STC16029-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16029-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02060-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 18 de octubre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Aid\u00e9 Patricia Fajardo \u00c1lzate instaur\u00f3 en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros, extensiva los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 05001 60 00206 2011 64654. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, la \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental\u00bb e \u00abigualdad\u00bb, para que se \u00abrevo[cara] a sentencia de primera y segunda instancia a efectos de que los jueces de las respectivas instancias profieran una nueva providencia\u00bb y se \u00abdeclara[ra] una nulidad constitucional en el proceso penal a partir de la audiencia de juzgamiento, inclusive, a efectos de que se reabra el mismo\u00bb. <\/p>\n
En sustento narr\u00f3 que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros la conden\u00f3 a 64 meses de prisi\u00f3n y multa de 66.66 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (19 oct. 2015), tras hallarla responsable del punible de \u00abcelebraci\u00f3n de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales\u00bb, porque en su condici\u00f3n de \u00abtesorera\u00bb de la Alcald\u00eda municipal de Carolina del Pr\u00edncipe (Antioquia), liquid\u00f3 un contrato estatal sin verificar la satisfacci\u00f3n de los presupuestos para desembolsar el pago de la obra pactada. <\/p>\n
Sostuvo que la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia refrend\u00f3 dicha determinaci\u00f3n (9 feb. 2016), decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en casaci\u00f3n sin \u00e9xito, pues la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda (auto, 2 oct. 2019). <\/p>\n
Acus\u00f3 a las autoridades recriminadas de incurrir en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, en atenci\u00f3n a que: <\/p>\n
<\/p>\n
i. En la audiencia de juzgamiento, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n advirti\u00f3 la existencia de una \u00abcertificaci\u00f3n\u00bb de la interventor\u00eda, en la cual se otorgaba aval por el cumplimiento del objeto acordado y se autorizaba \u00abpagar el valor del contrato\u00bb; no obstante, el Juzgado hizo caso omiso del \u00abdeber\u00bb de decretar oficiosamente una \u00abprueba sobreviniente\u00bb, previsto en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
ii. Desatendieron que la labor de su abogado defensor fue deficiente, en la medida que en el acto aludido acept\u00f3 su error por no haber descubierto oportunamente esa pieza suasoria, atribuyendo su olvido al \u00abexceso de trabajo\u00bb; y, adem\u00e1s, se abstuvo de recurrir la resoluci\u00f3n que neg\u00f3 el acopio de aquel elemento de convicci\u00f3n; y, <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Desconocieron que la prueba echada de menos era suficiente para descartar la conducta delictiva por la que fue sentenciada, ya que, en su calidad de \u00abtesorera\u00bb, \u00abprocedi\u00f3 al pago luego de recibir la constancia de la interventora, documento que, contrario a lo afirmado por la se\u00f1ora Jueza, si\u0301 exist\u00eda, pero no fue allegado al proceso por las irregularidades ac\u00e1 denunciadas\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, si bien en el pasado interpuso otro auxilio de id\u00e9ntico linaje al de ahora, es esa ocasi\u00f3n no se estudiaron las anteriores denuncias, de ah\u00ed que, a voces del pronunciamiento SU-027 de 2021, \u00abse consideren eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n o que se omitieron en el tr\u00e1mite de la misma, o cualquier otra situaci\u00f3n que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante\u00bb, y, por consiguiente, no se configure \u00abtemeridad\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros remiti\u00f3 el v\u00ednculo digital del paginario confutado. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, en atenci\u00f3n a que \u00abla promotora a trav\u00e9s de su apoderado dirige la acci\u00f3n con el prop\u00f3sito de obtener la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que estima transgredidos con las decisiones proferidas por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros y la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, el 19 de octubre de 2015 y 9 de febrero de 2016, y pretende, que sean revocadas, misma exigencia que persigui\u00f3 ante las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral, no puede, esta\u0301 Sala, entrar a analizar un tema que se encuentra ya definido, pues ello, transgredir\u00eda los principios de cosa juzgada y seguridad jur\u00eddica, m\u00e1xime que conforme a la consulta que se hizo a la p\u00e1gina web de la rama judicial, pudo verificarse que la Corte Constitucional no selecciono\u0301 la referida tutela para su revisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, destac\u00f3 que, con todo, la radicaci\u00f3n de la s\u00faplica supralegal es tard\u00eda, en tanto que \u00ablas sentencias que se censuran fueron proferidas el 19 de octubre de 2015 y 9 de febrero de 2016, y la solicitud de protecci\u00f3n constitucional se present\u00f3\u0301 hasta el 3 de octubre de 2022, es decir, casi 7 a\u00f1os, desde la presunta vulneraci\u00f3n, esto es, desde que se profiri\u00f3 la sentencia de primera instancia, teni\u00e9ndose esta, como el hecho que origino\u0301 la amenaza, lapso que para el caso concreto se ofrece desproporcionado\u00bb. <\/p>\n
4.- Aid\u00e9 Patricia Fajardo \u00c1lzate replic\u00f3 iterando los argumentos del escrito genitor, en lo relativo a la \u00abinexistencia de temeridad\u00bb. Agreg\u00f3 que el requisito de la \u00abinmediatez\u00bb debi\u00f3 flexibilizarse, ya que es \u00abun excepcional caso de injusticia extrema, un caso de los denominados por la doctrina \u201ccasos dif\u00edciles\u201d, extremo o tr\u00e1gico ser\u00eda la mejor denominaci\u00f3n, que exige decisiones igualmente excepcionales que correspondan a los compromisos de la administraci\u00f3n de justicia en el marco del Estado social y constitucional de derecho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el caso bajo examen, Fajardo \u00c1lzate se duele de los veredictos expedidos el 19 de octubre de 2015 y 9 de febrero de 2016, mediante los cuales el Juzgado Promiscuo del Circuito de Cisneros y la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, la encontraron culpable del delito de \u00abcelebraci\u00f3n de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales\u00bb y le impusieron \u00ab64 meses\u00bb de c\u00e1rcel y sanci\u00f3n pecuniaria equivalente a \u00ab66.66 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb. <\/p>\n
2.- No obstante, lo que vislumbra la Sala es que la promotora hizo uso repetitivo de este especial socorro, comoquiera que en otra oportunidad hab\u00eda expresado su desaz\u00f3n frente a aquellos \u00abpronunciamientos\u00bb. <\/p>\n
2.1.- Una ojeada a los hechos, anhelos y desacuerdos enunciados en pret\u00e9rita \u00e9poca, se observa que Aid\u00e9 Patricia exterioriz\u00f3 su molestia por lo solventado en la causa criminal seguida en su contra, hasta critic\u00f3 lo concerniente a la ponderaci\u00f3n del \u00abmaterial suasorio\u00bb realizado por los estrados censurados, porque \u00abno contaba[n] con el apoyo probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n\u00bb, am\u00e9n de que \u00abel reproche penal no pod\u00eda atribu\u00edrsele a ella en su calidad de tesorera del municipio de Carolina del Pr\u00edncipe, sino a otra persona, habida consideraci\u00f3n que \u2018en la fase de liquidaci\u00f3n\u2026 no tiene injerencia alguna [sic]\u2019\u00bb. Por lo tanto, rog\u00f3 la \u00abrevocatoria de la sentencia de primera y segunda instancia a efectos de que se profiera una nueva providencia en la que se reconozcan las garant\u00edas constitucionales a la culpabilidad, tipicidad y defensa t\u00e9cnica [sic]\u00bb y, subsidiariamente, que \u00abse declar[ara] la nulidad constitucional en el proceso penal a efectos de que se reabra el mismo y se garantice el derecho de defensa t\u00e9cnica [sic]\u00bb o, que \u00abse ordene la suspensi\u00f3n de todo tr\u00e1mite dirigido a la ejecuci\u00f3n de la sentencia hasta tanto no se resuelva la acci\u00f3n de revisi\u00f3n [sic]\u00bb. <\/p>\n
2.2.- Esta Sala deneg\u00f3 el patrocinio, con apoyo en que \u00abaun cuando Fajardo \u00c1lzate extiende el reclamo a cuestionar las decisiones de primera y segunda instancia, el examen que esta oportunidad har\u00e1 la Sala se circunscribir\u00e1 exclusivamente al auto de 2 de octubre de 2019 por medio del cual la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda extraordinaria, por cuanto fue la providencia que defini\u00f3 la cuesti\u00f3n planteada por la quejosa, habida cuenta que, tal como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, se torna inane detenerse en el escrutinio de la providencia de nivel inferior (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Y a ese respecto dijo, que, \u00abcon observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, es preciso indicar, que no se acceder\u00e1 al resguardo deprecado, pues no se observa la vulneraci\u00f3n alegada por la promotora, comoquiera que la determinaci\u00f3n judicial objeto de censura, se aprecia coherente, razonable, motivada y fundada en las pruebas legal y oportunamente practicadas, am\u00e9n que resolvi\u00f3 los cuestionamientos expresados por esta en la instancia extraordinaria\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que \u00abla intenci\u00f3n de Fajardo \u00c1lzate es que se valoren, seg\u00fan su personal intelecci\u00f3n, los elementos suasorios practicados en el tr\u00e1mite penal, pero ello implicar\u00eda una nueva revisi\u00f3n de instancia que har\u00eda al juez de amparo alejarse de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, situaci\u00f3n que no puede ser prohijada por esta Corporaci\u00f3n\u00bb (STC 2020-00633-00, 13 may.). <\/p>\n
2.3.- Prove\u00eddo que luego convalid\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, aduciendo que: <\/p>\n
el amparo resulta improcedente para atacar los fallos emitidos dentro del proceso penal, toda vez que se advierte que, a pesar de haber contado la accionante con un medio judicial de defensa id\u00f3neo, como el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, no hizo uso adecuado del mismo, pues si bien recurri\u00f3\u0301 en casaci\u00f3n, lo cierto es que las deficiencias t\u00e9cnicas de la demanda que presento\u0301 generaron que mediante providencia AP4478-2019 de 2 de octubre de 2019, la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n la inadmitiera. <\/p>\n
Por consiguiente, esta acci\u00f3n preferente y residual no puede utilizarse en reemplazo del recurso que no fue debidamente formulado, comoquiera que un proceder en tal sentido contradice lo previsto en el numeral 1.o del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991 y va en contrav\u00eda de los mencionados principios de seguridad jur\u00eddica, cosa juzgada, autonom\u00eda, juez natural e independencia judicial. <\/p>\n
Inclusive, frente a la supuesta \u00abausencia de defensa t\u00e9cnica\u00bb, dijo lo siguiente: <\/p>\n
2.4.- Y en \u00abauto\u00bb de 31 de mayo de 2021, la Corte Constitucional la excluy\u00f3 de revisi\u00f3n (https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/autos\/AUTO%20SALA%20DE%20SELECCION%2031%20DE%20MAYO%20DE%202021%20NOTIFICADO%2017%20DE%20JUNIO%20DE%202021.pdf). <\/p>\n
2.5.- Emerge de lo anterior, como secuela, la imposibilidad de acceder a la rogativa ius fundamental, merced a que con similares \u00abhechos, pretensiones y quejas\u00bb de anta\u00f1o la \u00abgestora\u00bb blandi\u00f3 su disconformidad con las \u00absentencias\u00bb combatida, tr\u00e1mite que tuvo un desenlace desfavorable a sus intereses, lo cual, torna improcedente la presente \u00abtutela\u00bb a voces del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
3.- Conviene memorar que, como lo ha esgrimido la Corte Constitucional, es obligaci\u00f3n \u00ab[d]el juez de tutela (\u2026) verificar en cada caso concreto la existencia de los elementos que estructuran la temeridad en el ejercicio del amparo, con la finalidad de salvaguardar principios constitucionales como la buena fe, lealtad procesal, cosa juzgada, seguridad jur\u00eddica y evitar el abuso del derecho\u00bb (T-645 de 2015). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los eventos que dan lugar a concluir que se est\u00e1 ante un comportamiento de esa naturaleza, en el mismo \u00abprove\u00eddo\u00bb, el alto \u00abTribunal\u00bb precis\u00f3 que se dan, cuando la acci\u00f3n: <\/p>\n
(i) resulta ama\u00f1ada, en la medida en que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones (T-149-1995); (ii) denote el prop\u00f3sito desleal de \u201cobtener la satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretaci\u00f3n judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable\u201d (T- 308- 1995); (iii) deje al descubierto el \u00ababuso del derecho porque deliberadamente y sin tener raz\u00f3n, de mala fe se instaura la acci\u00f3n\u201d (T-443-1995); o finalmente (iv) se pretenda a trav\u00e9s de personas inescrupulosas asaltar la \u201cbuena fe de los administradores de justicia\u201d(T-001-1997). Es que, la duplicidad en el ejercicio de la acci\u00f3n de amparo constitucional sobre la misma materia, adem\u00e1s de ser reprochable y desconocer los principios de econom\u00eda procesal, eficiencia y eficacia, resulta desleal y deshonesta por comprometer la capacidad judicial del Estado (T-502-2008 y T-153-201\u00ba). <\/p>\n
Por el contrario, la Corte ha se\u00f1alado que aun cuando se presente la cu\u00e1druple identidad referida, es posible que la actuaci\u00f3n no sea temeraria, entre otros, en los casos que a continuaci\u00f3n se se\u00f1alan, a saber: \u201ci) en las condiciones del actor que lo coloca en estado de ignorancia o de especial vulnerabilidad o indefensi\u00f3n en que act\u00faa por miedo insuperable o la necesidad extrema de defender sus derechos, ii) en el asesoramiento equivocado de los profesionales del derecho, iii) en nuevos eventos que aparecen con posterioridad a la acci\u00f3n o que se omitieron en el tr\u00e1mite de la misma u otra situaci\u00f3n que no se hubiere tomado como fundamento para decidir la tutela anterior que involucre la necesidad de protecci\u00f3n de los derechos y, iv) en la presentaci\u00f3n de una nueva acci\u00f3n ante la existencia de una sentencia de unificaci\u00f3n de la Corte Constitucional , [cuando el actor] en sus actuaciones siempre puso de presente a los jueces de tutela la previa existencia de una demanda de igual naturaleza (T-751-2007). (Se resalta, T507-2011, T349-2013 y T130-2014). <\/p>\n
Aserto reiterado en el prove\u00eddo SU-027 de 2021, donde remarc\u00f3 los supuestos f\u00e1cticos que dan lugar a calificar de \u00abtemeraria\u00bb la conducta de un extremo procesal, a saber: <\/p>\n
1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las acciones de tutela presentadas de manera simult\u00e1nea o sucesiva tengan una triple identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos hechos y la misma solicitud. <\/p>\n
2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como excepcionales que no constituyen una actuaci\u00f3n temeraria, de acuerdo con lo se\u00f1alado expl\u00edcitamente por la ley o la jurisprudencia. <\/p>\n
3. Que en caso de presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente a una anterior con la que guarda identidad (a partir de un desarrollo argumentativo diferente) el juez constitucional acredite que, en realidad, los dos procesos tienen las mismas partes, se sustentan en las mismas razones y solicitud. <\/p>\n
En el sub examine la quejosa afirm\u00f3 que, en tiempo pasado, los actuales reproches no fueron formulados, por manera que son novedosos, de ah\u00ed que, el empleo reiterativo de esta \u00abherramienta\u00bb tuitiva se encuentre justificado. Pero sucede que la inquietud atinente a la presunta \u00abomisi\u00f3n\u00bb de las autoridades judiciales compelidas por no haber decretado \u00abpruebas de oficio\u00bb, no es una circunstancia reciente ni que haya aparecido de repente despu\u00e9s de los \u00abveredictos constitucionales\u00bb, en tanto para el momento de la interposici\u00f3n del primigenio \u00abauxilio\u00bb, ese aspecto era suficientemente conocido por la interesada, por lo que debi\u00f3 enunciarlo en ese inicial escenario. <\/p>\n
Lo mismo ocurre con la \u00abfalta de defensa t\u00e9cnica\u00bb, es m\u00e1s, al dirimir la alzada planteada frente a la \u00abprovidencia constitucional\u00bb de primer grado, la hom\u00f3loga en lo Laboral de esta Corte, se refiri\u00f3 a ese preciso \u00edtem, recordando que no fue objeto de debate en las diligencias confutadas. <\/p>\n
Por lo tanto, no hay lugar a excusar el desmedido uso de esta \u00abherramienta supralegal\u00bb desde la perspectiva del fallo SU-027 de 2021, a la luz del querer de la peticionaria. <\/p>\n
4.- Lo dicho conlleva a la ratificaci\u00f3n de la directriz opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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