STC16057-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16057-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 76111-22-13-000-2022-00166-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 9 de noviembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la tutela que la Fundaci\u00f3n Social Construyendo Vidas \u2013 Funsovid le instaur\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2020-00014. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de su representante legal, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que, \u00abi) Se ordene conceder la medida provisional de suspensi\u00f3n provisional del auto interlocutorio No. 309 de 24 de agosto de 2022. ii) Se revoque el auto interlocutorio No. 309 de 24 de agosto de 2022 por construir una clara violaci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso por las razones expuestas en la parte motiva de la demanda\u00bb. <\/p>\n
En suma, se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura decret\u00f3 el embargo y secuestro de los dineros provenientes del Contrato del Programa de Alimentaci\u00f3n Escolar PAE del a\u00f1o 2022 que como Fundaci\u00f3n suscribi\u00f3 con la Gobernaci\u00f3n del Departamento de C\u00f3rdoba y limit\u00f3 la medida a la suma de $1.800.000.000 (24 ag. 2022), en el ejecutivo que en su contra adelant\u00f3 la Fundaci\u00f3n Comercializadora Mama\u00eda (rad. 2020-00014). <\/p>\n
Adujo que la anterior determinaci\u00f3n fue nuevamente estudiada por el despacho, quien manifest\u00f3 que lo \u00abembargado no son recursos, sino dineros que la Gobernaci\u00f3n de C\u00f3rdoba le adeuda a la parte demandada en virtud de un contrato de suministro, que por cierto ya fue cumplido con recursos propios de dicha Fundaci\u00f3n, por tanto los recursos del PAE solo son inembargables mientras est\u00e9n en las cuentas del ente territorial, pues una vez la entidad desembolsa la suma al contratista como cualquier cr\u00e9dito puede ser objeto de embargo por lo que la orden, se encuentra ajustada al ordenamiento jur\u00eddico\u00bb (20 sep. 2022), decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio, en apelaci\u00f3n, los cuales se encuentran pendientes por resolver. <\/p>\n
En su opini\u00f3n, con los anteriores pronunciamientos se lesionaron sus prerrogativas esenciales, puesto que \u00abse incurri\u00f3 en defecto sustantivo y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n al ir m\u00e1s all\u00e1 de lo que se estaba solicitando en la medida, en raz\u00f3n a que la parte demandante solicit\u00f3 el embargo de las cuentas y otros, pero en ning\u00fan momento hizo alusi\u00f3n al embargo de los cr\u00e9ditos, que es lo que precisamente se orden\u00f3\u00bb; adem\u00e1s, no repar\u00f3 que \u00abse tratan de recursos inembargables por estar destinados al Plan Alimenticio Escolar PAE, quedando en riesgo la alimentaci\u00f3n escolar de los ni\u00f1os del Departamento de C\u00f3rdoba\u00bb, pues \u00abde mantenerse la cautela se afectar\u00eda la liquidez de la Fundaci\u00f3n que derivar\u00eda en el incumplimiento de sus compromisos contractuales\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura indic\u00f3 que el extremo activo en la causa cuestionada \u00absolicit\u00f3 la ampliaci\u00f3n de las medidas cautelares, determinaci\u00f3n que fue resuelta el 24 de agosto de 2022 sin que fuera recurrida por las partes\u00bb. <\/p>\n
La Gobernaci\u00f3n de C\u00f3rdoba coadyuv\u00f3 los \u00abargumentos de la accionante\u00bb, ya que \u00abel juez al decretar la medida y precisar el sentido de que esta va a los cr\u00e9ditos de la Fundaci\u00f3n con el auto de 20 de septiembre de 2022 es una clara violaci\u00f3n al debido proceso al desconocer lo que dice la Ley 80 de 1993 en su art\u00edculo 3 sobre los fines de la contrataci\u00f3n estatal y la calidad de quienes contratan con las entidades estatales\u00bb, aunado a que \u00abno se entiende c\u00f3mo se da una orden para afectar a los ni\u00f1os que son los que terminan siendo los perjudicados si esa orden se materializa\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Buga desestim\u00f3 el resguardo, tras concluir que \u00abcontra la decisi\u00f3n del 24 de agosto de 2022 la accionante no ejerci\u00f3 los medios ordinarios de defensa que ten\u00eda para salvaguardar los derechos fundamentales que hoy denuncia vulnerados por el accionado\u00bb. <\/p>\n
Impugn\u00f3 la precursora insistiendo en los planteamientos inaugurales, agregando que \u00abs\u00ed [present\u00f3] recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n contra el auto de 20 de septiembre de 2022 por lo que no entiende que ese haya sido el \u00fanico argumento para negarle el amparo\u00bb, m\u00e1xime cuando en este evento se est\u00e1 ante la configuraci\u00f3n de \u00abun perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite, es evidente la improcedencia de la salvaguarda por prematura, comoquiera que de la revisi\u00f3n al legajo se colige que en el juicio recriminado se halla en tr\u00e1mite el \u00abrecurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n\u00bb incoados por la Fundaci\u00f3n Social Construyendo Vidas \u2013 Funsovid contra el auto de 20 de septiembre de 2022 que reiter\u00f3 \u00abel decreto de embargo y secuestro de todos los dineros provenientes del Contrato del Programa de Alimentaci\u00f3n Escolar PAE del a\u00f1o 2022\u00bb que la actora suscribi\u00f3 con la Gobernaci\u00f3n del Departamento de C\u00f3rdoba, de modo que la querellante debe esperar a que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura y su superior, definan lo concerniente al mismo. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto si bien la gestora guard\u00f3 silencio frente al interlocutorio de 24 de agosto de 2022 que decret\u00f3 el \u00abembargo y secuestro de dichos dineros\u00bb, evidenci\u00e1ndose la \u00abinobservancia de los deberes\u00bb de estar atenta a las resultas del litigio, lo cierto es que mediante prove\u00eddo de 20 de septiembre siguiente se volvi\u00f3 sobre el tema, concluy\u00e9ndose que \u00abla orden de embargo en este caso, se ajusta al ordenamiento jur\u00eddico y por lo tanto es deber de la Gobernaci\u00f3n del Departamento de C\u00f3rdoba dar cumplimiento a lo ordenado por este juzgado\u00bb, auto contra el que s\u00ed se hizo uso de los recursos id\u00f3neos para refutarlo y que actualmente est\u00e1n en curso. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb es una herramienta \u00absubsidiaria\u00bb y \u00abresidual\u00bb, que no fue instituida para anticiparse a la definici\u00f3n del asunto sometido al juez natural, desplazarlo o sustituir el procedimiento legalmente establecido para ello, porque, de ser as\u00ed, estar\u00eda invadiendo orbitas ajenas a su competencia. <\/p>\n
Significa, que no hay m\u00e9rito para discutir vicios frente a la directriz recriminada, porque la impulsora previa interposici\u00f3n del auxilio, pidi\u00f3 ante el juez natural su \u00abrevocatoria\u00bb. <\/p>\n
En casos an\u00e1logos se ha destacado, que <\/p>\n
(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (STC14280-2018, reiterada en STC10205-2021). <\/p>\n
2.- Ahora, pese a que la Fundaci\u00f3n Social Construyendo Vidas \u2013 Funsovid enunci\u00f3 que la situaci\u00f3n puesta de presente le est\u00e1 ocasionado un \u00abperjuicio irremediable\u00bb, se vislumbra que los medios de defensa en marcha, resultan id\u00f3neos y aptos para solventar el debate, pudiendo acudir al juzgado convocado para que priorice la resoluci\u00f3n de los mismos por las razones que aqu\u00ed expone. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el \u00abperjuicio irremediable\u00bb, esta Corporaci\u00f3n predic\u00f3, que \u00ab(\u2026) sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, 20 feb. rad 00140-01 y STC15617-2014, 13 nov rad. 00349-01, STC15930-2018, y STC16116-2021). <\/p>\n
3.- Corolario de lo expuesto, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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