STC16134-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16134-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-02268-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 26 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Arnulfo Moyano Torres contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Veinte Civil del Circuito de esta capital, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 1996-00269. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, quien act\u00faa en nombre propio, reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los despachos enjuiciados. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y de los medios de prueba recopilados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Finandina CFC S.A. promovi\u00f3 ejecutivo contra Jorge Arnulfo Moyano Torres, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y, agotadas las etapas de rigor, el 14 de septiembre de 2001, el despacho dict\u00f3 sentencia en la que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, fallo que, tras ser apelado, fue confirmado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad. Luego, el tr\u00e1mite fue remitido al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital. <\/p>\n
En sentir del tutelante, en el sub judice, una vez interrumpida la prescripci\u00f3n con la emisi\u00f3n de la providencia que orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, debi\u00f3 iniciar un nuevo conteo, por un t\u00e9rmino igual; de all\u00ed que haya operado tal fen\u00f3meno respecto de dicha orden. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo anterior, el gestor present\u00f3 solicitud de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva y judicial\u00bb, la cual fue desestimada el 6 de noviembre de 2020 por la referida c\u00e9lula judicial, manteniendo tal determinaci\u00f3n al desatar el recurso de reposici\u00f3n interpuesto y negando la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n formulada en subsidio, tras considerarla improcedente, inconformidad que, tras persistir, motiv\u00f3 la petici\u00f3n encaminada a ejercer control de legalidad, desatada en igual sentido mediante prove\u00eddo del 11 de febrero de 2021. <\/p>\n
Advierte que la negativa del juzgado de ejecuci\u00f3n para decretar la prescripci\u00f3n alegada, lesiona sus prerrogativas esenciales, en tanto la diligencia de remate del bien inmueble en el que habita fue programada para el 20 de octubre del presente a\u00f1o, soslayando que, presuntamente, el modo extintivo alegado respecto de la decisi\u00f3n que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, se encuentra plenamente configurado. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, que se ordene \u00abal se\u00f1or Juez 5\u00ba de ejecuci\u00f3n declarar la PRESCRIPCI\u00d3N DE LA ACCI\u00d3N EJECUTIVA Y ACCI\u00d3N JUDICIAL presentada dentro del radicado 1996-00269, declarando correlativamente el levantamiento de las medidas cautelares decretadas dentro del sub judice\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se limit\u00f3 a referir que el juicio que cimenta esta causa constitucional \u00abactualmente se encuentra a cargo del Juzgado 005 Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, acorde como se desprende de la consulta efectuada en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial \u2013Consejo Superior de la Judicatura, por ende, dicho juzgado deber\u00e1 manifestarse en concreto sobre los hechos narrados por el tutelante\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital, inform\u00f3, luego de un recuento de las actuaciones desplegadas, que su proceder se ha visto acompasado por el marco normativo aplicable, refiriendo que \u00abel hecho de que [las decisiones] no hayan sido favorables con sus aspiraciones, no implica un desconocimiento de las garant\u00edas constitucionales del extremo tutelante\u00bb. <\/p>\n
El tribunal neg\u00f3 el amparo, por cuanto no satisface el requisito de la inmediatez, puesto que \u00abno se cumple con el requisito de inmediatez que rige el presente mecanismo, dado que la acci\u00f3n de tutela debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis (6) meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. En efecto, la tutela fue radicada el 18 de octubre del presente a\u00f1o, y las decisiones cuestionadas fueron proferidas por la autoridad judicial, se reitera, el 6 de noviembre de 2020, 11 de febrero y 26 de marzo de 2021; luego, ha transcurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o, desde la \u00faltima actuaci\u00f3n, lo que desborda ampliamente los l\u00edmites de la razonabilidad, desvirtuando la urgencia y necesidad de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el reclamante, para insistir en su pretensi\u00f3n, con los mismos argumentos del escrito inicial, a\u00f1adiendo que \u00abmi apoderado, frente a la negativa del recurso de apelaci\u00f3n, que me neg\u00f3 el mismo, presenta recurso de queja, y este, me fue concedido para y ante el Honorable Tribunal Sala Civil, y este, a la postre, termina confirmando la negativa de concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, en fecha 20 de abril de 2022, fecha esta, 20 de abril de 2022, que es el que da, esta fecha, reitero, el requisito de inmediatez\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte, inicialmente, establecer si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente, y de superarse lo anterior, si las autoridades convocadas vulneraron la garant\u00eda esencial invocada por el quejoso, al negar la declaratoria de prescripci\u00f3n solicitada dentro del recaudo seguido en su contra por Finandina CFC S.A. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general, este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas, cuando con ellas se cause vulneraci\u00f3n a las prerrogativas esenciales, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un t\u00e9rmino prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, son la subsidiariedad y la inmediatez de dicho mecanismo. <\/p>\n
3. Caso concreto – Incumplimiento del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC72845-2022, 9 jun. rad. 00077-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, se ha entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable, que no puede exceder de seis meses, contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las garant\u00edas fundamentales invocadas. <\/p>\n
3.2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el citado postulado, ciertamente no se cumple en la presente acci\u00f3n, dado que, el hecho que se se\u00f1ala como vulnerador, esto es, la decisi\u00f3n desestimatoria de la solicitud de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva y acci\u00f3n judicial\u00bb, as\u00ed como la denegaci\u00f3n del control de legalidad peticionado, datan del 6 de noviembre de 2020 y 11 de febrero de 2021, respectivamente, mientras que la tutela se radic\u00f3 el 18 de octubre de 2022, transcurriendo m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
Y es que, si bien el querellante reiter\u00f3 el supuesto yerro a trav\u00e9s de m\u00faltiples solicitudes, entre ellas una para que se aplicara un \u00abcontrol de legalidad\u00bb, denegada el 11 de febrero de 2021, y sobre la cual se pretendi\u00f3 recurrir en apelaci\u00f3n, ello no altera el an\u00e1lisis sobre la \u00abinmediatez\u00bb, ya que trat\u00f3 de volver sobre un aspecto ya decidido, lo que, de aceptarse, tornar\u00eda ilusoria la temporalidad del resguardo. <\/p>\n
En un caso similar, en que se pretendi\u00f3 desvirtuar el principio enunciado, insistiendo con posterioridad a la ejecutoria de la providencia confutada, la Sala expuso \u00aba diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta\u2026retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida en pret\u00e9rita oportunidad \u2026que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio\u00bb (CSJ, STC 27 de mayo de 2011, exp, 00096-01, reiterada el 4 de oct. de 2013, exp. 02245-00). <\/p>\n
En lo atinente, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De manera que, como se indic\u00f3, el gestor no demostr\u00f3 la concurrencia de alguno de los eximentes se\u00f1alados por la jurisprudencia como exculpantes del presupuesto de la inmediatez, por lo que corresponde ratificar la improcedencia del amparo por ese criterio. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, sin que se advierta raz\u00f3n v\u00e1lida que justificara la tardanza en la interposici\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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