STC16229-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16229-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04196-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela impulsada por Mario Restrepo contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Civil-Familia y, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Anserma (Caldas), as\u00ed como los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El gestor deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de su prerrogativa esencial al debido proceso, presuntamente conculcada por las dependencias repelidas. <\/p>\n
Y en concreto, se entiende, restar efecto a las resoluciones proferidas dentro del expediente popular n.\u00b0 \u00ab2022-00103\u00bb; tambi\u00e9n, que la entidad directora del ministerio p\u00fablico pruebe \u00abc[\u00f3]mo act\u00faa el procurador delegado\u00bb en ese rito, para que, de no ejercer sus funciones, \u00absea este investigado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico importante es el que a continuaci\u00f3n se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Juzgado Civil del Circuito de Anserma (Caldas) se surti\u00f3 el descrito litigio colectivo, por demanda del tutelante contra Clio 333 Inversiones S.A.S., de cuyo cauce provino fallo adverso a las pretensiones el 8 de julio de los corrientes, dada la \u00abcarencia actual de objeto por hecho superado\u00bb. Pronunciamiento confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Civil-Familia, en virtud de sentencia de 1\u00b0 de septiembre postrero, en sede de apelaci\u00f3n del all\u00ed y ahora promotor. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El precursor del pedimento de amparo de marras critic\u00f3, en estricto compendio, que la colegiatura jurisdiccional requerida rehusara conferirle \u00abagencias en derecho\u00bb al igual que la jueza de primer nivel, pues lo cierto es que \u00ab[l]a superaci\u00f3n del hecho no impide la condena en costas\u00bb, m\u00e1xime si \u00abla irregularidad denunciada exist\u00eda al momento\u00bb de reclamar popularmente. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Y sostuvo, de otro lado, que la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n no ha acreditado la forma en que se desempe\u00f1\u00f3 su representante en la contienda materia de debate. <\/p>\n
1. Esta Sala de la Corte dio inicio al pliego y, en paralelo, opt\u00f3 por librar las comunicaciones de h\u00e1bito. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Civil-Familia, enunci\u00f3 que la acudida es insubsistente, por pertinencia de su proveimiento. Ados\u00f3 copia del plenario disentido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n resalt\u00f3 que las censuras le son extra\u00f1as y que adolece de \u00abcompetencias (\u2026) para representar al accionante judicialmente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
4. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de activar siempre que resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de ayuda. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Corresponde, de un lado, auscultar en sus cimientos la sentencia proferida en apelaci\u00f3n por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Civil-Familia, dentro del paginario colectivo n.\u00b0 \u00ab2022-00103\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)[L]as costas corresponden a un instituto adjetivo que parte del reconocimiento de los rubros en que debe incurrir el litigante a lo largo del proceso con el prop\u00f3sito de sacar avante su tesis de acuerdo a la calidad que detenta\u2026, pi\u00e9nsese verbi gratia en el pago de aranceles judiciales, honorarios de peritos, estipendios destinados a publicaciones, entre otros que integran las conocidas \u201cexpensas\u201d; en similar direcci\u00f3n, encierra el aludido concepto el \u00edtem denominado \u201cagencias en derecho\u201d entendidas por la doctrina nacional como la \u201cretribuci\u00f3n por lo que la parte vencedora le cancela al abogado que la representa en el proceso\u201d\u2026, aceptado jurisprudencialmente que tambi\u00e9n es viable predicar su existencia incluso cuando se acude al aparato jurisdiccional sin la intervenci\u00f3n de un profesional del derecho. <\/p>\n
Ahora bien, aunque es cierto que de las disposiciones legales pertinentes se desprende que el sujeto a quien le haya sido desfavorable la decisi\u00f3n de fondo al interior de determinado asunto, se hace deudor de la condena en costas en beneficio de su contraparte, no lo es menos que el Estatuto Adjetivo supedita su procedencia est\u00e1 condicionada a que \u201c(\u2026) en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobaci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
En el sub j\u00fadice se observa que la juzgadora v\u00e1lidamente, en aplicaci\u00f3n de los postulados incorporados en el canon 365 del Estatuto Procesal Civil, concluy\u00f3 que no hab\u00eda raz\u00f3n para imponer costas a favor del se\u00f1or Mario Restrepo, dado que el allanamiento de la encartada a la adecuaci\u00f3n que le ata\u00f1\u00eda en observancia a los lineamientos que respecto accesibilidad f\u00edsica traen las leyes 361 de 1997, 1346 de 2009 y\u2026 1618 de 2013, desdibujaba el factor de presunta vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, al paso que descartaba cualquier tipo de controversia que diera lugar al reconocimiento del rubro aludido, aserto al que adicion\u00f3 que el actor popular no incurri\u00f3 en costos relativos al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En efecto, estudiada la normativa referida se tiene que las costas solo habr\u00e1n de considerarse como una obligaci\u00f3n de la parte vencida, lo que en el presente caso no se avizora atendiendo a la negativa de las pretensiones, independiente de que ella acaeciera por el hecho superado que deriv\u00f3 de la actuaci\u00f3n aut\u00f3noma de la persona jur\u00eddica demandada en curso de la acci\u00f3n; pero m\u00e1s importante es que examinadas la totalidad de intervenciones procesales del recurrente, de inmediato se extrae su exigua participaci\u00f3n, limitada a la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n[ y] a solicitar el acceso al expediente digital y la emisi\u00f3n de una sentencia anticipada con agencias en derecho a su favor. <\/p>\n
Y es que en realidad del cartulario aflora que el inconforme se sustrajo de aportar prueba de las afirmaciones en que sustentaba su pedimento, no compareci\u00f3 a la audiencia de pacto de cumplimiento conduciendo esa ausencia a que se declarara fallida, omiti\u00f3 allegar alegatos conclusivos que de fondo respaldaran su postura procesal y en suma, se dedic\u00f3 en sus escasos memoriales a deprecar que le fuera concedida una retribuci\u00f3n econ\u00f3mica por el concepto indicado, pretendiendo sin agotar ninguna gesti\u00f3n probatoria o procesal, obtener los beneficios pecuniarios que por intermedio de la alzada exige, cuyo prop\u00f3sito lejos de enriquecer al actor popular, es compensarle sus esfuerzos en tiempo, dedicaci\u00f3n y diligencia aras de materializar los mandatos constitucionales y legales, esmero que por lo explicado, en el sub lite no se verifica. <\/p>\n
Conforme lo rese\u00f1ado, mal har\u00eda en aceptarse que el accionante se hizo acreedor a la condena en costas procesales, cuando qued\u00f3 acreditado que a m\u00e1s de mediar la desestimaci\u00f3n a las pretensiones, la m\u00ednima actividad del recurrente trunca la concurrencia de las condiciones adjetivas para considerar generada gratificaci\u00f3n de alg\u00fan tipo a su favor. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Pese a la improsperidad del recurso, no se condenar\u00e1 en costas en esta instancia por no encontrarse demostrado que el actor obrara con temeridad o mala fe -art. 38[,] Ley 472 de 1998-, ni reunirse las condiciones a que alude el art\u00edculo 365 del C.G.P. para ello\u2026 <\/p>\n
Veredicto que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, lo que descarta las trasgresiones aducidas, las cuales, por ende, no son de recibo en esta calzada excepcional de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, el ac\u00e1 quejoso revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el Tribunal de Manizales dispuso confirmar \u2013en senda de apelaci\u00f3n\u2013 el despacho adverso de \u00abcostas\u00bb, luego de hacer interpretaci\u00f3n de las pautas legales regulatorias del asunto (y en especial, sobre las \u00abagencias en derecho\u00bb), en la medida en que no se configuraron los presupuestos necesarios para emitir condena por tales expensas, al no estar acreditada su causaci\u00f3n dentro del juicio en el que aquel fungiera como reclamante. Planteamientos que son dif\u00edciles de desaprobar de plano o calificarlos de aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026)no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas\u00bb en el finiquite del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Divergir del basamento de un dictado judicial no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si de relieve se pone que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [sugerir] al fallador una [cierta] interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables (\u2026) o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En complemento, y en lo que ata\u00f1e al reproche y clamor contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, baste con se\u00f1alar que no obra prueba en el dossier que permita concluir que el ahora inicialista pidi\u00f3 ante esa entidad el acompa\u00f1amiento por \u00e9l extra\u00f1ado, lo que desdice de la afectaci\u00f3n atribuida acerca de dicho aspecto. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Asimismo, si considera que hubo alguna gesti\u00f3n irregular por parte del procurador delegado en la contienda colectiva sub examine, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo la responsabilidad y consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente al tema, esta Corporaci\u00f3n previno: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871 y STC14669 de 2016). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se impone, sin m\u00e1s, cerrar paso a la salvaguarda protestada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el resguardo implorado. <\/p>\n
Oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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