STC16153-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16153-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00397-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 4 de noviembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez Jaramillo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 2022-00654. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El 26 de agosto de 2022, el gestor present\u00f3 acci\u00f3n popular contra Pash SAS1, debido a que, supuestamente, \u00abes un establecimiento de comercio comercial (sic) abierto al publico (sic) [que] en la actualidad tiene una construcci\u00f3n anti-t\u00e9cnica a tal punto que los discapacitados o disminuidos f\u00edsicos ciudadanos que se movilizan en Silla de Ruedas, no pueden ingresar a dicho inmueble, pues no existe ACCESIBILIDAD, como lo ordena la ley 361 de 1997, violando igualmente algunos literales de la ley 472 de 1998\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al fallador enjuiciado, quien mediante prove\u00eddo del 13 de septiembre siguiente admiti\u00f3 la demanda y, entre otros, orden\u00f3 oficiar al \u00c1rea Metropolitana Centro Occidente como gestor catastral, para que se sirva informar al despacho la ficha catastral y la matr\u00edcula inmobiliaria donde funciona el establecimiento comercial en comento, as\u00ed como requerir a la parte convocada para que informe la calidad en que detenta el predio o local donde funciona aqu\u00e9l. <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n fue cuestionada a trav\u00e9s de reposici\u00f3n por el gestor, pues \u00abno es necesario requerir [ni que] se aporte a mi acci\u00f3n la ficha catastral ni matricula (sic) inmobiliaria. MENOS es necesario se demuestre por el accionado, la calidad que detenta el inmueble comercial abierto al p\u00fablico o donde funciona\u00bb; no obstante, mediante prove\u00eddo del 6 de octubre hoga\u00f1o se declar\u00f3 inadmisible el citado mecanismo. <\/p>\n
Inconforme con lo dispuesto, el actor acude al presente mecanismo excepcional, alegando que no solo el juzgado \u00abdespu\u00e9s de m\u00e1s de un mes de presentada\u00bb, sino que \u00abAduce el tutelado que mi reposici\u00f3n es insu\ufb01ciente y OLVIDA que [en] la acci\u00f3n popular prima [el] DERECHO SUSTANCIAL y que de modo claro le explique (sic), informe (sic), cont\u00e9 que la reposici\u00f3n era por no estar de acuerdo de (sic) la VINCULACI\u00d3N que pretende hacer del propietario del inmueble, PUES VA EN CONTRAV\u00cdA DE LA POSTURA DEL H TSSC DE PEREIRA Y desconoce que al no ser abogado, NO ME OBLIGA LA LEY A ESCRIBIR UN BESTSELLER para reponer, (\u2026) siendo asi (sic), debe reponer lo pedido el tutelado\u00bb. <\/p>\n
2. Pretende, en consecuencia, se ordene a la autoridad judicial convocada (i) \u00abdecrete nula LA VINCULACION QUE PRETENDE HACER EL JUZGADOR DEL PROPIETARIO DEL INMUEBLE AL NO SER NECESARIA Y CONTROVERTIR ABIERTAMENTE LA POSTURA DEL H TSSCF DE PEREIRA, COMO lo ha manifestado en innumerables fallos a nombre del ciudadano Gerardo herrera\u00bb; (ii) Se ordene nulidad de las vinculaciones que pretende hacer el tutelado\u00bb; as\u00ed mismo (iii) \u00abpido a la procuradora gral naci\u00f3n que coadyuve mi pretensi\u00f3n en la tutela pues NO SOY ABOGADO, SOY UN CIUDADANO CON VALOR CIVIL AMPARADO EN DERECHO pidiendo se d\u00e9 prelaci\u00f3n al derecho sustancial y a la celeridad procesal pidiendo NO VINCULAR AL PROPIETARIO DEL INMUEBLE, tal como es la postura en derecho del H TSSC DE PEREIRA y eso le pido a la procuradora actuar en derecho ya que el delegado no lo hace en acciones populares\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradora Regional de Risaralda precis\u00f3 que su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada, de ser el caso, a la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026) sin que [cuente con la] facultad de tomar decisiones frente al tr\u00e1mite del proceso judicial\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que el gestor no ha presentado a la entidad alguna petici\u00f3n, queja o reclamo relacionado con lo alegado. <\/p>\n
2. La Alcald\u00eda de Pereira y la Personer\u00eda de ese municipio, solicitaron su desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, al no tener injerencia alguna frente a lo reclamado por el interesado. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, tras relacionar cada una de las actuaciones desplegadas al interior del asunto constitucional criticado, pidi\u00f3 denegar la acci\u00f3n, por cuanto el ejercicio de la misma \u00ab exige que el accionante no cuente con otros mecanismos que le permitan ejercer su derecho de defensa dentro de la actuaci\u00f3n donde alega la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores\u00bb, m\u00e1s a\u00fan cuando a diferencia de lo considerado por el inconforme, no ha existido demora alguna en el tr\u00e1mite del asunto revisado. <\/p>\n
4. La compa\u00f1\u00eda Pash SAS, vinculada a las presentes diligencias, se opuso a lo esbozado por el actor, comoquiera que \u00abS\u00cd debe ser vinculado al tr\u00e1mite de acci\u00f3n popular promovido (\u2026) [al] ostenta[r] la calidad de arrendataria y mera tenedora del inmueble ubicado en la Calle 18 No. 6-54, Edificio Avance, Local 1 de la ciudad de Pereira en donde funciona actualmente el Establecimiento de Comercio, el cual es el objeto de la acci\u00f3n popular interpuesta por el Accionante. En este sentido, al no ser la propietaria del local comercial sobre el cual el Accionante est\u00e1 solicitando que se ejecuten obras tendientes a garantizar el acceso de personas en situaci\u00f3n de discapacidad, no es procedente que mi representada incurra en el valor y obligaci\u00f3n de ejecutar dichos trabajos, los cuales le corresponde asumir al propietario del inmueble y no al arrendatario\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el auxilio por incumplir con el presupuesto de la subsidiariedad, habida cuenta que, \u00absi bien el accionante formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el auto del 13 de septiembre de 2022, que orden\u00f3 las pruebas para obtener el nombre del propietario del inmueble donde funciona el establecimiento de comercio demandado; lo cierto es que, con auto del 6 de octubre \u00faltimo, fue declarado inadmisible, decisi\u00f3n no fue recurrida por el actor popular, para que el Juez revaluara la inadmisi\u00f3n del recurso y as\u00ed se pronunciara de fondo sobre el cuestionamiento que ahora trae en la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el convocante, se\u00f1alando que \u00abEL TUTELADO NO GUSTA RESOLVER REPOSICI\u00d3N ALGUNA EN T\u00c9RMINO DE TIEMPO PERENTORIO QUE LE IMPONE LA LEY, Y (\u2026) ADEM\u00c1S EL ACTOR POPULAR NO ES ABOGADO PARA CONOCER AL DEDILLO TAL O CUAL (SIC) RECURSO DEBE PRESENTAR\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad querellada, dentro de la acci\u00f3n popular adelantada por el interesado frente a Pash SAS (n\u00b0 2022-00654), lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada al (i) no resolver en t\u00e9rmino el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto admisorio de la demanda descrita en referencia, e (i) inadmitir el citado mecanismo. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n tuitiva no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
3.1. De la mora judicial <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica la jurisprudencia de esta Colegiatura ha sido abundante en referirse al incumplimiento del juez en sus deberes de proferir oportunamente las providencias a su cargo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC 15 feb. 1995, rad. 1937, reiterada entre otras en STC6490-2022, 25 may. 2022, rad. 00540-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u201d (\u2026)\u00bb (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, de la revisi\u00f3n que esta Corporaci\u00f3n realiz\u00f3 del reproche que formulado por el tutelante y atendiendo los elementos de convicci\u00f3n allegados a este tr\u00e1mite, prontamente se advierte que no existe la transgresi\u00f3n por \u00e9l denunciada relativa a que \u00abel juzgador CONTIN\u00daA desconociendo lo que le impone el art 120 CGP, pues resuelve mi reposici\u00f3n despu\u00e9s de m\u00e1s de un mes de presentada\u00bb, pues el despacho accionado no ha incurrido en el comportamiento de mora judicial atribuido que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el prop\u00f3sito de remediarla. <\/p>\n
En efecto, est\u00e1 demostrado que el 19 de septiembre de 2022 el actor interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el auto proferido el d\u00eda 13 anterior, a trav\u00e9s del cual se admiti\u00f3 la acci\u00f3n popular en comento, el que fue declarado inadmisible el 6 de octubre de 2022, es decir, transcurridos trece (13) d\u00edas h\u00e1biles, de donde se colige con suficiencia que, no se advierte una tardanza en proferir la decisi\u00f3n como para predicar vulneraci\u00f3n de las prerrogativas superiores del actor, m\u00e1xime cuando tal y como lo inform\u00f3 la autoridad convocada: <\/p>\n
\u00abEs plenamente conocida por el Tribunal Superior la oleada de acciones populares que al ser una acci\u00f3n constitucional tiene una prioridad sobre los dem\u00e1s procedimientos, por tener un tr\u00e1mite preferente. Se advierte que a la fecha activas hay m\u00e1s de 430. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Se han proferido m\u00e1s de 2900 autos por escrito y aproximadamente 1400 decisiones dentro de las audiencias de pacto de cumplimiento, 225 sentencias de primera instancia y 65 de segunda, se han realizado 392 audiencias, se han emitido m\u00e1s de 3000 oficios, 157 estados y hemos hecho 20 reuniones de trabajo para capacitarnos entre nosotros y organizar y evaluar nuestra productividad (Una reuni\u00f3n semanal y una duraci\u00f3n aproximada de dos horas)\u00bb. <\/p>\n
Debe recordarse, que este instrumento excepcional se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad enjuiciada, pues el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, en raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha puntualizado que, en este tipo de situaciones de \u00abmora judicial\u00bb, solo podr\u00e1n considerarse aquellas que carezcan de defensa, es decir, que resulte indudable la existencia de un comportamiento flagrantemente omisivo. Al respecto se anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, reiterada entre muchas otras en STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01). <\/p>\n
En suma, se itera, no todo \u00abretraso\u00bb dentro de un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del funcionario atacado, m\u00e1xime cuando la supuesta demora presentada en la resoluci\u00f3n del recurso formulado por el ac\u00e1 gestor frente al auto admisorio, no es producto de una evidente desidia de la judicatura, sino que obedece -como ya se indic\u00f3- a la alta carga laboral asignada al despacho. <\/p>\n
3.2 De la incuria <\/p>\n
Por otra parte, la procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada entre otros, en STC15121-2022, 9 nov. 2022, rad. 00217-01). <\/p>\n
En el caso que se revisa la solicitud de amparo no atiende el mentado requisito de la subsidiariedad en la modalidad de incuria, pues de conformidad con el material de convicci\u00f3n allegado por la c\u00e9lula judicial querellada, aunque mediante auto del 6 de octubre de 2022 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira decidi\u00f3 \u00abDeclarar inadmisible el recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el se\u00f1or Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez en contra del auto No. 02572 del 13-09-2022\u00bb, notificado en \u00abestado #149\u00bb publicado el 7 de octubre siguiente, el actor ning\u00fan reparo efectu\u00f3 pese a contar con el recurso de reposici\u00f3n, por lo que, al haber tenido el querellante a su alcance la herramienta judicial id\u00f3nea para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, y haberla desaprovechado injustificadamente, le qued\u00f3 vedada toda posibilidad de obtener lo que reclama a trav\u00e9s de este mecanismo especial. <\/p>\n
\u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC4310-2021, 23 abr. 2021, rad. 00884-00, citada en STC2378-2022, 2 mar. 2022, rad. 00015-01, entre otras). <\/p>\n
En estas circunstancias, cuando sin mediar justificaci\u00f3n que amerite flexibilizar el requisito de la subsidiariedad, el actor invoca la tutela sin haberse dirigido a la autoridad competente para poner de presente su reclamo o lo hace de manera defectuosa o incompleta, la Corte ha dicho y reiterado que este instrumento jur\u00eddico no tiene cabida, pues en raz\u00f3n a su propia incuria, queda sujeto a las consecuencias de la determinaci\u00f3n que le result\u00f3 adversa. <\/p>\n
Lo anterior, porque en raz\u00f3n a su naturaleza subsidiaria y residual, al auxilio solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los dem\u00e1s medios que se hallan a disposici\u00f3n del interesado, ya que de otra manera se convertir\u00eda en uno adicional para revivir las oportunidades clausuradas o para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como la que aqu\u00ed se discute. <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional <\/p>\n
En cuanto a las pretensi\u00f3n del gestor para que se ordene la vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite constitucional revisado de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que se manifieste sobre las actuaciones all\u00ed desplegadas, basta con se\u00f1alar que no se acredit\u00f3 que tal cuesti\u00f3n fuera formulada oportunamente ante la autoridad convocada, lo que la torna improcedente, pues a este mecanismo de protecci\u00f3n solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 lo resuelto por el tribunal, dado que i) no es posible atribuir a la colegiatura querellada una actitud negligente u omisiva a partir de la cual resulte evidente la vulneraci\u00f3n al debido proceso por mora judicial, y ii) la acci\u00f3n de amparo no se encuentra instituida para revivir herramientas procesales desperdiciadas por el propio descuido del interesado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Propietaria del establecimiento de comercio \u00abPATPRIMO 255 Pereira Avance\u00bb. <\/p>\n
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