STC16023-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16023-2022 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 18 de octubre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Rodolfo Monta\u00f1o Candelo instaur\u00f3 en contra de la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2017-00442-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abseguridad social\u00bb, \u00absalud\u00bb, \u00abvida digna\u00bb y \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, para que se ordenara a la Magistratura querellada \u00abdeclarar que le asiste (\u2026) la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa establecida en la sentencia SU 442 de 2016, por acreditar el requisito establecido en el literal b) del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 758 de 1990 de la Corte Constitucional, toda vez que acredit[\u00f3] m\u00e1s de 300 semanas antes del 1\u00b0 de abril de 1994\u00bb y, en consecuencia, \u00abcondenar a Colpensiones al pago de la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medell\u00edn le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n de invalidez en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y conden\u00f3 a Colpensiones a pagarle la suma de $36\u2019707.554 por concepto de retroactivo causado entre el 6 de marzo de 2014 y el 30 de abril de 2018 y a sufragar una mesada equivalente a un S.M.M.L.V. (13 abr. 2018), determinaci\u00f3n que ratific\u00f3 el superior (14 ag.), al paso que la Corporaci\u00f3n acusada al estudiar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que formul\u00f3 la vencida, quebr\u00f3 la decisi\u00f3n del ad quem y, en sede de instancia, la absolvi\u00f3 de la prestaci\u00f3n reclamada (SL3233-2021; 21 jul.). <\/p>\n
Discrep\u00f3 de la \u00faltima providencia, teniendo en cuenta que all\u00ed se se\u00f1al\u00f3 que \u201cno era dable\u201d disponer dicha mensualidad \u201cbajo el amparo del art\u00edculo 6\u00b0 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado en el Decreto 758 (\u2026) en aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, toda vez que no cumpl\u00eda con los requisitos\u201d; sin embargo, desconoci\u00f3 el \u201cprincipio de favorabilidad (\u2026) pues los requisitos exigidos en el Acuerdo 049 de 1990 para consolidar el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez, son menos exigentes, por lo tanto, m\u00e1s favorables que lo establecidos en el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u201ctiene 73 a\u00f1os y (\u2026) por pertenecer a la tercera edad y por su condici\u00f3n de discapacitado le es imposible conseguir empleo para garantizar su propio sustento y adem\u00e1s se le dificulta cubrir las necesidades b\u00e1sicas como la salud, m\u00ednimo vital, entre otras\u201d, de manera que el juez constitucional debe analizar, en aras de establecer \u201cel r\u00e9gimen aplicable para reconocer el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez, no solo la fecha de estructuraci\u00f3n de la misma, sino tambi\u00e9n la condici\u00f3n de especial protecci\u00f3n que merecen determinados sujetos de derechos como lo son los discapacitados\u201d. <\/p>\n
Asever\u00f3 que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir antes del 1\u00b0 de abril de 1994 y en vigencia del Decreto 758 de 1990, cotiz\u00f3 556.71 semanas al Instituto del Seguro Social y, por tanto, cumple con los presupuestos de la SU 442 de 2016, pues adquiri\u00f3 la expectativa leg\u00edtima. <\/p>\n
2.- La Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n\u00b0 4 manifest\u00f3 que \u201ccon la decisi\u00f3n proferida no se incurri\u00f3 en causal de procedibilidad (\u2026), pues resolvi\u00f3 las inconformidades debatidas en el proceso, sigui\u00f3 el precedente dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, justific\u00f3 razonadamente y enunci\u00f3 las providencias en las que se apoy\u00f3\u201d. <\/p>\n
Colpensiones afirm\u00f3 que es \u201cjur\u00eddicamente inviable (\u2026) desconocer o modificar lo que en su momento se estableci\u00f3 a trav\u00e9s del proceso judicial m\u00e1xime cuando las decisiones judiciales hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada, con respeto de las garant\u00edas procesales y en firme\u201d, por lo que se opuso a la guarda, ya que \u201cno se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n advirti\u00f3 que \u201cen los procesos de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS como tampoco a[l] Patrimonio\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la salvaguarda, tras hallar incumplido el requisito de la inmediatez, puesto que \u00abel prove\u00eddo que se censura se profiri\u00f3 el 21 de julio de 2021, y la solicitud de protecci\u00f3n constitucional se present\u00f3 hasta el 4 de octubre de 2022; es decir, m\u00e1s de 1 a\u00f1o desde la presunta vulneraci\u00f3n, lapso que para el caso concreto se ofrece desproporcionado, pues si se hubiese emitido una decisi\u00f3n arbitraria contra sus garant\u00edas fundamentales, como se desprende de lo se\u00f1alado en la demanda, lo natural y l\u00f3gico habr\u00eda sido advertir dicha situaci\u00f3n y rechazarla en ese mismo momento\u00bb. <\/p>\n
2.- Opugn\u00f3 el gestor, por cuanto, en su sentir, lo resuelto por el a quo \u00abdesnaturaliz[\u00f3] (\u2026) es[te] mecanismo preferente y sumario (\u2026) [en el que] lo m\u00e1s importante es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad\u00bb. Recalc\u00f3 que desde que se expidi\u00f3 el veredicto combatido, sus prerrogativas \u00abcontin\u00faan siendo vulneradas, (\u2026) puesto que no tiene otros medios como subsistir[, su] situaci\u00f3n (\u2026) es indigna (\u2026), precaria debido a varias patolog\u00edas que padece, entre ellas VIH (\u2026), insuficiencia renal cr\u00f3nica, hipertensi\u00f3n, hiperplasia de la pr\u00f3stata, diabetes (\u2026) [y] en el momento se encuentra recibiendo ayudas de amigos, conocidos y personas que se compadecen (\u2026) para que pueda solventar por lo menos necesidades b\u00e1sicas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, advierte la Corte que, si bien en el sub judice no se cumple con la exigencia temporal establecida por la jurisprudencia constitucional para la viabilidad de la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb, esta se tiene por superada, teniendo en cuenta que el debate recae sobre \u00abderechos pensionales\u00bb que ostentan car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, cuya presunta afectaci\u00f3n se tiene como actual (CSJ STC20333-2017, en la que se memor\u00f3 lo esbozado por la Corte Constitucional en la SU1073-2012). <\/p>\n
2.- Precisado lo anterior, ab initio se anuncia el decaimiento del socorro y la consecuente convalidaci\u00f3n de lo refutado, ya que el pronunciamiento de la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 (SL3233-2021; 21 jul.), no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
Liminarmente, plante\u00f3 el problema jur\u00eddico a dirimir, el cual circunscribi\u00f3 a determinar si se quebrant\u00f3 la ley sustancial al conceder la \u00abpensi\u00f3n de invalidez en aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, en virtud del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, teniendo en cuenta que la fecha de estructuraci\u00f3n se dio en vigencia de la Ley 860 de 2003\u00bb. <\/p>\n
Para ello, trajo los supuestos f\u00e1cticos probados por el Tribunal, a saber: <\/p>\n
(i) Rodrigo Monta\u00f1o Candelo fue calificado con una p\u00e9rdida de la capacidad laboral del 51,45% de origen com\u00fan, (ii) La fecha de estructuraci\u00f3n es el 6 de marzo de 2014; (iii) No cuenta con las 50 semanas cotizadas en los tres a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n como lo exige el art\u00edculo 1 de la Ley 860 de 2003 que modific\u00f3 el art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993, al cual se remite expresamente el art\u00edculo 69 ibidem; y (iv) El afiliado antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con 562,71 semanas cotizadas. <\/p>\n
Bajo ese contexto, adver\u00f3 que asist\u00eda raz\u00f3n a la casacionista, en tanto, en efecto, \u00abla norma llamada a regular el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez reclamada es, por regla general, la que se encuentra vigente cuando se origin\u00f3 el estado de invalidez\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que, como Monta\u00f1o Candelo no acredit\u00f3 las 50 semanas cotizadas dentro de los tres (3) a\u00f1os anteriores a la data de estructuraci\u00f3n del estado de invalidez, \u00abes claro que no tiene derecho a la prestaci\u00f3n solicitada\u00bb y, adicionalmente, precis\u00f3 acerca de la inviabilidad de acudir al \u00abprincipio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb en aras de examinar los requisitos del art\u00edculo 6\u00b0 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758, por haber demostrado m\u00e1s de 300 semanas de cotizaci\u00f3n al 1\u00b0 de abril de 1994, porque la referida figura \u00fanicamente se extiende <\/p>\n
(\u2026) a la norma inmediatamente anterior a la que se encuentra vigente al momento de causarse el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez, pues no se trata de \u201cdesplegar un ejercicio hist\u00f3rico\u201d sobre normas anteriores que no se encontraban vigentes para el momento del tr\u00e1nsito legislativo entre la Ley 100 de 1993 y Ley 860 de 2003, como qued\u00f3 establecido desde la providencia CSJ SL2358-2017, recientemente reiterada en decisi\u00f3n CSJ SL1040-2021 (\u2026), [es decir, el] principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa emerge como un puente de amparo construido temporalmente para que transiten, entre la anterior y la nueva ley, aquellas personas que tienen una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta. <\/p>\n
En torno al criterio acogido en la SU 005 de 2018 por la Corte Constitucional, que alude a la posibilidad de atender cualquier normativa anterior bajo el cumplimiento de ciertos menesteres para \u00abaplicar la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb, se apart\u00f3 de ese raciocinio \u00abpor tratarse de un precedente derivado de una acci\u00f3n de tutela\u00bb y, aunado, transcribi\u00f3 otras explicaciones vertidas en la SL1884-2020. <\/p>\n
A partir de all\u00ed, concluy\u00f3 que el Tribunal Superior de Medell\u00edn cometi\u00f3 los yerros jur\u00eddicos que le atribuy\u00f3 Colpensiones, habida cuenta que la pauta aplicable es el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 860 de 2003, sin que se requiriera la observancia al \u00abprincipio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb, en tanto, iter\u00f3, su configuraci\u00f3n fue otorgada de forma temporal para mitigar el cambio legislativo \u00abmientras el afiliado es amparado por la nueva regulaci\u00f3n de manera total y con las reglas que en ella se establezcan\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, como la estructuraci\u00f3n del estado de la invalidez ocurri\u00f3 el 6 de marzo de 2014 y auscultados los tres (3) a\u00f1os anteriores, no evidenci\u00f3 las 50 semanas cotizadas por parte del demandante, condujo a desestimar los anhelos principales en esa instancia. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, como en el prove\u00eddo reprochado se observ\u00f3 el \u00abprecedente\u00bb fijado en el proceso laboral propuesto por el impulsor, es evidente que la aspiraci\u00f3n de \u00e9ste es imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la pol\u00e9mica, sin que tal designio se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb con el fin de discutir los \u00abargumentos\u00bb f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; STC,9232-2018, STC2544-2021 y STC3172-2022). <\/p>\n
4.- Corolario, se impone la revalidaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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