STC16100-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16100-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 15693-22-08-000-2022-00189-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 8 de noviembre de 2022, proferido por la Sala \u201cA\u201d del Tribunal Superior del Distrito Judicial, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cB\u201d contra el Juzgado Promiscuo de Familia. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor de edad involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de esta, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial y en calidad de progenitora de \u201cD\u201d, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso, igualdad, entre otras, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. La libelista, obrando en la prenotada condici\u00f3n, inici\u00f3 un ejecutivo de alimentos contra \u201cF\u201d, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia, causa en la que solicit\u00f3 la medida cautelar de \u00abembargo, retenci\u00f3n y secuestro de la posesi\u00f3n que tiene el [convocado] sobre el veh\u00edculo automotor tipo camioneta, marca Renault\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por lo anterior, interpuso reposici\u00f3n, pero, con auto de 10 de octubre siguiente, el despacho se mantuvo en su determinaci\u00f3n, argumentando que \u00abprevio al decreto de la medida cautelar descrita deber\u00e1 entrar a valorar los aspectos subjetivos de la condici\u00f3n que posee materialmente el demandado sobre el bien mueble sujeto a registro. Adicionalmente, se observa que el apoderado judicial de la parte actora no aport\u00f3 prueba siquiera sumaria que demostrara que el se\u00f1or ha ejercido pac\u00edficamente la posesi\u00f3n del veh\u00edculo, en forma tranquila e ininterrumpida, con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que esos pronunciamientos son irregulares, comoquiera que el C\u00f3digo General del Proceso establece la posibilidad de embargar y secuestrar la posesi\u00f3n que el demandado tenga sobre bienes muebles o inmuebles, en el numeral 3 del art\u00edculo 593; aunado a que, para el caso concreto, no existe ninguna otra cautela que garantice la obligaci\u00f3n alimentaria en favor de \u201cD\u201d. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, (i) \u00abORDENAR al Juzgado REVOCAR las providencias de fecha 29 de agosto de 2022 y 10 de octubre de 2022, proferidas dentro del proceso ejecutivo de alimentos\u00bb; (ii) \u00abORDENAR [al citado estrado] que se PROFIERA decisi\u00f3n debidamente motivada y ordene el embargo, retenci\u00f3n y secuestro de la POSESI\u00d3N que tiene el [demandado] sobre el veh\u00edculo automotor (\u2026)\u00bb; y (iii) \u00abse EXHORTE al Juzgado a tener en cuenta que ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes se debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado de Familia manifest\u00f3 que, \u00abrespecto a los hechos y derechos deprecados, la suscrita [\u00fa]nicamente ha de advertir que se ha[n] realizado los tr[\u00e1]mites procesales ajust[\u00e1]ndose a las disposiciones normativas y garantizando a los sujetos parte su derecho al debido proceso, defensa y acceso a la administraci[\u00f3]n de justicia\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo concedi\u00f3 el resguardo, porque, \u00abel Juzgado incurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto al negar el decreto de medidas cautelares imponiendo cargas de parte que no se encuentran previstas en la normativa procesal, sin atender el inter\u00e9s superior de la menor que se encuentra representada en el proceso ejecutivo de alimentos por la aqu\u00ed accionante y desconocer lo reglado en el art\u00edculo 593 numeral del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026); [as\u00ed], se advierte la inexactitud, al momento de aplicar el art\u00edculo 593 del C\u00f3digo General del Proceso, por parte del Despacho accionado al se\u00f1alar que el embargo de la posesi\u00f3n s\u00f3lo procede respecto de bienes muebles no sujetos a registro pasando por alto el contenido completo del canon precitado\u00bb. <\/p>\n
Sumado ello, destac\u00f3 que \u00ablos fundamentos de la decisi\u00f3n atacada mediante el presente amparo se basa[n] en supuestos y valoraciones enunciadas por el Despacho bajo la perspectiva de improcedencia de la medida cautelar solicitada, con falencias en la interpretaci\u00f3n dada al pluricitado numeral 3 del art\u00edculo 593 del C\u00f3digo General del Proceso negando la posibilidad de consolidar una medida que soporte la obligaci\u00f3n alimentaria que se ejecuta e imponiendo cargas no previstas en la norma para este evento, por cuanto los elementos citados respecto de la posesi\u00f3n como lo son el corpus y el animus, exigidos para decretar la cautela invocada, deber\u00e1n ser probados y debatidos, en caso de ser necesario, en tr\u00e1mite distinto; aclarando adem\u00e1s que en caso de presentarse oposici\u00f3n a la materializaci\u00f3n de la medida deprecada la normativa procesal ha establecido procedimiento espec\u00edfico\u00bb. <\/p>\n
De igual forma, con apoyo en la providencia STC5792-2022, 11 may., anot\u00f3 que \u00abdebe indicarse que el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, consagra el inter\u00e9s superior de los menores de edad, determinando que sus derechos priman sobre los de los dem\u00e1s, siendo sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional reforzada la cual se encuentra visiblemente disminuida al negar el decreto de una medida cautelar que garantice la obligaci\u00f3n, dentro de proceso ejecutivo de alimentos que pretende garantizar tal derecho en los menores, obrando un vac\u00edo en el actuar del Despacho al rehusarse a decretar dicha medida sin atender en debida forma los presupuestos legales que rigen tal solicitud\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, orden\u00f3 \u00abal Juzgado que, en el improrrogable t\u00e9rmino de 10 d\u00edas, los cuales transcurrir\u00e1n desde la notificaci\u00f3n de la presente providencia, deje sin valor y efecto la decisi\u00f3n emitida en providencia del 29 de agosto de 2022, mediante la cual neg\u00f3 el decreto de la medida cautelar de embargo, retenci\u00f3n y secuestro de la posesi\u00f3n que tiene el se\u00f1or XXX sobre el automotor de placas XXX, y, posteriormente, en el mismo t\u00e9rmino inicialmente concedido, proceda a calificar la medida elevada atendiendo lo establecido en los art\u00edculo 593 numeral 3 y 601 inciso segundo del C\u00f3digo General del Proceso en concordancia con lo expuesto en precedencia y continuar con el tr\u00e1mite correspondiente, al interior del proceso ejecutivo de alimentos\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La apoderada del demandado en la causa revisada, recurri\u00f3 la precitada providencia, precisando que \u00abmi poderdante (\u2026) no es ni propietario ni poseedor sobre el veh\u00edculo automotor (\u2026), ya que el veh\u00edculo al cual hace menci\u00f3n [la] accionante pertenece a la empresa XXX, cuyo objeto social es la elaboraci\u00f3n de alimento[s] preparados para animales, [y] seg\u00fan lo manifestado por mi poderdante, [\u00e9]l en este momento en ocasiones trabaja con la empresa coadyuvando con el transporte de insumos para actividades veterinarias, la cual (sic) la propietaria de la empresa en menci\u00f3n es la se\u00f1ora XXX que figura como representante legal, incluso estuvo afiliado a seguridad social por contrato a t\u00e9rmino indefinido con la empresa, en el momento se encuentra afiliado por contrato de prestaci\u00f3n de servicios, as\u00ed las cosas el veh\u00edculo al que hace alusi\u00f3n no pertenece al [inconforme]\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, expuso que \u00abno existe una prueba relevante que demuestre que la posesi\u00f3n est\u00e1 a favor de mi mandante porque el veh\u00edculo pertenece a la empresa, no se logr\u00f3 probar que mi poderdante es el poseedor del veh\u00edculo que ha ejercido pac\u00edficamente la posesi\u00f3n del veh\u00edculo en forma tranquila e ininterrumpida con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o [;] as\u00ed mismo, la acci\u00f3n de tutela es improcedente, ya que el ejecutivo de alimentos est\u00e1 en tr\u00e1mite (\u2026). De la misma forma [,] las medidas cautelares no hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada [,] se pueden solicitar en cualquier momento de la etapa procesal [,] como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 590 del CGP\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado en este tr\u00e1mite, comoquiera que \u00abel juez de tutela debe vincular al proceso a todas las personas que tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo en este, es decir, tanto a las partes como a los terceros afectados con el resultado [,] en este caso a la representante legal de la empresa XXX. En el caso que nos ocupa [,] la se\u00f1ora XXX seria (sic). Si la existencia del proceso no se pone en conocimiento de los interesados, desde la admisi\u00f3n de la demanda de tutela, no se logra la integraci\u00f3n en debida forma del contradictorio y debe declararse la nulidad de todo lo actuado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, (i) si en la causa constitucional de la referencia se configur\u00f3 motivo espec\u00edfico de invalidaci\u00f3n de lo actuado; y, de superarse lo anterior, (ii) si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el curso del ejecutivo de alimentos que se inici\u00f3 en favor de \u201cD\u201d, por ratificar la denegaci\u00f3n de la medida cautelar de \u00abembargo, retenci\u00f3n y secuestro\u00bb de la posesi\u00f3n que recaer\u00eda sobre un veh\u00edculo automotor, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. Sobre la \u00abnulidad\u00bb deprecada en el escrito de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la solicitud de invalidaci\u00f3n que formul\u00f3 la mandataria judicial de XXX, la Sala precisa que esta se rechazar\u00e1 de plano, en aplicaci\u00f3n del inciso 4.\u00ba del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, que se\u00f1ala: \u00abel juez rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta\u00bb de las previstas en el ordenamiento jur\u00eddico \u00abo por quien carezca de legitimaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, pues, en este caso, se aduce la supuesta falta de vinculaci\u00f3n de quien ser\u00eda la propietaria del veh\u00edculo, situaci\u00f3n que solo podr\u00eda ser deprecada por la directa interesada; aunado a que, revisado el sub-lite, se evidencia que el debate se circunscribe expresamente a determinar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas iusfundamentales de la menor involucrada, con ocasi\u00f3n de la denegaci\u00f3n del decreto de la cautela sobre la posesi\u00f3n que se ejercer\u00eda sobre el rodante por parte del demandado, en el marco del ejecutivo de alimentos; en el que, dicho sea de paso, no se advierte la comparecencia como parte ni como tercera reconocida de la persona sobre la que se echa de menos su enteramiento \u2013por lo menos en este estadio procesal\u2013, lo que afianza la improsperidad de ese espec\u00edfico reclamo. <\/p>\n
3. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
4. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
4.1. Inicialmente, se considera oportuno relievar que esta Sala ha sostenido que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, las autoridades deber ser acuciosas al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio e integral. <\/p>\n
Sobre el particular, el precedente constitucional ha sido prol\u00edfico y constante al se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor\u00bb (CC T-587\/98, citada, entre otras, en STC17347-2021, 15 dic.) <\/p>\n
Lo anterior, toda vez que se tienen como principios b\u00e1sicos que orientan la Doctrina de la Protecci\u00f3n Integral a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, consolidada a partir de la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o: (i) la igualdad y no discriminaci\u00f3n; (ii) el inter\u00e9s superior de las y los ni\u00f1os; (iii) la efectividad y prioridad absoluta; y (iv) la participaci\u00f3n solidaria. <\/p>\n
En la misma l\u00ednea, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, en su art\u00edculo 44, estableci\u00f3 que \u00ablos derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, y, al respecto, la misma disposici\u00f3n reconoci\u00f3 que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb; postulados que tambi\u00e9n se desarrollaron en el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia \u2013 Ley 1098 de 2006, que en su art\u00edculo 8.\u00ba aclar\u00f3 que \u00abse entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
4.2. Ahora bien, con observancia en las pautas que anteceden, esta Corporaci\u00f3n advierte que habr\u00e1 de ratificarse la protecci\u00f3n concedida por el tribunal a quo, toda vez que, de la verificaci\u00f3n de las consideraciones expuestas en los autos de 29 de agosto y de 10 de octubre de 2022, dictados por el Juzgado de Familia en el curso del ejecutivo de alimentos que se inici\u00f3 en favor de \u201cD\u201d, se colige la configuraci\u00f3n de defectos espec\u00edficos que habilitan la viabilidad excepcional de este mecanismo contra providencias judiciales, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que, para negar el decreto de la cautela de \u00abembargo, retenci\u00f3n y secuestro\u00bb del automotor previamente individualizado y mantenerse en su decisi\u00f3n, el estrado cognoscente adujo, en lo esencial, que (i) \u00absi bien es cierto, el apoderado indica que la medida es procedente para la posesi\u00f3n cuando no hay propiedad, no es menos cierto que la norma es clara en indicar que procede para bienes muebles no sujetos a registro y, para el caso que nos ocupa, como se trata de un veh\u00edculo automotor, es sujeto a registro y por ende, no procede la medida sobre la posesi\u00f3n\u00bb; que (ii) \u00abprevio al decreto de la medida cautelar descrita deber\u00e1 entrar a valorar los aspectos subjetivos de la condici\u00f3n que posee materialmente el demandado sobre el bien mueble sujeto a registro\u00bb; y que (iii) \u00abel apoderado judicial de la parte actora no aport\u00f3 prueba siquiera sumaria que demostrara que [el] se\u00f1or ha ejercicio pac\u00edficamente la posesi\u00f3n del veh\u00edculo, en forma tranquila e ininterrumpida, con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
No obstante, tal como acertadamente coligi\u00f3 el a quo constitucional, esa argumentaci\u00f3n ri\u00f1e abiertamente con lo preceptuado en el canon 593, numeral 3 del C\u00f3digo General del Proceso, que prev\u00e9 la posibilidad de efectuar embargos, respecto de \u00ab(\u2026) bienes muebles no sujetos a registro y el de la posesi\u00f3n sobre bienes muebles o inmuebles se consumar\u00e1 mediante el secuestro de estos, excepto en los casos contemplados en los numerales siguientes\u00bb, de modo que, en esas condiciones, no era dable al fallador desestimar la anotada petici\u00f3n con base en la errada intelecci\u00f3n de esa norma2, pues, ciertamente, all\u00ed no se excluye la viabilidad de decretar la referida medida respecto de la posesi\u00f3n sobre bienes muebles sujetos a registro, como queda claro de su lectura integral. <\/p>\n
4.3. Por ello, tampoco son de recibo las manifestaciones de la apoderada de XXX ni tienen la entidad de variar lo resuelto en el primer grado de este amparo, comoquiera que las explicaciones dirigidas a refutar que su prohijado no es el propietario inscrito del citado rodante se muestran claramente desenfocadas en relaci\u00f3n con el debate que se suscit\u00f3 en el sub-lite; pues, en primer lugar, ese aspecto no se cuestion\u00f3 \u2013y, de hecho, desde el escrito inicial y en la solicitud de medidas cautelares en el ejecutivo de alimentos se habl\u00f3 de la \u00abposesi\u00f3n\u00bb respecto del bien, siendo esta una cuesti\u00f3n diferente\u2013; y, porque, en todo caso, cualquier pronunciamiento de fondo sobre el tema \u2013adem\u00e1s de constituir una injerencia indebida en la labor del cognoscente\u2013, ser\u00eda prematuro, ya que la protecci\u00f3n dispensada consiste en que se dirima nuevamente lo concerniente a la viabilidad o no de las medidas, en el marco de la discrecionalidad judicial, pero con observancia en las consideraciones expuestas en precedencia. <\/p>\n
Con todo, se itera, ser\u00e1 en el proceso cuestionado en el que se podr\u00e1n discutir las eventuales determinaciones que all\u00ed se profieran y seguir el curso que prev\u00e9n las normas procesales para el efecto \u2013v. gr., en caso de que se llegase a decretar la medida con el cumplimiento de los requisitos de ley, una eventual oposici\u00f3n de quien se presente como afectado\u2013; ya que, como se indic\u00f3, a trav\u00e9s de este espec\u00edfico resguardo lo que se corrigi\u00f3 fue la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas de la menor involucrada \u2013originada en la errada interpretaci\u00f3n de las normas que gobiernan ese asunto\u2013, pero, de ninguna manera, el juez constitucional se arrog\u00f3 facultades propias del fallador de la causa. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. Se rechazar\u00e1 de plano la nulidad incoada por la apoderada judicial del impugnante, por carecer de inter\u00e9s para proponerla. <\/p>\n
5.2. De igual forma, se avalar\u00e1 la concesi\u00f3n de la salvaguarda, por cuanto el estrado de familia querellado incurri\u00f3 en defectos espec\u00edficos de viabilidad del amparo contra providencias judiciales \u2013indebida motivaci\u00f3n, defectos sustantivo y procedimental\u2013. En ese orden, se corregir\u00e1 la orden impartida por el tribunal a quo, especificando que la autoridad convocada y quien debe reanudar la actuaci\u00f3n a su cargo es el Juzgado XXX de Familia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: RECHAZAR DE PLANO la solicitud de nulidad invocada por la apoderada de XXX. <\/p>\n
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia impugnada y MODIFICAR el ordinal TERCERO de la parte resolutiva, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
\u00abORDENAR al JUZGADO XXX que, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contin\u00fae con el tr\u00e1mite correspondiente en el proceso ejecutivo de alimentos rad XXX y emita pronunciamiento de fondo respecto de la cautela invocada, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 593 numeral 3 y 601 inciso 2 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con lo expuesto en precedencia\u00bb. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente remitir el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo n.\u00ba 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
2\u0002 En concordancia con lo dispuesto en el inciso 2 del art\u00edculo 601 del estatuto procesal: \u00abEl certificado del registrador no se exigir\u00e1 cuando lo embargado fuere la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica que el demandado tenga en terrenos bald\u00edos, o la posesi\u00f3n sobre bienes muebles o inmuebles\u00bb. <\/p>\n
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STC16100-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC16100-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 15693-22-08-000-2022-00189-01 (Aprobado en Sala de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 8 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69482","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69482","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69482"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69482\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69482"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69482"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69482"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}