SC3957-2022 (2011-00090-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC3957-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-011-2011-00090-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso la convocante frente a la sentencia de 15 de febrero de 2022, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Leslie Mercedes Stipek \u00c1lvarez contra Andr\u00e9s de Jes\u00fas Duque Pel\u00e1ez. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
La se\u00f1ora Stipek \u00c1lvarez pidi\u00f3 declarar a su contraparte \u00abcivilmente responsable, por el r\u00e9gimen de responsabilidad extracontractual (…), por el hecho de estar ocupando unilateralmente y sin consentimiento de la otra comunera [varios] bienes [ubicados en el Conjunto Residencial Rosales Reservado de la ciudad de Bogot\u00e1], de manera que ha imposibilitado la debida administraci\u00f3n de estos, para haber sido arrendados comercialmente a terceros (sic)\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, reclam\u00f3 que se ordenara al se\u00f1or Duque Pel\u00e1ez abonarle \u00abel 50% de todos los frutos que han producido o que hubieren podido producir los bienes relacionados en el hecho primero de esta demanda, que son de propiedad en com\u00fan y proindiviso de las partes de este proceso, los cuales se determinan por el valor del canon de arrendamiento mensual que puede cobrarse, a raz\u00f3n de $20.000.000 mensuales (…), entre el d\u00eda 8 de diciembre de 2009, y hasta la fecha en que desaparezca la comunidad sobre los bienes\u00bb, junto con \u00ablos intereses moratorios a la tasa fluctuante que certifique la Superintendencia Financiera\u00bb. <\/p>\n
En subsidio de lo anterior, elev\u00f3 los mismos reclamos declarativos y de condena, pero esta vez encauzados por la senda de la responsabilidad contractual. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Mientras estuvieron casados, los litigantes adquirieron en com\u00fan y proindiviso un apartamento y cinco parqueaderos ubicados en el referido Conjunto Residencial Rosales Reservado, ubicado en la capital de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Tras divorciarse y liquidar su sociedad conyugal, el bien se adjudic\u00f3 en proporciones iguales a ambos exesposos. No obstante, \u00abla tenencia, uso y goce de los bienes, los ejerce de hecho, \u00fanica y exclusivamente, el se\u00f1or Andr\u00e9s de Jes\u00fas Duque Pel\u00e1ez, desde el d\u00eda 8 de diciembre de 2009, y hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb.<\/p>\n
3. El 12 de mayo de 2010, ambas partes acordaron concederse sucesivos derechos de opci\u00f3n para la adquisici\u00f3n de la totalidad de los predios comunes. El demandado ser\u00eda \u00fanico beneficiario de ese derecho, hasta el 1 de agosto de aquella anualidad; de no ejercerlo, la optante pasar\u00eda a ser la se\u00f1ora Stipek \u00c1lvarez. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Llegada la fecha anunciada, el hoy demandado no hizo uso de su derecho de opci\u00f3n, ni compareci\u00f3 a otorgar la escritura p\u00fablica de venta que materializar\u00eda la transferencia de su cuota a la actora, a pesar de que esta insisti\u00f3 en su voluntad de adquirirla. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
6. Los inmuebles en com\u00fan y proindiviso \u00abson susceptibles de ser arrendados por un valor en promedio mensual equivalente a $20.000.000, siendo que durante todo el tiempo en que el demandado los ha usufructuado, no ha reconocido a la demandante suma alguna por ese concepto (…), actitud abusiva (…) que est\u00e1 causando perjuicios a la demandante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La demanda fue admitida por auto de 16 de junio de 2011. Enterado de ese prove\u00eddo, el convocado se opuso al petitum, y formul\u00f3 las excepciones \u00abimprocedencia de pedir frutos por el r\u00e9gimen de la responsabilidad civil extracontractual\u00bb; \u00abimprocedencia de pedir frutos por relaci\u00f3n civil contractual\u00bb; \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb; \u00abuso leg\u00edtimo del bien por parte del se\u00f1or Andr\u00e9s de Jes\u00fas Duque Pel\u00e1ez\u00bb; \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb; \u00abenriquecimiento sin causa\u00bb; \u00ababuso del derecho\u00bb; \u00abausencia de los elementos de la responsabilidad civil aquiliana\u00bb; \u00abel demandado no tiene que pagar los frutos de la cosa com\u00fan, pues detenta la cosa de buena fe\u00bb; \u00ablos frutos que se producen son los pactados\u00bb, y \u00abla demandante no identifica el t\u00edtulo por el cual se forma una relaci\u00f3n contractual\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Mediante sentencia de 4 de noviembre de 2021, el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 que \u00abla parte demandada (…) le debe pagar por concepto de frutos a la demandante (…) la suma total que se liquide, teniendo en cuenta como cuota mensual por valor de $4.000.000, que deben ser pagaderos desde el 5 de junio de 2010, hasta que se cumplan las condiciones de la cl\u00e1usula No. 6.4\u20132 del acta conciliatoria No. 0239 de 2010, suscrita por las partes el pasado 12 de mayo de 2010\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Ambos extremos de la controversia interpusieron el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal revoc\u00f3 lo decidido por el funcionario a quo y, en su lugar, neg\u00f3 los reclamos principales y subsidiarios de la demanda. En sustento de su decisi\u00f3n, expuso: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Debe precisarse que \u00aben este proceso, no se discute (…) ning\u00fan tema vinculado a alimentos, ese es un tema que ni es de la competencia del Tribunal, ni mucho menos puede ser objeto de decisi\u00f3n en este proceso (…). Tampoco se est\u00e1 discutiendo responsabilidad contractual, por el cumplimiento o el eventual incumplimiento en el ejercicio del negocio jur\u00eddico de opci\u00f3n, espec\u00edficamente la opci\u00f3n que se le hab\u00eda concedido al demandado, como tampoco se discute el cumplimiento eventual de las obligaciones que habr\u00edan surgido en virtud de la opci\u00f3n concedida a la demandante, porque eso no es lo que aqu\u00ed no se plantea, no se est\u00e1 pidiendo perjuicios por haberse incumplido eventualmente la opci\u00f3n de compra, se ha hecho alusi\u00f3n a esos temas, as\u00ed lo hace la demanda, pero vinculados a la petici\u00f3n de responsabilidad extracontractual\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Por consiguiente, \u00abes claro para el Tribunal que el juez se equivoc\u00f3 al imponer [la] condena con referencia al acuerdo que han celebrado las partes, porque ambos contendientes tienen claro que esa suma, de $4.000.000, es una cifra que corresponde a alimentos, pero de modo alguno corresponde a frutos, creo que para fortuna del caso, ambas partes aqu\u00ed, incluso en sede de apelaci\u00f3n al presentar su sustentaci\u00f3n y en la r\u00e9plica, insistieron una y otra vez, en que ese no era una suma vinculada a frutos, es m\u00e1s, le\u00eddo el acuerdo correspondiente, es evidente que hubo un error de interpretaci\u00f3n del juez, porque eso se trata de una suma vinculada a los alimentos de las hijas de las partes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. No puede pasarse por alto que \u00ablos comuneros tienen derecho a usar el bien, porque son titulares de un derecho real; para que un comunero use el bien, no necesita del consentimiento del otro comunero, en ese sentido no es posible en principio que un comunero le reproche al otro que utiliza, que usa, que disfruta del bien, o que abusa en principio por usar, porque est\u00e1 ejerciendo su derecho real. El comunero, insistimos, como propietario, tiene derecho a usar, por supuesto, no puede abusar, que es cosa distinta, pero el punto de partida para resolver el caso es que el comunero tiene derecho a usar el bien\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Adicionalmente, \u00aben virtud de la comunidad, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 2328 del C\u00f3digo Civil, los frutos de la cosa com\u00fan, deben dividirse entre los comuneros a prorrata de sus cuotas, la pregunta que nos hacemos al interpretar esta disposici\u00f3n es \u00bfa qu\u00e9 frutos hace referencia a la norma?, pues bien, en este punto, es bueno recordar que, seg\u00fan la legislaci\u00f3n civil, (…) se distinguen tres tipos de frutos: los frutos pendientes; los frutos percibidos, y los frutos consumidos, espec\u00edficamente hablando de frutos civiles, se distingue entre frutos pendientes, dice la norma, mientras se deben, y percibidos, desde que se cobra \u00bfy por qu\u00e9 es importante hacer esta distinci\u00f3n? porque la Sala entiende que el art\u00edculo 2328 del C\u00f3digo Civil se refiere a los frutos percibidos y a los frutos pendientes\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. Por tanto, se colige que \u00abun comunero, en principio, no puede pedirle al otro comunero que ocupa el bien en uso leg\u00edtimo de su derecho de dominio, los frutos que habr\u00eda podido percibir el bien, lo que un comunero le puede pedir al otro comunero, es que le pague la cuota correspondiente como dice el art\u00edculo 2328 de los frutos percibidos o de los frutos pendientes de percibir, pero en este caso, en el proceso no aparece demostrado, que los bienes a qu\u00e9 se refiere este pleito, hubieren generado frutos, se dir\u00e1 que no generaron frutos, porque el bien lo ha estado ocupando uno de los comuneros; pero insistimos, por el solo hecho de que uno de los comuneros ocupe el bien, solo se puede deducir ejercicio de su derecho real, pero de manera alguna es posible afirmar que para que uno de los comuneros pueda usar el bien se necesita consentimiento del otro comunero y que deba pagarle unos frutos espec\u00edficos a menos que as\u00ed lo hayan acordado, que as\u00ed tampoco sucedi\u00f3. Luego desde la perspectiva de la comunidad, no era posible abrirle paso a ninguna de las pretensiones, porque se insiste, no aparece la prueba de frutos pendientes, ni de frutos percibidos\u00bb.<\/p>\n
vi. En este caso, \u00ablo que corresponde hacer es adelantar el proceso de venta de la cosa com\u00fan, porque ninguno de los comuneros est\u00e1 obligado a permanecer en la indivisi\u00f3n, y la Sala quiere resaltar que, incluso en esos casos, en el proceso divisorio no est\u00e1 autorizado, ni la ley procesal as\u00ed lo permite, que el comunero que pidi\u00f3 la divisi\u00f3n, so pretexto de aquel que lo ocupa, pueda pedirle frutos que habr\u00eda podido percibir bien (sic); y precisamente no lo autoriza, porque en el marco de la legislaci\u00f3n que regula esta materia no est\u00e1 posibilitada sino la repartici\u00f3n de frutos pendientes o de frutos percibidos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. A lo dicho cabe agregar que \u00abla se\u00f1ora Leslie Mercedes Stipek \u00c1lvarez, en su declaraci\u00f3n de parte, manifest\u00f3 lo siguiente: \u201cen el correo del 20 de mayo de 2013 yo le confirm\u00e9 a Andr\u00e9s que no estoy interesado (sic) en arrendar el inmueble a nadie\u201d, y eso aparece evidenciado tambi\u00e9n en la prueba documental vinculada a la declinaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico ofrecido por la Embajada de los Estados Unidos, en el que exist\u00eda un planteamiento de arrendar el inmueble por 9 a\u00f1os, 11 meses. Y el tema es importante, porque (…) el Tribunal si tiene que aceptar que la propia demandante, acept\u00f3 (sic) en su declaraci\u00f3n de parte que (…) \u201cno estoy interesada en arrendar el inmueble a nadie\u201d, luego, si la se\u00f1ora Stipek no se avino arrendar el predio, si la se\u00f1ora Stipek no estuvo dispuesta a que el predio generar\u00e1 frutos, si fue por una conducta de ella que el bien no gener\u00f3 frutos, no es posible asignarle o atribuirle culpa como conducta reprochable al demandante (sic)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Al sustentar su impugnaci\u00f3n extraordinaria, la actora esgrimi\u00f3 cuatro censuras, dos de ellas fincadas en la causal segunda, y las restantes en las causales primera y tercera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
La Corte comenzar\u00e1 por resolver lo atinente a la \u00faltima de dichas censuras, pues se refiere a un aspecto formal de la controversia. Los dem\u00e1s cuestionamientos se analizar\u00e1n posteriormente, y de forma conjunta, dado que comparten un n\u00facleo argumentativo com\u00fan. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Con apoyo en la tercera causal de casaci\u00f3n, la se\u00f1ora Stipek \u00c1lvarez sostuvo que la decisi\u00f3n del tribunal no est\u00e1 en consonancia \u00abcon (…) los hechos de la demanda y de sus pretensiones, tanto la principal como la subsidiaria, configur\u00e1ndose as\u00ed un fallo incongruente\u00bb. <\/p>\n
Para sustentar su cr\u00edtica, adujo que \u00aba pesar de que el conflicto entre las partes se sustenta en el r\u00e9gimen de la responsabilidad civil, como inicialmente lo advirti\u00f3 el Tribunal (…) la sentencia impugnada encauza la controversia dentro del r\u00e9gimen del cuasicontrato de comunidad y particularmente, el art\u00edculo 2328 del C\u00f3digo Civil, sin que fuera esta norma la llamada a regular el asunto y en esta medida desatiende los hechos y las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que, \u00aben la sentencia reprochada, [el tribunal] decide interpretar indebidamente las pretensiones, desatendiendo la narrativa de los hechos, para considerar que la demandante estaba solicitando el pago de frutos pendientes o percibidos por la cosa com\u00fan, cuando por el contrario lo solicitado fue el reconocimiento de la responsabilidad con la consecuente indemnizaci\u00f3n de perjuicios, a saber, el lucro cesante representado en el beneficio econ\u00f3mico que hubiere podido percibir la demandante atendiendo a su derecho del 50% sobre los inmuebles, originado en un hecho da\u00f1oso consistente en la exclusi\u00f3n ileg\u00edtima del goce de los inmuebles perpetrada por el demandado en detrimento de la demandante. Por consiguiente, la sentencia impugnada amparada en el art\u00edculo 2328 del C\u00f3digo Civil, que no sirve de fundamento a los hechos y pretensiones de la demanda por no referirse a discusiones relativas a la administraci\u00f3n de la cosa com\u00fan, resulta incongruente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La regla de la consonancia. <\/p>\n
El art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u00abLa sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley. No podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
La norma trasuntada tiene por objeto resguardar los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de los litigantes, a trav\u00e9s de la imposici\u00f3n de l\u00edmites al fallador en ejercicio de su funci\u00f3n de juzgamiento, evitando que aquellos sean sorprendidos con decisiones inesperadas, que corresponden a hechos, pretensiones o excepciones personales que no fueron alegados \u2013ni replicados\u2013 oportunamente. <\/p>\n
El rigor limitativo de la funci\u00f3n jurisdiccional exige que esta sea cumplida sin exceso, pero sin defecto, como lo ha pregonado la doctrina1, de manera que cuando la actividad del juzgador no se ci\u00f1e a ese preciso \u00e1mbito, su decisi\u00f3n estar\u00e1 viciada de incongruencia, en alguna de estas modalidades: ultra, extra y m\u00ednima petita. <\/p>\n
Sobre la mencionada desviaci\u00f3n del procedimiento, y sus distintas expresiones, la Sala ha adoctrinado: <\/p>\n
\u00abA la luz del principio dispositivo que rige primordialmente el procedimiento civil, debe el juez, al dictar el fallo con el cual dirime la controversia, respetar los l\u00edmites o contornos que las partes le definen a trav\u00e9s de lo que reclaman (pretensiones o excepciones) y de los fundamentos f\u00e1cticos en que se basan ante todo los pedimentos, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso, o de pretensiones que, no aducidas, asimismo deben declararse oficiosamente por el juez. <\/p>\n
A eso se contrae la congruencia de la sentencia, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dirigido no s\u00f3lo a disciplinar que esa respuesta de la jurisdicci\u00f3n corresponda con lo que las partes le ponen de presente, sino, subsecuentemente, a impedir que el juez desconozca el compromiso de fallar dentro del marco de referencia que le trazan las partes, y cuyo incumplimiento es de anta\u00f1o inscrito en una de estas tres posibilidades: en primer lugar, cuando en la sentencia se otorga m\u00e1s de lo pedido, sin que el juzgador estuviese facultado oficiosamente para concederlo (ultra petita); en segundo lugar, cuando en la sentencia olvida el fallador decidir, as\u00ed sea impl\u00edcitamente, alguna de las pretensiones o de las excepciones formuladas (m\u00ednima petita); y en tercer lugar, cuando en el fallo decide sobre puntos que no han sido objeto del litigio, o, de un tiempo a esta parte, en Colombia, con apoyo en hechos diferentes a los invocados (extra petita)\u00bb (CSJ SC1806-2015, 24 feb.). <\/p>\n
Por v\u00eda general, el vicio que pretende remediar la causal tercera de casaci\u00f3n no puede presentarse en una sentencia totalmente desestimatoria de las pretensiones, porque esa resoluci\u00f3n se extiende cabalmente sobre todo lo pedido; ni m\u00e1s, ni menos. Sin embargo, de esta regla se except\u00faan las providencias que se basan en razones por completo ajenas al marco f\u00e1ctico del debate planteado por las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, ense\u00f1a el precedente: <\/p>\n
\u00abLa incongruencia como regla general, no puede edificarse frente a sentencias absolutorias, las cuales, como es obvio, traducen la negaci\u00f3n del derecho pretendido, sin que interesen a esta causal los motivos que haya tenido el juzgador para arribar a esa decisi\u00f3n. \u201cSiempre que el sentenciador resuelva sobre la totalidad del litigio -ha precisado la Sala-, no existe ninguna transgresi\u00f3n al principio de la congruencia entre lo pedido y lo resuelto, como quiera que, en tal caso, se cumple a plenitud con la funci\u00f3n jurisdiccional en ese proceso, sin que para ello tenga trascendencia si al decidir se acogen o se deniegan las pretensiones de la demanda, pues, en el evento de que el fallo sea adverso al actor, \u00e9ste no resulta incongruente, ya que \u2018distinto de no decidir un extremo de la litis es resolverlo en forma adversa al peticionario. <\/p>\n
En el primer caso el fallo ser\u00eda incongruente y, en consecuencia, podr\u00eda ser atacado en casaci\u00f3n con base en la causal segunda; en el otro no, puesto que el fallo adverso implica un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensi\u00f3n de la parte, que s\u00f3lo podr\u00eda ser impugnado a trav\u00e9s de la causal primera si con \u00e9l se viol\u00f3 directa o indirectamente la ley sustancial. De lo contrario se llegar\u00eda a la conclusi\u00f3n de que el fallo s\u00f3lo ser\u00eda congruente cuando fuera favorable a las pretensiones del demandante, lo que a todas luces es inaceptable\u2019 (LII, 21; CXXXVIII, 396 y 397)\u201d (CCXLIX, Vol. I, 748)\u00bb. (CSJ SC, 19 ene. 2005, rad. 7854). <\/p>\n
Dicho esto, se advierte que la sentencia del tribunal neg\u00f3 todas las pretensiones de la convocante, es decir, tanto las que se propusieron por la senda de la responsabilidad aquiliana, como las que, de forma un tanto ambigua, se anunciaron como remedio contractual. Esa determinaci\u00f3n, adem\u00e1s, se adopt\u00f3 tras se\u00f1alar varias razones, entre las que destacan (i) la irreprochabilidad jur\u00eddica de la conducta del demandado, quien ejerce una facultad que la ley civil otorga a los cond\u00f3minos; y (ii) la ausencia de un convenio en virtud del cual se hubieran reconocido frutos a favor de la demandante \u2013y que pudiera decirse incumplido\u2013. <\/p>\n
Es evidente que, para arribar a esas conclusiones, el tribunal dio preponderancia al r\u00e9gimen de la comunidad, y especialmente a las respuestas que ofrece el ordenamiento jur\u00eddico de cara al problema del uso no compartido de la copropiedad (sobre el que profundizar\u00e1 la Corte m\u00e1s adelante); pero tal sistem\u00e1tica no pretend\u00eda eludir los alegatos de la demanda, sino resaltar la improcedencia de imponer al condue\u00f1o que se sirve en exclusiva de una copropiedad, la carga mec\u00e1nica de compensar o reparar por ese hecho a los dem\u00e1s titulares de cuotas de dominio. <\/p>\n
Expresado de otro modo, el protagonismo de las reglas de la comunidad de bienes no puede considerarse gratuito, menos aun inconsonante, porque el litigio versa sobre inmuebles con pluralidad de due\u00f1os, y tambi\u00e9n porque, con base en esas reglas generales, fue posible para el ad quem establecer la juridicidad de la conducta del se\u00f1or Duque Pel\u00e1ez, y descartar de paso su potencial da\u00f1oso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, aunque sobre los puntos previamente anotados se consignaron razones breves \u2013que dan por sentadas varias cuestiones jur\u00eddicas y f\u00e1cticas relevantes para la estructura del argumento\u2013, es innegable que la decisi\u00f3n recurrida es totalmente coherente con las pretensiones \u2013pues las desestim\u00f3, sin ambages\u2013, y lo es tambi\u00e9n con los hechos que plantearon y acreditaron las partes en las oportunidades procesales pertinentes. <\/p>\n
Por consiguiente, el cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Invocando la causal primera de casaci\u00f3n, se denunci\u00f3 la \u00abviolaci\u00f3n directa de los art\u00edculos que regulan el cuasicontrato de comunidad, a saber: del 2322 al 2340 del C\u00f3digo Civil, por aplicaci\u00f3n indebida; los relativos a la responsabilidad civil, a saber: del 1602 al 1617 y del 2341 al 2360 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, y el art\u00edculo 669 del C\u00f3digo Civil tambi\u00e9n por falta de aplicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En desarrollo de esa censura, expuso: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Sin reparar en que \u00abel conflicto entre las partes se sustenta en el r\u00e9gimen de la responsabilidad civil, como inicialmente lo advirti\u00f3 el Tribunal (…), la sentencia impugnada, desatendiendo el orden jur\u00eddico colombiano y en flagrante violaci\u00f3n directa de las normas se\u00f1aladas en este cargo, encausa (sic) la controversia dentro del r\u00e9gimen del cuasicontrato de comunidad y particularmente, el art\u00edculo 2328 del C\u00f3digo Civil, sin que fuera esta norma la llamada a regular el asunto\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
iii. No puede pasarse por alto que \u00ablo que se solicit[\u00f3] es el reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, a saber, el lucro cesante representado en el beneficio econ\u00f3mico que hubiere podido percibir la demandante atendiendo a su derecho del 50% sobre los inmuebles, originado en un hecho da\u00f1oso consistente en la exclusi\u00f3n ileg\u00edtima del goce de los inmuebles perpetrada por el demandado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. El tribunal \u00abomite realizar un an\u00e1lisis a la luz de lo que es propio del r\u00e9gimen de responsabilidad civil. Es decir, prescinde de la revisi\u00f3n de sus elementos constitutivos, a saber: (a) el hecho da\u00f1oso, consistente en la exclusi\u00f3n ileg\u00edtima del goce de los Inmuebles perpetrada por el Demandado en detrimento de la Demandante y, subsidiariamente, el desconocimiento del acuerdo entre las partes sobre la enajenaci\u00f3n de los Inmuebles, aunado al desconocimiento del derecho de propiedad que tambi\u00e9n le asist\u00eda a la Demandante sobre la cosa com\u00fan; (b) el da\u00f1o indemnizable, a saber, el lucro cesante representado en el beneficio econ\u00f3mico que hubiere podido percibir la Demandante atendiendo a su derecho del 50% sobre los Inmuebles y; (c) el nexo causal entre (a) y (b)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. Aun cuando los copropietarios \u00abno est\u00e1n obligados a permanecer en indivisi\u00f3n a la luz del atributo de la disposici\u00f3n propio del derecho de dominio, los atributos de uso y goce pueden ser ejercidos por cada comunero aun en indivisi\u00f3n. Por esta raz\u00f3n, la exclusi\u00f3n ileg\u00edtima del goce de la cosa com\u00fan perpetrada por un comunero en contra de otro constituye un hecho da\u00f1oso que activa las normas de responsabilidad civil y da lugar a la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios sufridos (…). Sin embargo, la sentencia impugnada deja de aplicar al caso controvertido las disposiciones sustanciales a que deb\u00eda someterse y desconoce que la existencia de una comunidad de ninguna forma impide la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de responsabilidad civil entre los comuneros\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Anunciando la infracci\u00f3n de las mismas normas sustanciales, pero ahora de manera indirecta, sostuvo la recurrente que el tribunal incurri\u00f3 en graves errores de hecho, que pueden compendiarse as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
i. De la declaraci\u00f3n de la actora no puede extraerse que \u00ab\u201cno estuvo dispuesta a que el predio generara frutos\u201d. Por el contrario, del medio de prueba se desprende con claridad la intenci\u00f3n de la demandante de ejercer la opci\u00f3n de compra cuando tuvo oportunidad, de vender o arrendar al mismo demandado o a un tercero. De manera adicional, queda en evidencia la exclusi\u00f3n ileg\u00edtima del goce de los inmuebles perpetrada por el demandado en detrimento de la demandante, prohibi\u00e9ndole el ingreso al conjunto residencial, cambiando las guardas del apartamento y manifest\u00e1ndole a las corredoras su decisi\u00f3n de retirar los inmuebles del mercado, se\u00f1alando que no quer\u00eda venderlos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Asimismo, \u00aben la sentencia acusada el Tribunal incurre en un error de hecho al omitir de forma absoluta la valoraci\u00f3n de las dos sentencias proferidas dentro del proceso dirigido a la designaci\u00f3n de un administrador de los inmuebles, mediante las cuales se resolvi\u00f3 acceder al nombramiento del administrador\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. La antedicha probanza da cuenta de que \u00ab(a) que entre las partes no exist\u00eda acuerdo en relaci\u00f3n con la administraci\u00f3n de los Inmuebles; (b) que la demandante ha tenido el \u00e1nimo de obtener beneficio econ\u00f3mico de los inmuebles por su derecho del 50%; (c) que ha sido el demandado quien ha impedido a la demandante el goce de los inmuebles que se tienen en com\u00fan y proindiviso desde el a\u00f1o 2010, al tiempo que ha venido ocupando abusivamente los inmuebles como si ostentase la calidad de \u00fanico propietario y sin reconocer contraprestaci\u00f3n alguna por el derecho del 50% que le asiste a la demandante y; (d) que el demandado desconoci\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 [en el proceso de designaci\u00f3n de administrador de la comunidad], circunstancia que da cuenta de la exclusi\u00f3n ileg\u00edtima del goce de los inmuebles a la demandada y de la conducta de mala fe y culposa del demandado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Igualmente se obvi\u00f3 \u00abla valoraci\u00f3n de las dos sentencias proferidas dentro del proceso dirigido a procurar el arrendamiento en licitaci\u00f3n p\u00fablica de los inmuebles, mediante las cuales se orden\u00f3 acceder al referido arrendamiento, a solicitud de la demandante\u00bb, documento que refrendaba las variables f\u00e1cticas a las que se hizo referencia en el apartado previo. <\/p>\n
<\/p>\n
v. Tambi\u00e9n se pretermitieron el acta de conciliaci\u00f3n celebrada entre las partes, en la que estos pactaron una opci\u00f3n de compra sucesiva y, en \u00faltimas, la enajenaci\u00f3n del inmueble; la constancia notarial de comparecencia de la demandante a ejercer esa opci\u00f3n, y los mensajes que aquella remiti\u00f3 al convocado, reiterando su deseo de adquirir el 50% restante de las propiedades comunes. <\/p>\n
<\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
La actora insisti\u00f3 en el quebrantamiento de las normas sustanciales citadas supra, pero esta vez como secuela de un yerro de derecho, consistente en no haber aplicado la metodolog\u00eda de valoraci\u00f3n de la prueba que se\u00f1ala el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
As\u00ed, tras reiterar la hermen\u00e9utica de la evidencia que se expuso en el cargo precedente, concluy\u00f3 la actora que \u00absi el Tribunal hubiera valorado la prueba en su conjunto, esto es, la prueba documental, los interrogatorios de parte y los dict\u00e1menes periciales, hubiera llegado a una conclusi\u00f3n diferente a la que lleg\u00f3 en la sentencia, esto es, hubiera evidenciado cada uno de los elementos propios de la responsabilidad civil, declarando responsable al demandado y procediendo con el reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El uso no compartido de la propiedad com\u00fan. <\/p>\n
1. Distribuci\u00f3n ideal de los atributos del dominio entre cond\u00f3minos. <\/p>\n
El concepto de copropiedad implica una muy particular equivalencia de las relaciones jur\u00eddicas entre comuneros, que el art\u00edculo 2323 del C\u00f3digo Civil consider\u00f3 asimilable al r\u00e9gimen de las sociedades mercantiles, pero que puede caracterizarse con m\u00e1s precisi\u00f3n diciendo que los condue\u00f1os comparten las facultades o ventajas abstractas que otorga el derecho real de dominio2, aun cuando estas se representen en sus patrimonios de maneras m\u00e1s concretas, que generalmente \u2013no necesariamente\u2013 guardan simetr\u00eda con el valor porcentual de cada cuota de propiedad3. <\/p>\n
Esa definici\u00f3n, sin embargo, solo es \u00fatil para conceptualizar las facultades de disposici\u00f3n y explotaci\u00f3n de los condue\u00f1os, no la de uso. N\u00f3tese que la disposici\u00f3n, o la posibilidad de transferir o limitar un derecho real mediante acto jur\u00eddico de su titular, pertenece como prerrogativa a todos los copropietarios4, pero su ejercicio queda circunscrito a cada cuota en particular, en tanto nadie puede ceder m\u00e1s derechos de los que tiene (nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet). <\/p>\n
Algo similar ocurre con la explotaci\u00f3n, esto es, la posibilidad de percibir los r\u00e9ditos que genera la cosa \u2013v.gr cosechando las plantaciones all\u00ed sembradas, o cobrando las rentas que produzca su arrendamiento\u2013. A voces del art\u00edculo 2328 del C\u00f3digo Civil, si el bien com\u00fan produce frutos, civiles o naturales, estos \u00abdeben dividirse entre los comuneros a prorrata de sus cuotas\u00bb; por consiguiente, todos ellos recibir\u00e1n una porci\u00f3n de la utilidad generada por la copropiedad, que equivaldr\u00eda a su participaci\u00f3n en el dominio. <\/p>\n
En contraposici\u00f3n, la concreci\u00f3n entre cond\u00f3minos resulta muy compleja en trat\u00e1ndose del uso, o el poder del dominus de servirse de su propiedad para conseguir prop\u00f3sitos leg\u00edtimos \u2013v.gr. habitar un inmueble destinado a la vivienda\u2013. Es innegable que el legislador trat\u00f3 de regular algunos supuestos en los que el uso se distribuye de forma proporcional al porcentaje de copropiedad (art\u00edculos 2330 y 2331, C\u00f3digo Civil5); pero en el grueso de los casos \u2013que no tienen que ver con tierras labrant\u00edas o para la crianza de bestias, supuestos que regulan los preceptos citados\u2013, una soluci\u00f3n como esa ser\u00eda inadmisible, pues al segmentar la facultad de uso de un bien com\u00fan, se desnaturalizar\u00eda el derecho del comunero o, incluso, el bien mismo6. <\/p>\n
Ello explica que la posibilidad de servirse de la copropiedad se comparta por defecto, y en igualdad de condiciones \u2013esto es, sin correlaci\u00f3n con la magnitud de las cuotas\u2013 entre todos los condue\u00f1os. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Distribuci\u00f3n consensuada del atributo de uso de la copropiedad. <\/p>\n
Es innegable que compartir integralmente el uso de un bien com\u00fan puede parecer \u2013y de hecho suele ser\u2013 indeseable para los copropietarios, especialmente cuando hay un n\u00famero elevado de ellos; carecen de v\u00ednculos personales rec\u00edprocos, o se encuentren inmersos en situaci\u00f3n de permanente conflicto, entre otras vicisitudes que entorpecen la distribuci\u00f3n del poder de servirse de las cosas comunes. <\/p>\n
Con todo, esas problem\u00e1ticas pueden ser superadas f\u00e1cilmente a trav\u00e9s de acuerdos, puesto que los condue\u00f1os est\u00e1n revestidos de amplias libertades para reconfigurar su propio poder de servirse de su copropiedad, tal como ocurre con las dem\u00e1s prerrogativas que les confiere el dominio \u2013la disposici\u00f3n7 y la explotaci\u00f3n8\u2013. <\/p>\n
En ese sentido, es posible que se convengan m\u00faltiples formas de usar de la cosa com\u00fan, tales como repartirla por espacios f\u00edsicos, o por intervalos temporales determinados, o renunciar a esa ventaja, para que radique temporalmente en un solo cond\u00f3mino, o en un tercero, entre otras hip\u00f3tesis. Adem\u00e1s, nada se opone a que se fije cualquier tipo de remuneraci\u00f3n, a fin de compensar las asimetr\u00edas generadas al redistribuir el referido privilegio de uso. <\/p>\n
Consecuentemente, resulta l\u00edcito convenir que el uso de la cosa sea ejercido en exclusiva por un cond\u00f3mino, y lo ser\u00eda tambi\u00e9n acordar un pago a cambio; pero si esto \u00faltimo no se pacta en forma expresa, deber\u00e1 entenderse que el negocio entre copropietarios fue gratuito, no solo porque encuadrar\u00eda en la definici\u00f3n del art\u00edculo 1497 del C\u00f3digo Civil (en tanto el acto jur\u00eddico \u00abtiene por objeto la utilidad de una de las partes\u00bb), sino tambi\u00e9n porque el ordenamiento no consagr\u00f3 reglas supletivas que permitan asignarle naturaleza onerosa. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, si el uso no compartido de la copropiedad deriva de un contrato, a sus t\u00e9rminos deber\u00e1n estarse los condue\u00f1os, especialmente en punto a la posibilidad de obtener alguna retribuci\u00f3n por el hecho de permitir que otro de ellos sea quien se sirva de la cosa com\u00fan. Pero si guardan silencio frente al particular, no surgir\u00e1 para el condue\u00f1o que se sirve de la cosa ninguna obligaci\u00f3n \u2013adicional a las que son inherentes a su condici\u00f3n\u2013. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Otros supuestos de uso no compartido de la copropiedad. <\/p>\n
A pesar de ser posible gestionar de manera concertada la situaci\u00f3n de los cond\u00f3minos y, por lo mismo, dise\u00f1ar acuerdos que atiendan sus rec\u00edprocos intereses, es frecuente que los supuestos de uso no compartido sean ajenos a cualquier acto voluntario; m\u00e1s bien, obedecen a situaciones accidentales, en virtud de las cuales uno de los condue\u00f1os pasa a detentar la copropiedad \u2013y a servirse de ella\u2013 en solitario, mientras que los dem\u00e1s asumen una actitud pasiva frente a dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
No se trata, pues, de que se hubieran establecido reglas concretas sobre c\u00f3mo usar el bien com\u00fan, sino de que este termin\u00f3, por cuesti\u00f3n de simple azar, en manos de uno solo de los condue\u00f1os, sin que los dem\u00e1s exteriorizaran su inconformidad con ese uso no compartido, entendiendo por tal cosa el ejercicio del derecho sustancial a intervenir en la administraci\u00f3n de la comunidad, o pedir su liquidaci\u00f3n judicial, promoviendo las acciones que el ordenamiento ha establecido para tales efectos. <\/p>\n
Ante la ocurrencia de esos supuestos, y mientras persista la aquiescencia t\u00e1cita sobre el uso exclusivo de uno de los cond\u00f3minos, este podr\u00e1 seguir ejerci\u00e9ndolo sin que surja d\u00e9bito alguno a su cargo \u2013y a favor de los dem\u00e1s\u2013, sencillamente porque esa obligaci\u00f3n carecer\u00eda de fuente; es ajena a la voluntad del eventual obligado, y no puede ser consecuencial a su conducta, porque ninguna norma sanciona \u2013ni podr\u00eda sancionar\u2013 al copropietario que ejerce una ventaja jur\u00eddica que, en derecho, le pertenece. <\/p>\n
En efecto, no hay antijuridicidad alguna en el proceder de quien se sirve de la copropiedad en exclusiva, con la aquiescencia t\u00e1cita de los restantes cond\u00f3minos. Por consiguiente, tampoco es posible presumir el reconocimiento de frutos en favor de estos \u00faltimos, menos a\u00fan, la causaci\u00f3n de da\u00f1os patrimoniales, justamente porque el bien no est\u00e1 generando r\u00e9ditos susceptibles de reparto, ni es objeto de indebida apropiaci\u00f3n, por estar prest\u00e1ndole a uno de sus copropietarios el servicio para el que fue concebido, sin oposici\u00f3n de nadie m\u00e1s. <\/p>\n
Lo hasta aqu\u00ed expuesto no significa que los restantes condue\u00f1os queden a merced de la buena voluntad del que usa la copropiedad; ni mucho menos que el derecho real de los primeros haya quedado limitado o menguado. Siempre que la distribuci\u00f3n de la prerrogativa de uso genere desacuerdos, que no puedan ser salvados mediante acto jur\u00eddico v\u00e1lido de los condue\u00f1os, cualquiera de ellos podr\u00e1 solicitar la intervenci\u00f3n judicial para solucionar el conflicto, en el marco de los procedimientos de nombramiento de administrador de la comunidad y divisi\u00f3n de la cosa com\u00fan. <\/p>\n
4. Acciones judiciales para oponerse al uso no compartido de la copropiedad. <\/p>\n
La posibilidad de servirse de la cosa es una ventaja que confiere el dominio dada su naturaleza in re; por tanto, no puede verse limitada sino por causas previstas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en las leyes positivas, o por la propia voluntad del titular del derecho real. En l\u00ednea con lo anterior, cualquier supuesto de uso no compartido es susceptible de disputarse judicialmente, manteniendo inc\u00f3lume la propiedad com\u00fan, o segment\u00e1ndola equitativamente. <\/p>\n
En cuanto a lo primero, prescriben los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 95 de 1890 que \u00absi los comuneros no se avinieren en cuanto al uso de las cosas comunes nombrar\u00e1n un administrador que lo arregle, sin perjuicio del derecho de los comuneros a reclamar ante el juez contra las resoluciones del administrador, si no fueren legales\u00bb, y que \u00abcuando la comunidad no haga el nombramiento conforme al art\u00edculo anterior, cualquiera de los comuneros podr\u00e1 concurrir al juez (…) a fin de que bajo la presencia del mismo juez hagan el nombramiento, que podr\u00e1 hacerse en este caso por cualquier n\u00famero de comuneros que concurra, y en su defecto por el mismo juez\u00bb. <\/p>\n
La norma posibilita exigir la designaci\u00f3n de un administrador, para que sea \u00e9l quien establezca la utilizaci\u00f3n de la copropiedad, velando por atender y maximizar los intereses de los cond\u00f3minos. Y si la cosa com\u00fan no puede compartirse, dice la propia Ley 95 que \u00abdeber\u00eda ponerse en arrendamiento o hacerse en com\u00fan su explotaci\u00f3n, concurriendo cada uno con el servicio o cuota que le corresponda para tal explotaci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 26), esto con arreglo a lo decidido \u00abpor los mismos comuneros o por el administrador, cuando lo hubiere; pero si alguno de los interesados lo solicitare, se har\u00e1 el arrendamiento por el juez en licitaci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (art\u00edculo 27). <\/p>\n
Existen, pues, varias herramientas que permiten usar y explotar la copropiedad sin desatender las necesidades de los condue\u00f1os, bien sea a trav\u00e9s del concurso de sus voluntades, vali\u00e9ndose de decisiones judiciales, o a trav\u00e9s de la gesti\u00f3n de un tercero. Y si nada de esto permite superar la insatisfacci\u00f3n del cotitular de derechos reales, siempre podr\u00e1 hacer exigible su derecho a que \u00abla cosa com\u00fan se divida o se venda para repartir su producto\u00bb (art\u00edculo 2334, C\u00f3digo Civil). <\/p>\n
Naturalmente que, tras enajenar o fraccionar el activo, cada persona recibir\u00e1 una asignaci\u00f3n \u2013en dinero o en especie\u2013 a modo de representaci\u00f3n concreta y definitiva de su extinto derecho de cuota; y de ese renovado activo podr\u00e1 disponer su titular con absoluta libertad, consiguiendo as\u00ed salvar \u2013de forma radical\u2013 cualquier posible desavenencia con relaci\u00f3n al uso, explotaci\u00f3n o disposici\u00f3n de las cosas que se adquieren en comunidad. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El rol residual de la responsabilidad civil en las relaciones entre comuneros. <\/p>\n
Aunque los anteriores lineamientos podr\u00edan parecer ajenos al campo conceptual del derecho de da\u00f1os, en realidad las reglas para decidir c\u00f3mo debe usarse la propiedad com\u00fan mitigan el riesgo de que se produzcan interacciones da\u00f1osas entre condue\u00f1os, al menos con relaci\u00f3n al referido privilegio de uso. <\/p>\n
Ciertamente, cuando un cond\u00f3mino se sirve en exclusiva de una copropiedad, el ius utendi se distribuye de forma objetivamente desigual entre los cotitulares del dominio. Sin embargo, esa eventualidad no puede calificarse \u2013per se\u2013 como da\u00f1osa, pues el uso no compartido puede ser una manifestaci\u00f3n leg\u00edtima del derecho real que tiene el cond\u00f3mino, aquilatado por la abstenci\u00f3n de intervenci\u00f3n, concertada o autoimpuesta, de sus pares. <\/p>\n
Y si bien la persona privada del uso podr\u00eda pedir que este se le comparta, o que la copropiedad cambie de destinaci\u00f3n, esa voluntad unilateral tampoco resulta suficiente para que la conducta del que viene sirvi\u00e9ndose de la cosa com\u00fan se considere lesiva. En estos casos, am\u00e9n de buscar alguna soluci\u00f3n consensuada \u2013en desarrollo de autonom\u00eda de la voluntad que reconoce el derecho privado\u2013, el interesado deber\u00e1 ejercer las acciones judiciales que le confiere la ley civil, para establecer c\u00f3mo debe administrarse la comunidad, o c\u00f3mo ha de dividirse. <\/p>\n
Solo despu\u00e9s de intentar agotar esos remedios, establecidos por el legislador para resolver las problem\u00e1ticas que se presentan en la comunidad de bienes, podr\u00eda darse alg\u00fan supuesto de responsabilidad civil, pues si fuera viable reconocer como da\u00f1o al hecho de que los bienes comunes no se usen de acuerdo con los designios de un condue\u00f1o, con el valor porcentual de las cuotas, o con una distribuci\u00f3n Pareto-eficiente9, quedar\u00eda vaciada de contenido toda la regulaci\u00f3n especial que se relacion\u00f3 supra. <\/p>\n
El uso de la cosa com\u00fan no est\u00e1 circunscrito a un lapso o \u00e1rea equivalente al valor porcentual de cada cuota de dominio; por tanto, pueden darse circunstancias bajo las cuales se despliegue en exclusiva, sin violencia, ni desconocimiento de disposiciones legales, judiciales o convencionales. Por esa v\u00eda, si la conducta no es reprochable, resultar\u00eda injustificado asignarle la consecuencia jur\u00eddica de compensar todos los beneficios patrimoniales que los dem\u00e1s condue\u00f1os pudieran haber recibido, como si la copropiedad estuviera explot\u00e1ndose en beneficio del colectivo. <\/p>\n
Dicho de otro modo, mientras el uso no compartido sea compatible con las reglas de la comunidad (incluida la posibilidad de que exista un desacuerdo leg\u00edtimo entre cond\u00f3minos, que subsista hasta tanto los jueces lo resuelvan definitivamente), la conducta del condue\u00f1o no podr\u00e1 calificarse de ileg\u00edtima, ni mucho menos abusiva; ser\u00e1, sin m\u00e1s, una manifestaci\u00f3n del ius in re propria del que es titular, inid\u00f3nea para producir da\u00f1os, en el sentido que le asigna el derecho a esa expresi\u00f3n. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, por el mero hecho de servirse en solitario de una copropiedad, no es viable imponer d\u00e9bito indemnizatorio o compensatorio alguno, pues ning\u00fan condue\u00f1o es responsable de las secuelas que pudiera traer para sus semejantes el ejercicio leg\u00edtimo de las ventajas que le confiere la titularidad de su cuota. En cambio, cuando el uso no compartido sea abusivo, y constituya una verdadera afrenta a las reglas de la comunidad, s\u00ed resultar\u00e1 apropiado imponer el deber de asumir los perjuicios irrogados a los cond\u00f3minos injustamente privados del uso. <\/p>\n
Por v\u00eda de ejemplo, si el administrador de la comunidad resuelve que la cosa com\u00fan sea arrendada, para distribuir el producto de las rentas, ser\u00e1 antijur\u00eddica la conducta de aquel condue\u00f1o que persista en darle al predio una destinaci\u00f3n distinta, impidiendo que el gestor haga su trabajo. Como no hay legitimidad alguna en ese proceder, no puede ser caracterizado como el ejercicio de un privilegio propio del dominio, sino como un abuso de ese derecho, cuyas secuelas deben repararse, seg\u00fan lo tiene decantado, de anta\u00f1o, la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00abLa teor\u00eda del abuso del derecho o, m\u00e1s ce\u00f1idamente, la posibilidad de que su uso por excesivo o desviado justifique una demanda de indemnizaci\u00f3n de perjuicios consiguientes a ese exceso o desv\u00edo, est\u00e1 admitida y sostenida uniformemente por la Sala (…), al punto de constituir doctrina jurisprudencial. La sentencia del 19 de mayo de 1941, cita la que la Corte pronunci\u00f3 en 1899, en que, sin nombrar a\u00fan la figura del abuso del derecho, la presinti\u00f3 para nuestra jurisprudencia e indic\u00f3 su ajustamiento a nuestro sistema legal, declarando desde entonces que \u201cel derecho s\u00f3lo puede existir para satisfacer necesidades justas, leg\u00edtimas y racionales y teniendo en cuenta que nadie puede tener una facultad emanada de la norma del derecho objetivo cuya finalidad no s\u00f3lo sea est\u00e9ril para el bien propio, sino da\u00f1osa para los dem\u00e1s o para el fin social\u201d. <\/p>\n
As\u00ed se preludiaba lo que han expuesto uniforme y reiteradamente las sentencias de la Sala relacionadas con esa tesis, a partir de 1935. Seg\u00fan ella, el derecho reconocido o conferido por las leyes al individuo mira, ante todo, al bien social y al inter\u00e9s p\u00fablico; de suerte que, al ejercitarlo el individuo en forma re\u00f1ida con ese inter\u00e9s p\u00fablico, con ese bien social, ya por llevarlo en su ejercicio m\u00e1s all\u00e1 de lo se\u00f1alado por su propia seguridad y conveniencia, ya al desviarlo de su fin estricto y efectivo, no puede ampararse con la m\u00e1xima nemo laedit10, porque con ese exceso o desv\u00edo s\u00ed lesiona, s\u00ed perjudica, s\u00ed da\u00f1a\u00bb (CSJ SC, 7 mar. 1944, G. J. t. LVII, p\u00e1g. 74). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Resoluci\u00f3n conjunta de los cargos. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Sumario de la controversia. <\/p>\n
Al formular su demanda, la se\u00f1ora Stipek \u00c1lvarez reclam\u00f3 del se\u00f1or Duque Pel\u00e1ez el pago de una reparaci\u00f3n equivalente al valor de los frutos que habr\u00eda podido percibir por la explotaci\u00f3n de un apartamento y varios parqueaderos, ubicados en el Conjunto Residencial Rosales Reservado de la ciudad de Bogot\u00e1, inmuebles que los litigantes adquirieron en com\u00fan y proindiviso cuando estaban casados, y que, tras su divorcio, empezaron a ser usados por el convocado, exclusivamente. <\/p>\n
\u00ab6. Alimentos a favor de las hijas menores de edad (…). Alimentos a cargo exclusivo del padre (…). 6.4. Manutenci\u00f3n. Adicionalmente y, en atenci\u00f3n a que nuestras hijas residir\u00e1n con la madre, el padre Andr\u00e9s de Jes\u00fas Duque Pel\u00e1ez pagar\u00e1 mensualmente a la se\u00f1ora Leslie Mercedes Stipek \u00c1lvarez, las siguientes sumas: la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000) la cual ser\u00e1 consignada por el se\u00f1or Andr\u00e9s de Jes\u00fas Duque Pel\u00e1ez (…) a nombre de Leslie Mercedes Stipek \u00c1lvarez dentro de los cinco (5) primeros d\u00edas de cada mes a partir de mes de junio de 2010 y hasta la fecha en que la se\u00f1ora Leslie Mercedes Stipek \u00c1lvarez reciba el valor total del 50% producto de la venta del apartamento (…) y Garajes (…) del Conjunto Residencial Rosales Reservado (…), ubicado en la (…) ciudad de Bogot\u00e1 D.C., descontado el 50% del saldo de la obligaci\u00f3n hipotecaria que recae sobre dichos inmuebles. La suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000) mensuales aqu\u00ed acordada ser\u00e1 reajustada anualmente en enero, empezando en el a\u00f1o 2011 teniendo en cuenta el \u00edndice de precios del consumidor IPC (…). <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO PRIMERO: Mientras se venden dichos inmuebles, el se\u00f1or Andr\u00e9s de Jes\u00fas Duque Pel\u00e1ez continuar\u00e1 pagando la obligaci\u00f3n hipotecaria en los plazos pactados por BBVA. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO SEGUNDO: Hasta el d\u00eda 31 de agosto del 2010 se le da la primera opci\u00f3n de compra al se\u00f1or Andr\u00e9s de Jes\u00fas Duque Pel\u00e1ez para lo cual las partes comparecer\u00e1n a la notar\u00eda 41 de C\u00edrculo de Bogot\u00e1 a las 9.00 am bien sea para hacer efectiva la respectiva opci\u00f3n de compra y otorgar la correspondiente escritura p\u00fablica de compraventa. En el evento de no ejercer la opci\u00f3n de compra el se\u00f1or Andr\u00e9s de Jes\u00fas Duque Pel\u00e1ez, esta ser\u00e1 ejercida a partir de la fecha por la se\u00f1ora Leslie Mercedes Stipek \u00c1lvarez o un tercero. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 3. Las partes han acordado como precio m\u00ednimo de venta del inmueble la suma de dos mil setecientos cincuenta millones de pesos ($2.750.000.000)\u00bb. <\/p>\n
Bas\u00e1ndose en ese acuerdo, el juez a quo decidi\u00f3 condenar al demandado a pagar a su contraparte la suma de $4.000.000 mensuales, desde el 5 de junio de 2010, y \u00abhasta que se cumplan las condiciones de la cl\u00e1usula n\u00famero 6.4-2 del acta conciliatoria [de] 12 de mayo del 2010\u00bb. Ambas partes impugnaron dicho fallo, advirtiendo que el pacto conciliatorio pretend\u00eda regular las obligaciones alimentarias del se\u00f1or Duque Pel\u00e1ez, y no el privilegio de uso de los bienes que este tiene en comunidad con la actora. <\/p>\n
Ante la coincidencia del alegato, el ad quem consider\u00f3 errado el fundamento de la condena que impuso el juez a quo, y estim\u00f3 que las pretensiones no podr\u00edan salir avante. Las principales (de responsabilidad aquiliana), porque (i) \u00abno es posible en principio que un comunero le reproche al otro que utiliza, que usa, que disfruta del bien\u00bb, y (ii) \u00absi la se\u00f1ora Stipek no estuvo dispuesta a que el predio generar\u00e1 frutos (…) no es posible asignarle o atribuirle culpa como conducta reprochable al demandante\u00bb. <\/p>\n
Y en cuanto al petitum subsidiario (de responsabilidad contractual), porque (i) no existe ning\u00fan contrato que obligue al demandado a remunerar a su comunera por el uso exclusivo de la cosa com\u00fan, y (ii) \u00abno se est\u00e1 pidiendo perjuicios por haberse incumplido eventualmente la opci\u00f3n de compra; se ha hecho alusi\u00f3n a esos temas, as\u00ed lo hace la demanda, pero vinculados a la petici\u00f3n de responsabilidad extracontractual\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. An\u00e1lisis de las censuras. <\/p>\n
<\/p>\n
1. En los tres cargos que se conjuntaron, la recurrente se doli\u00f3 del excesivo peso que tienen en el argumento del tribunal las reglas de la comunidad; asimismo, censur\u00f3 la labor de valoraci\u00f3n probatoria de dicha colegiatura, advirtiendo que la prueba recaudada permit\u00eda establecer \u00ab(a) que entre las partes no exist\u00eda acuerdo en relaci\u00f3n con la administraci\u00f3n de los inmuebles; (b) que la demandante ha tenido el \u00e1nimo de obtener beneficio econ\u00f3mico de los inmuebles por su derecho del 50%; (c) que ha sido el demandado quien ha impedido a la demandante el goce de los inmuebles que se tienen en com\u00fan y proindiviso desde el a\u00f1o 2010, al tiempo que ha venido ocupando abusivamente los inmuebles como si ostentase la calidad de \u00fanico propietario y sin reconocer contraprestaci\u00f3n alguna por el derecho del 50% que le asiste a la demandante y; (d) que el demandado desconoci\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 [en el proceso de designaci\u00f3n de administrador de la comunidad], circunstancia que da cuenta de la exclusi\u00f3n ileg\u00edtima del goce de los inmuebles a la demandada y de la conducta de mala fe y culposa del demandado\u00bb. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la primera cr\u00edtica, se insiste en que las reglas de la comunidad no son extra\u00f1as a este conflicto, pues permiten precisar los linderos del ejercicio l\u00edcito de las prerrogativas del demandado, en tanto condue\u00f1o. Es decir, sin saber exactamente qu\u00e9 ventajas le confiere al se\u00f1or Duque Pel\u00e1ez su titularidad de una cuota de dominio, no es posible averiguar si su conducta fue leg\u00edtima, o abusiva. <\/p>\n
A ello se a\u00f1ade que la argumentaci\u00f3n del tribunal s\u00ed se refiri\u00f3 a los elementos de la responsabilidad civil, y lo hizo (i) descartando la reprochabilidad subjetiva de la conducta del demandado, la que calific\u00f3 como razonable ejercicio del privilegio de uso de la copropiedad, y (ii) refutando la existencia de un nexo causal entre la p\u00e9rdida alegada y el proceder del se\u00f1or Duque Pel\u00e1ez, al atribuirla a la resistencia de la actora a arrendar la propiedad ra\u00edz. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se colige que las normas de la comunidad no se aplicaron en este juicio injustificadamente, ni tampoco dejaron de considerarse los preceptos que gobiernan la responsabilidad civil extracontractual. Por ende, el primer cargo no prospera. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En cuanto a los reproches por v\u00eda indirecta, debe decirse que las conclusiones del ad quem no variar\u00edan un \u00e1pice si se consideraran \u2013individualmente y en conjunto\u2013las evidencias aludidas en los cargos segundo y tercero. De hecho, dos de las variables f\u00e1cticas que la recurrente pide dar por probadas \u2013la inexistencia de un acuerdo entre las partes acerca de c\u00f3mo usar sus propiedades en com\u00fan, y el uso no compartido de estas por parte del demandante\u2013, ya forman parte del argumento del tribunal. <\/p>\n
El tribunal coincide en que nada se acord\u00f3 frente al uso de la cosa \u2013de ah\u00ed deriv\u00f3 el indisputado fracaso de las pretensiones subsidiarias\u2013, y tambi\u00e9n admite que el se\u00f1or Duque Pel\u00e1ez permaneci\u00f3 en la copropiedad despu\u00e9s de divorciarse de su cond\u00f3mina. Pero lo que no dio por probado, porque en realidad no hay evidencia que apunte en esa direcci\u00f3n, es que esa permanencia fuera abusiva, o contraria a los designios de la convocante. <\/p>\n
Es cierto que ella pareci\u00f3 dispuesta a ejercer la \u201copci\u00f3n de compra\u201d consagrada en el acuerdo conciliatorio que ajustaron las partes del litigio, pero de ello no se sigue necesariamente \u2013como lo exige el rigor de la casaci\u00f3n\u2013 que la se\u00f1ora Stipek \u00c1lvarez hubiera quedado facultada para exigir el pago de los frutos sobre su porci\u00f3n, ni mucho menos que ejerciera alg\u00fan derecho de los que se confieren al comunero para definir la utilizaci\u00f3n de la copropiedad. <\/p>\n
La situaci\u00f3n descrita y acreditada en este proceso, dista mucho de revelar un uso abusivo por parte del condue\u00f1o demandado. Este permaneci\u00f3 en el que era su domicilio conyugal tras la disoluci\u00f3n del v\u00ednculo marital, pero sin que mediara comprobada oposici\u00f3n de la actora, y asumiendo tambi\u00e9n algunas obligaciones dinerarias \u2013como el aumento de la cuota alimentaria de sus hijas, o la amortizaci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario que gravaba las heredades\u2013, que, si bien no tienen v\u00ednculo directo con el ius utendi, sugieren un reparto desigual de derechos y obligaciones relacionadas con las propiedades compartidas. <\/p>\n
Ahora bien, nadie pone en duda que, tras ver frustrada la posibilidad de que alguno de los condue\u00f1os adquiriera la cuota del otro, la actora abandon\u00f3 su pasividad frente al uso no compartido, pretendiendo que la comunidad tomara un rumbo diferente. Pero ello no bastaba para que el uso que ven\u00eda d\u00e1ndole su contraparte a las copropiedades se convirtiera en ileg\u00edtimo, porque la juridicidad del ejercicio de su derecho real de dominio no puede depender exclusivamente de designios ajenos, dado que una nota caracterizadora del derecho real de dominio es el derecho a la conducta propia sobre la cosa. <\/p>\n
Ante la contrariedad de pareceres de los condue\u00f1os, y la imposibilidad de superar el desacuerdo concertadamente, no quedaba otro camino que acudir a cualquiera de los procedimientos judiciales establecidos para intervenir en la gesti\u00f3n de una copropiedad. Esas son las reglas de la comunidad de bienes, y a ellas habr\u00e1n de estarse quienes quieran permanecer en indivisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el expediente qued\u00f3 probado que los litigantes no concuerdan en el uso no compartido de los bienes comunes, pero \u2013como lo sostuvo el tribunal\u2013 no existe evidencia de que se hubiera intentado corregir esa situaci\u00f3n a trav\u00e9s de los canales institucionales previstos para atender las problem\u00e1ticas que surgen entre copropietarios; menos a\u00fan de que, en virtud de alguna medida correctiva, se hubiera establecido otra destinaci\u00f3n para la copropiedad. <\/p>\n
Lo dicho frustra cualquier reclamo indemnizatorio, a menos que se presuma \u2013contra toda l\u00f3gica\u2013 que el condue\u00f1o que usa la copropiedad en solitario queda invariablemente obligado a reconocer una renta proporcional a los dem\u00e1s, como si fat\u00eddicamente se transformara en arrendatario de las cuotas indivisas que no le pertenecen. <\/p>\n
Y si bien esa podr\u00eda ser una alternativa v\u00e1lida para favorecer a todos los titulares de cuotas \u2013como tambi\u00e9n lo ser\u00eda la que prev\u00e9 el art\u00edculo 26 de la Ley 95 de 189011\u2013, no puede prescindirse del concurso de voluntades de los condue\u00f1os, de la decisi\u00f3n del administrador \u2013si es que lo hubiere\u2013, o de la determinaci\u00f3n del juez competente, para poder materializar un nuevo reparto del privilegio de uso. <\/p>\n
<\/p>\n
4. No puede pasarse por alto que la casacionista s\u00ed promovi\u00f3 un tr\u00e1mite de nombramiento de administrador de la comunidad, e incluso pidi\u00f3 en otro proceso que la cosa com\u00fan se arrendara en p\u00fablica subasta; pero lo hizo en las jornadas siguientes a la presentaci\u00f3n de la demanda que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala12. Esto es, expres\u00f3 su inconformidad con el uso no compartido despu\u00e9s de presentar su reclamo indemnizatorio contra el condue\u00f1o Duque Pel\u00e1ez. <\/p>\n
Por tanto, si el uso no compartido permanec\u00eda indiscutido para la fecha de presentaci\u00f3n de esta demanda, mal podr\u00eda considerarse como lesivo, o contrario a los leg\u00edtimos intereses de la actora. A ello se a\u00f1ade que su desavenencia posterior no puede alterar esa conclusi\u00f3n, porque todos los elementos de la responsabilidad civil deben estar presentes para la fecha del ejercicio de la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n \u2013sin perjuicio de que, m\u00e1s adelante, se concrete o modifique alguno de ellos\u2013. <\/p>\n
Lo anotado equivale a decir que (i) no se demostr\u00f3 que el demandado hubiera \u00abimpedido a la demandante el goce de los inmuebles que se tienen en com\u00fan y proindiviso desde el a\u00f1o 2010\u00bb, pues ninguna prueba apunta en tal direcci\u00f3n; y que (ii) no se incurri\u00f3 en yerro alguno al ignorar las decisiones adoptadas en los dos procesos judiciales que promovi\u00f3 la actora a continuaci\u00f3n de este, porque su ubicaci\u00f3n temporal les resta toda relevancia de cara al prop\u00f3sito de clarificar los elementos de la responsabilidad civil del demandado. <\/p>\n
En ese escenario, tambi\u00e9n era inane auscultar los dict\u00e1menes periciales recaudados, pues estos solo permiten establecer cu\u00e1nto pudo haber percibido la actora de haberse rentado su copropiedad a partir del 8 de diciembre de 2009, pero nada dicen frente al punto que extra\u00f1\u00f3 el tribunal: la posibilidad de reclamar una indemnizaci\u00f3n por no haber percibido esos emolumentos durante la \u00e9poca anterior a la presentaci\u00f3n de esta demanda. <\/p>\n
Por ende, los cargos segundo y tercero no prosperan. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 15 de febrero de 2022, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Leslie Mercedes Stipek \u00c1lvarez contra Andr\u00e9s de Jes\u00fas Duque Pel\u00e1ez. <\/p>\n
SEGUNDO. COSTAS a cargo de la recurrente vencida. Liqu\u00eddense en la forma prevista en el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, teniendo en cuenta la cantidad de $10.000.000, que el Magistrado Sustanciador se\u00f1ala como agencias en derecho de esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, regresen las diligencias al tribunal, para lo de su competencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El principio de congruencia \u00abtiene extraordinaria importancia, (\u2026) pues se liga \u00edntimamente con el derecho constitucional a la defensa, ya que este exige que el ajusticiado en cualquier clase de proceso conozca las pretensiones o las imputaciones que contra \u00e9l o frente a \u00e9l se han formulado, por lo que la violaci\u00f3n de la congruencia implica la de aqu\u00e9l derecho; la actividad probatoria, las excepciones o simples defensas, y las alegaciones se orientan l\u00f3gicamente por las pretensiones, imputaciones, excepciones y defensas formuladas en el proceso\u00bb (DEVIS, Hernando. Teor\u00eda General del Proceso. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 2017, p. 50). <\/p>\n
2\u0002 Tanto la jurisprudencia, como la doctrina, suelen referirse a esas ventajas como atributos del derecho de dominio (atributo de uso \u2013ius utendi\u2013, atributo de explotaci\u00f3n \u2013ius fruendi\u2013 y atributo de disposici\u00f3n \u2013ius abutendi\u2013): \u00abComo atribuciones de la propiedad se han se\u00f1alado i. el ius utendi, que consiste en la facultad que le asiste al propietario de servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir, ii. el ius fruendi o fructus, que es la posibilidad del due\u00f1o de recoger todos los productos que acceden o se derivan de su explotaci\u00f3n. Finalmente, el derecho de disposici\u00f3n consistente en el reconocimiento de todas aquellas facultades jur\u00eddicas que se pueden realizar por el propietario y que se traducen en actos de disposici\u00f3n o enajenaci\u00f3n sobre la titularidad del bien\u00bb (CC, C-133\/09. En el mismo sentido, CSJ SC, 16 abr. 2008, rad. 2000-00050-01 y CSJ SC12323-2015). <\/p>\n
3\u0002 Solo en esto ser\u00edan comparables la comunidad y las sociedades mercantiles, pues todos los socios tienen un derecho abstracto a recibir utilidades, del que no pueden ser privados (art. 150, C\u00f3digo de Comercio), y que, eventualmente, se concretar\u00e1 en una asignaci\u00f3n proporcional a sus cuotas de inter\u00e9s o acciones, a menos que v\u00e1lidamente se pacte algo distinto, como ocurrir\u00eda, a modo de ejemplo, cuando se colocan acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto (arts. 61 y ss., Ley 222 de 1995). Sin embargo, son m\u00e1s las divergencias que los puntos en com\u00fan entre ambas instituciones jur\u00eddicas, lo que torna problem\u00e1tica la analog\u00eda propuesta por el legislador. <\/p>\n
4\u0002 Dice el art\u00edculo 1868 del C\u00f3digo Civil: \u00abSi la cosa es com\u00fan de dos o m\u00e1s personas proindiviso, entre las cuales no intervenga contrato de sociedad, cada una de ellas podr\u00e1 vender su cuota, a\u00fan sin el consentimiento de las otras\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 De sostenerse que la titularidad de una cuota solo confiere la facultad de usar una porci\u00f3n de la cosa equivalente a esa cuota, se contrariar\u00eda la esencia del derecho del condue\u00f1o, extendido por toda la heredad, solo que proporcionalmente (Cfr. CC, C-791\/06). <\/p>\n
7\u0002 V.gr., pactando la indivisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1374 del C\u00f3digo Civil (\u00abNinguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular ser\u00e1 obligado a permanecer en la indivisi\u00f3n; la partici\u00f3n del objeto asignado podr\u00e1 siempre pedirse, con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario. No puede estipularse proindivisi\u00f3n por m\u00e1s de cinco a\u00f1os, pero cumplido este t\u00e9rmino podr\u00e1 renovarse el pacto\u00bb). <\/p>\n
8\u0002 V.gr., permitiendo que el par con mayores carencias econ\u00f3micas sea quien perciba las rentas de la copropiedad. <\/p>\n
9\u0002 La distribuci\u00f3n del privilegio de uso ser\u00e1 Pareto-eficiente cuando no sea posible mejorar la situaci\u00f3n de ning\u00fan cond\u00f3mino, sin desmejorar la de otro. <\/p>\n
10\u0002 Con esa expresi\u00f3n la Corte quiere referirse a la regla del derecho romano \u201cqui iure suo utitur neminem laedit\u201d, que suele traducirse como quien hace lo que tiene derecho a hacer, no da\u00f1a a nadie. <\/p>\n
11\u0002 A cuyo tenor: \u00abCuando la cosa com\u00fan no pueda usarse por todos los comuneros, deber\u00eda ponerse en arrendamiento o hacerse en com\u00fan su explotaci\u00f3n, concurriendo cada uno con el servicio o cuota que le corresponda para tal explotaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
12\u0002 La demanda de este caso fue radicada el 23 de febrero de 2011 (f. 111, cdno. 1). La del tr\u00e1mite de nombramiento de administrador de la comunidad \u2013rad. n.\u00b0 11001-31-03-037-2011-00088-01\u2013 el d\u00eda 24; y la del tr\u00e1mite de arrendamiento de la cosa com\u00fan en p\u00fablica subasta \u2013rad. n.\u00b0 11001-31-03-042-2011-00102-00\u2013, el d\u00eda 25. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC3957-2022 (2011-00090-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC3957-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-011-2011-00090-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso la convocante […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69459","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69459","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69459"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69459\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69459"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69459"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69459"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}