SC3955-2022 (2022-00772-00)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC3955-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00772-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 278-2 del C\u00f3digo General del Proceso, se decide mediante sentencia anticipada la solicitud de exequatur presentada por Omar Rodolfo Rodr\u00edguez Colorado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El se\u00f1or Rodr\u00edguez Colorado solicit\u00f3 la homologaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de marzo de 2012 por el Tribunal Superior del Condado de Gwinnet, Estado de Georgia, Estados Unidos de Am\u00e9rica, mediante el cual decret\u00f3 el divorcio del matrimonio civil celebrado entre Claudia Paola Torres Castro y el demandante. <\/p>\n
2. A trav\u00e9s de dicho procedimiento se dispuso la disoluci\u00f3n del v\u00ednculo matrimonial y se otorg\u00f3 a la madre la custodia de los hijos comunes, reconociendo el derecho de visitas razonables que le asiste al progenitor. <\/p>\n
3. Mediante providencia del 7 de abril de 2022 se admiti\u00f3 la solicitud inicial, de la cual se orden\u00f3 correr traslado a la Procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, quien conceptu\u00f3 que en el caso bajo estudio estaban cumplidos los requisitos del exequatur. <\/p>\n
4. En la misma providencia se dispuso la convocatoria de la se\u00f1ora Claudia Paola Torres Castro al tr\u00e1mite, quien, pese a designar apoderada judicial para que representara sus intereses, no realiz\u00f3 manifestaci\u00f3n alguna respecto a las peticiones de la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Procedencia del pronunciamiento anticipado. <\/p>\n
De acuerdo con el precedente de esta Corporaci\u00f3n, cuando no existen pruebas pendientes de pr\u00e1ctica, como ocurre en este caso, resulta preciso definir el litigio anticipadamente1, prescindiendo de las etapas procesales que prev\u00e9 el art\u00edculo 607-4 del C\u00f3digo General del Proceso para el juicio de exequatur. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(…) aunque el numeral 4 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe para el tr\u00e1mite del exequatur que \u201cVencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u201d, el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se torna procedente por cuanto se ha configurado con claridad causal de sentencia anticipada, que dada su etapa de configuraci\u00f3n, la naturaleza de la actuaci\u00f3n y la clase de pruebas requeridas para la resoluci\u00f3n del asunto, imponen un pronunciamiento con las caracter\u00edsticas rese\u00f1adas. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con el art\u00edculo 278 del Estatuto General de Procedimiento, el Juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial \u201cen cualquier estado del proceso\u201d, entre otros eventos, \u201cCuando no hubiere pruebas por practicar\u201d, siendo este el supuesto que como se hab\u00eda antelado se edific\u00f3 en el caso que hoy ocupa a la Sala, situ\u00e1ndola en posici\u00f3n de resolver de fondo y abstenerse de adelantar proceder diverso. <\/p>\n
Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb (CSJ SC12137-2017, 15 ago.; reiterada en CSJ SC3107-2019, 12 ago., entre otras). <\/p>\n
2. El exequatur de sentencias extranjeras. <\/p>\n
2.1. Comoquiera que el poder de expedir normas jur\u00eddicas y velar por su cumplimiento constituye una expresi\u00f3n de la soberan\u00eda del Estado dentro de su territorio, la funci\u00f3n jurisdiccional, entendida como la potestad de aplicar esas normas con el prop\u00f3sito de resolver de manera definitiva \u2013con fuerza de cosa juzgada\u2013 conflictos intersubjetivos, asegurando el cumplimiento de lo decidido incluso a trav\u00e9s del uso leg\u00edtimo de la fuerza, tambi\u00e9n ha de entenderse circunscrita al espacio territorial de cada Estado. <\/p>\n
Ello conllevar\u00eda, prima facie, la imposibilidad de ejecutar decisiones adoptadas por las autoridades jurisdiccionales fuera del espacio nacional en el que fueron proferidas2. Sin embargo, esa soluci\u00f3n, aunque coherente con el concepto de soberan\u00eda y autonom\u00eda estatal, no parece adecuarse a los requerimientos de una sociedad globalizada, en la que surgen constantes v\u00ednculos jur\u00eddicos de toda \u00edndole \u2013familiares, comerciales, etc.\u2013 entre personas que habitan en pa\u00edses diferentes. <\/p>\n
Ante ese panorama, los Estados han ideado mecanismos para homologar, de manera excepcional, decisiones judiciales definitivas proferidas por autoridades extranjeras. De entre ellos, el legislador patrio se decant\u00f3 por conferir \u00aba las sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria (…) la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u00bb (art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso), a condici\u00f3n de que se cumplan ciertos requisitos previstos en las leyes procedimentales. Es decir, como punto de partida, supedit\u00f3 la posibilidad de homologar una decisi\u00f3n for\u00e1nea a la reciprocidad del trato que reciban en dicho territorio extranjero los fallos dictados por autoridades judiciales nacionales. <\/p>\n
En palabras de la Sala, <\/p>\n
\u00ab(…) la facultad de administrar justicia dentro del territorio de la Rep\u00fablica es una funci\u00f3n reservada privativamente a los funcionarios investidos \u2013en forma permanente o transitoria\u2013 de jurisdicci\u00f3n, y por tal raz\u00f3n, en l\u00ednea de principio rector, las sentencias dictadas en otros pa\u00edses no producen efectos directos en Colombia. En forma excepcional, tales fallos pueden tener eficacia a condici\u00f3n de que exista con el pa\u00eds cuyo juez o Tribunal ha dictado la decisi\u00f3n judicial, un tratado que as\u00ed lo permita \u2013reciprocidad diplom\u00e1tica\u2013 y a falta de tal pacto internacional, que exista en tal pa\u00eds una Ley que le confiera valor, en su territorio, a las sentencias proferidas por jueces colombianos \u2013reciprocidad legislativa\u2013\u00bb (CSJ SC, 8 oct. 2004, rad. 2002-00197-01). <\/p>\n
2.2 Ahora bien, adem\u00e1s de la reciprocidad \u2013que puede ser legislativa o diplom\u00e1tica, seg\u00fan el reconocimiento de los fallos nacionales en el extranjero provenga de la aplicaci\u00f3n de la ley, o de un acuerdo entre naciones\u2013, para conceder efectos de una decisi\u00f3n judicial extranjera en Colombia es necesaria la concurrencia de cuatro supuestos adicionales, cuya verificaci\u00f3n fue encomendada a la Corte Suprema de Justicia, a trav\u00e9s del tr\u00e1mite de exequatur: <\/p>\n
(i) Que el fallo for\u00e1neo no verse sobre derechos reales constituidos sobre bienes que se encontraban en territorio colombiano al momento de iniciarse el proceso en que se profiri\u00f3 la sentencia a homologar; <\/p>\n
(ii) Que lo decidido no se oponga a leyes u otras disposiciones internas de orden p\u00fablico, \u00abexceptuadas las de procedimiento\u00bb; <\/p>\n
(iii) Que el conflicto sobre el cual recae la resoluci\u00f3n extranjera no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos; y <\/p>\n
(iv) Que en Colombia no exista proceso en curso sobre el mismo asunto, ni sentencia ejecutoriada previa, dictada por los jueces nacionales. <\/p>\n
Por \u00faltimo, y con el prop\u00f3sito de garantizar el car\u00e1cter definitivo de la decisi\u00f3n a homologar, la Corte debe verificar que esta se haya presentado en copia debidamente legalizada; que se encuentre ejecutoriada, de conformidad con las leyes del pa\u00eds de origen, y que se hubiera realizado la debida citaci\u00f3n del convocado, si es que el juicio donde se profiri\u00f3 la providencia fuere de naturaleza contenciosa. <\/p>\n
3. Caso Concreto <\/p>\n
3.1. Reciprocidad (diplom\u00e1tica o legislativa). <\/p>\n
Como se ha se\u00f1alado, el art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso establece que las sentencias extranjeras tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados internacionales o en su defecto, la que en el pa\u00eds de origen se le reconozca a las proferidas en Colombia. Este canon alude concretamente a la reciprocidad, elemento indispensable para homologar un fallo dictado por autoridades judiciales for\u00e1neas y reconocer, en consecuencia, sus efectos. <\/p>\n
Sobre el particular ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abprioritariamente debe atenderse a las estipulaciones de los tratados que haya celebrado Colombia con el Estado de cuyos jueces provenga la sentencia que se pretenda ejecutar en nuestro territorio nacional; a falta de derecho convencional se impone, entonces, acoger las normas de la respectiva ley extranjera para darle al fallo la misma fuerza concedida por esa ley a las sentencias proferidas en Colombia por sus jueces\u2019 (G.J. CLXXVI, No. 2415, 1984, p\u00e1g. 309), motivo por el cual, en este \u00faltimo caso, le corresponde a la parte interesada probar la existencia de aquella, para que la Corte pueda conceder, de reunirse los dem\u00e1s requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 694 ib\u00eddem, la autorizaci\u00f3n solicitada\u00bb (CSJ SC, 14 oct. 2011, rad. n\u00b0 2007-01235-00, reiterada en SC17721-2016, 7 dic.). <\/p>\n
Ahora bien, cuando el fallo cuyo exequatur se persigue ha sido dictado en un pa\u00eds perteneciente a la tradici\u00f3n de Derecho Anglosaj\u00f3n3, es posible que no exista ley escrita que permita apuntalar la reciprocidad legislativa, pero podr\u00eda hallarse precedente jurisprudencial que d\u00e9 cuenta de una reciprocidad de hecho, entendida como aqu\u00e9lla que emerge de la jurisprudencia4 y que ha sido reconocida por la Corte como una forma de correspondencia v\u00e1lida para la homologaci\u00f3n de sentencias extranjeras y que debe ser plenamente acreditada por la parte interesada. <\/p>\n
Sobre el particular ha dicho la Corte: <\/p>\n
\u00abPara que los fallos extranjeros produzcan efectos en el territorio colombiano, necesariamente deber\u00e1 acreditarse la existencia de un tratado suscrito entre Colombia y el pa\u00eds que dict\u00f3 la sentencia, es decir lo que es conocido como la reciprocidad diplom\u00e1tica; o, en su defecto, lo que a ese respecto prevea la ley for\u00e1nea o la pr\u00e1ctica jurisprudencial imperante, en orden a reconocerle tambi\u00e9n efectividad a las sentencias dictadas en Colombia, fen\u00f3menos denominados en su orden reciprocidad legislativa y reciprocidad de hecho\u00bb (CSJ SC,17 jul. 2001, rad. 0012, reiterada en SC21053-2017, 13 dic.). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala debe verificarse si existe reciprocidad diplom\u00e1tica (en virtud de tratado existente entre Colombia y los Estados Unidos de Am\u00e9rica), reciprocidad legal (basada en la ley escrita del Estado de Georgia) o reciprocidad de hecho (que emerge de la jurisprudencia de sus Cortes estatales)5, pues solo con la comprobaci\u00f3n de alguna de ellas podr\u00e1 entenderse cumplido el requisito exigido por el canon 605 del estatuto adjetivo para la prosperidad de este tr\u00e1mite de exequatur. <\/p>\n
3.2. Ausencia de prueba de la reciprocidad en el caso concreto. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha informado a la Corte en m\u00faltiples oportunidades que no existen tratados o convenios bilaterales o multilaterales vigentes entre la Rep\u00fablica de Colombia y dicho pa\u00eds sobre el reconocimiento rec\u00edproco de sentencias6, lo cual permite sostener la ausencia de reciprocidad diplom\u00e1tica entre ambos Estados en asuntos como el que ahora se estudia. <\/p>\n
Respecto a la reciprocidad legislativa con los Estados Unidos de Am\u00e9rica, en los asuntos tramitados ante esta Corporaci\u00f3n se ha constatado la ausencia de ley escrita a nivel federal sobre el reconocimiento de sentencias extranjeras que permita afirmar la existencia de dicha correspondencia de manera uniforme en todos los estados de la Uni\u00f3n7. <\/p>\n
En ese sentido, la regulaci\u00f3n del asunto es competencia del derecho de cada uno de los estados confederados, lo que implica una reglamentaci\u00f3n aut\u00f3noma que se traduce en ley escrita o en el sistema de precedentes derivado de la elaborada jurisprudencia de las Cortes estatales. En tal virtud, esta Corporaci\u00f3n ha admitido que la reciprocidad indispensable en el tr\u00e1mite del exequatur se acredite con base en la jurisprudencia de tales Cortes, cuando no existe ley escrita, a trav\u00e9s de los distintos mecanismos consagrados en el estatuto procesal para probar la ley extranjera (art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
En asunto de similares caracter\u00edsticas, consider\u00f3 la Sala: <\/p>\n
\u00abse ha admitido que se acredite la reciprocidad fundada en la jurisprudencia de las cortes estaduales de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, de acuerdo con el inciso final del art\u00edculo 188 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que autoriza probar la ley extranjera no escrita, con el testimonio de dos o m\u00e1s abogados del pa\u00eds de origen del fallo materia de la homologaci\u00f3n, y en la actualidad, seg\u00fan lo previsto en los incisos 3\u00ba y 4\u00ba del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso, adem\u00e1s de los se\u00f1alados elementos de juicio, tambi\u00e9n se autoriza su demostraci\u00f3n, con dictamen pericial emitido por persona o instituci\u00f3n experta en raz\u00f3n de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un pa\u00eds o territorio fuera de Colombia, con independencia de si est\u00e1 habilitado para actuar como abogado all\u00ed\u00bb (Sentencia CSJ SC, 7 dic. 2016, rad. n\u00b0 2014-00211-00, reiterada en SC2538-2018, 26 sep.). <\/p>\n
Desde la demanda misma el solicitante resalt\u00f3 la inexistencia de tratado bilateral o multilateral entre Colombia y Estados Unidos sobre el reconocimiento de fallos proferidos en el extranjero; sin embargo, ninguna referencia hizo respecto a una posible ley escrita del Estado de Georgia que permita acreditar la reciprocidad legislativa. Pese a lo anterior, pretendi\u00f3 cumplir con el mentado requisito a trav\u00e9s del traslado de los testimonios juramentados de los abogados Rishma D. Eckert y Kathy Riano-L\u00f3pez, obrantes a folios 42 a 59 del expediente 11001-02-03-000-2015-00389-00. <\/p>\n
Una vez allegados al proceso los testimonios objeto de la solicitud de prueba trasladada, se encuentra que aquellos hacen referencia espec\u00edfica a la ley del Estado de la Florida sobre la ejecuci\u00f3n de sentencias extranjeras, sin que hagan alusi\u00f3n, en modo alguno, a la reciprocidad legal o de hecho en el Estado de Georgia, donde se profiri\u00f3 la sentencia cuya homologaci\u00f3n se pretende en esta oportunidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como quiera que la \u00fanica prueba solicitada para acreditar el requisito de la reciprocidad no hace referencia a las leyes o jurisprudencia del Estado de Georgia, y siendo carga de la parte interesada demostrar suficientemente la aludida reciprocidad, se concluye que en este caso no se prob\u00f3 que en dicho estado exista ley escrita o precedente jurisprudencial que le reconozca efectos a las sentencias proferidas en Colombia, por lo que se impone negar la solicitud de homologaci\u00f3n elevada, sin que sea necesario adentrarse en el an\u00e1lisis de cualquier otra circunstancia. <\/p>\n
Sobre la carga del interesado de acreditar \u00edntegramente los requisitos del exequatur, ha se\u00f1alado la Corte: <\/p>\n
\u00abLos requisitos sustanciales y formales que deben concurrir para que se conceda la autorizaci\u00f3n objeto de la demanda, corresponde a la parte interesada satisfacerlos a plenitud, punto en el cual, entonces, se hace imperioso el cumplimiento de la carga probatoria que corre contra quien alega en su favor unos hechos. (\u2026) En otras palabras, en materia de exequatur, quien propugna por obtenerlo debe demostrar que se cumplen todas y cada una de las condiciones requeridas para el efecto, y, por consiguiente, una actitud pasiva o una actividad deficiente en ese sentido genera, sin m\u00e1s, la negaci\u00f3n de la solicitud, sin perjuicio, claro est\u00e1, de que se pueda acudir mediante nueva demanda que sea plenamente satisfactoria a provocar el reconocimiento de la sentencia extranjera. (\u2026)\u00bb. (CSJ SC10647-2015, 11 ago., reiterada en SC6094-2017, 5 may.) <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NEGAR el exequatur de la sentencia que el 20 de marzo de 2012 dict\u00f3 el Tribunal Superior del Condado de Gwinnet, Estado de Georgia, Estados Unidos de Am\u00e9rica, que decret\u00f3 el divorcio del matrimonio civil entre Claudia Paola Torres Castro y Omar Rodolfo Rodr\u00edguez Colorado. <\/p>\n
SEGUNDO. Sin costas, por no aparecer causadas (art\u00edculo 365-8, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ SC4683-2019, 5 nov.; CSJ SC3453-2019, 27 ago.; y CSJ SC4200-2018, 28 sep., entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Sobre el particular, la doctrina patria ha reconocido que \u00absiendo la jurisdicci\u00f3n una emanaci\u00f3n de la soberan\u00eda del pueblo aplicada a la funci\u00f3n de administrar justicia, podemos decir que los l\u00edmites de aquella son los mismos de esta; es decir, l\u00edmites en cuanto al territorio y l\u00edmites en cuanto a las personas\u00bb. DEVIS, Hernando. Teor\u00eda General del Proceso. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 2017, p. 88. <\/p>\n
3\u0002 Sobre los sistemas de Derecho Anglosaj\u00f3n, ha dicho la Corte: \u201cConviene al respecto se\u00f1alar que las decisiones judiciales en el sistema de derecho anglosaj\u00f3n tienen por objeto no solo definir la controversia planteada sino tambi\u00e9n descubrir la ley natural aplicable a los hechos presentados, creando un precedente que puede ser utilizado por otros tribunales enfrentados a casos similares. Este principio de la autoridad del precedente legal, llamado tambi\u00e9n stare decisis (estarse a lo decidido sin perturbar puntos ya fijados) no se encuentra escrito ni siquiera en la Constituci\u00f3n de los Estados Unidos, pero su respeto ha permitido el desarrollo jur\u00eddico estable, equitativo y predecible de los pa\u00edses que lo han acogido. El holding o regla que se derive de la decisi\u00f3n de un juez es entonces seguido respetuosamente por las dem\u00e1s cortes en casos donde los hechos se asimilen al supuesto que origin\u00f3 la decisi\u00f3n anterior. Sin embargo, cuando al aplicar el holding el juez observa que puede producir en el caso particular una injusticia, o, simplemente, las condiciones han cambiado y hacen de ese holding una decisi\u00f3n inapropiada para la \u00e9poca, la corte puede alejarse del precedente (overruled) y fallar como considere acertado. A pesar de ser los jueces quienes desarrollan la ley en este sistema de derecho, ellos no deben expresar reglas para casos que no les han sido presentados. Si lo hacen, lo as\u00ed dicho ser\u00e1 considerado dictum y se le respetar\u00e1, pero no tendr\u00e1 autoridad como precedente y no tendr\u00e1 que ser seguido por las otras cortes cuando se presente un asunto en el que la controversia radique precisamente sobre el tema que se analiz\u00f3 como dictum en otro proceso. Con lo dicho anteriormente se quiere dejar en claro que la \u00abley\u00bb en el sistema anglosaj\u00f3n, salvo en determinadas materias, no se encuentra escrita en t\u00e9rminos generales. Que es tarea del juez y del abogado examinar si existen o no, de acuerdo con los casos que se han presentado, reglas definidas aplicables al caso que se litiga y si concurre alg\u00fan hecho que haga diferente la situaci\u00f3n como para no aplicar el precedente ya desarrollado por los jueces. Por estas razones, la certeza total sobre la aplicaci\u00f3n de una decisi\u00f3n a un caso espec\u00edfico no puede encontrarse en este sistema de derecho referido\u201d (CSJ, SC 19 de julio de 1994, exp. 3894). <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ SC2538-2018, 26 sep., SC21053-2017, 13 dic., SC17721-2016, 7 dic., entre otras. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. CSJ SC, 19 jul. 1994, rad. n\u00b0 3894. <\/p>\n
6\u0002 Cfr. SC17721-2016, SC6094-2017, SC2777-2018, entre otras. <\/p>\n
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SC3955-2022 (2022-00772-00) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente SC3955-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00772-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de octubre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 278-2 del C\u00f3digo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69457","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69457","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69457"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69457\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69457"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69457"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69457"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}