STC16233-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16233-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04162-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Laura Valentina Mu\u00f1oz Osorio contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origina la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar sin efecto la decisi\u00f3n de 14 de octubre de 2022 y, en consecuencia, se ordene al Tribunal \u00abque el lugar de devolverle la pelota al a-quo, en el marco del tr\u00e1mite y decisi\u00f3n en debida forma del recurso de apelaci\u00f3n oportunamente ejercido en el marco del tr\u00e1mite incidental promovido dentro del proceso de divorcio con\u2026 radicaci\u00f3n 1700131100020200027800, ejerza su prudente arbitrio para cuantificar el da\u00f1o moral a reparar a costa del extremo demandante\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. Mauricio Andr\u00e9s Alba Villarraga formul\u00f3 demanda de divorcio, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal contra Laura Valentina Mu\u00f1oz Osorio, asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero de Familia de Manizales, autoridad que, el 22 de abril de 2022 decret\u00f3 el divorcio por mutuo acuerdo entre las partes. <\/p>\n
2.2. Refiri\u00f3 la promotora que previo a la audiencia del 22 de abril de 2022, present\u00f3 solicitud de incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios morales a su favor y en contra del demandante; el 24 de agosto siguiente, el estrado judicial neg\u00f3 dicha indemnizaci\u00f3n; decisi\u00f3n que, el 14 de octubre de los corrientes, el Tribunal revoc\u00f3 y, en su lugar, le orden\u00f3 al Juzgado agotar el tr\u00e1mite incidental conforme lo dispone el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo General del Proceso, comoquiera que, ante la complejidad del asunto, es forzosa la etapa probatoria, en punto a los perjuicio reclamados. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, el Juez \u00abdebi\u00f3 reconocer la indemnizaci\u00f3n de perjuicios morales solicitada\u2026 en la respectiva sentencia de divorcio\u00bb y no emitir la decisi\u00f3n con posterioridad. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 que el Tribunal si bien le dio la raz\u00f3n como apelante, lo cierto es que \u00aben realidad prolonga la v\u00eda judicial de hecho\u00bb, toda vez que, \u00absi de pruebas se trataba en el caso concreto, el funcionario judicial de segundo grado pudo ordenarlas y practicarlas en segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto por los art\u00edculos 327 y 328 del C\u00f3digo General del Proceso, y al no hacerlo tambi\u00e9n pretermiti\u00f3 el ejercicio de las facultades extra y ultra petita, cuyo ejercicio es procedente en este tipo de asuntos\u00bb, m\u00e1xime cuando dentro de los perjuicios reclamados est\u00e1 las sumas \u00abpara resarcir los gastos derivados del amparo de los derechos fundamentales a la educaci\u00f3n y a la salud de la hija\u2026 en com\u00fan\u00bb. <\/p>\n
2.5. Refiri\u00f3 que el colegiado criticado desconoci\u00f3 el canon 35 del C\u00f3digo General del Proceso, habida cuenta que, la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 sobre el incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios deb\u00eda ser una determinaci\u00f3n proferida por la sala de decisi\u00f3n y no por el magistrado sustanciador. <\/p>\n
2.6. Destac\u00f3 que \u00abdevolver el tr\u00e1mite incidental hasta la conjetura de pr\u00e1ctica de pruebas en realidad est\u00e1 creando una tercera oportunidad de defensa procesal a favor del extremo demandante, as\u00ed como lesiona las garant\u00edas de que esta clase de cuestiones sea resuelta dentro de un plazo razonable y sin revictimizaciones para la mujer, m\u00e1xime que, la respectiva solicitud de indemnizaci\u00f3n de perjuicios morales se elev\u00f3 desde el d\u00eda 22 de abril de 2022, y despu\u00e9s de siete meses de haberse declarado el divorcio entre los c\u00f3nyuges, a\u00fan no se han tasado los perjuicios que era obligaci\u00f3n fijar en la respectiva sentencia\u00bb, adem\u00e1s, porque en su sentir, \u00abes absurdo que se ordene practicar pruebas acerca de la existencia e intensidad del sufrimiento de una persona -inherente al mal comportamiento de su c\u00f3nyuge-\u00bb. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que lo relativo al \u00abconjetural maltrato\u00bb indicado por el Tribunal, ya fue valorado al interior del juicio ejecutivos de alimentos, por lo que \u00aben virtud de la garant\u00eda constitucional del non bis in idem nadie puede ser juzgado dos veces por los mismo hechos\u00bb, sumado a que, la reparaci\u00f3n integral elevada \u00abno se inscribi\u00f3 en la causal de \u201cmaltrato\u201d, como ya se dijo, cualquier hecho susceptible de adecuaci\u00f3n en ese concepto sucedi\u00f3 en el pasado, exactamente, hace ocho a\u00f1os, y no tiene ning\u00fan sentido regresar a aqu\u00e9l ni para recordar\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Tercero de Familia de Manizales relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; manifest\u00f3 que en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal, decret\u00f3 pruebas y fij\u00f3 para el 6 de marzo de 2023 audiencia de que trata el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Manizales inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria, pues se fund\u00f3 en la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso concreto. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, los convocados no hab\u00edan efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, porque resulta razonable la cuestionada providencia de 14 de octubre de 2022, mediante el cual el Tribunal acusado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia y, en su lugar, le orden\u00f3 al Juzgado agotar el tr\u00e1mite incidental desde el decreto de pruebas. <\/p>\n
En efecto, en tal decisi\u00f3n, despu\u00e9s de hacer referencia a los diferentes escritos presentados por la actora en punto a los gastos que, en su sentir, deben ser resarcidos a trav\u00e9s del incidente, estudi\u00f3 el tr\u00e1mite impartido al asunto por el a quo, precisando que: <\/p>\n
Seguidamente, con apoyo en la jurisprudencia (SU080-2020 y SU515-2013) resalt\u00f3 el defecto f\u00e1ctico por omisi\u00f3n en el decreto y pr\u00e1ctica de pruebas y, en punto a las reglas para el tr\u00e1mite de incidente por reparaci\u00f3n de perjuicios cit\u00f3 la SC5039-2021, indicando que: <\/p>\n
Al tiempo, la sentencia SC 5039 de 2021 de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, se encarg\u00f3 de establecer las reglas para el tr\u00e1mite del incidente por reparaci\u00f3n de perjuicios, as\u00ed como los presupuestos y t\u00e9rminos para su inicio, en casos semejantes a suscitado y analizado en esta oportunidad. A la saz\u00f3n, acot\u00f3: <\/p>\n
\u201c\u2026 En ese sentido, la parte interesada en que se adelante este procedimiento accesorio deber\u00e1 presentar una solicitud incidental dentro de los treinta d\u00edas siguientes a la ejecutoria del fallo respectivo, en aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica de lo dispuesto en el art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso, debi\u00e9ndose precisar que, dadas las condiciones especiales de este tipo de asuntos, el derecho de reparaci\u00f3n de la v\u00edctima no se extinguir\u00e1 en caso de no presentar ese reclamo incidental en el t\u00e9rmino anotado. En este supuesto, simplemente tendr\u00e1 que acudir a las otras v\u00edas procesales que dispone el ordenamiento para obtener su reparaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, en la referida solicitud deber\u00e1n especificarse las pretensiones de reparaci\u00f3n de la v\u00edctima, y de ser necesario, tendr\u00e1n que precisarse los alcances de los actos de maltrato o de las secuelas da\u00f1osas padecidas, as\u00ed como la solicitud de pruebas que pretendan hacerse valer, debi\u00e9ndose insistir en la posibilidad de que el juez y las partes se sirvan de todas las evidencias que se practicaron durante el juicio de existencia de uni\u00f3n marital de hecho. De aquel escrito se correr\u00e1 traslado a la contraparte, por el t\u00e9rmino que establece el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo General del Proceso, con el prop\u00f3sito de que ejerza su derecho de defensa en la forma que estime pertinente. <\/p>\n
Vencido el plazo de traslado, el fallador convocar\u00e1 a audiencia mediante auto, en el que decretar\u00e1 las pruebas solicitadas por las partes \u2013a condici\u00f3n de que estas sean conducentes, pertinentes y \u00fatiles para esclarecer las variables de la responsabilidad civil por la que se averigua\u2013, as\u00ed como las que de oficio estime necesarias para clarificar el panorama f\u00e1ctico. En esa audiencia, proceder\u00e1 en la forma indicada en el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso, de modo que tras practicar las pruebas y o\u00edr los alegatos de los litigantes, dictar\u00e1 sentencia, la cual es pasible de los recursos que prev\u00e9n las normas ordinarias. <\/p>\n
De esta forma, el juez de la causa podr\u00e1 determinar la existencia y entidad del da\u00f1o causado, y ordenar las reparaciones que en derecho correspondan, con plenas garant\u00edas de defensa y contradicci\u00f3n para las partes\u201d. (negrilla de la Magistratura) <\/p>\n
Y en sentencia STC 15780 de 2021, se expres\u00f3: <\/p>\n
\u201c\u2026 Dar impulso oficioso al recaudo y pr\u00e1ctica de pruebas. Es deber del funcionario judicial desplegar toda la actividad probatoria posible, incluso oficiosa, para corroborar los supuestos f\u00e1cticos del caso como, por ejemplo, la existencia de una violencia de g\u00e9nero o la configuraci\u00f3n de una relaci\u00f3n contractual (T-093\/19). <\/p>\n
La falta de exhaustividad en el recaudo probatorio es una falla del Estado en el cumplimiento de los deberes de garant\u00eda y protecci\u00f3n judicial previstos en los art\u00edculos 8 y 25 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, luego entonces, no es permitido al juez archivar los procesos o investigaciones a su cargo por falta de material probatorio, sin que se haya hecho uso de los poderes oficiosos, cuando se hace una evaluaci\u00f3n fragmentado o se le da alcance distinto al contexto de la mujer al momento de valorar el acervo allegado, desestimando la existencia de un patr\u00f3n de violencia (T-735\/17)\u201d. (Resaltado del Despacho). <\/p>\n
En efecto, la providencia confutada consider\u00f3, despu\u00e9s de analizar las reglas de responsabilidad previstas en la precitada sentencia, que \u00abno hab\u00eda lugar a estudiar la responsabilidad del demandado en la ruptura de la relaci\u00f3n matrimonial, porque la cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio se produjo de consuno\u00bb, haciendo caso omiso al deber de verificar la violencia de g\u00e9nero aludida por la reclamante e indemnizar a la v\u00edctima, incluso oficiosamente, indistintamente de la naturaleza del proceso o la iniciaci\u00f3n de otro rito que derive en tal declaratoria\u201d. <\/p>\n
Y concluy\u00f3: <\/p>\n
Al rompe, se advierte que el a quo desestim\u00f3 las pautas fijadas por el Alto Tribunal Constitucional cuando de este tipo de asuntos tan complejos se trata. En ese orden, teniendo claro cu\u00e1l debi\u00f3 ser el curso procesal, emerge no solo evidente la omisi\u00f3n en la oportunidad para decretar o practicar pruebas, incluida la vigorosa y forzosa herramienta de las potestades-deberes oficiosos, sino tambi\u00e9n un yerro may\u00fasculo que para nada puede ser desatendido por esta Magistratura, y es que, a m\u00e1s de la omisi\u00f3n se\u00f1alada, culmin\u00f3 el asunto con auto definitorio, cuando a la luz de lo estatuido en el art\u00edculo 283 del Estatuto General Proceso, en consonancia con lo rese\u00f1ado en l\u00edneas anteriores en las providencias evocadas, debi\u00f3 dictarse sentencia, cuesti\u00f3n que, por cierto, no es meramente formal en cuanto tiene impacto sobre los medios de impugnaci\u00f3n. As\u00ed las cosas, la decisi\u00f3n no solo fue prematura porque no medi\u00f3 decreto probatorio, sino que fue errada en la medida que se emiti\u00f3 un auto cuando el pronunciamiento debi\u00f3 ser por conducto de un fallo. <\/p>\n
11. Ergo, siendo precipitado el obrar del Juzgado y errado en su resoluci\u00f3n, no deviene plausible para esta Magistratura, en una posici\u00f3n garante de los derechos reclamados por una mujer que alega ser v\u00edctima de un conjetural mal trato por parte de su ex pareja, sin que ello implique alg\u00fan tipo de prejuzgamiento, entrar a resolver sobre la posible configuraci\u00f3n de una aparente violencia que demande la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios alegada en un incidente que, a no dudarlo, est\u00e1 hu\u00e9rfano del decreto de pruebas. <\/p>\n
12. Colof\u00f3n, a juicio de esta Superioridad, en armon\u00eda con la argumentaci\u00f3n propuesta, dadas las particularidades del asunto, se impone revocar el auto replicado y, en su lugar, se declarar\u00e1 que la decisi\u00f3n adoptada fue prematura y errada en su naturaleza y, a su turno, se dispondr\u00e1 que para materializar un genuino saneamiento constitucional se agote el tr\u00e1mite incidental, empezando desde el decreto de pruebas y culminando con sentencia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que las quejas de la peticionaria no encuentran recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la quejosa es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n accionada interpret\u00f3 la jurisprudencia y las normas que regulan el incidente de reparaci\u00f3n de perjuicios, concluyendo que, en una posici\u00f3n garante para con la incidentista, lo pertinente era decretar y practicar pruebas respecto a la indemnizaci\u00f3n por perjuicios reclamados por aqu\u00e9lla, al tiempo que, la misma debi\u00f3 dictarse a trav\u00e9s de sentencia con el fin de tener a su alcance los medios de impugnaci\u00f3n pertinentes, situaci\u00f3n que, en todo caso, muestra garant\u00edas con el fin de no cercenar la primera instancia a los intervinientes en el juicio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los fundamentos de la autoridad judicial querellada plasmados en la providencia reprochada no pueden ser desaprobados de plano o calificados de absurdos o arbitrarios, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Al respecto tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Por otra parte, en cuanto a que la decisi\u00f3n emitida por el fallador encausado debi\u00f3 ser emitida por la Sala y no por el Magistrado sustanciador, desatendiendo las disposiciones del art\u00edculo 35 del C\u00f3digo General del Proceso, advierte la Sala que dicho reclamo tambi\u00e9n est\u00e1 llamado al fracaso, comoquiera que dicho la citada norma establece que \u00abcorresponde a las salas de decisi\u00f3n dictar las sentencias y los autos que decidan la apelaci\u00f3n contra el que rechace el incidente de liquidaci\u00f3n de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposici\u00f3n a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella. El Magistrado sustanciador dictar\u00e1 los dem\u00e1s autos que no correspondan a la sala de decisi\u00f3n\u2026\u00bb, de donde se evidencia que la decisi\u00f3n recurrida en alzada no se encuentra enmarcada dentro de las all\u00ed dispuestas que deben ser adoptadas por la Sala, de ah\u00ed que el hecho alegado por la promotora se torna inexistente. <\/p>\n
Entonces, teniendo en cuenta que la situaci\u00f3n de hecho que causaba la supuesta amenaza a las garant\u00edas fundamentales de la tutelante es inexistente, la solicitud de amparo no tiene ninguna raz\u00f3n de ser, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (subraya y negrilla fuera de texto) (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en CSJ STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
4. Por lo dem\u00e1s, pertinente es indicar a la promotora que si lo pretendido es el incremento de la cuota de alimentos fijada a favor de la menor de edad, cuenta con las v\u00edas judiciales pertinentes para tal fin, las cuales debe incoar ante las autoridades competentes, agotando el debido tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Lo anterior impone negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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