STC16117-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-01092-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 26 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Emperatriz Mancipe P\u00e9rez contra los Juzgados Sexto y Veintiuno de Familia de esta ciudad, las Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 y Zipaquir\u00e1, la Secretar\u00eda de Movilidad de esta capital y el Banco Citibank, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en los pleitos 2019-00785 y 2018-00953. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, presuntamente vulnerados por los convocados. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que dentro del declarativo de la existencia uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, impetrado por ella contra los herederos de Carlos Augusto V\u00e9lez Gallego, seguido ante el Juzgado Veintiuno de Familia de Bogot\u00e1 (rad. 2018-00953), \u00abel 17 de septiembre de 2019 (\u2026), el despacho tuvo por notificados a los demandados y a sus apoderados\u00bb, y que en dicho juicio elev\u00f3 solicitud de medidas cautelares, frente a lo cual el juzgado dispuso \u00abque previo a pronunciarse (\u2026), se determinara el valor de las pretensiones. Esto se hizo el 27 de marzo de 2019\u00bb. <\/p>\n
Que, pese a tener conocimiento del anterior litigio, los all\u00ed demandados \u00abiniciaron un proceso de sucesi\u00f3n [de Carlos Augusto V\u00e9lez Gallego]\u00bb, el cual fue radicado ante el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1 bajo el n\u00b0 2019-00785, \u00abguardando completo silencio ante [ese despacho] y ante el Juez 21 de Familia, con el prop\u00f3sito de obtener una sentencia favorable, excluyendo las pretensiones [del juicio declarativo], aprovechando que las medidas cautelares solicitadas, no hab\u00edan sido decretadas por el Juez 21 de Familia\u00bb. <\/p>\n
Que en raz\u00f3n a que el trabajo partitivo aprobado por el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1, fue comunicado a las oficinas de registro de Bogot\u00e1 y Zipaquir\u00e1, Citibank y Secretar\u00eda de Movilidad, \u00ablos bienes que le pueden pertenecer [a ella] saldr\u00e1n de la masa sucesoral, dej\u00e1ndola al l\u00edmite de que se le cause un perjuicio irremediable, por las conductas desplegadas por los herederos y sus abogados [quienes son los mismos] que los representaron en el Juzgado 21 de Familia\u00bb. Ello, por cuanto ya en el pleito verbal por ella incoado, se produjo fallo \u00aba favor\u00bb, y con la determinaci\u00f3n adoptada en el sucesorio, sus efectos pueden resultar \u00abineficaces\u00bb y con ello \u00aben un enga\u00f1o y en burla a la justicia por parte de los herederos que adelantaron el proceso de sucesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene \u00abal Juzgado Sexto de Familia que revoque la sentencia proferida en el proceso de sucesi\u00f3n intestada de CARLOS AUGUSTO V\u00c9LEZ GALLEGO\u00bb, y como consecuencia, que oficie a la Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 y Zipaquir\u00e1, as\u00ed como a la Secretar\u00eda de Movilidad de esta ciudad y al Banco Citibank, \u00abpara que reverse la inscripci\u00f3n y registro de la partici\u00f3n [respecto de los inmuebles, veh\u00edculo automotor y productos bancarios all\u00ed involucrados]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Sexto de Familia de Bogot\u00e1, se opuso a lo pretendido porque el juicio sucesorio en cuesti\u00f3n \u00abfue admitido en auto del 12 de julio de 2019 y se reconocieron como herederos a Maria Teresa, Carlos Augusto y Claudia Patricia V\u00e9lez Rodr\u00edguez (\u2026), donde fue aprobado el inventario y los aval\u00faos el 8 de septiembre de 2021, luego de agotar el ritual procesal pertinente se profiri\u00f3 sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n el 24 de junio de 2022\u00bb, y que \u00abpor parte de este despacho judicial no se han vulnerado derechos fundamentales a la accionante, pues la actuaci\u00f3n surtida dentro del proceso liquidatorio referido se ajust\u00f3 a los postulados normativos vigentes y aplicables al caso, as\u00ed mismo, se manifiesta que no se recibi\u00f3 petici\u00f3n alguna de la accionante de reconocimiento, o con el fin de suspender la partici\u00f3n para que fuera incluida en ella, una vez le hubieran sido reconocidos sus derechos patrimoniales ante el Hom\u00f3logo Juzgado 21 de Familia de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Veintiuna de Familia de esta capital, inform\u00f3 que dentro del declarativo instaurado por la hoy quejosa, \u00abcon la demanda se solicit\u00f3 se decretara con el auto admisorio (\u2026) el embargo y secuestro de los inmuebles identificados con los folios de matr\u00edcula 50C-427191, 50C-226119, 50C-294741 y 176-39852\u00bb, frente a lo cual, \u00abcon auto de fecha 7 de marzo de 2019 se dispuso que previo a pronunciarse sobre las medidas preventivas solicitadas, se deb\u00eda dar cumplimiento por la parte demandante a lo dispuesto en el numeral 90 del art. 82 del C. G. del P., se\u00f1alando la cuant\u00eda del proceso o el valor de las pretensiones (art. 590, n\u00fam. 20 C. G. del P), sin que la accionante presentara escrito contentivo del cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado o de alg\u00fan medio de impugnaci\u00f3n encaminado a la revocatoria de la decisi\u00f3n, como tampoco insisti\u00f3 en el decreto de las medidas cautelares\u00bb. Por lo dem\u00e1s, dijo seg\u00fan las pretensiones de la demanda tutelar, era otro juzgado y entidades las llamadas a responder, ya que \u00abeste despacho no ha vulnerado o amenazado los derechos fundamentales que manifiesta la accionante\u00bb. <\/p>\n
3. El abogado Ramiro Cubillos Velandia, pidi\u00f3 negar el amparo ante \u00abla existencia de otros medios de defensa y acci\u00f3n\u00bb, y porque el proceso se ha surtido \u00abcon base en los c\u00e1nones legales, si el actor no realiz\u00f3 las gestiones que le son propias, es su negligencia la causa, no el actuar de las autoridades judiciales\u00bb, y que no procede la tutela para proteger \u00abun perjuicio irremediable ya que no se busca amparar un derecho fundamental sino un inter\u00e9s econ\u00f3mico\u00bb. <\/p>\n
4. El abogado Jos\u00e9 Ricardo Camelo Garc\u00eda, quien dijo actuar en representaci\u00f3n judicial de Claudia Patricia V\u00e9lez Rodr\u00edguez, afirm\u00f3 que la sentencia proferida dentro del proceso de uni\u00f3n marital de hecho promovido por la ac\u00e1 querellante, no se encuentra en firme \u00abtoda vez que se interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue admitido por el Tribunal (\u2026) mediante auto del d\u00eda 7 de octubre de 2022\u00bb, y asever\u00f3 que la tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, ya que la interesada no solicit\u00f3 la \u00absuspensi\u00f3n del proceso\u00bb; as\u00ed mismo, neg\u00f3 que los herederos del causante o sus representantes hubieran incurrido en actuaci\u00f3n contraria al ordenamiento legal. <\/p>\n
5. La Registradora de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 -zona sur, solicit\u00f3 se declarara que, en este asunto, aplica a su favor la \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva (\u2026), por cuanto no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental al accionante\u00bb. <\/p>\n
6. La Registradora Principal de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que esa oficina \u00abha dado debido cumplimiento a cada una de las solicitudes de registro sobre los folios [correspondientes]\u00bb y \u00abconforme a la normatividad vigente\u00bb, por ello, \u00abno se ha violado ning\u00fan derecho fundamental del accionante\u00bb. Pidi\u00f3 \u00abnegar las pretensiones de la parte actora, cerrar y archivar esta acci\u00f3n constitucional, por carencia de objeto\u00bb. <\/p>\n
7. La Registradora Principal de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 \u2013 zona norte, tras relacionar la normativa que la rige en sus funciones, asever\u00f3 que \u00abno ha incurrido en conducta alguna que implique la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que invocada la accionante\u00bb. <\/p>\n
8. El Registrador de Instrumentos P\u00fablicos Seccional Zipaquir\u00e1, pidi\u00f3 \u00abdespachar de manera adversa las pretensiones de la accionante frente a [esa oficina], por cuanto aquella no le endilga ninguna violaci\u00f3n de derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
9. El representante legal de Citibank Colombia S.A, manifest\u00f3 que \u00abes un tercero ajeno a la relaci\u00f3n objeto de controversia, y, por consiguiente, existe una falta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb, y aclar\u00f3 que \u00abcualquier oficio u orden emitida por los juzgados relacionados en este caso debe tener como remitente exclusivo Scotiabank Colpatria S.A.\u00bb. <\/p>\n
10. El Consorcio Circulemos Digital \u2013 concesionario de la Secretar\u00eda Distrital de Movilidad, solicit\u00f3 \u00abnegar la presente acci\u00f3n de tutela en lo que se refiere [a esa entidad], o desvincularnos de ella, toda vez que no se ha violentado ning\u00fan derecho fundamental\u00bb. En similar sentido se pronunci\u00f3 la directora de representaci\u00f3n judicial de dicha Secretar\u00eda, al aducir que la acci\u00f3n es \u00abimprocedente\u00bb porque \u00abno hay nexo causal entre las presuntas violaciones y [esa entidad], encontr\u00e1ndonos ante una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al considerar que la acci\u00f3n incumple el requisito de la subsidiariedad, porque ante el juez que conoce del proceso de uni\u00f3n marital de hecho, desatendi\u00f3 la orden impartida \u00aben auto de 7 de marzo de 2019\u00bb, a efectos de que fueran decretadas las medidas cautelares all\u00ed deprecadas, y porque en relaci\u00f3n con el Juzgado Sexto de Familia, \u00abla determinaci\u00f3n que la actora solicita que se desquicie [aprobaci\u00f3n de la partici\u00f3n], se profiri\u00f3 despu\u00e9s de que fuera declarada la existencia de la uni\u00f3n marital pretendida, esto es, el 24 de junio de 2022, al paso que la sentencia del proceso verbal se profiri\u00f3 el 13 de esos mismos mes y a\u00f1o y, en esa medida, pudo pedir todas las medidas previstas en el art\u00edculo 590 del C.G. del P. y, a\u00fan desde la notificaci\u00f3n de los demandados, pudo solicitar al Juez de la mortuoria, la suspensi\u00f3n del proceso o de la partici\u00f3n, seg\u00fan fuera el caso, pero lo cierto es que no lo hizo as\u00ed, de modo que no puede venir ahora a tratar de subsanar a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n de los derechos, el fruto de su incuria o dejadez en la atenci\u00f3n de los asuntos que le competen y, menos, para pretermitir los tr\u00e1mites previstos para las diferentes controversias y situaciones que pueden darse en un proceso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante para refutar que se le endilgara \u00abdejadez\u00bb en relaci\u00f3n con el requerimiento para que el Juzgado Veintiuno de Familia decretara medidas cautelares, porque quien fung\u00eda como su apoderada le dio cumplimiento al auto del 7 de marzo de 2019, se\u00f1alando \u00abla cuant\u00eda o el valor de las pretensiones\u00bb; insiste en que los herederos, pese a estar notificados en el juicio declarativo, \u00abno informaron\u00bb la existencia de este dentro del liquidatorio en detrimento de sus intereses patrimoniales, por lo que reiter\u00f3 su pretensi\u00f3n de tutelar sus derechos \u00abcomo mecanismo transitorio\u00bb, habida consideraci\u00f3n \u00abuna posible venta\u00bb de los bienes por ella perseguidos como compa\u00f1era permanente del causante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas por la accionante, en tanto: (i) el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1, aprob\u00f3 la partici\u00f3n y dispuso su ejecuci\u00f3n dentro del sucesorio n\u00b0 2019-00785, pese a que ella se encontraba tramitando un pleito declarativo de uni\u00f3n marital de hecho contra los herederos del causante; y, (ii) el Juzgado Veintiuno de Familia de la misma ciudad, no ha decretado las medidas cautelares solicitadas al interior del declarativo n\u00b0 2018-00953. <\/p>\n
Lo anterior, porque en relaci\u00f3n con las Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1 y Zipaquir\u00e1, la Secretar\u00eda de Movilidad de esta capital y el Banco Citibank, procede su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite tutelar, habida cuenta que no es dable atribuirles amenaza o vulneraci\u00f3n a las prerrogativas de la demandante, por el hecho de que, en ejercicio de sus funciones legales, hubieran acatado las \u00f3rdenes impartidas por los jueces en el marco de los procesos a cargo de estos. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Sala ha dicho y reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, el resguardo no procede contra decisiones judiciales, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar lo resuelto o para disponer que lo haga de cierta manera <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen comprometidos derechos de rango constitucional, y destac\u00e1ndose como esencial el de la subsidiariedad, esto es, que previo a la invocaci\u00f3n del auxilio, se haya acudido oportuna y adecuadamente a los instrumentos de defensa judicial legalmente previstos. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos del presente reclamo y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales allegadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio de la protecci\u00f3n implorada, pero precisando su improcedencia porque: (i) respecto a la queja enfilada contra el proceder del Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1, no se evidencia que se desprenda afectaci\u00f3n a derecho fundamental alguno de la querellante; y, (ii) frente al Juzgado Veintiuno de Familia de esta capital, la tutela no alcanza a satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. De la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Este impedimento gen\u00e9rico de procedibilidad tiene lugar en relaci\u00f3n con el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1, comoquiera que en el tr\u00e1mite y definici\u00f3n del proceso de sucesi\u00f3n intestada de Carlos Augusto V\u00e9lez Gallego (rad. 2019-00785), no se avizora que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n hubiera incurrido en desafuero susceptible de enmendar a trav\u00e9s de esta excepcional v\u00eda jur\u00eddica, pues concretamente el inter\u00e9s de la hoy accionante para intervenir en el juicio como \u00abcompa\u00f1era permanente\u00bb del causante, no se le puso de manifiesto para que hubiese adoptado la decisi\u00f3n pertinente. <\/p>\n
Ciertamente, el expediente da cuenta que a petici\u00f3n de Mar\u00eda Teresa, Carlos Augusto y Claudia Patricia V\u00e9lez Rodr\u00edguez, el 12 de julio de 2019 el despacho declar\u00f3 abierto y radicado el respectivo juicio de sucesi\u00f3n intestada, reconociendo como herederos de quienes solicitaron su apertura, y disponiendo convocar a los dem\u00e1s interesados previa las citaciones de rigor, as\u00ed como que se procediera a la confecci\u00f3n del inventario de bienes y deudas del de cujus, verific\u00e1ndose todo ello con observancia de las disposiciones pertinentes del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Es as\u00ed como tras efectuarse las citaciones de ley, el 8 de septiembre de 2021 se celebr\u00f3 la audiencia de presentaci\u00f3n de inventarios y aval\u00faos, los cuales seguidamente fueron aprobados al no suscitarse oposici\u00f3n alguna, y con sujeci\u00f3n a lo prevenido en los art\u00edculos 501 y 507 del estatuto adjetivo, se pas\u00f3 a la etapa de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n, concluy\u00e9ndose con la aprobaci\u00f3n de dicho trabajo mediante sentencia del 24 de junio de 2022, para enseguida disponer que se expidieran las copias y se libraran las comunicaciones dirigidas a las entidades encargadas de la inscripci\u00f3n de las hijuelas y el cumplimiento de las \u00f3rdenes all\u00ed impartidas. <\/p>\n
Tambi\u00e9n muestra el expediente que la ac\u00e1 quejosa, no concurri\u00f3 ante el funcionario judicial para los fines de ser tenida en cuenta dentro del liquidatorio, acreditando la existencia del proceso de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial que adelantaba ante el Juzgado Veintiuno de Familia de Bogot\u00e1 (rad. 2018-00953), y para pedir, con sujeci\u00f3n a lo consagrado en el art\u00edculo 516 del C\u00f3digo General del Proceso, la suspensi\u00f3n de la partici\u00f3n, tendiente a evitar los efectos jur\u00eddicos de su aprobaci\u00f3n que ahora enrostra como yerro del despacho judicial acusado. <\/p>\n
En este orden, por cuanto la controversia planteada no conlleva afectaci\u00f3n a derecho superior alguno, la tutela se torna improcedente por carecer de relevancia constitucional, pues reiteradamente la jurisprudencia ha dicho que para su invocaci\u00f3n, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada en STC10498-2022, 11 ago. rad. 00177-01, entre otras). <\/p>\n
Igualmente, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que para la procedencia de la tutela, \u00ab[se exige] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., rad. 00023-01, citada entre otras en STC12167-2022, 14 sep., rad. 00118-01). Se subraya. <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n de este esencial requisito se predica -en la modalidad de prematura-, frente al Juzgado Veintiuno de Familia de Bogot\u00e1 y de cara a las medidas cautelares sobre los bienes perseguidos en el proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial, porque al no haberse decretado estas en marzo de 2019 cuando inicialmente se deprecaron, su reiteraci\u00f3n, con sustento \u00aben el numeral 1 del art\u00edculo 323, 590 y siguientes del CGP\u00bb, la present\u00f3 el mandatario judicial de la reclamante el 29 de septiembre de 2022, estando a\u00fan en tr\u00e1mite la definici\u00f3n de ese aspecto, seg\u00fan se evidencia en el expediente allegado. <\/p>\n
En efecto, al revisar la actuaci\u00f3n procesal surtida dentro del pleito radicado bajo el n\u00b0 2018-00953, inclusive con posterioridad a la instauraci\u00f3n de la salvaguarda en aras a dar una mirada panor\u00e1mica del asunto objeto de debate, encuentra la Corte que frente al pedimento relativo a dichas cautelas, el mencionado estrado se pronunci\u00f3 -de manera desfavorable- mediante auto del 14 de octubre de 2022, empero, frente a tal decisi\u00f3n se interpuso recurso de reposici\u00f3n respecto del cual a\u00fan no se ha acreditado su tr\u00e1mite y resoluci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el punto referente a las cautelas dentro del proceso declarativo, a\u00fan est\u00e1 pendiente de definici\u00f3n ante el juez de la causa, situaci\u00f3n que conlleva la improcedencia del ruego tuitivo, pues en ese sentido la decantada jurisprudencia ha sostenido que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente ni a\u00fan bajo el pretexto de que la acci\u00f3n de tutela se promueve \u201ccomo fundamento de la inmediatez para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u201d, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 2009-00312-01, citada entre otras en STC12547-2022, 21 sep., rad. 00385-01). <\/p>\n
Conforme a lo descrito, mientras est\u00e9 pendiente de definir el asunto por parte del juez ordinario a quien el ordenamiento legal le asign\u00f3 la funci\u00f3n de dirimir la controversia, y no se encuentre incurso en dilaci\u00f3n injustificada que amerite la intervenci\u00f3n del fallador excepcional para obtener pronunciamiento, no es dable que los aspectos cardinales del pedimento sean expuestos para su resoluci\u00f3n en sede constitucional, en tanto: <\/p>\n
\u00abno es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada en STC16038-2021, 25 nov., rad. 00577-01 y STC6484-2022, 25 may., rad. 00365-01, entre otras). <\/p>\n
De igual modo, recu\u00e9rdese que por la naturaleza jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, el uso racional de la tutela se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s herramientas que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Ahora bien, se advierte que en el caso sub j\u00fadice tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio, porque aunado a la aptitud de los medios ordinarios de defensa en curso, no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, comoquiera que para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01), y porque esa modalidad \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario [pues de lo contrario] no podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido en precedencia, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, precisando que lo ser\u00e1 por su improcedencia en tanto la actuaci\u00f3n criticada al Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1, no consolida vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la actora, y porque el reclamo dirigido contra el Juzgado Veintiuno de Familia de la misma ciudad, desatiende el requisito de la subsidiariedad, toda vez que la actuaci\u00f3n criticada, actualmente est\u00e1 pendiente de estudio y definici\u00f3n al interior del declarativo, advirti\u00e9ndose finalmente, que tampoco se configuran las condiciones para otorgar el amparo como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las puntuales razones explicadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC16117-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-01092-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69484","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69484","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69484"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69484\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69484"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69484"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69484"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}