SC3958-2022 (2022-01813-00)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC3958-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01813-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 278-2 del C\u00f3digo General del Proceso, se decide mediante sentencia anticipada la solicitud de exequatur elevada por Maite Lolanys Negrete Galvis mediante apoderado judicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La se\u00f1ora Negrete Galvis pidi\u00f3 la homologaci\u00f3n del fallo que el 21 de noviembre de 2006 profiri\u00f3 el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 3 de Catarroja (Valencia), Reino de Espa\u00f1a, en el tr\u00e1mite de divorcio que promovieron conjuntamente la solicitante y el se\u00f1or David Boix Blasco. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, relat\u00f3 que los c\u00f3nyuges contrajeron matrimonio civil el 10 de mayo de 2004 en la Notar\u00eda Diecinueve de la ciudad de Bogot\u00e1, el cual se encuentra inscrito en el registro civil bajo el indicativo serial 4196033. La pareja no procre\u00f3 descendencia ni adquiri\u00f3 bienes de fortuna, y su \u00faltimo domicilio com\u00fan fue la localidad de Sedav\u00ed, en la Comunidad Valenciana. <\/p>\n
3. De mutuo acuerdo resolvieron celebrar convenio regulador para poner fin al v\u00ednculo matrimonial, mismo que fue aprobado mediante la sentencia estimatoria que pretende homologarse, la cual encuentra debidamente ejecutoriada. <\/p>\n
4. Admitida la demanda por auto de 29 de junio de 2022, se prescindi\u00f3 de la citaci\u00f3n del se\u00f1or Boix Blasco, comoquiera que el fallo objeto de exequ\u00e1tur no se profiri\u00f3 en el marco de un juicio contencioso. <\/p>\n
5. Del escrito inicial tambi\u00e9n se corri\u00f3 traslado a la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, dependencia que sostuvo que <\/p>\n
\u00abla demanda de exequatur presentada mediante apoderado, por la se\u00f1ora Maite Lolanys Negrete Galvis, satisface las exigencias formales previstas en los art\u00edculos 605 y siguientes de la Ley 1564 de 2012, por lo que se considera procedente despacharla favorablemente, con miras a que la sentencia de divorcio del matrimonio entre los se\u00f1ores Maite Lolanys Negrete Galvis y David Boix Blasco, ciudadano espa\u00f1ol, expedida por el Juzgado de Primera Instancia No. 3 de Catarroja, Provincia de Valencia, Reino de Espa\u00f1a, adquiera plena vigencia en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano y sea inscrita en el registro civil correspondiente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Procedencia del pronunciamiento anticipado. <\/p>\n
De acuerdo con el precedente de esta Corporaci\u00f3n, cuando no existen pruebas pendientes de pr\u00e1ctica, como ocurre en este caso, resulta preciso definir el litigio anticipadamente1, prescindiendo de las etapas procesales que prev\u00e9 el art\u00edculo 607-4 del C\u00f3digo General del Proceso para el juicio de exequatur. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(…) aunque el numeral 4 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe para el tr\u00e1mite del exequatur que \u201cVencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u201d, el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se torna procedente por cuanto se ha configurado con claridad causal de sentencia anticipada, que dada su etapa de configuraci\u00f3n, la naturaleza de la actuaci\u00f3n y la clase de pruebas requeridas para la resoluci\u00f3n del asunto, imponen un pronunciamiento con las caracter\u00edsticas rese\u00f1adas. En efecto, de conformidad con el art\u00edculo 278 del Estatuto General de Procedimiento, el Juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial \u201cen cualquier estado del proceso\u201d, entre otros eventos, \u201cCuando no hubiere pruebas por practicar\u201d, siendo este el supuesto que como se hab\u00eda antelado se edific\u00f3 en el caso que hoy ocupa a la Sala, situ\u00e1ndola en posici\u00f3n de resolver de fondo y abstenerse de adelantar proceder diverso. <\/p>\n
Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb (CSJ SC12137-2017, 15 ago.; reiterada en CSJ SC3107-2019, 12 ago., entre otras). <\/p>\n
2. El exequatur de sentencias extranjeras. <\/p>\n
2.1. Comoquiera que el poder de expedir normas jur\u00eddicas y velar por su cumplimiento constituye una expresi\u00f3n de la soberan\u00eda del Estado dentro de su territorio, la funci\u00f3n jurisdiccional, entendida como la potestad de aplicar esas normas con el prop\u00f3sito de resolver de manera definitiva \u2013con fuerza de cosa juzgada\u2013 conflictos intersubjetivos, asegurando el cumplimiento de lo decidido incluso a trav\u00e9s del uso leg\u00edtimo de la fuerza, tambi\u00e9n ha de entenderse circunscrita al espacio territorial de cada Estado. <\/p>\n
Ello conllevar\u00eda, prima facie, la imposibilidad de ejecutar decisiones adoptadas por las autoridades jurisdiccionales fuera del espacio nacional en el que fueron proferidas2. Sin embargo, esa soluci\u00f3n, aunque coherente con el concepto de soberan\u00eda y autonom\u00eda estatal, no parece adecuarse a los requerimientos de una sociedad globalizada, en la que surgen constantes v\u00ednculos jur\u00eddicos de toda \u00edndole \u2013familiares, comerciales, etc.\u2013 entre personas que habitan en pa\u00edses diferentes. <\/p>\n
Ante ese panorama, los Estados han ideado mecanismos para homologar, de manera excepcional, decisiones judiciales definitivas proferidas por autoridades extranjeras. De entre esos mecanismos, el legislador patrio se decant\u00f3 por conferir \u00aba las sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria (…) la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u00bb (art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso), a condici\u00f3n de que se cumplan ciertos requisitos previstos en las leyes procedimentales. <\/p>\n
Es decir, como punto de partida, supedit\u00f3 la posibilidad de homologar una decisi\u00f3n for\u00e1nea a la reciprocidad del trato que reciban en dicho territorio extranjero los fallos dictados por autoridades judiciales nacionales. En palabras de la Sala, <\/p>\n
\u00ab(…) la facultad de administrar justicia dentro del territorio de la Rep\u00fablica es una funci\u00f3n reservada privativamente a los funcionarios investidos \u2013en forma permanente o transitoria\u2013 de jurisdicci\u00f3n, y por tal raz\u00f3n, en l\u00ednea de principio rector, las sentencias dictadas en otros pa\u00edses no producen efectos directos en Colombia. En forma excepcional, tales fallos pueden tener eficacia a condici\u00f3n de que exista con el pa\u00eds cuyo juez o Tribunal ha dictado la decisi\u00f3n judicial, un tratado que as\u00ed lo permita \u2013reciprocidad diplom\u00e1tica\u2013 y a falta de tal pacto internacional, que exista en tal pa\u00eds una Ley que le confiera valor, en su territorio, a las sentencias proferidas por jueces colombianos \u2013reciprocidad legislativa\u2013\u00bb (CSJ SC, 8 oct. 2004, rad. 2002-00197-01). <\/p>\n
2.2 Ahora bien, adem\u00e1s de la reciprocidad \u2013que puede ser legislativa o diplom\u00e1tica, seg\u00fan el reconocimiento de los fallos nacionales en el extranjero provenga de la aplicaci\u00f3n de la ley, o de un acuerdo entre naciones\u2013, para conceder efectos de una decisi\u00f3n judicial extranjera en Colombia es necesaria la concurrencia de cuatro supuestos adicionales, cuya verificaci\u00f3n fue encomendada a la Corte Suprema de Justicia, a trav\u00e9s del tr\u00e1mite de exequatur: <\/p>\n
(i) Que el fallo for\u00e1neo no verse sobre derechos reales constituidos sobre bienes que se encontraban en territorio colombiano al momento de iniciarse el proceso en que se profiri\u00f3 la sentencia a homologar; <\/p>\n
(ii) Que lo decidido no se oponga a leyes u otras disposiciones internas de orden p\u00fablico, \u00abexceptuadas las de procedimiento\u00bb; <\/p>\n
(iii) Que el conflicto sobre el cual recae la resoluci\u00f3n extranjera no sea de competencia exclusiva de los jueces colombianos; y <\/p>\n
(iv) Que en Colombia no exista proceso en curso sobre el mismo asunto, ni sentencia ejecutoriada previa, dictada por los jueces nacionales. <\/p>\n
Por \u00faltimo, y con el prop\u00f3sito de garantizar el car\u00e1cter definitivo de la decisi\u00f3n a homologar, la Corte debe verificar que esta se haya presentado en copia debidamente legalizada; que se encuentre ejecutoriada, de conformidad con las leyes del pa\u00eds de origen, y que se hubiera realizado la debida citaci\u00f3n del convocado, si es que el juicio donde se profiri\u00f3 la providencia fuere de naturaleza contenciosa. <\/p>\n
3. Caso Concreto <\/p>\n
3.1. Reciprocidad (diplom\u00e1tica o legislativa). <\/p>\n
En esa norma se prev\u00e9 que \u00ab[l]as sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales Comunes de una de las Altas Partes Contratantes, [sean] ejecutadas en la otra, siempre que re\u00fanan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlas en el Pa\u00eds en que se hayan dictado. Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicit\u00f3 su ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Consecuente con lo anterior, emerge evidente la reciprocidad diplom\u00e1tica por la que se averigua, m\u00e1xime si se repara en que, como se explicar\u00e1 infra, las dos exigencias establecidas en el instrumento de derecho internacional p\u00fablico se encuentran satisfechos en la presente causa. <\/p>\n
3.2. Verificaci\u00f3n de los requisitos del exequatur. <\/p>\n
Seg\u00fan se expuso, la homologaci\u00f3n de fallos for\u00e1neos exige tanto la acreditaci\u00f3n de la reciprocidad previamente analizada, como la satisfacci\u00f3n de los requerimientos que prev\u00e9 el canon 606 del C\u00f3digo General del Proceso, an\u00e1lisis que emprender\u00e1 la Sala seguidamente: <\/p>\n
(i) Dado que se trata de un juicio de divorcio, se colige que la sentencia extranjera no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraban en territorio colombiano en el momento de iniciarse el juicio. <\/p>\n
(ii) Lo decidido por los jueces for\u00e1neos no se opone a leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico. Por el contrario, para acceder a la solicitud de divorcio, el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 3 de Catarroja, aplic\u00f3 las disposiciones del art\u00edculo 86 del C\u00f3digo Civil espa\u00f1ol4, que prev\u00e9 que \u00abSe decretar\u00e1 judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebraci\u00f3n del matrimonio, a petici\u00f3n de uno solo de los c\u00f3nyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro (…)\u00bb. <\/p>\n
En tal virtud, la autoridad judicial extranjera accedi\u00f3 al divorcio sirvi\u00e9ndose del acuerdo de ambos c\u00f3nyuges, lo que no contraviene el orden p\u00fablico patrio toda vez que se aplic\u00f3 una regla de derecho similar a la que consagra el art\u00edculo 154-9 del C\u00f3digo Civil colombiano, a cuyo tenor: \u00abSon causales de divorcio: 9) El consentimiento de ambos c\u00f3nyuges manifestado ante juez competente y reconocido por \u00e9ste mediante sentencia\u00bb. <\/p>\n
(iii) El divorcio no es un asunto de competencia exclusiva de los jueces colombianos, ni se prob\u00f3 que cursara en este pa\u00eds proceso alguno sobre el mismo punto. Y dado que el juicio no revisti\u00f3 car\u00e1cter contencioso, sino que fue promovido por ambos esposos, resulta innecesario verificar la citaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 606-6 ya citado. <\/p>\n
(iv) Para finalizar, res\u00e1ltese que obra en el expediente la constancia de firmeza de la decisi\u00f3n judicial que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, emitida por la Subdirectora General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional de la Direcci\u00f3n General de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a, documento que cumple los requerimientos del tratado binacional tantas veces referido5. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Reunidos los presupuestos legales, se homologar\u00e1 la sentencia de divorcio de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. CONCEDER el exequatur de la sentencia de 21 de noviembre de 2006 profiri\u00f3 el Juzgado de Primera Instancia n.\u00ba 3 de Catarroja (Valencia), Reino de Espa\u00f1a, en el proceso de divorcio de mutuo acuerdo promovido por Maite Lolanys Negrete Galvis y David Boix Blasco. <\/p>\n
SEGUNDO. INSCRIBIR la presente decisi\u00f3n, junto con la providencia homologada, tanto en el respectivo folio del Registro Civil de Matrimonio asentado en Colombia, como en el de nacimiento de la demandante (\u00fanica contrayente de nacionalidad colombiana). La Secretar\u00eda librar\u00e1 las reproducciones y comunicaciones a que haya lugar. <\/p>\n
TERCERO. Sin costas, por no aparecer causadas (art\u00edculo 365-8, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Cfr.CSJ SC3453-2019, 27 ago.; y CSJ SC4200-2018, 28 sep., entre otras. <\/p>\n
2\u0002 Sobre el particular, la doctrina patria ha reconocido que \u00absiendo la jurisdicci\u00f3n una emanaci\u00f3n de la soberan\u00eda del pueblo aplicada a la funci\u00f3n de administrar justicia, podemos decir que los l\u00edmites de aquella son los mismos de esta; es decir, l\u00edmites en cuanto al territorio y l\u00edmites en cuanto a las personas\u00bb. DEVIS, Hernando. Teor\u00eda General del Proceso. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 2017, p. 88. <\/p>\n
3\u0002 Instrumento vigente, conforme la informaci\u00f3n que reposa en la p\u00e1gina web de la Canciller\u00eda (http:\/\/apw.cancilleria.gov.co\/tratados\/SitePages\/VerTratados.aspx?IDT=3e96fe2a-015b-455d-86d8-84eab50e4579). <\/p>\n