se hizo pasar por venta una donaci\u00f3n, pues la verdadera voluntad del padre no podr\u00eda ser otra que transferir a t\u00edtulo gratuito un activo inmobiliario a su hijo (mejorando as\u00ed su situaci\u00f3n como futuro heredero \u00fanico), con el prop\u00f3sito de defraudar a la c\u00f3nyuge de quien se dijo vendedor, sin serlo. A ello cabe a\u00f1adir, siguiendo con la exposici\u00f3n propuesta, que el desenlace advertido no se modificar\u00eda si el precio pactado en el contrato simulado acompasara con el valor comercial de lo vendido, o si antes de la transferencia el presunto adquirente hubiera examinado, con la asesor\u00eda de expertos, el estado del inmueble, porque tales eventualidades no dotar\u00edan de seriedad a un negocio que carece de ella, ni permitir\u00edan tener por ver\u00eddica una expresi\u00f3n de voluntad que a todas luces tiene dobleces\u00bb (CSJ SC3598-2020, 28 sep., ya citada). <\/p>\n
Por esa v\u00eda, se muestra impertinente descartar la simulaci\u00f3n de una convenci\u00f3n con el \u00fanico pretexto de que uno de los indicios citados no qued\u00f3 debidamente probado, pues tal conclusi\u00f3n supondr\u00eda que el doblez de la voluntad se acredita mediante una simple comprobaci\u00f3n cuantitativa, y no a trav\u00e9s del an\u00e1lisis racional de la evidencia, como es de rigor trat\u00e1ndose de un sistema de valoraci\u00f3n asentado en la sana cr\u00edtica, como el que impera en Colombia. <\/p>\n
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3. Caso concreto. <\/p>\n
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1. Delimitaci\u00f3n de competencia de la Corte. <\/p>\n
En el escrito inicial, el convocante solicit\u00f3 la declaratoria de simulaci\u00f3n de dos contratos, uno de compraventa y otro de arrendamiento, relacionados con el predio rural \u201cEl Oasis\u201d, ubicado en el municipio de Guamo. Esas pretensiones no salieron avante, porque el tribunal consider\u00f3, de una parte, que no se prob\u00f3 que existiera \u00abuna intenci\u00f3n previa, inequ\u00edvoca, concertada, de las partes para encubrir la realidad\u00bb a trav\u00e9s del convenio de vocaci\u00f3n translaticia. <\/p>\n
Y de otra, que la seriedad del contrato de arrendamiento hab\u00eda hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues mediante sentencia ejecutoriada de 24 de mayo de 2019, dictada en el marco de un proceso de restituci\u00f3n de tenencia promovido por la se\u00f1ora Perdomo Rivera contra el aqu\u00ed demandante, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ortega desestim\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00absimulaci\u00f3n\u00bb que aquel propuso, con apoyo en argumentos similares a los que respaldan la demanda con la que inici\u00f3 este juicio. <\/p>\n
Hecha esta precisi\u00f3n, advierte la Sala que el grueso de las cr\u00edticas que blandi\u00f3 el impugnante al sustentar su recurso de casaci\u00f3n se dirigi\u00f3 en contra de lo resuelto frente al contrato de compraventa. En cambio, lo atinente al pacto arrendaticio solo le mereci\u00f3 unas breves l\u00edneas, en las que critic\u00f3 a la colegiatura de segunda instancia por pretermitir \u00ablo que dice la demandada en el proceso de restituci\u00f3n que se alleg\u00f3 como prueba al proceso, pues en esa demanda no se est\u00e1 pidiendo restituci\u00f3n de los bienes referidos en la escritura 436 de 1991, sino los que est\u00e1n referidos en otra escritura\u00bb. <\/p>\n
Esa censura es, a todas luces, desenfocada, porque la cosa juzgada que reconoci\u00f3 el ad quem no depend\u00eda de la coincidencia entre el predio arrendado y el compravendido, sino de la identidad entre el negocio jur\u00eddico que, por v\u00eda de excepci\u00f3n, se hab\u00eda denunciado como simulado ante el juez de la restituci\u00f3n, y aquel que se dijo ficto en el petitum de la demanda con la que inici\u00f3 este proceso. <\/p>\n
Y esa consonancia, que existe, no fue puesta en duda por el inconforme, como tampoco lo fueron sus efectos de cara a la cosa juzgada que se declar\u00f3. De ah\u00ed que las resoluciones adoptadas en las instancias ordinarias sobre el contrato de arrendamiento hayan cobrado firmeza, y deban entenderse excluidas del debate que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en atenci\u00f3n a la naturaleza eminentemente dispositiva del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Examen de la labor de valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el tribunal. <\/p>\n
Circunscrita la Corte al an\u00e1lisis del contrato de compraventa, se advierte que el ad quem omiti\u00f3 valorar concienzudamente varios indicios, que vistos en conjunto, lucen consistentes con la teor\u00eda del caso del recurrente: la cercan\u00eda de los estipulantes, compa\u00f1eros permanentes entre s\u00ed; la ausencia de pruebas de la capacidad econ\u00f3mica de la compradora y del origen del precio pagado; la enajenaci\u00f3n en bloque de los bienes ra\u00edces del vendedor \u2013quien transfiri\u00f3 todas sus propiedades a la demandada en el mismo acto\u2013, y la falta de representatividad en el patrimonio de aquel del precio que le habr\u00eda sido entregado. <\/p>\n
En id\u00e9ntico sentido, tampoco extrajo informaci\u00f3n relevante de ciertas estipulaciones sospechosas, como la que se encuentra inserta en el contrato de arrendamiento que ajustaron las partes con relaci\u00f3n a los predios enajenados1, ni de los testimonios de Daniel Guzm\u00e1n Barrios2, Pablo Antonio Calder\u00f3n3 o F\u00e9lix Mar\u00eda Aponte4, cuya versi\u00f3n coincide con la del convocante. <\/p>\n
Es claro que esas pruebas no se pasaron por alto de forma inconsciente, sino como secuela de la alegada ausencia de un elemento estructural de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n: la prueba de la \u00abconfabulaci\u00f3n de los intervinientes en el contrato\u00bb, entendi\u00e9ndose por tal cosa la evidencia concreta de \u00abla amenaza econ\u00f3mica directa y avasallante\u00bb que debi\u00f3 enfrentar el actor en raz\u00f3n al mal estado de sus negocios, y que lo habr\u00eda llevado a celebrar un pacto ficto como medio para eludir la previsible acci\u00f3n de sus acreedores. <\/p>\n
Expresado de otro modo, para el ad quem la falta de comprobaci\u00f3n del hecho que habr\u00eda movido al actor a fraguar el ocultamiento de sus activos \u2013la crisis econ\u00f3mica que dijo atravesar durante el a\u00f1o 1991\u2013, imped\u00eda que la demanda de simulaci\u00f3n saliera avante, tornando f\u00fatil considerar las probanzas citadas en p\u00e1rrafos precedentes. Pero, como puede advertirse, en ese raciocinio subyace una confusi\u00f3n grave entre dos conceptos distintos: el concierto simulatorio y la causa simulandi. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, tal como lo explic\u00f3 la Corte recientemente, <\/p>\n
\u00abel prop\u00f3sito de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n es develar la realidad oculta tras una apariencia negocial voluntariamente creada. Por tanto, para que un contrato pueda considerarse simulado, no basta con que all\u00ed se hayan consignado declaraciones de voluntad que no correspondan a la realidad; tambi\u00e9n se requiere que esa discrepancia entre la voluntad real y la declarada sea el desarrollo de un pacto subyacente entre los estipulantes (…). A ese particular consenso se le denomina acuerdo simulatorio, y, como es apenas obvio, es un rasgo esencial de la simulaci\u00f3n, pues permite distinguirla de otros escollos del negocio jur\u00eddico en los que tambi\u00e9n se presentan desavenencias entre la voluntad real y la declarada, como algunos vicios del consentimiento, o las reservas mentales unilaterales. <\/p>\n
[…En contraposici\u00f3n], para que se configure el fen\u00f3meno simulatorio (…) no son determinantes las maquinaciones subjetivas que condujeron a los contratantes a exteriorizar una voluntad fingida; por ende, el \u00e9xito de las pretensiones de simulaci\u00f3n no puede depender de la prueba de un m\u00f3vil espec\u00edfico para simular, mucho menos de acreditar que las partes del contrato simulado pretend\u00edan menoscabar derechos o garant\u00edas ajenas. <\/p>\n
Cuesti\u00f3n distinta es que la prueba de la causa simulandi, es decir, del acaecimiento de circunstancias que pudieron motivar a los implicados a fingir un contrato, puede ser valorada como un indicio muy \u00fatil para establecer la hip\u00f3tesis de la simulaci\u00f3n; pero es menester insistir en que, as\u00ed como aisladamente considerado ese indicio no franquea el paso al petitum de prevalencia, la oscuridad sobre tales razones tampoco conduce inexorablemente a su fracaso, como lo entendi\u00f3 el ad quem en el fallo recurrido. <\/p>\n
(…) El acuerdo simulatorio consiste en haber concertado la celebraci\u00f3n de un negocio mendaz, siendo irrelevantes, en este punto al menos, las razones que llevaron a las partes a exteriorizar ese artificio. Lo verdaderamente determinante es que ambas hayan decidido, de forma libre y consciente, consignar en un contrato una declaraci\u00f3n de voluntad aparente, sin importar que sus motivaciones individuales para el fingimiento sean compartidas o conocidas por su contraparte. <\/p>\n
Para ilustrar esa afirmaci\u00f3n, pi\u00e9nsese en un deudor que afronta una grave crisis econ\u00f3mica, y decide enajenar de forma ficta todos sus bienes a un amigo cercano, a quien explica su plan, sin revelarle su situaci\u00f3n de insolvencia. Si el negocio jur\u00eddico se celebra, siendo sus partes conscientes de crear una situaci\u00f3n jur\u00eddica aparente, incompatible con su verdadero consentimiento, el contrato ser\u00e1 simulado, sin importar que el adquirente de los bienes desconozca los antecedentes que llevaron a su contraparte a ejecutar una transferencia simulada\u00bb (CSJ SC1960-2022, 22 de julio). <\/p>\n
Conforme lo indicado, no era viable condicionar el \u00e9xito de las pretensiones de simulaci\u00f3n a la prueba de un contexto financiero desfavorable del vendedor-demandante, en el que se avizoraran procesos ejecutivos en su contra, e incluso eventuales medidas cautelares sobre sus bienes ra\u00edces, porque ese tipo de variables f\u00e1cticas no pertenecen al \u00e1mbito conceptual del acuerdo simulatorio, sino al de la causa simulandi, que si bien es un indicio trascendente y distintivo de esta clase de juicios, no se erige como requisito de procedencia de la acci\u00f3n de prevalencia. <\/p>\n
Por consiguiente, la colegiatura de segundo grado no ten\u00eda ninguna justificaci\u00f3n v\u00e1lida para desentenderse del an\u00e1lisis de las probanzas recaudadas, de manera que, al menos en punto a la preterici\u00f3n del material demostrativo, le asiste raz\u00f3n al casacionista. A ello cabe a\u00f1adir que, prima facie por lo menos, las pruebas obviadas parecen refutar la seriedad de la negociaci\u00f3n que defendi\u00f3 el fallador de primer grado, y corroborar la hip\u00f3tesis de la simulaci\u00f3n esgrimida por el convocante en su escrito de demanda. <\/p>\n
La anterior afirmaci\u00f3n, se insiste, es apenas fruto de una somera aproximaci\u00f3n a la evidencia, que se explica porque la Corte estima innecesario acometer un an\u00e1lisis exhaustivo, toda vez que aun a pesar del posible quiebre del fallo impugnado, el de reemplazo que debiera dictar la Corte ser\u00eda igualmente desestimatorio de las pretensiones, dada la prosperidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n que invoc\u00f3 la se\u00f1ora Perdomo Rivera al contestar la demanda. <\/p>\n
Pero antes de exponer las razones que sostienen la conclusi\u00f3n que se anticip\u00f3 \u2013la cual vuelve intrascendente el yerro denunciado en casaci\u00f3n, y por lo mismo, impr\u00f3spero el recurso\u2013 es menester clarificar la situaci\u00f3n procesal de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, as\u00ed como depurar el precedente que ata\u00f1e al hito inicial del t\u00e9rmino prescriptivo en asuntos como este, tareas que emprender\u00e1 la Corte a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Necesidad de pronunciarse sobre la defensa de prescripci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al comparecer al proceso, la demandada aleg\u00f3 como defensa la \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb, pero lo hizo bajo el ep\u00edgrafe de \u00abexcepci\u00f3n previa\u00bb, imprecisi\u00f3n t\u00e9cnica que parece obedecer a una inoportuna evocaci\u00f3n del art\u00edculo 6 de la Ley 1395 de 2010, que introdujo un inciso adicional al precepto 97 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, de este tenor: \u00abTambi\u00e9n podr\u00e1n proponerse como previas las excepciones de cosa juzgada, transacci\u00f3n, caducidad de la acci\u00f3n, prescripci\u00f3n extintiva y falta de legitimaci\u00f3n en la causa (…)\u00bb. <\/p>\n
La norma en cita instituy\u00f3 las llamadas \u201cexcepciones mixtas\u201d, es decir, \u00abrelacionadas con el fondo del litigio, pero tramitadas como [excepciones] previas\u00bb (CSJ AC3768-2021, 1 sep.), lo que equivale a decir que, en vigencia de la Ley 1395 de 2010, la \u00abcosa juzgada, transacci\u00f3n, caducidad, prescripci\u00f3n extintiva [o la] falta de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb, pod\u00edan plantearse como excepciones de m\u00e9rito o como excepciones previas, a voluntad del convocado. <\/p>\n
En el primer caso, se resolver\u00edan en la sentencia que pone fin a la instancia, tan pronto concluyeran las etapas de instrucci\u00f3n y alegatos de cierre (art\u00edculos 404, 414 y 432-4 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, entre otros); en el segundo caso, la decisi\u00f3n se adoptar\u00eda mediante auto o sentencia anticipada (seg\u00fan si la excepci\u00f3n fracasaba, o sal\u00eda avante), prove\u00eddo que ser\u00eda proferido durante la fase preliminar del juicio, otrora reservada para arbitrar sobre asuntos formales (art\u00edculo 99-6, ejusdem). <\/p>\n
No obstante, al entrar en vigor el C\u00f3digo General del Proceso, esa duplicidad de v\u00edas desapareci\u00f3. El legislador dispuso que todas las defensas que ata\u00f1en a la relaci\u00f3n sustancial en disputa \u2013como la prescripci\u00f3n extintiva\u2013 deb\u00edan esgrimirse como excepciones de m\u00e9rito, y a cambio autoriz\u00f3 a los jueces para emitir sentencias anticipadas, tan pronto encuentren acreditada \u00abla cosa juzgada, la transacci\u00f3n, la caducidad, la prescripci\u00f3n extintiva y la carencia de legitimaci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 278). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En l\u00ednea con lo expuesto, se advierte que la convocada se equivoc\u00f3 al rotular su excepci\u00f3n como \u00abprevia\u00bb, porque la prescripci\u00f3n no est\u00e1 incluida en los supuestos taxativos que consagra el art\u00edculo 100 del C\u00f3digo General del Proceso, vigente para cuando inici\u00f3 este juicio, ni subsiste en nuestro ordenamiento la posibilidad de asignar tr\u00e1mite preferente a dicho alegato defensivo, como si se tratara de una \u201cexcepci\u00f3n mixta\u201d \u2013en los t\u00e9rminos que consagraba el derogado canon 97 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u2013. <\/p>\n
Sin embargo, una pifia como esa no deber\u00eda tener ninguna incidencia, porque el juez de la causa, obligado como est\u00e1 a interpretar razonablemente todos los escritos de las partes (incluida la contestaci\u00f3n de la demanda), tendr\u00eda que considerar ese alegato como una excepci\u00f3n de m\u00e9rito. De lo contrario, sacrificar\u00eda la realizaci\u00f3n del derecho de defensa por un simple formalismo (el uso de la expresi\u00f3n \u00abprevia\u00bb para calificar la excepci\u00f3n), contrariando el mandato de los art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como el precedente de la Sala, que en punto a la interpretaci\u00f3n de la demanda \u2013y, mutatis mutandis, de su contestaci\u00f3n\u2013, ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab[De acuerdo con] la doctrina probable de esta Corporaci\u00f3n (…), \u201cEl juez debe interpretar la demanda en su conjunto, con criterio jur\u00eddico, pero no mec\u00e1nico, auscultando en la causa para pedir su verdadero sentido y alcance, sin limitarse a un entendimiento literal, porque debe trascenderse su misma redacci\u00f3n, para descubrir su naturaleza y esencia, y as\u00ed por contera superar la indebida calificaci\u00f3n jur\u00eddica que eventualmente le haya dado la propia parte demandante. <\/p>\n
Tales hechos, ha dicho la Corte, \u2018son los que sirven de fundamento al derecho invocado y es sobre la comprobaci\u00f3n de su existencia y de las circunstancias que los informan sobre que habr\u00e1 de rodar la controversia\u2019 (Sentencia de 2 de diciembre de 1941). Si est\u00e1n probados los hechos, anot\u00f3 en otra ocasi\u00f3n, \u2018incumbe al juez calificarlos en la sentencia y proveer de conformidad, no obstante, los errores de las s\u00faplicas: da mihi factum, dabo tibi ius\u2019 (G.J. No. 2261 a 2264, p\u00e1g. 137). <\/p>\n
(\u2026) [E]l juez tiene el deber de desentra\u00f1ar el verdadero y m\u00e1s equitativo sentido de la demanda, por supuesto, sin distorsionarla, labor en cuya realizaci\u00f3n puede acontecer que el demandante, descuidada o ambiguamente sit\u00fae su petici\u00f3n en [un] \u00e1mbito (…) pero al exponer el objeto de su reclamaci\u00f3n o la causa para expedir evidencie con nitidez lo contrario (…), pues en esa hip\u00f3tesis deber\u00e1 el juzgador emprender el ejercicio intelectivo pertinente, enderezado a establecer el genuino sentido de dicho libelo, sin que necesaria e ineludiblemente deba atenerse a la denominaci\u00f3n que al desgaire le hubiere imprimido el accionante\u00bb (CSJ SC, 16 jul. 2008, rad. 1997-00457-01). <\/p>\n
(…) A partir de los precedentes citados, puede construirse la siguiente subregla: el juez tiene el deber de interpretar los hechos y pretensiones esgrimidos por el convocante en su demanda, dot\u00e1ndolos del sentido que interfiera en menor medida con la procedencia de sus verdaderos reclamos, siempre y cuando esa hermen\u00e9utica no sea abiertamente incompatible con las manifestaciones del propio convocante en su escrito inaugural, o sus modificaciones. <\/p>\n
Esto se traduce en que el fallador est\u00e1 obligado a desentra\u00f1ar el aut\u00e9ntico y adecuado sentido de la demanda, especialmente en aquellos eventos en los que la descripci\u00f3n f\u00e1ctica incluida en esa pieza procesal sea ininteligible, o refleje una contradicci\u00f3n insalvable entre los hechos relatados y las pretensiones; pero si lo que ocurre es que el convocante eligi\u00f3 de manera di\u00e1fana una acci\u00f3n equivocada, esa mediaci\u00f3n excepcional del funcionario se tornar\u00eda injustificada, pues el deber de interpretaci\u00f3n no puede conducir a que la jurisdicci\u00f3n recomponga la estrategia procesal de los litigantes, o la sustituya por otra m\u00e1s adecuada para la gesti\u00f3n de sus intereses\u00bb (CSJ SC3724-2021, 8 sep.). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Aunque las formas procesales previas parec\u00edan seguir el camino indicado (al punto que de la excepci\u00f3n se corri\u00f3 traslado al convocado, y este lo descorri\u00f3, planteando las razones de su oposici\u00f3n5), al instalar la audiencia inicial el juzgador a quo sostuvo, lac\u00f3nicamente, que \u00aba la excepci\u00f3n previa no se le dar\u00e1 tr\u00e1mite porque no fue presentada de forma aparte (sic)\u00bb; dicho de otro modo, se abstuvo de resolver \u2013en esa etapa preliminar del juicio al menos\u2013 sobre la prescripci\u00f3n alegada, arguyendo la inobservancia de la formalidad prevista en el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo General del Proceso6. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n es inconducente, por dos razones distintas: (i) No existe norma alguna que consagre tan gravosa consecuencia para las excepciones previas que no se presentan en escrito separado \u2013de hecho, negarse a estudiar un alegato oportuno, con base en su ubicaci\u00f3n f\u00edsica en el expediente, parece constituir un exceso ritual manifiesto\u2013; y (ii) El citado art\u00edculo 101 no era aplicable a este caso, pues la legislaci\u00f3n procesal actual no enlist\u00f3 a la prescripci\u00f3n como excepci\u00f3n previa \u2013ni mucho menos como \u201cmixta\u201d\u2013. <\/p>\n
A esos dislates se suma la parquedad y ambivalencia de la resoluci\u00f3n del funcionario, que parece apuntar a que la prescripci\u00f3n no ser\u00eda decidida en la instancia previa, pero no necesariamente que su estudio como defensa de m\u00e9rito quedaba descartado. Y, claro est\u00e1, esa vaguedad termin\u00f3 dificultando el cabal entendimiento de un puntal del litigio sobre el que no deber\u00eda existir incertidumbre: los medios personales de defensa de la demandada, que ser\u00edan considerados al momento de resolver la controversia. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Sea cual fuere la consecuencia que tuvo en mente el juez de primera instancia al decidir que \u00aba la excepci\u00f3n previa no se le dar\u00e1 tr\u00e1mite porque no fue presentada de forma aparte (sic)\u00bb, lo cierto es que sobre la prescripci\u00f3n no se pronunci\u00f3 en su sentencia, omisi\u00f3n que hab\u00eda pasado inadvertida hasta ahora, porque en dicha oportunidad se denegaron todas las pretensiones, aunque, naturalmente, por una raz\u00f3n distinta a la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n por el paso del tiempo. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el fallador a quo se abstuvo de declarar simulado el contrato de compraventa censurado, arguyendo que no se hab\u00edan recaudado \u00abpruebas s\u00f3lidas\u00bb que permitieran derruir su presunci\u00f3n de seriedad, o ratificar \u00abla mala situaci\u00f3n econ\u00f3mica del actor que lo llevara a vender\u00bb. Y apelada esta determinaci\u00f3n por el afectado, fue confirmada sobre la base de que sin la evidencia de la crisis financiera que motiv\u00f3 la venta, no era viable acceder a los reclamos del se\u00f1or Silvestre Reyes \u2013Cfr., num. 3.2. supra\u2013. <\/p>\n
Ocurre ahora que, tras vislumbrar el yerro en que pudo haber incurrido el ad quem al obviar buena parte del material demostrativo, el referido modo de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n recobra su indudable protagonismo, pues si se coligiera, como puede colegirse, que la evidencia recaudada ratifica de alg\u00fan modo las alegaciones del actor, el fatal quiebre de la sentencia impugnada conllevar\u00eda para la Corte el deber de definir, como tribunal de instancia7, las razones de defensa pendientes de ser zanjadas. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, cuando el juez superior considera infundada la excepci\u00f3n que hab\u00eda acogido el funcionario a quo (en este caso, la \u00abinexistencia de causa para demandar\u00bb, que a pesar del nombre que se le asign\u00f3, realmente ata\u00f1e a la falta de prueba de la simulaci\u00f3n), deber\u00e1 necesariamente resolver \u00absobre las otras, aunque quien la aleg\u00f3 no haya apelado de la sentencia\u00bb (art\u00edculo 282-3, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Por tanto, se torna ineludible estudiar de fondo el alegato de prescripci\u00f3n extintiva de la convocada, no solo porque hasta el momento su suerte sigue sin definirse \u2013a pesar de que no existan razones valederas para ello\u2013, sino tambi\u00e9n porque, atendidos los argumentos subsiguientes, tal defensa est\u00e1 llamada a abrirse paso, pues transcurrieron m\u00e1s de veintisiete a\u00f1os entre la fecha de celebraci\u00f3n del contrato cuestionado (15 de septiembre de 1991) y la de presentaci\u00f3n \u2013y oportuna notificaci\u00f3n del auto admisorio\u2013 de esta demanda (2 de noviembre de 2018). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Cambio de precedente: El dies a quo del plazo de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n ejercida por uno de los contratantes. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La prescripci\u00f3n extintiva de acciones y derechos. <\/p>\n
El art\u00edculo 2512 del C\u00f3digo Civil consagra que la prescripci\u00f3n \u00abes un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse pose\u00eddo las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo (sic), y concurriendo los dem\u00e1s requisitos legales. Se prescribe una acci\u00f3n o derecho cuando se extingue por la prescripci\u00f3n\u00bb. Y m\u00e1s adelante reitera el art\u00edculo 2535 de la misma obra que \u00ab[l]a prescripci\u00f3n que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo (sic) durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible\u00bb. <\/p>\n
De las normas citadas se sigue que la prescripci\u00f3n extintiva o liberatoria, modalidad que interesa a este proceso, es la consecuencia que asigna el ordenamiento al hecho de abstenerse de ejercer el derecho de acci\u00f3n \u2013no solicitar el amparo judicial de un derecho sustancial vulnerado, pudiendo hacerlo\u2013, durante un per\u00edodo tan extenso que revele socialmente m\u00e1s apropiado atenuar la tutela jurisdiccional del Estado, para que la situaci\u00f3n jur\u00eddica irregular pueda dejar de serlo, y logre consolidarse. <\/p>\n
Sin embargo, la posibilidad de hacer ese reclamo no puede mantenerse a perpetuidad, pues el deudor quedar\u00eda sometido indefinidamente a los designios de su acreedor. Y aunque pudiera argumentarse que tanto el temor a ser demandado, como las secuelas que ello pudiera generar en la vida del deudor, son producto de su conducta antijur\u00eddica (no honrar sus cargas obligacionales), a medida que pasan los a\u00f1os esa conclusi\u00f3n empezar\u00e1 a mostrarse menos acertada, hasta ser insostenible. <\/p>\n
Luego de un lapso prudente, los efectos perniciosos de la tardanza en ejercer la acci\u00f3n y, consecuentemente, corregir la injusticia, no deben ser asumidos por el sujeto pasivo de la relaci\u00f3n jur\u00eddico-sustancial, sino por el sujeto activo (el titular del derecho), pues es su incuria la que ha llevado a postergar la soluci\u00f3n de la situaci\u00f3n irregular por m\u00e1s tiempo del que la sociedad considera prudente y admisible. Por consiguiente, y en l\u00ednea con la bilateralidad que caracteriza a la mayor\u00eda de los asuntos gobernados por el derecho privado, se reconoce al obligado la posibilidad de invocar la prescripci\u00f3n extintiva, como excepci\u00f3n para aniquilar la acci\u00f3n9. <\/p>\n
Y aunque se trate de una defensa personal, que no puede reconocerse de oficio, -art\u00edculo 2513 CC-, y que es susceptible de renuncia e interrupci\u00f3n por actos voluntarios del sujeto pasivo de la relaci\u00f3n jur\u00eddica-sustancial, -art\u00edculos 2514 y 2539 CC- tras ella subyacen importantes fines sociales, como la igualdad, la estabilidad de las relaciones jur\u00eddicas y la sana convivencia entre las personas. As\u00ed lo expres\u00f3 esta Sala, en CSJ SC, 13 oct. 2009, Rad. 2004-00605-01; reiterada en CSJ SC5515-2019: <\/p>\n
\u00abEl mantenimiento del orden p\u00fablico y de la paz social o, como asegurara un conocido autor, \u201c\u2026la utilidad social\u201d10, busca proporcionar certeza y seguridad a los derechos subjetivos mediante la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas prolongadas y la supresi\u00f3n de la incertidumbre que pudiera ser generada por la ausencia del ejercicio de las potestades, como quiera que grave lesi\u00f3n causar\u00eda a la estabilidad de la sociedad la permanencia de los estados de indefinici\u00f3n, as\u00ed como la enorme dificultad que entra\u00f1ar\u00eda decidir las causas antiqu\u00edsimas. Por eso la Corte ha dicho que la instituci\u00f3n \u201c\u2026da estabilidad a los derechos, consolida las situaciones jur\u00eddicas y confiere a las relaciones de ese g\u00e9nero la seguridad necesaria para la garant\u00eda y preservaci\u00f3n del orden social\u201d, ya que \u201c\u2026la seguridad social exige que las relaciones jur\u00eddicas no permanezcan eternamente inciertas y que las situaciones de hecho prolongadas se consoliden\u201d (Sentencia, Sala Plena de 4 de mayo de 1989, exp. 1880)\u00bb. <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, la Corte Constitucional sostuvo: <\/p>\n
\u00abLa usucapi\u00f3n y la prescripci\u00f3n extintiva corresponden a una decisi\u00f3n de pol\u00edtica legislativa contraria a la idea de perpetuidad de los derechos, que busca hacer coincidir la realidad (la posesi\u00f3n continua o la inacci\u00f3n prolongada), con el ordenamiento jur\u00eddico para, por una parte, premiar a quien explota los derechos reales, a pesar de no ser su titular, pero que desarrolla la funci\u00f3n social de la propiedad (art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n), en el caso de la usucapi\u00f3n y, por otra parte, conminar a la definici\u00f3n pronta y oportuna de las situaciones jur\u00eddicas, so pena de exponerse a perder el derecho o la acreencia, en el caso de la prescripci\u00f3n extintiva. En este sentido, para imprimir certeza en el tr\u00e1fico jur\u00eddico y sanear situaciones de hecho, la prescripci\u00f3n materializa la seguridad jur\u00eddica, principio de valor constitucional que podr\u00eda resultar comprometido por la indefinici\u00f3n latente y prolongada de los problemas jur\u00eddicos surgidos de hechos jur\u00eddicos relevantes: la posesi\u00f3n del derecho real ajeno o la inacci\u00f3n en la reclamaci\u00f3n de los derechos u obligaciones. Al otorgar una respuesta jur\u00eddica a situaciones de hecho prolongadas, la prescripci\u00f3n tambi\u00e9n responde a necesidades sociales y busca implementar un orden justo, establecido como fin esencial del Estado en el art\u00edculo 2 de la Constituci\u00f3n. As\u00ed, la prescripci\u00f3n, en sus dos formas, apunta en \u00faltimas a materializar el fin, valor, derecho y deber de la paz (art\u00edculos 2, 6.6 y 22 de la Constituci\u00f3n), al regular un aspecto esencial de la soluci\u00f3n pac\u00edfica de los litigios y controversias y, buscar, por esta v\u00eda, la convivencia social\u00bb (C-091 de 2018). <\/p>\n
<\/p>\n
2. La prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo expuesto en la primera de las consideraciones que antecede, esta Corporaci\u00f3n tiene decantado, de anta\u00f1o, que <\/p>\n
\u00abComo la simulaci\u00f3n crea una divergencia entre la apariencia y la realidad, que se traduce en la pr\u00e1ctica en la primac\u00eda de aqu\u00e9lla sobre \u00e9sta, tal peculiaridad del fen\u00f3meno impone la necesidad de proporcionar un instrumento legal que permita poner las cosas en su punto, mediante la eliminaci\u00f3n del artificio. Ese instrumento es la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, dirigida en general a obtener el reconocimiento jurisdiccional de la verdad oculta tras el velo de la ficci\u00f3n, es decir, de la prevalencia de lo oculto respecto de lo aparente. En particular, si se trata de simulaci\u00f3n absoluta, la acci\u00f3n persigue la declaraci\u00f3n de que entre las partes no se ha celebrado en realidad el negocio ostensible, no habiendo en el fondo otra relaci\u00f3n entre los simulantes que la consistente en obligarlos a la restituci\u00f3n de las cosas al estado anterior; y si de la relativa, que el negocio ajustado por ellas es diverso del que exteriormente aparece concertado. En vista de tales fines, con mucha propiedad nuestra jurisprudencia le ha dado a esa acci\u00f3n la denominaci\u00f3n de acci\u00f3n de prevalencia (G. J., No. 2210, T. XC, p\u00e1g. 357) (…). De conformidad con lo anterior, entonces, la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n (…), dado su car\u00e1cter declarativo, no persigue por s\u00ed misma sino la verificaci\u00f3n o reconocimiento judicial de que en la ocurrencia concreta de que se trate existe una declaraci\u00f3n de voluntad oculta que, al expresar el verdadero querer de los contratantes, dejan sin contenido o altera en todo o en parte la declaraci\u00f3n ostensible bajo la cual aqu\u00e9lla se refugia; es decir, que tal acci\u00f3n no se endereza sino a obtener la declaraci\u00f3n de existencia de una simulaci\u00f3n\u00bb (CSJ SC, 21 may. 1969, G. J., t CXXX, p\u00e1g. 135). <\/p>\n
Pues bien, si el prop\u00f3sito de la acci\u00f3n de prevalencia consiste en esclarecer la verdadera voluntad de las partes de una convenci\u00f3n aparente, es l\u00f3gico deducir la existencia de un derecho \u2013y un deber jur\u00eddico correlativo\u2013 orientado a que esa voluntad real se exteriorice, de modo que puedan deshacerse los efectos del fingimiento. Existe, pues, una obligaci\u00f3n de aclarar cu\u00e1l es la verdad y deshacer la apariencia, de la que son deudores y acreedores rec\u00edprocos todos los part\u00edcipes de una convenci\u00f3n simulada. <\/p>\n
Cabe preguntarse, entonces, cu\u00e1ndo se hace exigible esa obligaci\u00f3n rec\u00edproca de las partes de un contrato simulado de revelar su verdadera voluntad \u2013o la ausencia de esa voluntad\u2013. Y la respuesta m\u00e1s pertinente con los principios generales del orden jur\u00eddico conduce a afirmar que surge tan pronto se celebra la convenci\u00f3n simulada, pues el deber jur\u00eddico del que se viene hablando no podr\u00eda quedar sometido a plazo o condici\u00f3n alguna. Y siendo ello as\u00ed, la de revelar la realidad y aniquilar la apariencia es una obligaci\u00f3n pura y simple, exigible inmediatamente. <\/p>\n
Por tanto, como el plazo prescriptivo se ha de computar \u00abdesde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible\u00bb (art\u00edculo 2535, C\u00f3digo Civil), es ineludible colegir que la fecha de celebraci\u00f3n del contrato simulado debe ser tambi\u00e9n el punto de partida del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, que es de diez a\u00f1os, de acuerdo con la regla general que prev\u00e9 el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Esa regla, sin embargo, no es absoluta, pues en aras de minimizar los efectos del enga\u00f1o, se ha conferido a los terceros afectados con la simulaci\u00f3n el derecho a exigir \u2013a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de prevalencia\u2013 que se revele la verdadera voluntad de los part\u00edcipes en la farsa contractual, prerrogativa que surge como respuesta a alguna lesi\u00f3n concreta, generada al tercero por el negocio ficto. De ah\u00ed que el dies a quo del plazo prescriptivo de la acci\u00f3n de esos terceros coincida con el nacimiento de su inter\u00e9s jur\u00eddico en la declaratoria de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, ense\u00f1a el precedente: <\/p>\n
\u00abA pesar de que la simulaci\u00f3n no es en todos los casos fraudulenta, por ejemplo, como cuando no se persigue perjudicar a terceros o realizar un fraude a la ley, de ordinario s\u00ed va orientada a lesionar los derechos de otros, ya sea en la modalidad de absoluta o relativa, motivo por el cual se le concede al agraviado con la celebraci\u00f3n de actos jur\u00eddicos de esa \u00edndole, la prerrogativa jur\u00eddica de destruir el acto simulado, o sea, de hacer prevalecer la realidad sobre la declaraci\u00f3n aparente o ficticia. <\/p>\n
(…) En ese orden de ideas, \u201cla acci\u00f3n de simulaci\u00f3n no s\u00f3lo pueden ejercitarla los contratantes simuladores, sino tambi\u00e9n los herederos de \u00e9stos y aun terceras personas, como los acreedores, cuando tienen verdadero inter\u00e9s jur\u00eddico. En lo que ata\u00f1e a los herederos, \u00e9stos pueden asumir una posici\u00f3n diferente, o sea, pueden actuar iure proprio o iure hereditario. Si el heredero impugna el acto simulado porque menoscaba su leg\u00edtima en tal caso ejercita su propia o personal acci\u00f3n. Si promueve la acci\u00f3n que ten\u00eda el de cujus y como heredero de \u00e9ste, se est\u00e1 en presencia de la acci\u00f3n heredada del causante\u201d (CSJ, SC del 14 de septiembre de 1976, G. J., t. CLII, p\u00e1gs. 392 a 396). <\/p>\n
(…) Siendo transmisible la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, \u201clos herederos de las partes, al igual que \u00e9stas, tienen el suficiente inter\u00e9s jur\u00eddico para atacar de simulado el negocio jur\u00eddico celebrado por el causante y, con mayor raz\u00f3n, cuando tal acto lesiona sus derechos herenciales, como sucede cuando con ellos se menoscaba su leg\u00edtima. En este evento no queda duda sobre la suficiencia del inter\u00e9s jur\u00eddico del heredero que obre iure hereditario o iure proprio, para impugnar el acto simulado\u201d (CSJ, SC del 4 de octubre de 1982, G.J. t. CLXV, p\u00e1gs. 211 a 218)\u00bb (CSJ SC1589-2020). <\/p>\n
La insistencia en referirse a esa duplicidad de la acciones (iure proprio \u2013 iure hereditatis) no es gratuita, sino que tiene el prop\u00f3sito de dejar en claro que, en trat\u00e1ndose de terceros (como lo ser\u00eda el heredero que act\u00faa a nombre propio), no es la mendacidad del contrato simulado lo que les confiere derecho a reclamar la prevalencia de la verdadera voluntad de los contratantes, sino el menoscabo que el pacto aparente les irroga, aunque este se materialice mucho tiempo despu\u00e9s de celebrado el contrato simulado. <\/p>\n
\u00abEl inter\u00e9s que legitima el ejercicio de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n puede surgir en muchos casos con posterioridad a la maniobra simulatoria, caso en el cual \u201ces palmario que la prescripci\u00f3n de dicha acci\u00f3n empieza a contarse respecto del titular que se encuentre en tales circunstancias, no a partir del acto simulado, sino desde el momento en que, pudiendo accionar, ha dejado de hacerlo\u201d11. La Corte desde anta\u00f1o clarific\u00f3, trat\u00e1ndose de herederos, que para el ejercicio de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n es requisito indispensable la existencia de un inter\u00e9s jur\u00eddico en el actor. Es la aparici\u00f3n de tal inter\u00e9s lo que determina la acci\u00f3n de prevalencia. Mientras \u00e9l no exista la acci\u00f3n no es viable. De consiguiente el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n extintiva debe principiar a contarse desde el momento en que aparece el inter\u00e9s jur\u00eddico del actor. S\u00f3lo entonces se hacen exigibles las obligaciones nacidas del acto o contrato oculto, de acuerdo con el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 2.535 del C\u00f3digo Civil (G.J. Tomo LXXXIII, n\u00famero 2.170, p\u00e1gina 284). Con base en lo expuesto, la fecha para comenzar a contar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n fue aquella en que la actora tuvo inter\u00e9s jur\u00eddico para ejercerla, en este caso, como tercera al contrato, cuando tuvo derecho a la herencia correspondiente en la sucesi\u00f3n de la vendedora, o sea el d\u00eda del fallecimiento de \u00e9sta, en que se produjo la delaci\u00f3n a t\u00e9rmino del art\u00edculo 1013 del C\u00f3digo Civil\u00bb (CSJ SC2582-2020). <\/p>\n
No puede pasarse por alto que reconocer a terceros derechos y acciones judiciales aut\u00f3nomos sobre contratos ajenos es verdaderamente excepcional12, como lo es acudir a circunstancias sobrevinientes al negocio jur\u00eddico mismo como justificaci\u00f3n para el surgimiento de flamantes remedios contractuales. Sin embargo, como la simulaci\u00f3n suele tener efectos incompatibles con el orden jur\u00eddico, se ha entendido necesario optar por soluciones sui generis como la descrita, priorizando el fin de minimizar, en la medida de lo posible, las secuelas nocivas del fingimiento contractual. <\/p>\n
Aunque simular una declaraci\u00f3n de voluntad no es intr\u00ednsecamente il\u00edcito, s\u00ed suelen serlo los designios que llevan a los contratantes a hacerlo. Al menos en la generalidad de los casos sometidos al escrutinio de la jurisdicci\u00f3n, la simulaci\u00f3n es empleada como instrumento para defraudar la leg\u00edtima de un hijo despreciado; reducir la participaci\u00f3n en los bienes sociales del c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente desaventajado; ocultar bienes a las autoridades a trav\u00e9s de testaferros; o simplemente defraudar acreedores. <\/p>\n
Ante la necesidad de dotar de acciones efectivas a los terceros afectados por la simulaci\u00f3n, que les permitan remediar tama\u00f1as injusticias, se muestra razonable la propuesta pretoriana de reconocer una acci\u00f3n aut\u00f3noma, que surge cuando la mendacidad cause da\u00f1os efectivos a terceros, y que prescribe tras diez a\u00f1os de estructurarse tal afectaci\u00f3n. Y aunque en la pr\u00e1ctica ello implica que el contrato aparente quede expuesto a controversias distantes en el tiempo de la fecha de su celebraci\u00f3n, existen buenas razones para preferir esa incertidumbre, por sobre la consolidaci\u00f3n de los efectos perniciosos que buscaba alguno de los contratantes al ajustar el pacto torticero. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El precedente que debe variarse. <\/p>\n
Conforme lo expuesto, elegir la fecha de celebraci\u00f3n del contrato simulado como dies a quo del plazo de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n que ejercen los contratantes \u2013o sus causahabientes\u2013, es perfectamente compatible con la regla que dispone contabilizar ese lapso prescriptivo frente a terceras personas desde cuando la convenci\u00f3n ficta lesiona sus derechos; es decir, desde cuando surja para ellos \u2013los terceros, se aclara\u2013 un inter\u00e9s subjetivo, serio, concreto y actual en la declaratoria de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
Pese a ello, tras superarse las teor\u00edas de la imprescriptibilidad de la acci\u00f3n \u2013basadas en la pervivencia en el tiempo de la situaci\u00f3n irregular creada por el contrato simulado13\u2013, la doctrina pareci\u00f3 entremezclar las condiciones para demandar la simulaci\u00f3n que deb\u00edan cumplir los contratantes con las propias de los terceros afectados, exigiendo que los primeros demostraran tambi\u00e9n que la simulaci\u00f3n les causaba perjuicio, como s\u00ed la mendacidad del acuerdo aparente, per se, no afectara a sus part\u00edcipes. <\/p>\n
A partir de esa confusi\u00f3n, entre 1955 y 1960 esta Sala postul\u00f3 que el hito inicial del plazo de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de prevalencia en cabeza de los contratantes estaba ligado al surgimiento para ellos de un \u00abinter\u00e9s jur\u00eddico\u00bb para demandar la simulaci\u00f3n, lo cual solo tendr\u00eda lugar cuando ocurriera \u00abun hecho que implique un desconocimiento del derecho o relaci\u00f3n jur\u00eddica acordada entre las partes del convenio\u00bb (Cfr. CSJ SC, 28 feb. 1955, G. J. t. LXXIX, p\u00e1g. 518). <\/p>\n
Tan categ\u00f3rica aseveraci\u00f3n, sin embargo, aparece plasmada primordialmente en providencias dictadas en juicios de simulaci\u00f3n promovidos por terceros, herederos de uno de los part\u00edcipes en el acuerdo simulado14, en ejercicio de su acci\u00f3n iure proprio; por tanto, se tratar\u00eda de un dicho de paso, que buscaba explicar por qu\u00e9 la acci\u00f3n de esos terceros surg\u00eda en una fecha posterior a la del contrato, pero no establecer una regla concreta frente a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de los contratantes. <\/p>\n
Ahora bien, el fallo CSJ SC, 14 abr. 1959, G. J. t. XC, p\u00e1g. 310, s\u00ed se dict\u00f3 en un tr\u00e1mite iniciado a instancias de uno de los contratantes, y all\u00ed se afirm\u00f3 que el plazo de la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n \u00abno puede contarse desde la fecha del contrato, porque la ley no lo ha expresado as\u00ed, como s\u00ed lo dice respecto de la acci\u00f3n nacida del pacto comisorio (art\u00edculo 1.938) y de la acci\u00f3n pauliana (art\u00edculo 2.491)\u00bb. No obstante, tal argumento que no puede ser de recibo, ya que dicha acci\u00f3n es de creaci\u00f3n jurisprudencial; no est\u00e1 consagrada en la legislaci\u00f3n positiva, de modo que resulta inapropiado deducir consecuencias de su \u2013irrebatible\u2013 vac\u00edo legal15. <\/p>\n
En cualquier caso, todos esos pronunciamientos fueron reproducidos en una decisi\u00f3n m\u00e1s reciente, la sentencia CSJ SC21801-201716 (que es el precedente que debe variarse), donde se dijo lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab\u00bfCu\u00e1ndo comienza a contarse el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, en trat\u00e1ndose de un negocio cuestionado como relativamente simulado? Para la Corte, dicho plazo letal no puede contarse desde la fecha de celebraci\u00f3n del negocio, sino a partir de un hecho que implique un desconocimiento del derecho o relaci\u00f3n jur\u00eddica acordada entre las partes del convenio, como lo ha dicho desde 1955 y lo reiter\u00f3 en sentencia de fecha 20 de octubre de 195917: <\/p>\n
\u201cSi la cuesti\u00f3n es controvertible del punto de vista doctrinario, en derecho colombiano es indudable que la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n absoluta o relativa puede extinguirse por el transcurso del tiempo. Salvo los casos expresamente se\u00f1alados en la ley, como respecto de ciertas acciones de estado civil (C, C., art\u00edculo 406), todas las- acciones son susceptibles de prescripci\u00f3n extintiva. Efectivamente, la norma legal es de car\u00e1cter general y no admite otras excepciones que las expresamente consagradas en la ley. \u2018La prescripci\u00f3n que extingue las acciones y derechos ajenos -dice, el art\u00edculo 2535 del C. C.- exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones\u2019. \u2018Toda acci\u00f3n por la cual se reclama un derecho \u2013estatuye el art\u00edculo 2538 del C. C.\u2013 se extingue por la prescripci\u00f3n adquisitiva del mismo derecho\u2019. El t\u00e9rmino dentro del cual se consuma la prescripci\u00f3n extintiva de simulaci\u00f3n es el ordinario de veinte a\u00f1os, establecido en el inc. 29 del art\u00edculo 2536 del mismo C\u00f3digo. <\/p>\n
\u00bfPero desde cu\u00e1ndo comienza a contarse el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n extintiva? No puede aceptarse que debe comenzar a contarse desde la fecha en que se celebr\u00f3 el acto o contrato aparente. En este caso, no es aplicable la norma legal respecto de la acci\u00f3n pauliana, cuya prescripci\u00f3n de un a\u00f1o se cuenta desde la fecha del acto o contrato (C. C., arto 2491, ord. 3\u00ba). La acci\u00f3n pauliana, aunque guarda afinidades con la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n tiene fundamentales diferencias. <\/p>\n
La acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, cierto es, tiene naturaleza declarativa. Por medio de ella se pretende descubrir el verdadero pacto, oculto o secreto, para hacerlo prevalecer sobre el aparente u ostensible. Pero para el ejercicio de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n es requisito indispensable la existencia de un inter\u00e9s jur\u00eddico en el actor. Es la aparici\u00f3n de tal inter\u00e9s lo que determina la acci\u00f3n de prevalencia. Mientras \u00e9l no exista, la acci\u00f3n no es viable. De consiguiente, el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n extintiva debe comenzar a contarse desde el momento en que aparece el inter\u00e9s jur\u00eddico del actor. S\u00f3lo entonces se hacen exigibles las obligaciones nacidas del acto o contrato oculto, de acuerdo con el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 2535 del C. C. <\/p>\n
As\u00ed trat\u00e1ndose de una compraventa simulada, el inter\u00e9s del vendedor aparente, para destruir los efectos del contrato ostensible cuando el comprador aparente pretende que tal contrato es real y no fingido, desconociendo la eficacia de la contraestipulaci\u00f3n, nace s\u00f3lo a partir de este agravio a su derecho, necesitado de tutela jur\u00eddica. <\/p>\n
La doctrina as\u00ed expuesta deja sin consistencia la acusaci\u00f3n del recurrente. Porque en el juicio consta que en vida del aparente vendedor Crispiniano Saldarriaga, el aparente comprador Antonio Saldarriaga no pretendi\u00f3 producir eficacia a la compraventa ficticia. S\u00f3lo despu\u00e9s de la muerte de aqu\u00e9l, acudi\u00f3 a las autoridades en demanda de la entrega del inmueble por medio de un juicio de lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho que hubo de fracasar. Contra los causahabientes del aparente, vendedor s\u00ed ha pretendido desconocer la eficacia del acto o contrato oculto. En estas condiciones, el t\u00e9rmino para la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n no puede contarse a partir de la fecha de la compraventa ficticia, sino desde que surgi\u00f3 para los sucesores el inter\u00e9s jur\u00eddico que legitima su titularidad\u201d. (G.J., No. 2150, p\u00e1gs. 525 y s.). (Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
S\u00edguese, en concordancia con los precedentes de esta Corporaci\u00f3n, que es m\u00e1s acorde con la justicia considerar, que mientras est\u00e9 vigente el pacto simulatorio entre las partes, no puede empezar a correr la prescripci\u00f3n y, por consiguiente, la exigibilidad que demarca el hito para ese efecto, conforme al art. 2535 del C.C., solo puede surgir desde el momento en que una de las partes, o sus herederos, desconoce el pacto. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, mientras el \u201cdeudor\u201d en la simulaci\u00f3n, esto es, quien tiene el derecho objeto del negocio oculto, no desconozca los atributos del otro contratante, este no estar\u00eda compelido a \u201cobrar\u201d con el inicio de la acci\u00f3n simulatoria, y por eso mismo, en el entretanto no podr\u00eda contarse el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n extintiva. S\u00f3lo desde el alzamiento en rebeld\u00eda del deudor, podr\u00eda iniciarse el fatal plazo prescriptivo. <\/p>\n
Con esa posici\u00f3n, puede concluirse, que el plazo de prescripci\u00f3n no corre obligatoriamente como lo dijo el Tribunal, desde el negocio simulado, porque se ratifica que el acto en ese sentido tiene validez entre las partes, y si es as\u00ed, mientras se mantenga ese estado de cosas, de reconocimiento entre ellas del acuerdo simulado, no podr\u00eda considerarse que hay un riesgo para quien puede ver afectado su derecho por conducta de la parte contraria. <\/p>\n
Si bien los extremos de la relaci\u00f3n negocial pueden tener inter\u00e9s en cualquier momento para ejercer la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, la concreci\u00f3n de un posible perjuicio y, consecuentemente, el inter\u00e9s para ese ejercicio acontece cuando una de ellas (o sus causahabientes) pone en riesgo el derecho que subyace en el pacto oculto\u00bb (SC21801-2017, 15 dic.) <\/p>\n
Para ilustrar esa situaci\u00f3n, pi\u00e9nsese en el caso de un comerciante, que temiendo afrontar una crisis econ\u00f3mica, decide burlar a sus acreedores transfiriendo de forma simulada a un familiar cercano el \u00fanico inmueble de su propiedad, sin tener intenci\u00f3n de desprenderse de \u00e9l, ni su contraparte de adquirirlo. En ese escenario, mientras el comprador aparente sea fiel a la artima\u00f1a \u2013y act\u00fae como si el comerciante no le hubiera transferido nada\u2013, resultar\u00eda inviable demandar la simulaci\u00f3n para las partes del contrato, pues ninguna tendr\u00eda inter\u00e9s para ello. <\/p>\n
En cambio, si el comprador decide comportarse como si el contrato aparente hubiera sido serio \u2013neg\u00e1ndose a seguir los designios del comerciante\u2013, se presentar\u00e1 un supuesto de \u00abrebeld\u00eda del deudor\u00bb (entendiendo por deudor el sujeto pasivo del acuerdo simulatorio), y surgir\u00e1 para su contraparte un inter\u00e9s para demandar, que a su vez habilitar\u00eda el inicio del c\u00f3mputo del plazo prescriptivo. <\/p>\n
Esta regla que viene coment\u00e1ndose debe ser modificada y precisada, no solo porque se funda en una conceptualizaci\u00f3n equivocada de la legitimaci\u00f3n de los contratantes para reclamar que sus declaraciones de voluntad coincidan con la realidad \u2013as\u00ed como del inter\u00e9s jur\u00eddico para hacerlo\u2013; sino tambi\u00e9n porque entra\u00f1a consecuencias que son incompatibles con principios de especial val\u00eda para la sociedad contempor\u00e1nea, como la igualdad, la transparencia en el mercado, la buena fe y la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
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4. Examen cr\u00edtico de las premisas en las que se funda el precedente. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo anunciado, debe insistirse en que la acci\u00f3n de prevalencia supone la existencia de un derecho sustancial19, que confiere a su titular la potestad de reclamar de la jurisdicci\u00f3n una declaraci\u00f3n orientada a clarificar el verdadero contenido de un acuerdo de voluntades. Y si bien ese derecho solo nace frente a terceros cuando la simulaci\u00f3n les cause detrimento, lo cierto es que en el caso de los contratantes no cabe esperar lesividad adicional a la de estar formalmente atados a una declaraci\u00f3n de voluntad que no es realmente la suya. <\/p>\n
Las partes de un contrato, pues, tienen derecho a que su voluntad declarada coincida con la ver\u00eddica \u2013o mejor, a que se muestre el pacto oculto y prevalezca sobre el aparente\u2013, derecho que se hace exigible tan pronto la simulaci\u00f3n se materializa; de no ser as\u00ed, habr\u00eda un per\u00edodo, el anterior a la exigibilidad del referido derecho, en el que el contrato ficto ser\u00eda inexpugnable para los contratantes, contrariando la prevalencia de la voluntad real por sobre la declarada20 sobre la que se funda la teor\u00eda de la simulaci\u00f3n. <\/p>\n
A lo expuesto cabe agregar que la jurisprudencia citada en el ac\u00e1pite 3.4.3. trata al inter\u00e9s jur\u00eddico como un problema subjetivo, de incentivos para promover la demanda, en lugar de un asunto objetivo, relacionado con \u00abla utilidad o el perjuicio jur\u00eddico, moral o econ\u00f3mico que para el demandante y el demandado puedan representar las peticiones incoadas en la demanda y la consiguiente decisi\u00f3n que sobre ellas se adopte en la sentencia\u00bb21. En t\u00e9rminos simples, equipara \u2013de forma improcedente\u2013 el hecho de estar interesado en demandar, con el de tener inter\u00e9s jur\u00eddico para demandar. <\/p>\n
Para ilustrar la diferencia de conceptos, pi\u00e9nsese en la situaci\u00f3n del acreedor de una prestaci\u00f3n dineraria, cuyo deudor acaba de incurrir en mora. Por regla general, no ejercer\u00e1 la acci\u00f3n ejecutiva apenas sucede el impago, ya que es posible que en las jornadas siguientes la obligaci\u00f3n sea satisfecha de forma voluntaria, o como respuesta a alguna gesti\u00f3n de cobranza extrajudicial. <\/p>\n
El acreedor, por tanto, no suele estar interesado en demandar tan pronto vence el plazo de la obligaci\u00f3n. Sin embargo, el art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil toma como hito inicial objetivo para la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de cumplimiento la fecha de exigibilidad del cr\u00e9dito (pues desde ah\u00ed es posible ejercerla), dejando de lado las razones que pudiera esgrimir dicho acreedor para querer postergar la presentaci\u00f3n de su demanda ejecutiva. <\/p>\n
En materia de simulaci\u00f3n ocurre una cosa semejante. Si el derecho a hacer coincidir la voluntad declarada y la verdadera es exigible entre las partes del contrato desde el momento mismo de su celebraci\u00f3n, tambi\u00e9n desde ese instante habr\u00e1 de correr el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de prevalencia, tal como sucede con el ejercicio de cualquier otro derecho patrimonial que no est\u00e9 expresamente sometido a reglas especiales. <\/p>\n
En resumidas cuentas, no cabe afirmar que en ausencia del acto de rebeld\u00eda de uno de los contratantes, el otro no tendr\u00eda inter\u00e9s jur\u00eddico para promover la acci\u00f3n, pues dicho inter\u00e9s se encuentra impl\u00edcito en el derecho de cada uno de ellos (los contratantes) a hacer prevalecer lo realmente acordado, debi\u00e9ndose agregar que, con independencia del tiempo transcurrido desde la celebraci\u00f3n del pacto ficto, el \u00e9xito del petitum de simulaci\u00f3n aparejar\u00eda secuelas econ\u00f3micas ciertas para los involucrados en la farsa. <\/p>\n
En esas condiciones, si uno de los part\u00edcipes en la simulaci\u00f3n ejerce la acci\u00f3n de prevalencia un instante despu\u00e9s de ajustar el contrato ficto, no podr\u00edan los jueces negar tal s\u00faplica pretextando que la farsa sigue en pie para su contraparte; menos aun aducir falta de inter\u00e9s para obrar, pues al margen de cualquier variable, se insiste, las pretensiones persiguen cambios efectivos en la composici\u00f3n patrimonial de los involucrados en el acto aparente. <\/p>\n
Ahora bien, es innegable que quien simula un contrato puede favorecerse de que la situaci\u00f3n no se esclarezca durante un buen tiempo, de modo que procurar\u00e1 que el artificio se mantenga; sin embargo, ello no puede afectar el c\u00f3mputo del plazo prescriptivo, tal como no lo hace la decisi\u00f3n del acreedor de aguardar al pago espont\u00e1neo de su deudor. Apenas sea posible ejercer la acci\u00f3n judicial, que lo es para las partes del contrato simulado un instante despu\u00e9s de su misma celebraci\u00f3n, la prescripci\u00f3n extintiva ha de iniciar su itinerario liberatorio. <\/p>\n
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5. La necesidad de variar el precedente en este caso concreto. <\/p>\n
Am\u00e9n de estar fundado en premisas jur\u00eddicas improcedentes, contabilizar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de prevalencia que ejerce uno de los contratantes a partir de un \u00abacto de rebeld\u00eda\u00bb del otro, conlleva varios efectos perniciosos, que no son solamente hipot\u00e9ticos, sino que se materializan con claridad en este caso concreto, robusteciendo as\u00ed la decisi\u00f3n de variar ahora el precedente: <\/p>\n
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i. La m\u00e1s evidente de esas derivaciones consiste en que, al vincular el decaimiento de la acci\u00f3n de prevalencia a una variable volitiva, el debate acerca de la seriedad del contrato puede aplazarse de manera indefinida, en la medida que el desconocimiento del acuerdo oculto puede suceder en cualquier tiempo, incluso varias d\u00e9cadas despu\u00e9s de la celebraci\u00f3n del contrato aparente, en clara oposici\u00f3n a los valores que intentan preservarse a trav\u00e9s de la prescriptibilidad de las acciones. <\/p>\n
Cabe insistir en que la observaci\u00f3n expuesta no se modifica si el contrato simulado se ajust\u00f3, o no, con prop\u00f3sitos injustos. Aunque simular una convenci\u00f3n no puede considerarse una conducta prohibida, de ello no se sigue que las partes contractuales se encuentran exentas de las consecuencias que impone el ordenamiento por no ejercer, durante cierto plazo, los derechos y acciones que permiten remediar la situaci\u00f3n jur\u00eddica irregular \u2013en tanto temporal y fingida\u2013 que ellas mismas crearon. <\/p>\n
No se trata, pues, de imponer un castigo a los part\u00edcipes de la simulaci\u00f3n, sino de equiparar su situaci\u00f3n con la de los dem\u00e1s sujetos, cuyas acciones ordinarias prescriben tras diez a\u00f1os de inacci\u00f3n. La persona que celebra un contrato simulado puede ejercer la acci\u00f3n de prevalencia apenas exteriorice su voluntad mendaz \u2013al margen de que sus fines son nobles o viles\u2013, por lo que tendr\u00e1 desde ese momento una d\u00e9cada para promover la demanda respectiva. No hay motivo para extender ese lapso m\u00e1s all\u00e1 del per\u00edodo que prev\u00e9 el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, ni para contabilizarlo desde un instante posterior al que establece el 2535 ibidem. <\/p>\n
Y si dicha soluci\u00f3n se muestra justa en esos hipot\u00e9ticos eventos22, qu\u00e9 no decir de los m\u00e1s frecuentes, que son aquellos en los que la simulaci\u00f3n es motivada por el af\u00e1n de defraudar a otros. Verbigracia, el se\u00f1or Silvestre Reyes confes\u00f3 haber ajustado una compraventa simulada, con el fin de defraudar a sus acreedores23, por lo que no luce razonable que la jurisdicci\u00f3n le confiera un tratamiento privilegiado en materia de prescripci\u00f3n extintiva para que pueda consumar su artima\u00f1a, sin importar que hubieran pasado veintisiete a\u00f1os desde la celebraci\u00f3n del contrato simulado sin que pidiera la prevalencia del acuerdo oculto. <\/p>\n
Alguna consecuencia jur\u00eddica han de asumir quienes celebran negocios de confianza, pues de lo contrario desaparecer\u00edan todos los incentivos para decir la verdad. Y aunque la simulaci\u00f3n no sea sancionable, tampoco parece moralmente admisible que el Estado la promocione o la facilite, especialmente en un contexto como el actual, en el que se exige un alto grado de transparencia en las operaciones y la conformaci\u00f3n de la masa patrimonial de las personas. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. El efecto pr\u00e1ctico m\u00e1s notorio de la tesis que se postul\u00f3 en la sentencia SC21801-2017 radica en habilitar para los contratantes el ejercicio de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n por un lapso mayor a diez a\u00f1os, contados a partir de la fecha de celebraci\u00f3n del contrato simulado; no porque alterara el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n ordinaria para este caso, sino porque implica que el plazo decenal inicie con un suceso que ocurrir\u00e1, si es que ocurre, en una oportunidad posterior a la aludida celebraci\u00f3n del pacto aparente. <\/p>\n
La particular noci\u00f3n de rebeld\u00eda tantas veces se\u00f1alada, considera que solo es valioso para el derecho preservar el consentimiento real de los estipulantes, dejando a su suerte la progresiva eficacia de la apariencia. De ah\u00ed que reste toda importancia a una afectaci\u00f3n que no merece ser desde\u00f1ada, y que estaba presente desde el principio: la confianza que la sociedad civil \u2013y las autoridades\u2013 depositan en las declaraciones p\u00fablicas de voluntad. <\/p>\n
Los contratos, aunque sean simulados, ir\u00e1n arraig\u00e1ndose en la realidad con el paso del tiempo, dando lugar a nuevas relaciones jur\u00eddicas, que no parece conveniente poner en entredicho tras un plazo prudencial. Quien acude a los registros p\u00fablicos y verifica que un acto jur\u00eddico data de hace varias d\u00e9cadas, deber\u00eda poder confiar en su inexpugnabilidad. Y aunque casos habr\u00e1 en los que resulte admisible alg\u00fan trato excepcional, no parece sensato incluir en el grupo de quienes merecen dicho privilegio a los mismos intervinientes en el acto jur\u00eddico vetusto. <\/p>\n
Nuevamente este caso muestra muy bien los riesgos de permitir el ejercicio de acciones contractuales sin un l\u00edmite de tiempo claro. Tras la venta simulada, a instancias de la se\u00f1ora Perdomo Rivera se inscribieron en el folio de matr\u00edcula de la finca \u201cEl Oasis\u201d dos hipotecas, un embargo en acci\u00f3n ejecutiva, una compraventa parcial, y un acto de divisi\u00f3n material, que conllev\u00f3 la cancelaci\u00f3n del folio de matr\u00edcula n.\u00b0 360-13668 (donde se inscribi\u00f3 el contrato simulado) y el surgimiento de dos predios independientes24. <\/p>\n
En el segundo de esos lotes subdivididos (folio n.\u00b0 360-37763, o \u201cLote 2 Santa Luc\u00eda\u201d), se inscribieron, a su vez, varias compraventas, y una nueva subdivisi\u00f3n, ahora en 45 lotes, que hoy conforman la urbanizaci\u00f3n Santa Luc\u00eda del municipio de Guamo. Estos \u00faltimos actos jur\u00eddicos, que involucran a un gran n\u00famero de personas, datan de 2016 y 2017, es decir, cerca de veinticinco a\u00f1os despu\u00e9s de la fecha en la que, aparentemente, la hoy demandada habr\u00eda adquirido la propiedad de la finca \u201cEl Oasis\u201d. <\/p>\n
Cabe anotar que el demandante afirm\u00f3 que todos esos negocios se celebraron por intermedio suyo; pero de tal cosa no hay prueba en el expediente; de hecho, hasta los contratos preparatorios que militan en el expediente solo hacen referencia a la propiedad de la se\u00f1ora Perdomo Rivera, aludiendo como antecedente de la tradici\u00f3n el contrato de compraventa que ahora se censura. Adem\u00e1s, el actor pidi\u00f3 que se ordenara a la se\u00f1ora Perdomo Rivera restituirle el precio recibido por las transferencias parciales del predio en comento, solicitud que no parece compatible con el control de la negociaci\u00f3n que proclam\u00f3 inicialmente. <\/p>\n
Todas esas convenciones ahora quedar\u00edan en entredicho si se permitiera al tradente de la convocada pedir que se declare que la venta fue fingida, y que, en realidad, \u00e9l no quer\u00eda vender, ni su contraparte comprar. Al tener en cuenta la inacci\u00f3n del se\u00f1or Silvestre Reyes desde la celebraci\u00f3n del contrato, se impide tan notorio injusto, que lo parece aun m\u00e1s si se piensa que la acci\u00f3n de sus acreedores s\u00ed que habr\u00eda prescrito en el entretanto. <\/p>\n
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iii. Optar por un hito objetivo para el c\u00f3mputo de la prescripci\u00f3n, parece enfrentar como mayor objeci\u00f3n la indulgencia con que trata a \u201cla parte pasiva\u201d del acuerdo simulatorio, esto es, quien obtiene r\u00e9ditos inmerecidos cuando la apariencia se afianza. Pero ese privilegio es solo aparente, o al menos no configura un tratamiento distinto del que se prodiga a cualquier otro deudor, liberado de su obligaci\u00f3n por la senda de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Aun siendo reprochable su actitud, no se ve por qu\u00e9 el part\u00edcipe de un contrato simulado debe soportar que la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de su contraparte no comience a correr cuando su obligaci\u00f3n se hizo exigible, sino cuando se anuncia su definitivo incumplimiento. Si los diez a\u00f1os transcurren sin reclamos del acreedor, es decir, del beneficiario de la simulaci\u00f3n, parece justo liberar al deudor de forma semejante a como lo har\u00eda cualquier obligada a una prestaci\u00f3n de naturaleza pura y simple. <\/p>\n
De lo contrario, los derechos del deudor de la relaci\u00f3n simulatoria, es decir, del part\u00edcipe pasivo de la simulaci\u00f3n, como lo es la se\u00f1ora Perdomo Rivera \u2013y as\u00ed como ella, todos quienes aceptan figurar como compradores de un bien, para despu\u00e9s, aceptando que la transferencia fue fingida, retornar la cosa al vendedor\u2013, quedar\u00edan totalmente supeditados a los intereses y designios del acreedor, es decir, de quien se beneficia de que las cosas regresaran al estado anterior al pacto ficto. <\/p>\n
El tiempo, sumado a la desidia del acreedor \u2013que bien podr\u00eda entenderse como benepl\u00e1cito de la apariencia\u2013, debe conferirle tambi\u00e9n tranquilidad al deudor, pues este tambi\u00e9n va construyendo su vida alrededor de la realidad que cre\u00f3 el contrato simulado. El litigio actual es muy ilustrativo al respecto, porque el tiempo logr\u00f3 afianzar en los litigantes la convicci\u00f3n de que las cosas en realidad deb\u00edan ser como hab\u00edan sido durante las d\u00e9cadas previas. <\/p>\n
Para explicar esa afirmaci\u00f3n, es necesario indicar que la finca \u201cEl Oasis\u201d fue adquirida por el se\u00f1or Silvestre Reyes el 10 de marzo de 1987, unos a\u00f1os antes de que, seg\u00fan la versi\u00f3n un\u00e1nime de las partes, estos hubieran iniciado una comunidad de vida estable y permanente25. En consecuencia, el contrato simulado, que data del 15 de septiembre de 1991, habr\u00eda generado que \u2013al menos en apariencia\u2013 el bien dejara de ser propio del actor, y pasara a pertenecer a la sociedad patrimonial Silvestre-Rivera. <\/p>\n
Ab initio, esa consecuencia pudo ser irrelevante para las partes, en la medida que el contrato solo era aparente. Pero, como es natural, con el paso de los a\u00f1os el convenio secreto se fue diluyendo, y, correlativamente, lo susceptible de ser percibido por los sentidos, aunque en principio fingido, fue echando ra\u00edces en la existencia de los involucrados, hasta mostrarse como un reflejo adecuado de la realidad. <\/p>\n
Ello explica que, mediante documento de 20 de enero de 2021, las partes del litigio hubieran afirmado de consuno que \u00abentre la se\u00f1ora Mar\u00eda Norma Perdomo Reyes y el se\u00f1or Alfredo Silvestre Reyes existi\u00f3 una sociedad comercial de hecho desde 1988 hasta el 2 de mayo de 2011 (…) cuyo \u00fanico activo es el predio el Oasis\u00bb. De esta manera se estar\u00eda dando efectos serios al acuerdo aparente, y no al oculto, permitiendo la participaci\u00f3n de ambos compa\u00f1eros permanentes en la propiedad del mencionado inmueble. <\/p>\n
Cabe mencionar que, a pesar de los requerimientos efectuados para complementar ese acuerdo, no pudo traducirse en una transacci\u00f3n, ni en otro acto jur\u00eddico que permitiera la terminaci\u00f3n anormal de este proceso. Por tanto, resultaba ineludible dictar el fallo pendiente, y qu\u00e9 mejor que hacerlo evidenciando las razones de derecho que subyacen tras la soluci\u00f3n que los litigantes consideran justa. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. En l\u00ednea con lo expuesto, elegir la fecha de celebraci\u00f3n del contrato como dies a quo de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n que ejerce uno de los part\u00edcipes del contrato simulado, no pretende prohijar que \u201cla parte pasiva\u201d haga creer a su contraparte que el convenio oculto sigue en pie, para luego beneficiarse abusivamente del paso del tiempo. Pero, para evitar que ello ocurra, es innecesario alterar las reglas de la prescripci\u00f3n, pues estas ya cuentan con herramientas que permiten hacer respetar los actos propios: la interrupci\u00f3n y la renuncia a la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
En estos casos, que los habr\u00e1, las conductas que hayan renovado o reavivado el t\u00e9rmino prescriptivo mantendr\u00e1n entre las partes la vigencia de su secreta obligaci\u00f3n, y seguramente evitar\u00e1n que se produzcan resultados contraproducentes como los explicados previamente. Y bueno sea decirlo, en este caso no se aleg\u00f3, ni se prob\u00f3 tampoco, que existiera un acto de este tipo. <\/p>\n
Por v\u00eda general, no parece pertinente correr el velo de confidencialidad que la ley le otorga a los comentarios que los intervinientes realizan durante una audiencia de conciliaci\u00f3n27, pero en este caso es el actor quien menciona lo que all\u00ed se dijo \u2013 antes transcrito- para reafirmar el reconocimiento de la simulaci\u00f3n por parte de la se\u00f1ora Perdomo Rivera, y tal cosa pudiera ser interpretada como un acto de renuncia a la prescripci\u00f3n, sin realmente serlo. <\/p>\n
Lo primero que hay que decir es que, para renunciar a la prescripci\u00f3n, no basta con reconocer que la contraparte tuvo un derecho, sino reafirmar que aun lo tiene, a pesar del paso del tiempo y de su inercia. En este caso, la se\u00f1ora Perdomo Rivera afirm\u00f3 que la venta fue simulada (como lo fue), pero nunca estuvo de acuerdo en que se mantuvieran los efectos del pacto ficto. Al contrario, cuando formul\u00f3 su denuncia, la hoy demandada sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEl d\u00eda 17 de octubre de 2018, a eso de las doce y media o una de la tarde, yo me encontraba en el horario de almuerzo, yo me encontraba en mi casa, en la cocina, y el se\u00f1or Alfredo Silvestre Reyes se asom\u00f3 y me dijo que necesitaba la plata de la venta de unos lotes, y yo le dije que yo no ten\u00eda nada que darle, porque yo no ten\u00eda ning\u00fan negocio con \u00e9l. Entonces me dijo que \u00e9l me iba a mandar a matar, porque yo no iba a vivir para disfrutar esa plata, ni esa finca, que si el no lo hac\u00eda lo mandaba a hacer, pero con esas no se quedaba (…). <\/p>\n
Entonces me entr\u00e9 y cerr\u00e9 las ventanas de la calle para que el se\u00f1or Alfredo se fuera y no me siguiera diciendo m\u00e1s cosas, y luego me fui para la habitaci\u00f3n (…). De ah\u00ed me llam\u00f3 el exalcalde, doctor \u00c1ngel Monroy, para decirme que qu\u00e9 me pasaba con Alfredo, que Alfredo lo hab\u00eda llamado para decirle que \u00e9l me iba a matar, que no le importaba si ten\u00eda que pagar la c\u00e1rcel, que porque no ten\u00eda que darme [a la denunciante] la parte de esos lotes y de la finca (…). Es de aclarar que esas amenazas son reiteradas desde hace mucho tiempo motivo por el cual en el a\u00f1o 2011 tuve que salirme de mi propia casa, porque el se\u00f1or Alfredo cada vez que quer\u00eda me insultaba y me pon\u00eda un rev\u00f3lver en la cabeza, y me dec\u00eda hasta hoy vivi\u00f3 hp, no le importaba si estaba delante de mis hijos o si estaba sola\u00bb28. <\/p>\n
Ahora bien, es cierto que, al ampliar su denuncia, la se\u00f1ora Perdomo Rivera dijo que Alfredo Silvestre Reyes \u00abme amenaza porque los bienes est\u00e1n a nombre m\u00edo\u00bb, y que \u00abyo le he dicho que se los devuelvo\u00bb, pero no debe perderse de vista que a rengl\u00f3n seguido precis\u00f3 que \u00ablo \u00fanico es que en la finca El Oasis, que es entrando al pueblo, me reservo la mitad [aunque] \u00e9l dice que tengo que devolv\u00e9rsela toda, porque si no me manda a matar (…)\u00bb29. El af\u00e1n de dividir ese activo por partes iguales entre los excompa\u00f1eros permanentes (representado de nuevo en el escrito de 20 de enero de 2021), es muestra de que, para las partes, el pacto oculto ya no estaba vigente. <\/p>\n
Y aunque fuera plausible dar a esa frase un sentido de reconocimiento t\u00e1cito, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2514 del C\u00f3digo Civil, lo cierto es que no parece acorde con la justicia, ni con el rol que debe cumplir la Corte en la sociedad, elegir una frase aislada del relato que hace una mujer que denuncia un acto de violencia, para extraer de all\u00ed un efecto que le es perjudicial, y que favorece a su presunto agresor. <\/p>\n
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v. Cabe agregar que el desconocimiento del acuerdo oculto puede acaecer varias d\u00e9cadas despu\u00e9s de la celebraci\u00f3n del contrato aparente, de modo que, si solo se permitiera a los estipulantes ejercer la acci\u00f3n de prevalencia a partir de aquel instante, estos habr\u00edan de enfrentarse a enormes dificultades para reconstruir la realidad de la negociaci\u00f3n mediante evidencias, dados los demoledores efectos que tiene sobre estas el simple paso del tiempo. <\/p>\n
Tras veinte o treinta a\u00f1os de haberse ajustado un negocio jur\u00eddico, los documentos de soporte podr\u00edan haber desaparecido, la memoria de las partes y testigos no ser\u00e1 nada fiable30, y a buen seguro, las relaciones entre los contratantes, otrora marcadas por la confianza, se habr\u00e1n desgastado a tal punto que sus posiciones se tornen irreconciliables, todo lo cual conspira contra el deber del juez civil de esclarecer la verdad de los hechos sirvi\u00e9ndose de los medios de prueba legal y oportunamente recaudados. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. Como colof\u00f3n, es pertinente sumar otra raz\u00f3n para fijar la postura de la Corte en torno al dies a quo del plazo de prescripci\u00f3n de la simulaci\u00f3n: la verdad, por s\u00ed misma, es un fin que amerita protecci\u00f3n. La interpretaci\u00f3n del ordenamiento, adem\u00e1s, no puede buscar la protecci\u00f3n a toda costa del pacto oculto, pues el derecho tiene preocupaciones socialmente m\u00e1s relevantes que resguardar los intereses del que simula. <\/p>\n
Al recrear una realidad negocial ficticia, las partes alteran artificialmente la percepci\u00f3n de su composici\u00f3n patrimonial frente a terceros \u2013que desconocen el enga\u00f1o\u2013, falseando as\u00ed el proceso de toma de decisiones de estos. De ah\u00ed que ocultar la verdad tras un pacto ficto da\u00f1e a todos quienes de buena fe act\u00faan en el mercado, con base en la aspiraci\u00f3n leg\u00edtima de que la informaci\u00f3n que los dem\u00e1s exteriorizan, y que incluso hacen constar en documentos y registros p\u00fablicos, representa fielmente la realidad. <\/p>\n
Por consiguiente, el sistema jur\u00eddico debe evitar que se generen incentivos o facilidades para simular, como lo es, a no dudarlo, la posibilidad de aplazar indefinidamente \u2013y a absoluta conveniencia de quien se beneficia del convenio oculto\u2013 el t\u00e9rmino para acudir a la jurisdicci\u00f3n, con miras a solicitar que se devele la verdad que subyace tras el contrato absoluta o relativamente simulado. <\/p>\n
Lo hasta aqu\u00ed discurrido permite establecer, a modo de subregla, que el punto de partida del plazo decenal de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n ejercida por una de las partes del contrato simulado coincide con la fecha de su celebraci\u00f3n. Y siendo ello as\u00ed, en este caso la demanda del se\u00f1or Silvestre Reyes fue claramente inoportuna, pues se radic\u00f3 el 2 de noviembre de 2018, m\u00e1s de 27 a\u00f1os despu\u00e9s de haberse solemnizado la compraventa que se cuestiona (15 de septiembre de 1991). <\/p>\n
Por consiguiente, la excepci\u00f3n de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb, que se propuso a tiempo, y que no ha tenido hasta ahora ninguna respuesta de fondo (por las razones anotadas en el numeral 3.3. supra), estaba llamada a abrirse paso, lo que a su vez determina que la sentencia del a quo tendr\u00eda que ser confirmada, aunque fuera por dicha raz\u00f3n, y no por la que adujo el tribunal en el fallo recurrido en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Expresado de otro modo, dadas las particularidades de este litigio, la prueba del yerro f\u00e1ctico denunciado solo habr\u00eda determinado el quiebre de la sentencia del ad quem, en la medida que las excepciones de la se\u00f1ora Perdomo Rivera que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n31, no prosperaran. De lo contrario, la Corte tendr\u00eda que casar el fallo recurrido, y emitir uno de reemplazo que ser\u00eda igualmente contrario a los intereses del casacionista, al confirmar la decisi\u00f3n de negar sus pretensiones \u2013solo que por motivos distintos\u2013, proceder incompatible con la trascendencia que caracteriza a este remedio extraordinario. <\/p>\n
La \u00fanica alternativa restante, adem\u00e1s, ser\u00eda inadmisible, pues implicar\u00eda casar el fallo del tribunal y conceder las pretensiones, sin pronunciarse sobre varias de las excepciones de la convocada, en franca transgresi\u00f3n de su derecho de defensa. De ah\u00ed la necesidad de aplicar la regla que prev\u00e9 el canon 349-4 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor: \u00abLa Sala no casar\u00e1 la sentencia por el solo hecho de hallarse err\u00f3neamente motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho, pero har\u00e1 la correspondiente rectificaci\u00f3n doctrinaria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n general. <\/p>\n
Aunque la colegiatura de segunda instancia bien pudo incurrir en varios de los yerros de juzgamiento denunciados al analizar las pruebas de la simulaci\u00f3n, emerge evidente que las pretensiones no pod\u00edan salir avante, comoquiera que la acci\u00f3n de prevalencia se encuentra prescrita, tal como lo aleg\u00f3 la convocada al contestar la demanda. <\/p>\n
En consecuencia, el recurso de casaci\u00f3n deviene intrascendente, porque situada la Corte en sede de instancia, tambi\u00e9n confirmar\u00eda el fallo de primer grado, como lo hizo el ad quem. Por tanto, el \u00fanico cargo propuesto no prospera, aunque dada la rectificaci\u00f3n doctrinaria que suscit\u00f3 la impugnaci\u00f3n, no se condenar\u00e1 en costas a la parte vencida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 6 de agosto de 2020, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Alfredo Silvestre Reyes contra Mar\u00eda Norma Perdomo Rivera. <\/p>\n
SEGUNDO. SIN COSTAS, conforme lo dispone el inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, regresen las diligencias al tribunal, para lo de su competencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73319-31-03-001-2018-00106-01 <\/p>\n
Con mi acostumbrado respeto hacia las decisiones mayoritarias, me permito disentir de la que fuera adoptada en este asunto, con fundamento en las siguientes motivaciones: <\/p>\n
En la rese\u00f1a de los antecedentes del caso, el tribunal ad quem fue expl\u00edcito al indicar, que el juzgador a quo en el tr\u00e1mite de la audiencia inicial \u201cadvirti\u00f3 que la \u201cexcepci\u00f3n previa de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u201d no se le daba tr\u00e1mite, por cuanto no se propuso en debida forma\u201d y, consecuente con esto, se ocup\u00f3 de los precisos motivos de la apelaci\u00f3n, acorde con el marco decisorio planteado por las partes. <\/p>\n
Pese a esto, en la ponencia que desata la s\u00faplica extraordinaria se sostiene que si bien el argumento central de la decisi\u00f3n referida a \u201ccondicionar el \u00e9xito de las pretensiones de simulaci\u00f3n a la prueba de un contexto financiero desfavorable del vendedor-demandante, en el que se avizoraran procesos ejecutivos en su contra, e incluso eventuales medidas cautelares sobre sus bienes ra\u00edces\u201d resultar\u00eda inadmisible, lo que conllevar\u00eda al \u201cposible al quiebre del fallo\u201d, como motivo medular se dice que \u201cel de reemplazo que debiera dictar la Corte ser\u00eda igualmente desestimatorio de las pretensiones, dada la prosperidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n que invoc\u00f3 la se\u00f1ora Perdomo Rivera al contestar la demanda\u201d. <\/p>\n
Se soporta esta determinaci\u00f3n en el hecho de que la llamada juicio arguy\u00f3 en su defensa la \u201cprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u201d, aun cuando de manera equivocada lo hizo bajo la titulaci\u00f3n de \u201cexcepci\u00f3n previa\u201d, justific\u00e1ndolo en una imprecisi\u00f3n t\u00e9cnica, derivada de la autorizaci\u00f3n que anta\u00f1o conten\u00eda la ley 1395 de 2010, lo que \u201cno deber\u00eda tener ninguna incidencia, porque el juez de la causa, obligado como est\u00e1 a interpretar razonablemente todos los escritos de las partes (incluida la contestaci\u00f3n de la demanda), tendr\u00eda que considerar ese alegato como una excepci\u00f3n de m\u00e9rito. De lo contrario, sacrificar\u00eda la realizaci\u00f3n del derecho de defensa por un simple formalismo (el uso de la expresi\u00f3n \u00abprevia\u00bb para calificar la excepci\u00f3n), contrariando el mandato de los art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d <\/p>\n
Si bien comparto a plenitud la necesidad de que los jueces procuren en sus decisiones garantizar no solo el derecho de defensa, sino el acceso mismo a la administraci\u00f3n de justicia, dando a los escritos de las partes el entendimiento que mejor se acompase a dicha finalidad y, por tanto, que ante un dislate de ese calado por las partes se hagan los ajustes que procuren la realizaci\u00f3n del derecho sustancial, no lo es menos, que en este particular caso, el juez de conocimiento, plegado al texto de la norma, dispuso de forma expresa en el curso de la audiencia inicial no dar tr\u00e1mite a la mentada defensa, sin que frente a esto la parte afectada interpusiera recurso alguno, con lo cual esta defensa qued\u00f3 excluida del tema de decisi\u00f3n de las instancias, sin que la Corte pueda ahora entrar a cuestionar o enmendar aquellos dislates del funcionario de primer nivel, o sustituir el accionar del demandado que no procur\u00f3 por la defensa oportuna y debida de sus intereses. <\/p>\n
En ese orden, mal podr\u00eda esta Colegiatura arg\u00fcir como se hace que el error de valoraci\u00f3n probatoria que se endilga al fallo de segundo grado resultar\u00eda intrascendente, porque puesta en sede de instancia tendr\u00eda que abrir paso a una defensa que, si bien fue alegada en su momento, por determinaci\u00f3n del juzgador de primer grado fue excluida del marco decisorio dentro del cual deb\u00edan moverse los falladores, justificando as\u00ed de un lado que el a quo no se ocupara de estudiar la ocurrencia del fen\u00f3meno extintivo de la acci\u00f3n invocado por la demandada, y mucho menos, que pueda pregonarse la necesidad de aplicar el art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso, de estudiar las restantes excepciones propuestas cuando la que hubiere acogido el juez de primer nivel sea desestimada por el funcionario de la apelaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n se trata cuyo reconocimiento oficioso resulta improcedente. <\/p>\n
En ese orden, si el juzgador de primera instancia en decisi\u00f3n interlocutoria determin\u00f3 -de manera justificada o no- que no dar\u00eda tr\u00e1mite a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n alegada por la pasiva, sin que frente a esto se mostrara inconformidad alguna por el afectado, y por esta raz\u00f3n no hubo pronunciamiento alguno sobre dicha tem\u00e1tica en las sentencias de instancia, no era dable a la Corte acometer el estudio de dicho modo extintivo, so pretexto de que ante la ocurrencia de los desaciertos en la valoraci\u00f3n probatoria tuviera la Corte que resolver sobre la misma, dado en exabrupto cometido por el juez de primera instancia. <\/p>\n
Adicionalmente, como ya se mencion\u00f3, apreci\u00f3 la Sala que no obstante los desaciertos cometidos por el sentenciador ad quem en la valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n, particularmente de la prueba indiciaria, no proced\u00eda casar el veredicto objeto de impugnaci\u00f3n, por cuanto el reclamo result\u00f3 afectado por uno de los modos de finiquito de las acciones, lo cual supon\u00eda que, de quebrar el pronunciamiento de segunda instancia, puesta la Corte en esa misma posici\u00f3n, era inevitable la confirmaci\u00f3n del fallo que profiri\u00f3 el a quo, como as\u00ed, en definitiva y por otras razones, lo resolvi\u00f3 el tribunal. <\/p>\n
En efecto, pese a que se encontraron sendos indicios concurrentes que, analizados en conjunto, apuntan a la simulaci\u00f3n del convenio de compraventa cuestionado en la demanda y que el tribunal soslay\u00f3, pretextando la orfandad probatoria en torno de la \u00abconfabulaci\u00f3n de los intervinientes en el contrato fustigado\u00bb, su presencia no se consider\u00f3 suficiente para abrir paso a la s\u00faplica extraordinaria, en tanto el mecanismo judicial incoado se hallaba prescrito. <\/p>\n
Tal razonamiento no tendr\u00eda reparo de no ser porque el an\u00e1lisis del medio de defensa cuyo abordaje se omiti\u00f3 en las instancias, conlleva un inopinado e injustificado viraje de la doctrina jurisprudencial que hab\u00eda arribado vigente hasta la presente anualidad. <\/p>\n
Como lo memora la providencia de la cual me separo, al interior de la Sala se hab\u00eda enarbolado dos posiciones frente al tema del dies a quo o hito inaugural del t\u00e9rmino prescriptivo atribuido a la acci\u00f3n de prevalencia, cuando esta es ejercida por uno de los contratantes que participaron en el fingimiento del negocio jur\u00eddico, sea este absoluto o relativo. <\/p>\n
En raz\u00f3n de esa supuesta dualidad, con ocasi\u00f3n del caso sometido ahora al conocimiento de la sede casacional, se juzg\u00f3 necesario unificar la postura en torno del comienzo del aludido lapso decenal, perdiendo de vista que la discusi\u00f3n fue zanjada con el pronunciamiento CSJ SC21801-2017, 15 dic., rad. 2011-00097-01, siendo la posici\u00f3n all\u00ed defendida la imperante hasta ahora. <\/p>\n
La tesis expuesta en esa decisi\u00f3n, antes depositada en las sentencias CSJ SC 28 feb. 1955, CSJ SC 26 jul. 1956, CSJ SC 14 abr. 1959 y CSJ SC 6 mar. 1961, sit\u00faa el comienzo del periodo extintivo en un hecho que entra\u00f1e desconocimiento del derecho o de la relaci\u00f3n acordada previamente entre los simuladores, en tanto es tal suceso el que demarca el nacimiento del inter\u00e9s jur\u00eddico del suplicante, requisito de esencia para el ejercicio de cualquier acci\u00f3n, en este caso, aquella que busca develar el real designio de los part\u00edcipes en la convenci\u00f3n ficta. Sin la aparici\u00f3n de dicho inter\u00e9s -se acot\u00f3- el instrumento judicial no es viable. <\/p>\n
De modo que mientras se encuentre en vigor el pacto simulatorio fraguado entre las partes de la lid procesal, no corre el tiempo prescriptivo, pues no ha existido negaci\u00f3n de tal concierto de voluntades por uno de los celebrantes del negocio o sus sucesores y, por consiguiente, ninguna necesidad tiene el otro contratante de reclamar ante los estrados judiciales la revelaci\u00f3n de la verdad. Es el alzamiento en rebeld\u00eda de quien pretende mantener la apariencia manifestada ante terceros, el supuesto que principia el fatal plazo. <\/p>\n
Siendo esta la posici\u00f3n mayoritaria asumida por la Sala, que implic\u00f3 abandonar la regla acu\u00f1ada en los fallos CSJ SC 20 jul. 1993, CSJ SC 27 jul. 2000 y CSJ STC8831-2015, no encuentro raz\u00f3n alguna que impusiera modificar el precedente, m\u00e1xime cuando no cabe predicar ambig\u00fcedad en el desarrollo del tema en sede de casaci\u00f3n, dado que, aunque en \u00e9poca pret\u00e9rita se acogi\u00f3 la disertaci\u00f3n sobre la celebraci\u00f3n del negocio simulado como calenda de apertura al plazo de extinci\u00f3n, tal orientaci\u00f3n, se itera, fue finalmente desarraigada de la doctrina jurisprudencial, que termin\u00f3 decant\u00e1ndose por la posici\u00f3n que hoy se relega, la cual considero ajustada a la ley. <\/p>\n
La raz\u00f3n de lo pre anotado estriba en que no es la convenci\u00f3n fingida el hito que determina el nacimiento del inter\u00e9s jur\u00eddico para impetrar la acci\u00f3n, pues este se caracteriza por una imbricada relaci\u00f3n entre el perjuicio o la afectaci\u00f3n de los intereses susceptibles de tutela judicial de una persona y el beneficio o utilidad que aquella derivar\u00eda de la resoluci\u00f3n favorable de sus pretensiones en la causa judicial, simbiosis que no est\u00e1 presente a la hora del convenio, sino que aparece a posteriori, cuando quien, en un comienzo, consinti\u00f3 en realizar el acto mendaz y exhibir una apariencia ante terceros no empece que la realidad era otra, decide desconocer ese concilio torticero y levantar el velo que recae sobre la negociaci\u00f3n y oculta su genuina faz. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, como lo ha explicado esta Corporaci\u00f3n, del promotor del instrumento judicial se reclama la presencia de \u00abun inter\u00e9s subjetivo o particular, concreto y actual en las peticiones que formula en la demanda, esto es, en la pretensi\u00f3n incoada (\u2026) y aunque es diferente a la legitimaci\u00f3n en la causa, es \u2018el complemento\u2019 de esta \u2018porque se puede ser el titular del inter\u00e9s en litigio y no tener inter\u00e9s serio y actual en que se defina la existencia o inexistencia del derecho u obligaci\u00f3n, como ocurrir\u00eda v. gr. cuando se trata de una simple expectativa futura y sin efectos jur\u00eddicos\u2019\u00bb (CSJ SC16279-2016, 11 nov., rad. 2004-00197-01). <\/p>\n
A fin de dotar de mayor precisi\u00f3n al aludido concepto, se especific\u00f3 que ese inter\u00e9s del actor deb\u00eda ser <\/p>\n
(\u2026) [S]ubjetivo, dado que no es el general que existe en relaci\u00f3n con la soluci\u00f3n del conflicto, la declaraci\u00f3n o el ejercicio de los derechos, sino el particular o privado, que mira la b\u00fasqueda de su propio beneficio. (\u2026). Adem\u00e1s, se exige que sea concreto, dado que es necesaria su existencia en cada caso especial respecto de la relaci\u00f3n jur\u00eddica material debatida, es decir, atinente a las pretensiones formuladas en la demanda. (\u2026). Se adiciona a las caracter\u00edsticas mencionadas, las de que sea \u2018serio y actual en obtener del proceso un resultado jur\u00eddico favorable\u2019. (\u2026). Lo primero puede deducirse del beneficio o perjuicio que derivar\u00eda de la sentencia de fondo, el cual no necesariamente es de \u00edndole patrimonial, sino que puede ser moral como aquel que aparece vinculado en ciertos asuntos relativos a la instituci\u00f3n de la familia o en materia de derechos personal\u00edsimos, por se\u00f1alar solo dos ejemplos e inclusive, en algunos casos, puede concurrir con el econ\u00f3mico. (\u2026). Por otra parte, la actualidad del inter\u00e9s alude a que, tal como lo explica la doctrina, aquel ha de existir \u2018en el momento en que se constituye la litis contestatio\u2019 para que se justifique que \u2018el \u00f3rgano jurisdiccional se pronuncie sobre la existencia de la relaci\u00f3n sustancial o del derecho subjetivo pretendido\u2019, de modo que \u2018Las simples expectativas o los eventuales y futuros derechos o perjuicios, que puedan llegar a existir si sucede alg\u00fan hecho incierto, no otorgan inter\u00e9s serio y actual para su declaraci\u00f3n judicial, puesto que no se hallan objetivamente tutelados (\u2026) (CSJ, SC16279-2016, 11 nov. 2016, rad. 2004-00197-01, reiterada en CSJ SC3414-2019, 26 ago., rad. 2004-00011-01). <\/p>\n
Pues bien, mientras el que se ha denominado \u00abdeudor\u00bb en la simulaci\u00f3n, es decir, quien tenga en su haber el derecho otorgado por el negocio ficticio, sea la propia parte contractual o sus sucesores, no se alcen contra el otro estipulante, este \u00faltimo o sus causahabientes no est\u00e1n asistidos de inter\u00e9s jur\u00eddico para deprecar la prevalencia del pacto escondido o la inexistencia de contrato a fin de retornar las cosas al estado pre convencional. <\/p>\n
Por esa raz\u00f3n, en el interregno entre la celebraci\u00f3n del acuerdo que se exterioriz\u00f3 y el desconocimiento del trato subyacente por uno de sus autores, no corre el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n liberatoria que, como se sabe, s\u00f3lo puede transcurrir a partir del instante en que el interesado se halle en posibilidad legal de ejercer la acci\u00f3n respectiva, axioma el cual, emana de la correcta hermen\u00e9utica del inciso segundo del art\u00edculo 2535 de la codificaci\u00f3n civil. <\/p>\n
Ciertamente ese momento no ha llegado para quien carece de inter\u00e9s jur\u00eddico para obrar, esto es, el celebrante de la negociaci\u00f3n falaz que respeta y se acoge a las condiciones del subterfugio, am\u00e9n de que no amenaza, lesiona o causa perjuicio a quien tambi\u00e9n concurri\u00f3 con su voluntad para el ardid. <\/p>\n
Resulta desafortunada la ponencia en cuanto propone a partir de los postulados generales de la prescripci\u00f3n liberatoria imponer a los sujetos que participan directamente en el acto la obligaci\u00f3n de deshacer el negocio ficto en un t\u00e9rmino perentorio, so pena de tenerlo por consolidado, habida cuenta que si bien en algunas obligaciones es v\u00e1lido sostener que el reclamo de la prescripci\u00f3n \u201cno puede mantenerse a perpetuidad, pues el deudor quedar\u00eda sometido indefinidamente a los designios de su acreedor. Y aunque pudiera argumentarse que tanto el temor a ser demandado, como las secuelas que ello pudiera generar en la vida del deudor, son producto de su conducta antijur\u00eddica (no honrar sus cargas obligacionales), a medida que pasan los a\u00f1os esa conclusi\u00f3n empezar\u00e1 a mostrarse menos acertada, hasta ser insostenible\u201d, tal criterio resulta inadmisible en simulaci\u00f3n. <\/p>\n
Esto por cuanto, son innumerables las razones que los individuos tienen para que de forma voluntaria y consensuada decidan transferir de manera simulada sus bienes a un tercero, quienes bien pueden pretender que la situaci\u00f3n aparente permanezca indefinidamente en el tiempo, por lo que forzarlos a deshacer el pacto simulado en un plazo perentorio desconoce injustificadamente el ejercicio de la autonom\u00eda privada, m\u00e1xime cuando aquel inter\u00e9s no constituye impedimento para que el supuesto adquirente se revele contra dicha apariencia en cualquier tiempo o que terceros afectados con el negocio lo puedan impugnar. <\/p>\n
En ese orden, es dif\u00edcil sostener que se aviene obligatorio decretar la prescripci\u00f3n liberatoria cuando ha transcurrido el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil, contado desde que se celebr\u00f3 el acto simulado \u201cpues es su incuria la que ha llevado a postergar la soluci\u00f3n de la situaci\u00f3n irregular por m\u00e1s tiempo del que la sociedad considera prudente y admisible\u201d. <\/p>\n
Es irrefutable que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n seg\u00fan la normativa patria despunta \u201cdesde que la obligaci\u00f3n se ha hecho exigible\u201d (art. 2536) y que esa exigibilidad puede sobrevenir en un momento posterior al de su surgimiento, como ser\u00eda el vencimiento del plazo o cumplimiento de la condici\u00f3n -si de este tipo de prestaci\u00f3n se trata- ora siendo obligaci\u00f3n pura y simple desde el surgimiento mismo de \u00e9sta. <\/p>\n
Empero, no es menos cierto que en los negocios simulados esa exigibilidad no emerge del mismo acuerdo negocial, amen que las obligaciones que del acto surgen con aquellas inherentes al acto aparente, en tanto que el querer de revelar la verdad no se puede entender surgido como aqu\u00ed se afirma desde cuando se hace esa exteriorizaci\u00f3n aparente, sino que lo ser\u00e1 cuando en este se hubiere dispuesto un plazo o condici\u00f3n para deshacer el negocio o cuando el vendedor aparente ponga de presente ese inter\u00e9s al comprador, o cuando este \u00faltimo con actos inequ\u00edvocos se revele contra el primero desconociendo cualquier apariencia negocial, amen que en virtud de la afectaci\u00f3n patrimonial que puede sufrir con ocasi\u00f3n a la negativa de este \u00faltimo nace el inter\u00e9s jur\u00eddico, no como se sostiene en la providencia de la que me aparto, que lo es desde el momento mismo que se celebra el negocio, lo cual ratifica la postura que ven\u00eda sosteniendo la Sala y que ahora se pretende abandonar. <\/p>\n
Y es que en materia de simulaci\u00f3n el derecho a hacer coincidir la voluntad declarada y la verdadera no es solo del vendedor, m\u00e1s all\u00e1 de que este es quien finalmente puede ver disminuido su patrimonio en caso de rebeld\u00eda del comprador simulante. El derecho a la verdad est\u00e1 a cargo de ambos contratantes y no viene a duda que \u00fanicamente se acude a la acci\u00f3n simulatoria por parte de los convencionistas cuando cualquiera de ellos quiere que se revele la verdadera naturaleza del negocio o su inexistencia absoluta y no ello se logr\u00f3 voluntariamente, pues en principio las cosas se deshacen como se hacen. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 En virtud del cual la compradora, obrando como arrendadora, \u00abse compromete con el arrendatario [el se\u00f1or Silvestre Reyes] a permitir[le] estar en posesi\u00f3n del terreno arrendado por el t\u00e9rmino de cuatro a\u00f1os y a restituir[le] el predio al vencimiento del t\u00e9rmino en el contrato\u00bb (Folio 99, Cdno. 1). <\/p>\n
2\u0002 El testigo declar\u00f3 que la Cooperativa de Transportadores de Ortega, de la que era representante legal, hab\u00eda decidido adquirir una porci\u00f3n de la finca \u201cEl Oasis\u201d, por lo que inici\u00f3 tratativas con el se\u00f1or Silvestre Reyes, a quien consideraba \u00abel verdadero due\u00f1o\u00bb de la heredad. <\/p>\n
3\u0002 Quien sostuvo que \u00abla escritura que le hizo don Alfredo Silvestre a la doctora Norma [Perdomo] es de confianza (…) porque ella es de la vereda, y a veces ella dec\u00eda all\u00e1 que le hab\u00eda tocado a don Alfredo hacerle esa escritura a ella porque el cultivaba arroz y en la cosecha le fue mal (…) entonces a ra\u00edz de eso, de pronto para que no se perdiera la finca (…) le hizo la escritura de confianza\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Quien indic\u00f3 que \u00ablas escrituras que le hizo Alfredo a Norma no son legales (…) porque Alfredo perdi\u00f3 unas cosechas de arroz, entonces me dijo que \u201cme toc\u00f3 hacerle unas escrituras de confianza para las fincas para que no me fueran a quitar las tierras\u201d\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Folio 152, ib. <\/p>\n
6\u0002 \u00abLas excepciones previas se formular\u00e1n en el t\u00e9rmino del traslado de la demanda en escrito separado que deber\u00e1 expresar las razones y hechos en que se fundamentan (…)\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Recu\u00e9rdese que, a voces del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00aben la sentencia, la Sala examinar\u00e1 en orden l\u00f3gico las causales alegadas por el recurrente. Si prospera la causal cuarta del art\u00edculo 336, dispondr\u00e1 que seg\u00fan el momento en que ocurri\u00f3 el vicio la autoridad competente rehaga la actuaci\u00f3n anulada; si se acoge cualquiera otra de las causales, la Corte casar\u00e1 la sentencia recurrida y dictar\u00e1 la que debe reemplazarla\u00bb. <\/p>\n
8\u0002 Sobre el punto, en CC C-426 de 2002, se dijo que \u00abel art\u00edculo 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra expresamente el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n llamado derecho a la tutela judicial efectiva, el cual se traduce en la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jur\u00eddico y por la debida protecci\u00f3n o el restablecimiento de sus derechos e intereses leg\u00edtimos, con estricta sujeci\u00f3n a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garant\u00edas sustanciales y procedimentales previstas en las leyes\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 En aquellos casos en los que el legislador juzga m\u00e1s inconveniente la indefinici\u00f3n, se consagran t\u00e9rminos de caducidad, tras cuyo vencimiento la acci\u00f3n se entiende inexorablemente extinguida, sin que intervenga para nada la voluntad del sujeto pasivo de la relaci\u00f3n sustancial. <\/p>\n
10\u0002 \u00abAlessandri Rodr\u00edguez, Arturo, Derecho Civil, Teor\u00eda de las Obligaciones, Ediciones Librer\u00eda del Profesional, 1983, Bogot\u00e1\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
11\u0002 \u00abGuillermo Ospina Fern\u00e1ndez y otro, Teor\u00eda General del Contrato y del Negocio Jur\u00eddico, Temis, 2009, p. 139\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
12\u0002 A lo sumo, el inter\u00e9s de un tercero \u2013en la acepci\u00f3n preindicada\u2013 lo habilitar\u00e1 para reclamar para los contratantes derechos que les pertenecen, como sucede en el caso de la viuda del deudor fallecido, que pide el pago de un seguro de vida grupo deudores en favor del banco prestamista (Cfr. CSJ SC, 28 jul. 2005, rad. 1999-00449-01). En ese caso, la acci\u00f3n de la viuda es realmente la derivada del contrato de seguros que el banco no quiso ejercer por s\u00ed mismo; y siendo ello as\u00ed, la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n inicia a correr cuando el d\u00e9bito de pagar la indemnizaci\u00f3n se hizo exigible para el banco. <\/p>\n
13\u0002 A modo de ilustraci\u00f3n, Ferrara sosten\u00eda, en defensa de dicha hip\u00f3tesis, lo siguiente: \u00abEs consecuencia de la naturaleza declarativa de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n su imprescriptibilidad. No se concibe, en efecto, que por el transcurso del tiempo pueda extinguirse la acci\u00f3n de reconocimiento de un hecho o situaci\u00f3n jur\u00eddica determinados, mientras subsistan las condiciones propias para su ejercicio (…). El intento de hacer constar una realidad objetiva, importante desde el punto de vista jur\u00eddico, no puede tener limitaci\u00f3n en el tiempo, porque esa realidad permanece inmutable en tanto no desaparezca el inter\u00e9s de hacerla constar\u00bb (FERRARA, Francesco. La simulaci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos. Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid. 1961, pp. 406-407). <\/p>\n
14\u0002 En el fallo de 28 de febrero de 1955, que se cit\u00f3, el litigio hab\u00eda sido promovido por los hijos y la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del vendedor aparente. En la sentencia CSJ SC, 20 oct. 1959, G. J. t. XCI, p\u00e1g. 782, por una nieta de la vendedora aparente. <\/p>\n
15\u0002 Al menos, no podr\u00eda extraerse una consecuencia contraria a la regla general del precepto 2535 del C\u00f3digo Civil (\u00abLa prescripci\u00f3n corre desde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible\u00bb), a la que no se hizo referencia en el citado pronunciamiento. <\/p>\n
16\u0002 Es pertinente anotar que en dicha providencia tres de los Magistrados de la Sala salvaron su voto, otro m\u00e1s expres\u00f3 un voto disidente parcial, y fue necesaria la participaci\u00f3n de un conjuez, para alcanzar as\u00ed el qu\u00f3rum decisorio m\u00ednimo. <\/p>\n
17\u0002 \u00abCSJ SC Sent. 20 octubre de 1959. G. J. Tomo XCI n.\u00b0 2217 2218 2219. P\u00e1gs. 782 a 788\u00bb (referencia propia del texto citado). <\/p>\n
18\u0002 Debe se\u00f1alarse que la tesis del precedente se adec\u00faa mejor a lo que ocurre en las compraventas absolutamente simuladas \u2013tema de debate en este juicio\u2013, pero no as\u00ed a otros supuestos de simulaci\u00f3n; n\u00f3tese que es complejo idear un supuesto de \u201crebeld\u00eda del deudor\u201d en casos de simulaci\u00f3n relativa en los que s\u00ed existe voluntad subyacente, menos a\u00fan en trat\u00e1ndose de fingimientos puntuales \u2013como el precio de una operaci\u00f3n espec\u00edfica, o la persona de los contratantes, por ejemplo\u2013. <\/p>\n
19\u0002 En el pasado, particularmente en el per\u00edodo cl\u00e1sico del derecho romano, la idea de acci\u00f3n subsum\u00eda varios elementos propios de la noci\u00f3n moderna de derecho sustancial. Actualmente, existe amplio consenso sobre la necesidad de reconocer a la acci\u00f3n como un derecho p\u00fablico, subjetivo, anterior al proceso, indeterminado pero determinable, abstracto, de orden constitucional, y aut\u00f3nomo del proceso, la pretensi\u00f3n, la sentencia y el derecho sustancial cuya protecci\u00f3n o reparaci\u00f3n reclama el demandante de las autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
20\u0002 Adicionalmente, al se\u00f1alar que las partes solo pueden ejercer la acci\u00f3n de prevalencia como respuesta a \u201cun acto de rebeld\u00eda del deudor\u201d, la tesis analizada vincula impl\u00edcitamente la exigibilidad del derecho sustancial a un acto de mera voluntad (o condici\u00f3n meramente potestativa, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1535 del C\u00f3digo Civil), que pudiera nunca ocurrir. <\/p>\n
21\u0002 DEVIS, Hernando. Tratado de derecho procesal civil. Tomo III. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 1961, p. 447. <\/p>\n
22\u0002 La doctrina suele plantear ejemplos \u2013que reconoce forzados\u2013 de simulaciones con fines l\u00edcitos, como el conocido caso de quien oculta un aporte a una obra social, evitando el reconocimiento p\u00fablico. Sin embargo, no es sencillo imaginar c\u00f3mo uno de esos ejemplos podr\u00eda derivar en un conflicto, menos a\u00fan en una demanda de simulaci\u00f3n promovida por uno de los contratantes, que ser\u00eda el escenario donde la cuesti\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva cobrar\u00eda protagonismo. <\/p>\n
23\u0002 Hecho tercero de la demanda, folio 88, cdno. 1. <\/p>\n
24\u0002 Ver folios. 47 a 74, cdno. 1. <\/p>\n
25\u0002 As\u00ed tambi\u00e9n lo declararon ante la Notar\u00eda \u00danica de Ortega el 11 de febrero de 1996 (folio 126, ib.) <\/p>\n
26\u0002 Folio 129, ib. <\/p>\n
27\u0002 Conforme al art\u00edculo 76 de la Ley 23 de 1991, \u00abLa conciliaci\u00f3n tendr\u00e1 car\u00e1cter confidencial. Los que en ella participen deber\u00e1n mantener la debida reserva y las f\u00f3rmulas de acuerdo que se propongan o ventilen, no incidir\u00e1n en el proceso subsiguiente cuando \u00e9ste tenga lugar\u00bb. <\/p>\n
28\u0002 Folio 140, ib. <\/p>\n
29\u0002 Folio 139, ib. <\/p>\n
30\u0002 Como dice Borges, \u00abSomos nuestra memoria, somos ese quim\u00e9rico museo de formas inconstantes, ese mont\u00f3n de espejos rotos\u00bb (poema Cambridge, incluido en la obra Elogio de la Sombra, Buenos Aires, EMEC\u00c9 Editores, 1969) <\/p>\n
31\u0002 En la sentencia de primera instancia, que confirm\u00f3 en su integridad el tribunal, se decidi\u00f3 expresamente \u00abdeclarar probada la excepci\u00f3n de inexistencia de causa para demandar y abstenerse de pronunciarse sobre las restantes excepciones\u00bb (folio 515, cdno. 1). <\/p>\n
<\/p>\n
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SC1971-2022 (2018-00106-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC1971-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 73319-31-03-001-2018-00106-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el convocante frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69452","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69452","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69452"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69452\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69452"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69452"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69452"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}