STC16245-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16245-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04166-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, extensiva a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por las autoridades accionadas, por lo que pidi\u00f3 que se ordene a la sede judicial accionada \u00abreconozca agencias en derecho a [su] favor en ambas instancias\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n se requiera a la Procuradur\u00eda \u00abprobar en derecho como act\u00faa el procurador delegado en [la] acci\u00f3n popular hoy tutelada y de no actuar dicho procurador sea este investigado\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Instituto Latinoamericano de Educaci\u00f3n SAS (IDONTEC SAS) -radicaci\u00f3n 2022-00166-, que se declar\u00f3 impr\u00f3spera con sentencia del 27 de septiembre de 2022, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandante, siendo confirmada con providencia del once de noviembre pasado. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el despacho judicial accionado \u00abcree poder negar las agencias en derecho a [su] favor, inaplicando art 365-1 CGP, so pretexto de que existe hecho superado en [su] acci\u00f3n popular\u00bb; que \u00abdesconoce de tajo el tutelado, la sentencia en sede de tutela en acci\u00f3n popular fechada 5 de marzo de 2008, exp rad 2008 00238, donde se consign\u00f3 [que] la superaci\u00f3n del hecho no impide la condena en costas -agencias en derecho- \u2026, pues la ley no contempla esa consecuencia\u00bb; y que \u00abla irregularidad denunciada exist\u00eda al momento de presentarse la demanda, que estando en tr\u00e1mite la acci\u00f3n se adecuaron las instalaciones\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que \u00abno tiene asignadas competencias para administrar justicia y, por ende, no es quien debe decidir con respecto a lo solicitado por el accionante; y tampoco tiene competencias asignadas para representar al accionante judicialmente\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil-Familia de Manizales precis\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite se surti\u00f3 conforme a las normas procesales y constitucionales vigentes, garantiz\u00e1ndose a cabalidad los derechos de contradicci\u00f3n y defensa de las partes\u00bb. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la sentencia de 11 de noviembre pasado, que confirm\u00f3 la dictada el 27 de septiembre de 2022, no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que consideraba inviable conceder las agencias en derecho que reclam\u00f3 el quejoso, aspecto sobre el que precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026 para la condena en costas es importante valorar no solo el criterio objetivo establecido en el numeral 1 del art\u00edculo 365, sino que adem\u00e1s ha de atenderse a los preceptos complementarios que determinan las bases sobre las cuales se debe apoyar su imposici\u00f3n, tales como, la prosperidad total o parcial de lo litigado, el mayor o menor inter\u00e9s de los litigantes, el resultado de la instancia cuando la decisi\u00f3n la profiere el superior, el litigante favorecido con la providencia, los gastos que hayan sido \u00fatiles y correspondan a los autorizados por la ley, entre otros, todo lo cual debe aparecer causado y respaldado en el expediente. <\/p>\n
En lo que concierne a las agencias en derecho, el numeral 4 del canon 366 \u00eddem se\u00f1ala que est\u00e1n sujetas a las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en consideraci\u00f3n a la naturaleza, calidad y duraci\u00f3n de la gesti\u00f3n realizada por el apoderado o la parte que litig\u00f3 en causa propia, la cuant\u00eda del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder los m\u00e1ximos fijados; se trata de un ejercicio ligado a la actividad desplegada por la parte, directamente o por medio de apoderado, perceptible a trav\u00e9s de su participaci\u00f3n en el quehacer procesal, como su asistencia e intervenci\u00f3n en audiencias y diligencias, presentaci\u00f3n de memoriales, aportaci\u00f3n de pruebas y colaboraci\u00f3n para su pr\u00e1ctica, control del proceso, acatamiento a los requerimientos del juez, y en general la vigilancia, atenci\u00f3n y cuidado del pleito; o como la ha denominado la Corte Suprema de Justicia, la carga de vigilancia. <\/p>\n
En resumen, no basta una decisi\u00f3n favorable para emitir una condena en costas en el componente de las agencias en derecho, siempre es menester evaluar con sana cr\u00edtica la actividad, diligencia y atenci\u00f3n de la parte triunfante; as\u00ed lo record\u00f3 ese alto Tribunal en la sentencia STC9688 de 2022, al exponer que \u201cel numeral 4 del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso y el acuerdo PSAA16-10554 de 2016 determinan que el valor de las agencias en derecho es determinado por el juez de forma discrecional, quien debe tener en cuenta las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura, la naturaleza, calidad y duraci\u00f3n de la actuaci\u00f3n realizada por el apoderado o la parte que litig\u00f3 personalmente, as\u00ed como la cuant\u00eda del proceso y dem\u00e1s circunstancias que permitan valorar la labor jur\u00eddica desarrollada. (\u2026). Emerge entonces con claridad que es el juzgador quien de manera aut\u00f3noma est\u00e1 llamado a estudiar la procedencia de las agencias en derecho, sopesando las particularidades de cada asunto; \u2026\u201d <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
El actor popular apel\u00f3 la sentencia de primera instancia porque considera que debi\u00f3 emitirse una condena en costas a su favor, ya que las acciones desplegadas por la accionada fueron posteriores a la notificaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Pues bien, al revisar el expediente se encuentra que con el escrito percutor se anexaron tres fotograf\u00edas de la fachada del inmueble con nomenclatura 11-27, pudi\u00e9ndose observar que la puerta de acceso no tiene ninguna clase de rampa. <\/p>\n
El d\u00eda 15 de julio de 2022 el Juzgado admiti\u00f3 la acci\u00f3n popular y entre otras cosas, orden\u00f3 notificar a la demandada y correrle traslado por diez d\u00edas, as\u00ed como oficiar a la Oficina Asesora de Planeaci\u00f3n e Infraestructura del municipio para que en tres d\u00edas h\u00e1biles informe \u201csi a la totalidad de las instalaciones del local comercial ocupado por el Instituto Latinoamericano de Educaci\u00f3n SAS \u2013 IDONTEC\u2026, pueden acceder personas en silla de ruedas o en condiciones de movilidad reducida\u201d. <\/p>\n
La entidad demandada fue notificada el 18 de los mismos mes y a\u00f1o, adosando junto con su contestaci\u00f3n tres fotograf\u00edas que muestran la fachada del mismo inmueble con una rampa de acceso en la puerta; hecho que fue confirmado por la oficina de planeaci\u00f3n municipal en informe del 22 de julio de 2022 y por el mismo juez en la inspecci\u00f3n ocular del 6 de septiembre del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
El recuento procesal, aunque no confirma el argumento sobre el cual se edifica la apelaci\u00f3n, en tanto que las fotos anexas a la demanda carecen de fecha, tampoco lo descarta, ya que es posible que una vez enterada de la acci\u00f3n la demandada procediera a construir la rampa faltante, con todo, ello no necesariamente implica una condena en costas a favor del promotor, en la medida que no se cumplen los supuestos normativos que justifiquen su imposici\u00f3n. Se explica: <\/p>\n
En su sentencia el A quo, luego de valorar las pruebas obrantes, concluy\u00f3 que no hab\u00eda una vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos y por consiguiente, no era posible acoger las pretensiones, declarando as\u00ed la carencia actual de objeto. Quiere decir que para el momento en que se dict\u00f3 el fallo no concurr\u00eda la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos, disip\u00e1ndose el fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico de una orden judicial, y por ende su finalidad, que no ser\u00eda otra que la de protegerlos; sin que quedara establecido en el sub lite una responsabilidad atribuible a la encartada, aspecto que no fue motivo de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Si bien es cierto, la declaratoria de la carencia de objeto no excluye una eventual condena en costas a cargo en la enjuiciada, es cardinal que esta se edifique sobre la premisa de una violaci\u00f3n o amenaza a derechos colectivos comprobada y que se verifique su cesaci\u00f3n durante el tr\u00e1mite, hip\u00f3tesis que no ocurre en este caso, pues no se demostr\u00f3 con suficiencia que para el momento de la demanda la trasgresi\u00f3n existiera y que fuera imputable a la demandada, no s\u00f3lo porque el registro fotogr\u00e1fico arrimado por el actor no exhibe fechas, sino porque el mero desnivel en la puerta de acceso a un inmueble no basta para concluir el quebrantamiento de las prerrogativas del colectivo, es necesario revisar otros elementos que no fueron materia de discusi\u00f3n. <\/p>\n
Pero si en gracia de discusi\u00f3n se estimara lo contrario, concuerda esta Sala con el juez en que es notoria la exigua gesti\u00f3n de la parte demandante, quien se restringi\u00f3 a la presentaci\u00f3n del libelo y a implorar una sentencia anticipada, sin mostrar ning\u00fan inter\u00e9s durante las distintas etapas del proceso, ni colaborar con su buen desarrollo; n\u00f3tese que a pesar de contar con los medios para hacerlo, no envi\u00f3 a la accionada su demanda, ni la enter\u00f3 de su solicitud; tampoco despleg\u00f3 una prolija actividad probatoria, no asisti\u00f3 a la audiencia de pacto de cumplimiento ni a la inspecci\u00f3n judicial, y tampoco present\u00f3 alegatos de conclusi\u00f3n; esto es, no hizo un verdadero esfuerzo por acreditar los hechos en que bas\u00f3 sus pretensiones, a pesar de radicarse en \u00e9l la carga de la prueba, seg\u00fan las voces del art\u00edculo 30 de la Ley 472 de 1998, y a pesar de que la norma instruye al juez para que supla las deficiencias de orden probatorio, como en efecto ocurri\u00f3, de ninguna manera exime al interesado de sus responsabilidades, m\u00e1s cuando no adujo dificultades de orden econ\u00f3mico o t\u00e9cnico. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Lo anterior para reiterar que la sentencia, aun siendo favorable, no conlleva indefectiblemente una condena en costas en beneficio del litigante victorioso, porque de un lado debe aparecer acreditada la afectaci\u00f3n patrimonial por las expensas procesales en que haya incurrido, y de otro, ha de apreciarse la naturaleza, calidad y duraci\u00f3n de su gesti\u00f3n para establecer si hay lugar a la contraprestaci\u00f3n por la dedicaci\u00f3n y tiempo invertido, al margen de su intervenci\u00f3n directa o a trav\u00e9s de abogado. Dicho en otras palabras, la condena en costas opera de manera objetiva, pero no de forma autom\u00e1tica, en tanto implica la valoraci\u00f3n de la configuraci\u00f3n de cualquiera de las hip\u00f3tesis previstas por la ley. <\/p>\n
En cuanto a los restantes argumentos en que se sustenta la alzada, baste decir que las decisiones emitidas por otros jueces o tribunales en acciones similares no constituyen un precedente vinculante, y contrario a su tesis, no se halla fundamento para imponer costas a la demandada, debido a que no aparecen causadas ni acreditadas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada interpret\u00f3 las normas que regulan la imposici\u00f3n de costas procesales, entre ellas las agencias en derecho, y concluy\u00f3 que no se configuraban los presupuestos necesarios para condenar a la demandada al pago de tales expensas, al no estar acreditada su causaci\u00f3n en el juicio criticado. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e a los reproches que plante\u00f3 el promotor frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, baste con decir que no obra prueba en el plenario que permita concluir que el accionante pidi\u00f3 ante la entidad criticada el acompa\u00f1amiento que echa de menos, lo que impide pregonar que dicha autoridad comprometi\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3.1. Por lo dem\u00e1s, es necesario precisar que si el quejoso considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular por parte del Procurador Delegado est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
4. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16245-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16245-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04166-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Mario Restrepo contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69506","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69506","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69506"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69506\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69506"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69506"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69506"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}