STC16235-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16235-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01983-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 6 de octubre de 2022, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Abel Antonio Alarc\u00f3n Ar\u00e1nzazu contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, la Sala Laboral del Tribunal Superior, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, ambos de Medell\u00edn, el Ministerio de Educaci\u00f3n y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional de Antioquia, actuaci\u00f3n a la que fueron vinculadas las partes en el tr\u00e1mite objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte \u00abque se realice la respectiva notificaci\u00f3n personal del prove\u00eddo determinado por la sala\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Abel Antonio Alarc\u00f3n Ar\u00e1nzazu promovi\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el Juzgado Quinto Laboral de esa ciudad, el Ministerio de Educaci\u00f3n y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional de Antioquia, al considerar que sus garant\u00edas de primer grado se vulneraron al interior del proceso judicial en el que solicit\u00f3 la sustituci\u00f3n pensional por el fallecimiento de su compa\u00f1era permanente, pues se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, quien con fallo de 7 de julio de 2004 neg\u00f3 el amparo suplicado; decisi\u00f3n que, al no ser impugnada, se remiti\u00f3 a la Corte Constitucional, donde el 27 de agosto siguiente, fue excluida de su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, que se incurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto, comoquiera que, no fue notificado del auto que avoc\u00f3 el conocimiento de la petici\u00f3n de amparo, as\u00ed como tampoco del fallo all\u00ed emitido, raz\u00f3n por la que no pudo impugnar tal decisi\u00f3n; relievando que, ten\u00eda derecho a la sustituci\u00f3n pensional reclamada. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Fiduprevisora S.A. pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda, al considerar que no es la llamada a responder las peticiones constitucionales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda 32 Judicial II en Asuntos del Trabajo y Seguridad Social inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que incumple el presupuesto de inmediatez, toda vez que, han transcurrido m\u00e1s de 18 a\u00f1os desde la supuesta vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral del esta Corte inform\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela con radicaci\u00f3n interna 10658 se profiri\u00f3 el 7 de julio de 2004; que las providencias dictadas con anterioridad al acuerdo 664 de 2015 est\u00e1n regladas por la Tabla de Retenci\u00f3n Documental, por lo que las acciones de tutelas conocidas en primera instancia por esa Corporaci\u00f3n deben permanecer en el archivo general durante 1 a\u00f1o y en el archivo central por 4 a\u00f1os; que consultados todos los archivos, existe una copia de los telegramas del enteramiento de dicha tutela en formato Word, mismo que no es suficiente para establecer con certeza el tr\u00e1mite seguido en ese momento; que ante la imposibilidad de consultar el expediente de tutela, no puede indicar el tr\u00e1mite impartido, la fecha en que se notific\u00f3 y las respectivas constancias. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte anot\u00f3 que el 3 de agosto de 2022 le reiter\u00f3 al promotor lo ya enunciado en abril anterior, donde le inform\u00f3 que frente a la sentencia de tutela de 7 de julio de 2004 hab\u00eda operado la cosa juzgada constitucional, por cuanto fue excluida de revisi\u00f3n, relievando que, despu\u00e9s de 18 a\u00f1os no era de recibo la argumentaci\u00f3n de que dicha decisi\u00f3n no le fue notificada; remiti\u00f3 copia del mentado fallo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que el reparo sobre la supuesta falta de enteramiento del auto que avoca el conocimiento de la acci\u00f3n, incumple el presupuesto de inmediatez, comoquiera que, han transcurrido 18 a\u00f1os desde la conculcaci\u00f3n del presunto da\u00f1o. <\/p>\n
Por otra parte, resalt\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n supralegal contra sentencias de tutela, m\u00e1xime cuando el asunto fue excluido de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional, por lo que el asunto criticado hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abes improcedente exigirle a la autoridad accionada que ubique y exponga en este nuevo tr\u00e1mite las constancias de notificaci\u00f3n tanto del auto que avoc\u00f3 el conocimiento de la acci\u00f3n de tutela como del fallo de primera instancia, pues las disposiciones legales determinan la organizaci\u00f3n estructural de la Corporaci\u00f3n actualmente no se cuenta con esas piezas procesales\u00bb, esto, por cuanto las reglas contenidas en la Tabla de Retenci\u00f3n Documental del a\u00f1o 2015, las acciones de tutela de primera instancia conocidas por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral deben permanecer en el archivo general durante un a\u00f1o y en el archivo central por cuatro a\u00f1os, t\u00e9rmino que, para el caso concreto se super\u00f3 ampliamente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos tra\u00eddos en la demanda de amparo, reiterando que, nunca fue notificado del auto admisorio ni del fallo de tutela con radicaci\u00f3n n\u00b0 10658; resalt\u00f3 que lo decidido por la autoridad querellada en ese fallo de tutela, desconoci\u00f3 su v\u00ednculo de compa\u00f1ero permanente, por lo que ten\u00eda derecho a la sustituci\u00f3n pensional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No cabe duda de que el objeto del presente reclamo recae sobre el tr\u00e1mite de tutela que culmin\u00f3 con fallo dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte el 7 de julio de 2004; decisi\u00f3n que, deduce no estudi\u00f3 de fondo su reclamo constitucional, pues tiene derecho a la sustituci\u00f3n pensional de su compa\u00f1era permanente, adem\u00e1s, no fue enterado de las decisiones all\u00ed emitidas. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 ene. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, surge palmario que el inconforme tiene dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
De modo que la petici\u00f3n elevada por el actor no podr\u00e1 ser atendida, m\u00e1xime cuando la tutela cuestionada fue excluida de revisi\u00f3n el 27 de agosto de 2004, conforme se verific\u00f3 en el portal web de la Corte Constitucional (T-0956105), sin que aqu\u00e9l efectuara solicitud alguna ante ese Alto Tribunal. <\/p>\n
3.1. Ahora, no olvida la Sala que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC15516-2015, 11 nov., rad. 02680-00; STC-2015, 2 dic., rad. 03067-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC- 2016, 7 abr., rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
Sin embargo, en el caso de autos no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguno de los eventos antes rese\u00f1ados y que permitir\u00edan un an\u00e1lisis respecto de tal situaci\u00f3n, toda vez que la queja del peticionario no se contrae a dichas situaciones. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, se destaca que no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable, m\u00e1xime con lo prologando del tiempo transcurrido desde conculcaci\u00f3n del supuesto da\u00f1o, esto es, m\u00e1s de 18 a\u00f1os, lo que demuestra la ausencia de inminencia y urgencia que acredite la procedencia del amparo, aun por lo menos como mecanismo transitorio, pues como lo ha dicho la jurisprudencia, debe acreditarse los siguientes supuestos que, para el caso concreto, se itera, se hallan ausentes: <\/p>\n
<\/p>\n
\u2026esta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d. (CC T-377\/11, reiterada en CSJ STC, 19 abr. 2012, rad. 2012-00126-01 y STC17372, 30 nov. rad. 2016-02357-01) <\/p>\n
5. Por consiguiente, se impone ratificar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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