STC16149-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16149-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2022-00547-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena el pasado 11 de noviembre, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Construcciones y Urbanismo El Futuro S.A. contra el Tribunal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de esa ciudad; tr\u00e1mite al cual fue vinculada la sociedad Nieto & C\u00eda. S. en C. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La persona jur\u00eddica solicitante, obrando por conducto de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que estima lesionado por la entidad convocada. <\/p>\n
2. Del extenso libelo inicial y los medios de convicci\u00f3n obrantes en la actuaci\u00f3n se extracta que la sociedad Nieto & C\u00eda. S. en C. convoc\u00f3 un Tribunal de Arbitramento para dirimir unas controversias de \u00edndole contractual con Construcciones y Urbanismo El Futuro S.A. <\/p>\n
Dicha demanda fue admitida con auto del pasado 10 de agosto frente al cual el apoderado de la sociedad convocada interpuso recurso de reposici\u00f3n aduciendo \u00aba) [la] carencia de objeto litigioso, b) [la] caducidad de la acci\u00f3n y c) [la] incongruencia de la conciliaci\u00f3n extrajudicial con el objeto de la controversia actual\u00bb, el cual fue resuelto desfavorablemente a sus intereses 30 de septiembre siguiente, al considerar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la caducidad\u2026 ser\u00e1 analizad[a] y decidid[a] en la primera audiencia de tr\u00e1mite junto con la decisi\u00f3n de competencia del Tribunal (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) la figura de la conciliaci\u00f3n\u2026 solo es requisito de procedibilidad en los procesos que se tramiten ante la jurisdicci\u00f3n civil y no ante la arbitral para lo cual existe normatividad especial (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Construcciones y Urbanismo El Futuro acude a la presente herramienta para insistir en las argumentaciones presentadas en la actuaci\u00f3n objeto de escrutinio a trav\u00e9s del recurso horizontal, respecto de la \u00abincongruencia de la conciliaci\u00f3n extrajudicial\u00bb previamente solicitada por la sociedad demandante respecto del objeto del asunto por el cual fue convocado el Tribunal de Arbitramento. <\/p>\n
En efecto, asegura que dicha autoridad incurri\u00f3 en defecto sustantivo \u00abal aplicar la norma inaplicable (art. 35 en concordancia con el art\u00edculo 38 de la Ley 640 de 2001) y dejar de aplicar la norma aplicable (art. 19 de la Ley 640 de 2001)\u00bb. <\/p>\n
En apoyo de dicho aserto, se\u00f1ala que el tribunal accionado no tuvo en cuenta que \u00abla norma inaplicada es de naturaleza dispositiva, debido a que el legislador permite a las partes, en ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad de estas, acudir a este medio de resoluci\u00f3n de conflictos aun cuando no sea obligatoria como requisito de procedibilidad y, que, por ello, no excluye el arbitraje de la utilizaci\u00f3n de la conciliaci\u00f3n ya que esta norma no distingue si es o no es aplicable al arbitraje\u00bb. <\/p>\n
Afirma que, pese a que el agotamiento de dicho instrumento no es requisito para acudir al proceso arbitral, en el presente caso era importante tener en cuenta que la persona jur\u00eddica demandante la hab\u00eda citado previamente a conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho, buscando llegar a un arreglo concertado frente al \u00abmutuo desistimiento t\u00e1cito\u00bb del contrato de promesa de compraventa celebrado entre ambas, mientras que la pretensi\u00f3n de la demanda arbitral est\u00e1 encaminada a obtener la resoluci\u00f3n de dicho negocio jur\u00eddico por incumplimiento de la promitente vendedora, de all\u00ed que <\/p>\n
\u00ablos hechos que le dan soporte f\u00e1ctico a las pretensiones en cita, son sustancialmente diferentes, por lo que se trata de un litigio diferente al vertido en la solicitud de conciliaci\u00f3n vertido en la demanda arbitral en cuesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Pretende, en consecuencia, que se remuevan los efectos jur\u00eddicos del auto admisorio de la demanda. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal de Arbitramento convocado, por conducto de su presidente, pidi\u00f3 desestimar el ruego dada la inexistencia de la lesi\u00f3n atribuida, habida consideraci\u00f3n que \u00abno tom\u00f3 ninguna decisi\u00f3n contraria a derecho en el tr\u00e1mite del proceso\u00bb pues, \u00abla conciliaci\u00f3n de ninguna forma puede ser entendida como requisito de procedibilidad en los tr\u00e1mites arbitrales, ni se le puede atribuir los efectos que se le han dado en la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil\u00bb. <\/p>\n
2. El Procurador 9\u00ba Judicial II para Asuntos Civiles solicit\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n tuitiva comoquiera que el colegiado acusado no incurri\u00f3 en el yerro material enrostrado pues en la determinaci\u00f3n que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n contra la admisi\u00f3n de la demanda no se hizo menci\u00f3n alguna \u00ab-para aplicarla ni para inaplicarla- de la normatividad que en materia de conciliaci\u00f3n extrajudicial en materia civil consagra la Ley 640 de 2001. Por tanto\u2026 no se advierte que en tal decisi\u00f3n el tribunal haya dejado de aplicar el art\u00edculo 19 de la citada ley para aplicar los art\u00edculos 35 y 38 ib\u00eddem\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda \u00abtoda vez que no se vislumbra configurado el presunto defecto sustantivo afirmado en la demanda\u00bb pues el soporte normativo de la providencia cuestionada \u00abno fueron los art\u00edculos 35 y 38 de la Ley 640 de 2011 [sic], que ciertamente hacen referencia a la conciliaci\u00f3n extrajudicial como requisito de procedibilidad en asuntos civiles, de familia y contencioso administrativos. Por el contrario, la autoridad accionada acudi\u00f3 a las reglas de la Ley 1563 de 2012 y concluy\u00f3 la imposibilidad de exigir ese requisito en el caso concreto, dado que las antedichas normas nada dicen acerca de la conciliaci\u00f3n como requisito de procedibilidad en los tr\u00e1mites arbitrales\u00bb. <\/p>\n
En consonancia con lo anterior, advirti\u00f3 que contrario a lo entendido por la promotora, \u00abel Tribunal de Arbitraje no estaba obligado a aplicar en su an\u00e1lisis el art\u00edculo 19 de la Ley 640 de 2011, pues \u00e9ste no dispone que sea forzoso agotar la conciliaci\u00f3n extrajudicial\u2026 antes de presentar una demanda arbitral\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por la promotora insistiendo en que \u00abel tema objeto de tutela no es si la conciliaci\u00f3n es requisito de procedibilidad en el proceso arbitral\u00bb si no que \u00absi habiendo escogido el all\u00e1 convocante, aqu\u00ed tercero, la conciliaci\u00f3n prejudicial o extrajudicial, no como requisito de procedibilidad sino como \u201cmecanismo alternativo muy efectivo de acercamiento entre las partes en disputa\u201d\u2026 debe ser considerada admisible en el proceso arbitral que da origen a la acci\u00f3n de tutela y, en tal caso cu\u00e1les son sus consecuencias o efectos jur\u00eddicos\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que \u00abno se examin\u00f3 que el principio de la autonom\u00eda de la voluntad autoriza que se acuda a la audiencia de la conciliaci\u00f3n prejudicial o extrajudicial no como requisito de procedibilidad sino como ejercicio del derecho a la libertad, en su vertiente de la autonom\u00eda privada. Y que una vez se acude a este mecanismo debe mantenerse la pretensi\u00f3n de este mecanismo como acto propio al presentar la demanda (principio de buena fe\u2026) por ser vinculante [SIC]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el amparo cumple con el requisito de subsidiariedad y, de superarse lo anterior, si el Tribunal de Arbitraje accionado lesion\u00f3 las prerrogativas de Construcciones y Urbanismo El Futuro S.A., al no acoger las alegaciones plasmadas en el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto admisorio de la demanda relativas a la \u00abincongruencia de la conciliaci\u00f3n extrajudicial con el objeto de la controversia actual\u00bb pues, en su concepto, las pretensiones formuladas en dicho mecanismo preprocesal \u00abson sustancialmente diferentes\u00bb a las presentadas en el tr\u00e1mite arbitral de all\u00ed que \u00abse trate de un litigio diferente\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. De la subsidiariedad <\/p>\n
El precedente constitucional tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio, a menos que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un da\u00f1o irreparable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia, pues le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, toda vez que no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Del caso concreto <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 el fallo de primera instancia, pero no por las razones que tuvo la colegiatura para no acceder a las s\u00faplicas de la gestora, sino porque el resguardo desatiende el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
De acuerdo con los antecedentes y anexos que conciernen a la actuaci\u00f3n debatida y, tal como pudo comprobarse, el tr\u00e1mite judicial recriminado se encuentra cursando ante el Tribunal de Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de Cartagena y comoquiera que hasta ahora est\u00e1 comenzando, a\u00fan subsiste en ese escenario la posibilidad de someter a debate cuestiones como las propuestas a trav\u00e9s de este resguardo, pudiendo incluso acudir a los medios de impugnaci\u00f3n que autorizan la ley 1563 de 2012 y el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Dado ese contexto, resulta improcedente el resguardo porque no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se pretenda proveer soluci\u00f3n a cuestiones que corresponde dirimir al juez natural en las instancias oportunas, pues el amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo o alterno de los medios de defensa establecidos por la ley, y menos para anticiparse a las decisiones que compete proferir al accionado. <\/p>\n
En esas condiciones, acudir al auxilio constitucional resulta improcedente mientras el juicio controvertido est\u00e9 surti\u00e9ndose, m\u00e1xime cuando el pronunciamiento en torno a temas como el ac\u00e1 propuesto o la caducidad de la acci\u00f3n es un \u00edtem de obligatorio an\u00e1lisis y decisi\u00f3n por parte del juzgador de instancia y frente a lo cual puede, como se indic\u00f3, a trav\u00e9s de los medios de opugnaci\u00f3n previstos en el ordenamiento procedimental aplicable. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abel amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que, \u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rese, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC900-2016 y STC4645-2016). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se refrendar\u00e1 la decisi\u00f3n de primer grado, pero porque el resguardo desatiende el presupuesto de la subsidiariedad, habida cuenta que, como el proceso se encuentra en tr\u00e1mite, las cuestiones relacionadas con \u00e9ste deben ser dirimidas al interior de la actuaci\u00f3n y en las instancias correspondientes, lo que impide la injerencia del Juez de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley CONFIRMA el fallo impugnado, pero por las razones aqu\u00ed indicadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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