SC3952-2022 (2015-00397-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC3952-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-032-2015-00397-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que la demandada interpuso contra la sentencia de 16 de agosto de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el juicio verbal promovido por Seguros Generales Suramericana S.A. contra Interbolsa S.A. en liquidaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante solicit\u00f3 declarar: <\/p>\n
1.1. Que Interbolsa S.A., como tomadora, incurri\u00f3 en reticencia al no declarar sinceramente los hechos que determinaban el estado del riesgo asumido con la P\u00f3liza de Responsabilidad Civil de Infidelidad y Riesgos Financieros N\u00b0 1750008-1, expedida por la promotora a t\u00edtulo de renovaci\u00f3n. <\/p>\n
1.2. Que, consecuentemente, es nulo tal contrato renovado, cuya vigencia inici\u00f3 el 15 de octubre de 2012 y perdur\u00f3 hasta el 15 de noviembre siguiente, cuando termin\u00f3 por mora en el pago de la prima. <\/p>\n
1.3. Que por todo lo anterior la demandante no est\u00e1 obligada a pagar suma alguna. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico de tales peticiones expuso, en s\u00edntesis, que: <\/p>\n
2.1. En julio de 2012 Interbolsa S.A. solicit\u00f3 la expedici\u00f3n de la p\u00f3liza Global Bancaria, tambi\u00e9n denominada de Infidelidad y Riesgos Financieros, con el objeto de que fueran amparados los riesgos de Seguro Global Bancario, Crimen Electr\u00f3nico por Computador y Responsabilidad Civil Profesional, ante lo cual Suramericana exigi\u00f3 la informaci\u00f3n necesaria para establecer el riesgo. <\/p>\n
2.2. El 20 de septiembre de 2012 Interbolsa S.A. inform\u00f3 no conocer circunstancia que pudiera derivar reclamaciones en su contra, de sus filiales o sucursales. El 22 de septiembre siguiente remiti\u00f3 sus estados financieros, as\u00ed como los de sus filiales Interbolsa Sociedad Comisionista de Bolsa e Interbolsa Sociedad Administradora de Inversi\u00f3n, con corte a diciembre de 2011, junio de 2012 y los informes de la revisor\u00eda fiscal. <\/p>\n
Adem\u00e1s, suscribi\u00f3 dos cuestionarios exigidos por la aseguradora, el primero para obtener informaci\u00f3n de la matriz y sus filiales, el segundo proveniente del reasegurador relativo a la informaci\u00f3n relacionada con el Fondo de Capital Privado Inversiones de Capital. Y, por \u00faltimo, el 25 de septiembre certific\u00f3 que tanto ella como las empresas que conformaban el Grupo Interbolsa desconoc\u00edan hechos que pudieran afectar la p\u00f3liza de Infidelidad y Riesgos Financieros 17400008 y Responsabilidad Civil 154769. <\/p>\n
Con base en la anterior informaci\u00f3n y la de dominio p\u00fablico depositada en el Sistema Integral de Informaci\u00f3n del Mercado de Valores \u00abSIMEV\u00bb, fue renovada la p\u00f3liza de Infidelidad y Riesgos Financieros Interbolsa 1750008-1 con vigencia desde el 15 de octubre de 2012. <\/p>\n
2.3. Sin embargo, el 2 de noviembre de 2012 la Superintendencia Financiera intervino a Interbolsa Sociedad Comisionista de Bolsa, debido a la suspensi\u00f3n en el pago de sus obligaciones; el 7 de noviembre siguiente orden\u00f3 su liquidaci\u00f3n ante su grave crisis financiera; el 16 de noviembre del mismo a\u00f1o la Superintendencia de Sociedades decret\u00f3 la apertura de proceso de reorganizaci\u00f3n de Interbolsa S.A.; el 26 de noviembre siguiente, en raz\u00f3n de graves irregularidades que estableci\u00f3 \u00e9sta Superintendencia, abri\u00f3 incidentes de inhabilidad para ejercer el comercio de varios administradores y accionistas de Interbolsa; y el 2 de enero de 2013 tal Supersociedades culmin\u00f3 el juicio de reorganizaci\u00f3n y dispuso la liquidaci\u00f3n de Interbolsa S.A., tras resaltar graves irregularidades en sus estados financieros, entre otras muchas infracciones detectadas. <\/p>\n
Tambi\u00e9n fueron iniciadas sendas investigaciones, esta vez por la Superintendencia Financiera, debido a la utilizaci\u00f3n de informaci\u00f3n privilegiada, incumplimiento de las normas de la corresponsal\u00eda en la firma comisionista citada, violaci\u00f3n de los deberes a las normas del mercado de valores e incumplimiento relacionado con la informaci\u00f3n que Interbolsa S.A. deb\u00eda presentar al mercado. <\/p>\n
El Autoregulador del Mercado de Valores hizo lo propio, esta vez por indebida utilizaci\u00f3n de recursos de los clientes, incumplimiento de deberes para con los clientes de la sociedad comisionista, realizaci\u00f3n de otras conductas constitutivas de incumplimientos de las normas del mercado de valores y de los reglamentos de autorregulaci\u00f3n por exdirectivos, exfuncionarios o responsables de actividades relacionadas con la intermediaci\u00f3n de valores en la sociedad comisionista. <\/p>\n
A su turno, por los hechos referidos y otros como la manipulaci\u00f3n fraudulenta de los estados financieros desde el a\u00f1o 2008, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n inici\u00f3 investigaciones penales en contra de algunos de los referidos administradores y accionistas del Grupo Interbolsa, que culminaron con sentencias condenatorias en algunos casos y otras se encuentran en curso. Igualmente diversos \u00f3rganos de control estatal y de naturaleza privada adelantaron pesquisas que culminaron con decisiones sancionatorias de tipo disciplinario y administrativo en contra de las compa\u00f1\u00edas del Grupo Interbolsa, sus administradores, contralores, revisores fiscales, asesores financieros, entre otros dependientes, e incluso, accionistas. <\/p>\n
En suma, quedaron al descubierto graves anomal\u00edas en el manejo de Interbolsa S.A. y sus filiales, incluso la comisi\u00f3n de conductas il\u00edcitas penales, todas anteriores a la expedici\u00f3n de la p\u00f3liza de seguros mencionada, que generaron estado de iliquidez de las empresas. <\/p>\n
2.4. Por ende, agreg\u00f3 la demandante, cuando Interbolsa realiz\u00f3 las declaraciones y suministr\u00f3 la informaci\u00f3n sobre el estado del riesgo para tomar el Seguro de Infidelidad y Riesgos Financieros, sus administradores, miembros de comit\u00e9s de riesgo y junta directiva, conoc\u00edan de la situaci\u00f3n an\u00f3mala y grave por la que atravesaba el Grupo empresarial, producto, espec\u00edficamente, de concentraci\u00f3n de operaciones repo realizadas sobre acciones de Fabricato, la Bolsa Mercantil de Colombia y otras especies; la concesi\u00f3n irregular de cr\u00e9ditos en concentraciones inadmisibles; manipulaci\u00f3n del precio de esas acciones; y realizaci\u00f3n de operaciones ilegales para solucionar la iliquidez. <\/p>\n
Y como ocultaron esas operaciones proporcionando declaraciones falsas y reticentes a Suramericana, a m\u00e1s de que los estados financieros suministrados hab\u00edan sido manipulados, la aseguradora fue inducida a determinar de forma errada el riesgo que asumir\u00eda con la expedici\u00f3n de la p\u00f3liza, viciando su consentimiento y generando la nulidad prevista en el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
2.5. Finalmente, adujo la accionante, como quiera que Interbolsa no pag\u00f3 la prima de seguro el 15 de noviembre de 2012, cuando venci\u00f3 el plazo otorgado, en esta fecha termin\u00f3 el pacto conforme a los art\u00edculos 1066 y 1068 de la misma obra. <\/p>\n
3. Una vez vinculada al tr\u00e1mite, la convocada se opuso a las pretensiones y adujo como defensas de m\u00e9rito las de \u00abausencia de reticencia, y con ello, inexistencia de nulidad relativa del contrato de seguro\u00bb, \u00abcar\u00e1cter p\u00fablico de la informaci\u00f3n que se entiende ocultada y configuradora de reticencia\u00bb y \u00aberror inexcusable de la aseguradora en la determinaci\u00f3n del estado del riesgo\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, al cual le fue reasignado el caso, culmin\u00f3 la primera instancia con sentencia de 11 de marzo de 2021, en la que accedi\u00f3 al petitum. <\/p>\n
5. El 17 de agosto de 2021 el superior confirm\u00f3 el fallo. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. El juzgador ad-quem, en primer lugar, estableci\u00f3 la concurrencia de los presupuestos procesales, la inexistencia de nulidad que implicara retrotraer el tr\u00e1mite, destac\u00f3 que, contrariamente a lo afirmado por la demandada, era innecesaria la comparecencia al juicio de las dem\u00e1s compa\u00f1\u00edas que integraban el Grupo Interbolsa aun cuando figuraban como aseguradas en la p\u00f3liza N\u00b0 1750008-1, porque las partes de este acuerdo de voluntades son aseguradora y tomador, por mandato del art\u00edculo 1037 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que tal reclamaci\u00f3n fue expuesta por v\u00eda de excepci\u00f3n previa, siendo desestimada, y que la recurrente tampoco estaba legitimada para alegar la violaci\u00f3n del derecho de defensa de las dem\u00e1s compa\u00f1\u00edas aseguradas. <\/p>\n
2. En segundo lugar, record\u00f3 el ordenamiento que rige la reticencia y el atributo de la buena fe en los contratos de seguro; reliev\u00f3 que la apelaci\u00f3n de la recurrente no refut\u00f3 que en el juicio fue acreditada la informaci\u00f3n inexacta que brind\u00f3, como tomadora, a la aseguradora para la renovaci\u00f3n de la p\u00f3liza en la vigencia 2012-2013; ni que los estados financieros aportados por su otrora representante legal carecieran de veracidad, fidelidad o mostraran la real situaci\u00f3n econ\u00f3mica de las empresas aseguradas. <\/p>\n
3. A continuaci\u00f3n desech\u00f3 el tribunal el argumento de la enjuiciada, seg\u00fan el cual es inaplicable la nulidad relativa por reticencia trat\u00e1ndose de p\u00f3liza Global Bancaria o de Infidelidad y Riesgos Financieros ya que su objeto es precaver actos deshonestos de los empleados de la asegurada, pues, consider\u00f3 la sede judicial, tal argumento no fue profundizado, los art\u00edculos 1055 y 1088 del C\u00f3digo de Comercio invocados en la alzada son irrelevantes ya que regulan, en su orden, los actos inasegurables as\u00ed como el principio de indemnizaci\u00f3n, y la jurisprudencia citada (CSJ SC-4312 de 2020) aludi\u00f3 a temas ajenos a este debate como fue la prescripci\u00f3n extintiva del contrato de seguro; m\u00e1xime cuando la buena fe a \u00e9l inherente se impone incluso en la \u00e9poca precontractual del pacto. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 el fallo que tampoco era de recibo afirmar, como lo plante\u00f3 Interbolsa, que la nulidad relativa declarada por el juzgado a-quo vaci\u00f3 el objeto de la P\u00f3liza Global Bancaria porque asumi\u00f3 el siniestro -constituido por actos deshonestos de sus empleados- como reticencia, ni que en esta tipolog\u00eda contractual puede asegurarse actos cometidos previamente a la expedici\u00f3n de la p\u00f3liza (claims made); porque tales argumentos se desvanecen si se tiene en cuenta que el riesgo asegurado ocurre durante la vigencia de la p\u00f3liza, mientras que la declaraci\u00f3n sincera de las circunstancias que determinan el estado del riesgo se da antes del nacimiento del contrato. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la p\u00f3liza objeto del litigio carece de cl\u00e1usulas claims made, las cuales, de cualquier forma, tampoco excusan la violaci\u00f3n de principio de la buena fe del tomador al momento de declarar el estado del riesgo, y los actos precontractuales de los dependientes del tomador relativos a la expedici\u00f3n de las p\u00f3lizas de Infidelidad y Riesgos Financieros s\u00ed comprometen a este. <\/p>\n
4. De otro lado, como quiera que en la p\u00f3liza objeto de la litis fueron incluidas como aseguradas Interbolsa S.A. -a su vez tomadora-, Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, Interbolsa S.A. Administradora de Inversiones, Interbolsa Seguros Ltda., Interbolsa Panam\u00e1 y la Fundaci\u00f3n Interbolsa, era procedente valorar las pruebas provenientes de estas que mostraron la inexactitud de la informaci\u00f3n suministrada a Suramericana de Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa, para establecer la reticencia, porque si bien el seguro puede ser contratado por cuenta de un tercero esto no exonera al tomador de las obligaci\u00f3n de declarar sinceramente el estado del riesgo de todos los asegurados. <\/p>\n
5. Respecto de la relaci\u00f3n entre la informaci\u00f3n suministrada de forma imprecisa y el riesgo asegurado s\u00ed media relevancia, contrariamente a lo alegado por la demandada, pues la situaci\u00f3n financiera de todas las aseguradas sirvi\u00f3 para establecer la extensi\u00f3n del riesgo, seg\u00fan los cuestionarios preparados por la compa\u00f1\u00eda de seguros y diligenciados por Interbolsa S.A., como tomadora; al paso que la inexactitud, por lo menos respecto de una de las aseguradas, fue acreditada con el Informe de Liquidez de Interbolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa en liquidaci\u00f3n forzosa administrativa, que dio cuenta de que su contabilidad no refleja la realidad de las operaciones realizadas entre el 1 de mayo de 2008 y el 31 de octubre de 2012, toda vez que fueron alterados, modificados y ocultados saldos y registros con el prop\u00f3sito de mostrar liquidez inexistente. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, toda vez que la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro no fue alegada, la sentencia recurrida no contradijo la jurisprudencia sobre tal materia como lo aduce la apelante; y que la aseguradora pidiera la terminaci\u00f3n del seguro por la omisi\u00f3n en el pago de la prima tampoco implica renuncia a la nulidad relativa prevista en el canon 1058 del C\u00f3digo de Comercio derivada de la reticencia planteada. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El escrito sustentador del mecanismo extraordinario contiene tres reproches, el inicial y el final fundados en el motivo primigenio de casaci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el restante en la causal segunda. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Erigida en la causal inicial de casaci\u00f3n, Interbolsa S.A. atribuye a la sentencia de segunda instancia la conculcaci\u00f3n, por v\u00eda directa, de los preceptos 1055 y 1058 del C\u00f3digo de Comercio, por indebida aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, agreg\u00f3, debido a que lo asegurado son los actos malintencionados, deshonestos o fraudulentos de los empleados que afectan a la sociedad asegurada, por lo que una vez configurados constituyen el siniestro amparado. <\/p>\n
No obstante, el tribunal accedi\u00f3 a la nulidad relativa por reticencia debido a los hechos an\u00f3malos en que incurrieron los empleados de la convocada, previos a la expedici\u00f3n de la p\u00f3liza, cuando debi\u00f3 colegir que lo acaecido fue el siniestro amparado, so pena de \u00abacabar con este tipo de seguros\u00bb, pues se impide a toda persona jur\u00eddica asegurar su propio patrimonio de los da\u00f1os generados por sus empleados con actos fraudulentos, y fomenta un enriquecimiento sin justa causa para la aseguradora por apropiarse de la prima devengada sin asumir riesgo alguno. <\/p>\n
3. Adicion\u00f3 que los actos deshonestos o irregulares de los dependientes del tomador pueden acaecer antes de la contrataci\u00f3n del seguro y contar con amparo, denomin\u00e1ndose tal modalidad de aseguramiento \u00abpor descubrimiento\u00bb, \u00abpor reclamaci\u00f3n\u00bb o \u00abclaims made\u00bb, siempre y cuando el descubrimiento o la reclamaci\u00f3n ocurran durante la vigencia de la p\u00f3liza; y sin que pueda afirmarse que se est\u00e1 asegurando el dolo, en contrav\u00eda del art\u00edculo 1055 del estatuto mercantil, porque el tomador, asegurado o beneficiario ser\u00e1 la persona jur\u00eddica y no sus dependientes, quienes fueron los que incurrieron en las conductas dolosas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es pertinente indicar que, por entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso a partir del 1\u00ba de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que consagr\u00f3, en los art\u00edculos 624 y 625 numeral 5\u00ba, que los recursos, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse bajo \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, tal cual sucede con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en raz\u00f3n a que fue radicado con posterioridad a la fecha citada. <\/p>\n
2. Los elementos esenciales de todo contrato de seguro, al tenor del canon 1045 del C\u00f3digo de Comercio, son el inter\u00e9s asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligaci\u00f3n condicional del asegurador de pagar el siniestro en caso de ocurrir el riesgo amparado, al punto que el inciso final de esa disposici\u00f3n prev\u00e9 que \u00ab[e]n defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producir\u00e1 efecto alguno\u00bb. <\/p>\n
El segundo de esos elementos, el riesgo asegurable, es definido como \u00ab\u2026el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o beneficiario, y cuya realizaci\u00f3n da origen a la obligaci\u00f3n del asegurador.\u00bb (Art. 1054 ib\u00eddem). <\/p>\n
Y para clarificar ese concepto el mismo precepto legal, de forma por dem\u00e1s tajante, consagr\u00f3 que \u00ab[l]os hechos ciertos, salvo la muerte y los f\u00edsicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extra\u00f1os al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento.\u00bb <\/p>\n
Entonces, el riesgo asegurable es un hecho eventual que no pende de la voluntad del tomador, asegurado, ni beneficiario, y que una vez ocurrido configura el siniestro1. <\/p>\n
Como quiera que se trata de una circunstancia incierta, pues se desconoce si ocurrir\u00e1 o no, refulge necesario para el asegurador establecer las posibilidades de que suceda, con el prop\u00f3sito de determinar si lo asume y en qu\u00e9 condiciones. <\/p>\n
Para establecer esas posibilidades, conforme al art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, \u00ab[e]l tomador est\u00e1 obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, seg\u00fan el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador.\u00bb <\/p>\n
Por consecuencia, es deber del tomador declarar sinceramente los hechos que debe tener en cuenta la aseguradora para establecer si asume o no el riesgo y, en aquel evento, de qu\u00e9 forma se apropiar\u00e1 de \u00e9l. <\/p>\n
De all\u00ed la aplicaci\u00f3n del principio de la buena fe prevista en el art\u00edculo 871 del estatuto de los comerciantes, sobre el cual esta Corte se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
El art\u00edculo 871 del C\u00f3digo de Comercio incorpora la \u00abbuena fe\u00bb como principio rector de los actos mercantiles. A su vez establece que se rigen por \u00abtodo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, seg\u00fan la ley, la costumbre o la equidad natural\u00bb. <\/p>\n
En el contrato de seguro, la buena fe, en todo cuanto tenga que ver con la realidad del riesgo, cobra inusitada importancia y se califica como de ub\u00e9rrima bona fidei. Entre otras razones, al ser los tomadores o asegurados, dada su inmediaci\u00f3n con los intereses asegurables, quienes mejor conocen las circunstancias concretas que los rodean. Por esto se dice que las aseguradoras, en estos casos, estar\u00edan a merced de la declaraci\u00f3n del solicitante. (CSJ, SC3791 de 2021, rad. 2009-00143). <\/p>\n
La sanci\u00f3n por \u00ab[l]a reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieran retra\u00eddo de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones m\u00e1s onerosas, producen la nulidad relativa del seguro.\u00bb <\/p>\n
Esta pena -nulidad relativa- tiene el prop\u00f3sito de castigar, como lo denota el ordenamiento legal mencionado, la afectaci\u00f3n del consentimiento de la aseguradora, en raz\u00f3n a que asume un riesgo prevalida de una informaci\u00f3n, a la saz\u00f3n irreal o incompleta. <\/p>\n
Por esto, precisamente, la Sala en pret\u00e9rita oportunidad destac\u00f3 que \u00ab[f]uera de discusi\u00f3n se encuentra que la reticencia o inexactitud de la declaraci\u00f3n del tomador acerca de las cuestiones que permiten establecer el estado del riesgo asegurado, conduce a la nulidad relativa del contrato de seguro. As\u00ed lo establece, en general, el art\u00edculo 1058, inciso 1\u00ba del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. (CSJ, SC3791 de 2021, rad. 2009-00143). <\/p>\n
3. Aplicados los anteriores preceptos legales al sub judice emerge, con base en su interpretaci\u00f3n doctrinal (art. 26 C.C.) as\u00ed como gramatical (art. 27 \u00eddem), que no es de recibo afirmar, trat\u00e1ndose de P\u00f3lizas de Manejo Global ni para el amparo de Infidelidad o Riesgos Financieros, que sea inviable la aplicaci\u00f3n del canon 1058 del C\u00f3digo de Comercio, como lo argumenta la recurrente. <\/p>\n
Lo anterior porque los actos deshonestos cometidos por los funcionarios de la demandada, previamente a la celebraci\u00f3n del contrato de seguro de Responsabilidad Civil de Infidelidad y Riesgos Financieros N\u00b0 1750008-1, expedido por la promotora con vigencia inici\u00f3 el 15 de octubre de 2012, no generan el siniestro amparado en tal convenci\u00f3n si se trataba de una situaci\u00f3n conocida por la convocada. <\/p>\n
Es que tal conocimiento, no desvirtuado en el cargo en tanto fue planteado por la causal primera de casaci\u00f3n -en la cual se parte de la aceptaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica establecidas en las instancias del proceso-, resta eficacia al contrato de seguro en la medida en que evidencia que para la \u00e9poca de su celebraci\u00f3n estaba ausente el riesgo asegurable, porque para ese momento el hecho eventual hab\u00eda ocurrido. <\/p>\n
Por consecuencia, El tribunal no conculc\u00f3 la ley sustancial arg\u00fcida en el escrito sustentador de la casaci\u00f3n, al colegir aplicable la sanci\u00f3n de nulidad relativa por reticencia trat\u00e1ndose de p\u00f3liza Global Bancaria o de Infidelidad y Riesgos Financieros y que la buena fe se impone, incluso, en la \u00e9poca precontractual del pacto de marras. <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, al descubierto se muestra que el siniestro, por corresponder a la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado (art. 1072 C. de Co.), se configura con posterioridad a la expedici\u00f3n de la p\u00f3liza de seguro o, dicho en otros t\u00e9rminos, al nacimiento del pacto; al paso que la declaraci\u00f3n del estado del riesgo es aspecto previo o precontractual de la convenci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, tampoco acoge la Corte la alegaci\u00f3n de la recurrente seg\u00fan la cual el tribunal otorg\u00f3 al siniestro efecto que ata\u00f1e a la declaraci\u00f3n del estado del riesgo, pues tal argumento parte de un error conceptual del escrito sustentador de la casaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la temporalidad de ocurrencia de cada uno de esos fen\u00f3menos dentro del acuerdo asegurador. <\/p>\n
5. Interbolsa tambi\u00e9n adujo que en las modalidades aseguraticias denominadas \u00abpor descubrimiento\u00bb, \u00abpor reclamaci\u00f3n\u00bb o \u00abclaims made\u00bb, en las cuales el descubrimiento o la reclamaci\u00f3n se dan durante la vigencia de la p\u00f3liza, los actos deshonestos o irregulares de los dependientes del tomador pueden acaecer antes de la contrataci\u00f3n del seguro. <\/p>\n
Tal modalidad aseguradora corresponde a la prevista en el canon 4\u00ba de la ley 389 de 1997, a cuyo tenor \u00ab[e]n el seguro de manejo y riesgos financieros y en el de responsabilidad la cobertura podr\u00e1 circunscribirse al descubrimiento de p\u00e9rdidas durante la vigencia, en el primero, y a las reclamaciones formuladas por el damnificado al asegurado o a la compa\u00f1\u00eda durante la vigencia, en el segundo, as\u00ed se trate de hechos ocurridos con anterioridad a su iniciaci\u00f3n. As\u00ed mismo, se podr\u00e1 definir como cubiertos los hechos que acaezcan durante la vigencia del seguro de responsabilidad siempre que la reclamaci\u00f3n del damnificado al asegurado o al asegurador se efect\u00fae dentro del t\u00e9rmino estipulado en el contrato, el cual no ser\u00e1 inferior a dos a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Por ende, aunque la afirmaci\u00f3n de la censura es cierta no conlleva a la prosperidad del cargo, pues la diferencia cardinal en este ramo radica en el desconocimiento por el tomador de los hechos irregulares para el momento de la expedici\u00f3n de la p\u00f3liza. Por el contrario, si el conocimiento ocurre antes de la expedici\u00f3n de la p\u00f3liza, se configurar\u00e1 la nulidad relativa prevista en el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio si esa informaci\u00f3n fue ocultada a la aseguradora, como ocurri\u00f3 en el sub lite. <\/p>\n
Relieva la Sala, a riesgo de fatigar, que la recurrente no censur\u00f3 la conclusi\u00f3n de tribunal, a cuyo tenor ella tuvo conocimiento, desde antes de la expedici\u00f3n de la p\u00f3liza, de los hechos an\u00f3malos realizados por sus dependientes, los cuales no inform\u00f3 a la aseguradora en la declaraci\u00f3n de los hechos para establecer el estado del riesgo. <\/p>\n
Ciertamente, en el cargo bajo estudio la recurrente limit\u00f3 su planteamiento en que la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio no es aplicable a la p\u00f3liza Global Bancaria o de Infidelidad y Riesgos Financieros. <\/p>\n
6. Como si lo anterior fuera poco, el tribunal consider\u00f3 que la p\u00f3liza objeto del litigio carece de cl\u00e1usulas claims made, lo cual igualmente aparece consentido t\u00e1citamente en el libelo sustentador del recurso extraordinario, pues a prop\u00f3sito de esa consideraci\u00f3n Interbolsa S.A. ninguna censura expuso en casaci\u00f3n. <\/p>\n
7. Total, el cargo est\u00e1 llamado al fracaso en raz\u00f3n a que el tribunal no conculc\u00f3 el ordenamiento sustancial expuesto en el reproche. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1. Aduce la violaci\u00f3n indirecta del art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio, como consecuencia de errores de derecho cometidos en la estimaci\u00f3n del acervo probatorio, en desmedro de los c\u00e1nones 1077 de la misma obra, 167 del C\u00f3digo General del Proceso y 1757 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2. En desarrollo del embate se\u00f1al\u00f3 la recurrente que a pesar de que estos preceptos consagran, en su orden, la carga de la prueba en hombros de la aseguradora respecto de los hechos excluyentes de responsabilidad y de quien alega los supuestos f\u00e1cticos de las normas invocadas, incluida la extinci\u00f3n de las obligaciones, el tribunal invirti\u00f3 dicha imposici\u00f3n al exigir a la demandada, tomadora de la p\u00f3liza, probar el desconocimiento de las anomal\u00edas que cometieron sus dependientes, incluso al momento de solicitar la expedici\u00f3n del contrato asegurador. <\/p>\n
Tal transformaci\u00f3n, a\u00f1adi\u00f3 la censura, ocurri\u00f3 porque correspond\u00eda a la aseguradora, cual demandante, acreditar que Interbolsa, no sus empleados, ni cualquiera otra entidad, conoc\u00eda plenamente la informaci\u00f3n ocultada a Suramericana al momento de contratar el seguro, para configurar la reticencia alegada en el libelo. <\/p>\n
Asimismo se\u00f1al\u00f3, la recurrente, si el tribunal encontr\u00f3 demostrado que varios empleados de Interbolsa fueron sancionados por afectar los estados financieros de esa empresa, la consecuencia es que ocurri\u00f3 el siniestro amparado, no la reticencia porque no fue probado que la tomadora, como sociedad, conociera de la conducta an\u00f3mala de sus empleados o de otras empresas filiales. <\/p>\n
3. Por \u00faltimo refiri\u00f3 que la accionante tampoco prob\u00f3 en qu\u00e9 condiciones hubiera expedido la p\u00f3liza de conocer la informaci\u00f3n ocultada; y que del grupo empresarial Sura hace parte Protecci\u00f3n S.A., compa\u00f1\u00eda que integr\u00f3 la junta directiva de Interbolsa, por lo cual la demandante ten\u00eda conocimiento de la informaci\u00f3n generadora de la reticencia declarada. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Por la senda recta refiri\u00f3 la inconforme la transgresi\u00f3n de los c\u00e1nones 98 y 200 del C\u00f3digo de Comercio, por falta de aplicaci\u00f3n, pues el primero regula que la sociedad no son sus empleados ni directivos, ya que constituye una persona diferente, de lo cual se extrae que s\u00f3lo puede ser sancionada por actos realizados por ella misma. <\/p>\n
Por contera, los gerentes, miembros de juntas, revisores fiscales, contadores u otros dependientes que se alejen del desarrollo del objeto social de la compa\u00f1\u00eda, incumplan sus obligaciones legales, contractuales, estatutarias o asuman comportamientos que atentan contra el ente moral o contra terceros, ser\u00e1n los responsables en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 200 del estatuto mercantil modificado por el art\u00edculo 24 de la ley 222 de 1995, pero no la sociedad. <\/p>\n
Ese razonamiento, agreg\u00f3 la recurrente, justifica la existencia de p\u00f3lizas que aseguren los actos fraudulentos de los funcionarios, porque de lo contrario estos ser\u00edan imputados a la sociedad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El estudio conjunto de los cargos segundo y tercero se justifica porque los dos atribuyen al fallo violaci\u00f3n de la ley sustancial producto de la misma conclusi\u00f3n del tribunal, seg\u00fan la cual las conductas an\u00f3malas de los dependientes de una sociedad mercantil se trasladan al ente moral. <\/p>\n
Incluso, estos cargos se complementan, en la medida en que el tercero aduce conculcados los art\u00edculos 98 y 200 del C\u00f3digo de Comercio, por falta de aplicaci\u00f3n, pero no explica c\u00f3mo tal situaci\u00f3n afecta o no la p\u00f3liza de seguro materia de la controversia, de donde brota necesario el acompa\u00f1amiento de la tesis del embate segundo, seg\u00fan la cual se transgredi\u00f3 el canon 1058 de la misma obra. <\/p>\n
Por ende, para la resoluci\u00f3n de los dos cargos la Corte expondr\u00e1 consideraciones comunes. <\/p>\n
2. Pues bien, la sentencia de \u00faltima instancia defini\u00f3, sin que fuera necesario an\u00e1lisis del acervo probatorio, que por mandato legal los actos del vocero se entienden realizados por la persona jur\u00eddica de la cual aquel es dependiente. <\/p>\n
Ciertamente, el juzgador ad-quem argument\u00f3 que: <\/p>\n
Con su recurso, Interbolsa S.A. (en liquidaci\u00f3n) no refut\u00f3 propiamente las conclusiones a las que lleg\u00f3 el fallo atacado en cuanto a la informaci\u00f3n inexacta que habr\u00eda brindado la tomadora de la p\u00f3liza global bancaria al momento de la renovaci\u00f3n de la vigencia 2012-2013. <\/p>\n
Tampoco la apelante plante\u00f3 que los estados financieros aportados por el representante legal de Interbolsa S.A. a la \u00e9poca de la renovaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico, fueran veraces y fidedignos o que mostraran la realidad econ\u00f3mica de la opositora y de las otras entidades integrantes del grupo empresarial (estas \u00faltimas en condici\u00f3n de aseguradas). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
En \u00faltimas, lo que sugiere la parte opositora es que los actos de representantes legales o los empleados del tomador no comprometen a la persona jur\u00eddica en lo que respecta a las tratativas precontractuales que dan origen a las p\u00f3lizas conocidas como de infidelidad de los dependientes, pues, en su sentir, la reticencia en que incurran los dependientes es algo que tambi\u00e9n hace parte del riesgo asegurado. <\/p>\n
Bueno es recordar que \u00b4por tratarse de un ficci\u00f3n legal, los actos del vocero se entienden realizados por aquella (la persona jur\u00eddica), comprometi\u00e9ndola, pero sin que este pierda individualidad, ya que debe responder por su gesti\u00f3n e incluso asumir las consecuencias de un proceder alejado de los lineamientos estatutarios\u2019 y que \u2018lo propio acontece con los dem\u00e1s operadores y colaboradores, puesto que al carecer la persona jur\u00eddica de voz y autonom\u00eda, lo que hagan en su nombre y dentro de las atribuciones asignadas se convierte en una manifestaci\u00f3n de voluntad que la compromete, eso s\u00ed con la carga de rendir cuentas del desempe\u00f1o al encargado de administrarla\u2019 (\u2026) <\/p>\n
Por supuesto que el tipo de p\u00f3liza que es objeto de este litigio est\u00e1 instituida para que la tomadora, en ese caso persona jur\u00eddica resulte indemne por los perjuicios causados con la infidelidad de sus colaboradores, pero ello no involucra que el proceder precontractual de estos en la obtenci\u00f3n de la p\u00f3liza de marras no comprometa directamente a dicha persona jur\u00eddica, la cual, obviamente, por ostentar apenas una existencia ficta, solo puede actuar a trav\u00e9s de otros, agentes, dependientes y representantes, frente a la entidad aseguradora (tercera respecto del riesgo asegurado). <\/p>\n
Ante lo dicho, emerge la improcedencia de la argumentaci\u00f3n en estudio.2 <\/p>\n
Se trat\u00f3, entonces, de una consideraci\u00f3n de puro derecho, mas no de valoraci\u00f3n probatoria, de donde es inexistente el error de derecho alegado en la medida en que el tribunal no invirti\u00f3 la carga probatoria, como aduce la recurrente en el segundo cargo. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, porque viene al caso, que el juez puede quebrantar la ley sustancial de forma indirecta al cometer errores de hecho, que aluden a la ponderaci\u00f3n objetiva de las pruebas, o de derecho, cuando de su validez jur\u00eddica se trata. <\/p>\n
La inicial afectaci\u00f3n -por faltas f\u00e1cticas- ocurre cuando el fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios de convicci\u00f3n, ya sea porque supone el que no existe, pretermite el que s\u00ed est\u00e1 o tergiversa el que acertadamente encontr\u00f3, modalidad \u00e9sta que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio, porque la distorsi\u00f3n en que incurre el Juzgador implica agregarle algo de lo que carece o quitarle lo que s\u00ed expresa, con alteraci\u00f3n de su contenido de forma significativa. <\/p>\n
As\u00ed lo ha explicado la Sala al se\u00f1alar: <\/p>\n
Los errores de hecho probatorios se relacionan con la constataci\u00f3n material de los medios de convicci\u00f3n en el expediente o con la fijaci\u00f3n de su contenido objetivo. Se configuran, en palabras de la Corte, \u2018(\u2026) a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad s\u00ed existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que s\u00ed existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento (…)\u2019 (CSJ, SC9680, 24 jul. 2015, rad. n\u00ba 2004-00469-01). <\/p>\n
La segunda modalidad, el yerro de iure, se configura en el escenario de la diagnosis jur\u00eddica de los elementos de prueba, al ser desconocidas las reglas sobre su aducci\u00f3n e incorporaci\u00f3n, el m\u00e9rito demostrativo asignado por el legislador, contradicci\u00f3n de la prueba o valoraci\u00f3n del acervo probatorio en conjunto. La Corte ense\u00f1\u00f3 que se incurre en esta falencia si el juzgador: <\/p>\n
Aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1gina 61, citada en CSJ SC de 13 abr. 2005, rad. n\u00ba 1998-0056-02; CSJ SC de 24 nov. 2008, rad. n\u00ba 1998-00529-01; CSJ SC de 15 dic. 2009, rad. n\u00ba 1999-01651-01, entre otras). <\/p>\n
En suma, no se configur\u00f3 el error de derecho alegado en el segundo reproche casacional, en tanto la consideraci\u00f3n contenida en la sentencia, seg\u00fan la cual los actos del dependiente de una empresa se entienden realizados por esta, obedeci\u00f3 a una aplicaci\u00f3n directa del ordenamiento sustancial, al margen de cualquier valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Dicha conclusi\u00f3n no mengua con la alegaci\u00f3n de la recurrente acerca de que la accionante tampoco prob\u00f3 en qu\u00e9 condiciones hubiera expedido la p\u00f3liza de conocer la informaci\u00f3n ocultada, ni que del grupo empresarial Sura hace parte Protecci\u00f3n S.A., compa\u00f1\u00eda que integr\u00f3 la junta directiva de Interbolsa, por lo cual la demandante ten\u00eda conocimiento de la informaci\u00f3n generadora de la reticencia declarada; porque acerca de estos aspectos, it\u00e9rase, el tribunal no realiz\u00f3 valoraci\u00f3n probatoria alguna, de donde refulge la inexistencia del error de derecho alegado. <\/p>\n
3. Ahora, con el fin de establecer si la aludida argumentaci\u00f3n vulnera el ordenamiento sustancial, tesis central de los cargos, indispensable es relievar que la regla 98 del estatuto mercantil consagra en su inciso segundo que \u00ab[l]a sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jur\u00eddica distinta de los socios individualmente considerados.\u00bb <\/p>\n
Tal precepto, contenido en el Libro Segundo (Las sociedades comerciales) del T\u00edtulo I (contrato de sociedad) del Cap\u00edtulo I (disposiciones generales) del estatuto mercantil, contiene una disposici\u00f3n general acerca del concepto de persona jur\u00eddica, la cual se distingue, una vez constituida, de sus socios individualmente considerados, pero sin referirse a los dependientes del ente como de forma tumultuosa lo expone la censura. <\/p>\n
A su vez, el Cap\u00edtulo VII ib\u00eddem, Secci\u00f3n II (administradores), previ\u00f3 que \u00ab[l]a representaci\u00f3n de la sociedad y la administraci\u00f3n de sus bienes y negocios se ajustar\u00e1 a las estipulaciones del contrato social, conforme al r\u00e9gimen de cada tipo de sociedad. A falta de estipulaciones, se entender\u00e1 que las personas que representan a la sociedad podr\u00e1n celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Las limitaciones o restricciones de las facultades anteriores que no consten expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil no ser\u00e1n oponibles a terceros.\u00bb (Art. 196). <\/p>\n
Por consecuencia, diamantino brota que el Tribunal no omiti\u00f3 la aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico que rige la actividad de la sociedad Interbolsa, en la medida en que aplic\u00f3, sin citarlo expresamente, el precepto 196 mencionado al colegir que \u00ablos actos del vocero se entienden realizados por aquella (la persona jur\u00eddica), comprometi\u00e9ndola\u00bb, conclusi\u00f3n en la cual es irrelevante la aplicaci\u00f3n del canon 98 citado en el cargo, puesto que la distinci\u00f3n entre la sociedad y sus socios no desvirt\u00faa esa conclusi\u00f3n del juzgador de segunda instancia. <\/p>\n
Tampoco es relevante que el canon 200 ejusdem consagre en su inciso inicial que \u00ab[l]os administradores responder\u00e1n solidariamente e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros\u00bb; pues tal mandato complementa aquella conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por supuesto que la responsabilidad que protege a la sociedad y terceros, radicada en los dependientes de aquella por su actuar irregular como administradores, gerentes, directivos, etc., no altera que esos actos se entienden cometidos por la compa\u00f1\u00eda. De lo contrario no habr\u00eda como colegir que la responsabilidad del ente moral es directa, tampoco ser\u00eda propio colegir que dichos servidores de la compa\u00f1\u00eda debe responderle a ella, entre otras personas. <\/p>\n
En ese contexto as\u00ed lo doctrin\u00f3 esta corporaci\u00f3n al se\u00f1alar que: <\/p>\n
Basta con resaltar que en el campo societario, la Ley 222 de 1995 contempl\u00f3 en su art\u00edculo 23 que es deber de los administradores \u00abobrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios\u00bb, todo ello en \u00abinter\u00e9s de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados\u00bb, de lo que se concluye que, en ese sentido, asumen un compromiso dual, porque seg\u00fan precept\u00faa el art\u00edculo 98 del C\u00f3digo de Comercio \u00abla sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jur\u00eddica distinta de los socios individualmente considerados\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que si los gerentes, miembros de juntas o quienes desempe\u00f1en funciones de similar \u00edndole, se alejan del principio rector de desarrollar el objeto social, incumplen sus obligaciones legales y estatutarias o asumen comportamientos que atentan contra su representada, quedan obligados en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio, modificado por el 24 de la Ley 222 de 1995, seg\u00fan el cual \u00ab[l]os administradores responder\u00e1n solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros\u00bb. <\/p>\n
Indistintamente de que en el desempe\u00f1o del cargo se act\u00fae para la sociedad, eso no quiere decir que sea esta la \u00fanica obligada por los excesos o arbitrariedades cometidas en su nombre, como si ninguna relevancia tuviera la discrecionalidad de los ejecutores por la imposibilidad de autodeterminaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica. Tan es as\u00ed que pueden extend\u00e9rseles las reclamaciones de personas ajenas, para que asuman el pago de indemnizaciones en forma solidaria. Incluso, la sociedad y quienes arriesgan su capital al conformarla pueden ejercer la acci\u00f3n social de responsabilidad en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 25 de la citada Ley 222 de 1995. (CSJ, SC18594 de 2016, rad. 2010-00703). <\/p>\n
La tesis de la recurrente, por el contrario, s\u00ed desdice de los aludidos preceptos legales pues va en contra de la vocer\u00eda que por mandato legal y contractual se erige en los administradores de las compa\u00f1\u00edas mercantiles, al punto de que ni siquiera hace una distinci\u00f3n acerca de cu\u00e1les actos de dichos representantes se entender\u00edan vinculantes para el ente moral y cu\u00e1les no. <\/p>\n
Con otras palabras, acoger el planteamiento de la inconforme -seg\u00fan el cual los actos an\u00f3malos de los dependientes no se entienden realizados por la sociedad que representan- implicar\u00eda llegar al absurdo de afirmar que la p\u00f3liza materia de este litigio tampoco fue adquirida por Interbolsa S.A., como tomadora, sino que lo fue a nombre propio de quien fungi\u00f3 como su representante legal, esto es, como personal natural y no para la sociedad que representaba. Nada m\u00e1s desacertado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la interpretaci\u00f3n sist\u00e9mica de esas reglas con el art\u00edculo 1058 del C\u00f3digo de Comercio3, lleva concluir que la declaraci\u00f3n del estado del riesgo que expone una sociedad, a trav\u00e9s de su representante legal, administrador, gerente, etc., al momento de tomar una p\u00f3liza de seguro, resulta vinculante para la compa\u00f1\u00eda tomadora, so pena de incursionar en una indeterminaci\u00f3n respecto de los actos que s\u00ed se entienden vinculantes para esta y cu\u00e1les no, lo que a su vez ri\u00f1e no s\u00f3lo con el ordenamiento jur\u00eddico aplicable a las actividades mercantiles, tambi\u00e9n al prop\u00f3sito de seguridad jur\u00eddica que los terceros requieren en aras de ajustar pactos negociales con la empresa. <\/p>\n
Total no ocurri\u00f3 la conculcaci\u00f3n de la ley sustancial esbozada, por lo cual los cargos segundo y tercero son impr\u00f3speros. <\/p>\n
4. Asunto distinto, no expuesto en la cr\u00edtica casacional, es cu\u00e1ndo lleg\u00f3 a la empresa el conocimiento de los hechos an\u00f3malos de sus dependientes y los efectos derivados de esta aprehensi\u00f3n, en aras de establecer si resultan aplicables los incisos 4 y 5 del canon 1058 del estatuto mercantil, seg\u00fan los cuales: <\/p>\n
\u00abSi la inexactitud o reticencia provienen de error inculpable del tomador, el contrato no ser\u00e1 nulo, pero el asegurador s\u00f3lo estar\u00e1 obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestaci\u00f3n asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el art\u00edculo 1160. <\/p>\n
Las sanciones consagradas en este art\u00edculo no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de declaraci\u00f3n, o si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o t\u00e1citamente.\u00bb <\/p>\n
Es decir, si los actos fraudulentos cometidos por los administradores, gerentes, representantes legales, etc., se entienden conocidos por la sociedad el mismo d\u00eda de su realizaci\u00f3n o cuando es descubierta la actuaci\u00f3n irregular por un \u00f3rgano directivo o superior a aquel que particip\u00f3 en el il\u00edcito, todo con el fin de establecer si afect\u00f3 o no la declaratoria del estado del riesgo por reticencia o inexactitud respecto de la empresa, como tomador de la p\u00f3liza, si se trat\u00f3 de un error inculpable del tomador o, en el mejor de los casos, si es asumido como un siniestro, es decir, un acto posterior a la celebraci\u00f3n del pacto asegurador, siempre y cuando las estipulaciones contractuales lo permitan. <\/p>\n
\u00ab\u2026es necesario establecer cu\u00e1ndo fue que Interbolsa S.A. conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer el acto de infidelidad que dio origen a su demanda, fin para el que, como se ver\u00e1, es forzoso examinar los t\u00e9rminos del contrato de seguro que vincul\u00f3 a las partes: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Esto, para el tema espec\u00edfico que se estudia, repercute en que el momento en que se ejecut\u00f3 el acto deshonesto por los empleados de la sociedad no es, necesariamente, el mismo momento en que el ente asegurado conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer dicho acto, pues, en primer lugar, en las relaciones intra societarias debe diferenciarse a la sociedad de sus empleados, y, en segundo, lo com\u00fan en este tipo de casos es que los empleados act\u00faen a espaldas de la sociedad. <\/p>\n
Tal postura concuerda, adem\u00e1s, con el contenido del pacto sobre el \u00abdescubrimiento\u00bb del acto indebido, conforme al cual el derecho de indemnizaci\u00f3n nace desde que la asegurada descubre la acci\u00f3n desleal, y no desde cuando dicha acci\u00f3n es ejecutada por su empleado deshonesto. <\/p>\n
Esa previsi\u00f3n tiene una clara raz\u00f3n de ser, pues lo que la experiencia dicta es que la persona que comete un acto deshonesto lo fragua y ejecuta con el mayor sigilo, a espaldas de sus v\u00edctimas \u2014que en estos casos es la sociedad\u2014, y no de forma de forma p\u00fablica. Desea no ser descubierto. <\/p>\n
Por lo tanto, es l\u00f3gico que el derecho a la indemnizaci\u00f3n nazca a partir de que la v\u00edctima descubra el acto deshonesto de su empleado, socio o miembro de la junta directiva, y no desde la comisi\u00f3n del hecho fraudulento.\u00bb (CSJ SC4312 de 2020, rad. 2015-00495). <\/p>\n
Sin embargo, it\u00e9rase, nada de esto fue expuesto en los cargos bajo estudio, en raz\u00f3n a que la recurrente no censur\u00f3 la conclusi\u00f3n de tribunal, seg\u00fan la cual tuvo conocimiento, desde antes de la expedici\u00f3n de la p\u00f3liza, de los hechos an\u00f3malos realizados por sus dependientes, los cuales se abstuvo de informar a la aseguradora en la declaraci\u00f3n del estado del riesgo; omisi\u00f3n que impide a la Corte pronunciarse sobre tal tem\u00e1tica habida cuenta del car\u00e1cter dispositivo del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
6. De todo lo analizado emerge la frustraci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, la imposici\u00f3n de costas a su proponente, seg\u00fan lo previsto en el inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso, y el se\u00f1alamiento de agencias en derecho como lo dispone el precepto 365 numeral 1\u00ba ib\u00eddem, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta que la parte opositora replic\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
Primero. NO CASAR la sentencia proferida el 16 de agosto de 2021, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el juicio verbal promovido por Seguros Generales Suramericana S.A. contra Interbolsa S.A. en liquidaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Segundo: Condenar en costas a la recurrente en casaci\u00f3n. Pract\u00edquese su liquidaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del canon 366 ib\u00eddem, incluyendo por concepto de agencias en derecho 10 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes para la fecha de la liquidaci\u00f3n, que fija el magistrado ponente. <\/p>\n
Tercero. Reconocer al abogado Arturo Solarte Rodr\u00edguez como apoderado judicial de la demandante, en los t\u00e9rminos del poder a \u00e9l conferido. <\/p>\n
Cumplido lo anterior devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art. 1072. Definici\u00f3n de siniestro. Se denomina siniestro la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1gina 15, sentencia de segunda instancia. Archivo 07, cuaderno del tribunal. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculo 1058. Declaraci\u00f3n del estado del riesgo y sanciones por inexactitud o reticencia. El tomador est\u00e1 obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, seg\u00fan el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieran retra\u00eddo de celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones m\u00e1s onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. <\/p>\n
Si la declaraci\u00f3n no se hace con sujeci\u00f3n a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravaci\u00f3n objetiva del estado del riesgo. <\/p>\n
Si la inexactitud o reticencia provienen de error inculpable del tomador, el contrato no ser\u00e1 nulo, pero el asegurador s\u00f3lo estar\u00e1 obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestaci\u00f3n asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el art\u00edculo 1160. <\/p>\n
Las sanciones consagradas en este art\u00edculo no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de declaraci\u00f3n, o si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o t\u00e1citamente. <\/p>\n
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SC3952-2022 (2015-00397-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado Ponente SC3952-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-032-2015-00397-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que la demandada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69456","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69456","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69456"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69456\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69456"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69456"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69456"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}