STC16246-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16246-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-01469-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupci\u00f3n interpuso contra el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor pretende que se ordene a la autoridad accionada dar respuesta a la petici\u00f3n que radic\u00f3 electr\u00f3nicamente el 24 de octubre de 2022. <\/p>\n
Como sustento de su pretensi\u00f3n adujo que en la fecha mencionada y por correo electr\u00f3nico elev\u00f3 ante el querellado un derecho de petici\u00f3n, sin que hasta la fecha de presentaci\u00f3n del amparo (23 nov. 2022) hubiera recibido respuesta. <\/p>\n
2. El Encartado inform\u00f3 que no era la entidad responsable de dar respuesta a la referida petici\u00f3n, ya que sus funciones son netamente administrativas, por lo que aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional ser\u00e1 concedido toda vez que no se ha dado respuesta a la petici\u00f3n impetrada por el accionante y no fue acreditada alguna justificaci\u00f3n para dicho proceder. <\/p>\n
Del examen de la documentaci\u00f3n aportada se extrae que el 19 de octubre pasado el aqu\u00ed actor present\u00f3 un derecho de petici\u00f3n ante el Centro de atenci\u00f3n al usuario del Consejo Superior de la Judicatura al correo atencion_usuario@cendoj.ramajudicial.gov.co, en el cual solicit\u00f3 la siguiente informaci\u00f3n: <\/p>\n
<\/p>\n
1. El acuerdo de pagos y el estado de la multa de 6.500 SMLMV impuesta a Gonzalo Garc\u00eda Angarita el 14 de diciembre de 2009 en el marco del proceso no. 27941 ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia<\/p>\n
2. El acuerdo de pagos y el estado de la multa de 307 SMLMV impuesta a Gonzalo Garc\u00eda Angarita el 18 de noviembre de 2020 en el marco del preacuerdo realizado con la Fiscal\u00eda aprobado por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Ibagu\u00e9 <\/p>\n
Frente a dichos pedimentos dicha oficina se limit\u00f3 a contestar lo siguiente1: <\/p>\n
Buen d\u00eda Sr. Alejandro Alvarado Bedoya, <\/p>\n
Reciba un cordial saludo. <\/p>\n
Nos permitimos indicarle que este es un canal de informaci\u00f3n y de soporte dispuesto por la Rama Judicial, por ello, no tenemos acceso directo a los despachos judiciales y\/o expedientes, su derecho de petici\u00f3n debe radicarlo al \u00e1rea encargada, Consejo Superior de la Judicatura, v\u00eda correo electr\u00f3nico: <\/p>\n
mepjbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co <\/p>\n
La l\u00ednea de atenci\u00f3n al usuario de la Rama Judicial, no se hace cargo de \u00e9stas solicitud. <\/p>\n
El 24 de octubre de 2022, el censor remiti\u00f3 la petici\u00f3n al correo indicado, como consta en los anexos aportados por este a folio 3.2 <\/p>\n
Bajo el marco f\u00e1ctico descrito debe memorarse que el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: la posibilidad de acudir ante el destinatario y la de obtener una respuesta expedita y congruente sobre la cuesti\u00f3n planteada, por lo que la esencia de dicha prerrogativa comprende, entonces, una pronta resoluci\u00f3n, una respuesta de fondo y, la notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado. Sobre el tema la Corte ha precisado: <\/p>\n
(\u2026) El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita\u00bb (CSJ STC de 19 de marzo. 2014, Rad. 00053- 01, reiterado en STC1336-2015 y en STC4035-2020, STC1914-2021). <\/p>\n
Los t\u00e9rminos para contestar los diferentes tipos de solicitudes est\u00e1n se\u00f1alados en el art\u00edculo 14 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015, que dispone que toda petici\u00f3n \u2013 salvo norma legal especial \u2013 deber\u00e1 resolverse en los 15 d\u00edas siguientes a su recepci\u00f3n. <\/p>\n
Si bien el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, art\u00edculo 5\u00b0, ampli\u00f3 estos t\u00e9rminos para las peticiones radicadas durante la vigencia de la emergencia sanitaria del COVID-19, dicho Decreto fue derogado por el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley No. 2207 del 17 de mayo de 2022, el cual reestableci\u00f3 los t\u00e9rminos de respuesta a los derechos de petici\u00f3n conforme se encontraban previstos en el mencionado art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015. <\/p>\n
Luego, como la petici\u00f3n presentada por el accionante el 24 de octubre de 2022, pese a haberse vencido el t\u00e9rmino de ley, no ha sido resuelta de fondo sin que se advierta justificaci\u00f3n de dicha tardanza, se conceder\u00e1 el amparo reclamado y en consecuencia se le ordenar\u00e1 al Consejo Superior de la Judicatura que d\u00e9 respuesta de fondo a la petici\u00f3n que el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupci\u00f3n radic\u00f3 en la calenda aludida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONCEDE la tutela instada por el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupci\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes y dem\u00e1s interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, si este fallo no es impugnado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Ver expediente de tutela, PDF \u00ab004Anexos\u00bb, P\u00e1g. 4. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem. P\u00e1g. 3 <\/p>\n
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