STC16247-2022 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16247-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04235-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, extensiva a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por las autoridades accionadas, por lo que pidi\u00f3 que se ordene a la sede judicial accionada \u00abreconozca agencias en derecho a [su] favor en ambas instancias\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n se requiera a la Procuradur\u00eda \u00abpronunciarse en derecho y coadyuvar [su] tutela\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n \u00abprobar en derecho como act\u00faa el procurador delegado en [la] acci\u00f3n popular hoy tutelada y de no actuar dicho procurador sea este investigado\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Mario Restrepo promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra la Cooperativa de Ahorro y Cr\u00e9dito (CESCA) -radicaci\u00f3n 2022-00159-, que se declar\u00f3 impr\u00f3spera con sentencia del 27 de septiembre de 2022, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandante, siendo confirmada con providencia del diez de noviembre pasado. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el despacho judicial accionado \u00abcree poder negar las agencias en derecho a [su] favor, inaplicando art 365-1 CGP, so pretexto de que existe hecho superado en [su] acci\u00f3n popular\u00bb; que \u00abdesconoce de tajo el tutelado, la sentencia en sede de tutela en acci\u00f3n popular fechada 5 de marzo de 2008, exp rad 2008 00238, donde se consign\u00f3 [que] la superaci\u00f3n del hecho no impide la condena en costas -agencias en derecho- \u2026, pues la ley no contempla esa consecuencia\u00bb; y que \u00abla irregularidad denunciada exist\u00eda al momento de presentarse la demanda, que estando en tr\u00e1mite la acci\u00f3n se adecuaron las instalaciones\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales manifest\u00f3 que \u00abel veredicto proferido en esta instancia contiene razonamientos jur\u00eddico admisible en torno a la posici\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la tesis de procedencia de condena en costas y, de ese modo, no se transgredieron los derechos fundamentales de la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la sentencia de 10 de noviembre pasado, que confirm\u00f3 la dictada el 27 de septiembre de 2022, no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que consideraba inviable conceder las agencias en derecho que reclam\u00f3 el quejoso, aspecto sobre el que precis\u00f3: <\/p>\n
3. Se estima que las costas procesales equivalen a la suma deducida por el operador judicial en favor de la parte vencedora y a cargo de la vencida, conforme a lo desarrollado en el proceso, a partir de la defensa t\u00e9cnica ejecutada por los apoderados y las partes, de acuerdo con las particularidades de la contienda. Las costas judiciales se dividen en gastos del proceso y agencias en derecho. Los primeros confluyen en todos aquellos valores, \u00fatiles y necesarios, en los que se incurri\u00f3 para adelantar la gesti\u00f3n judicial y, de otro lado, las agencias en derecho, que est\u00e1n comprendidas en general en la labor desempe\u00f1ada por el mandatario judicial de la parte victoriosa. <\/p>\n
En el asunto que convoca a esta Magistratura, se observa con nitidez que la parte demandante promovi\u00f3 a nombre propio acci\u00f3n popular, la que fue admitida y efectuada la gesti\u00f3n para notificaciones por el Juzgado de instancia, la parte pasiva dio respuesta; se cit\u00f3 a pacto de cumplimiento, sesi\u00f3n a la que no asisti\u00f3 el actor de acuerdo con el registro, y luego de la sentencia apel\u00f3, porque le result\u00f3 adversa comoquiera que se declar\u00f3 un hecho superado, y no se conden\u00f3 en costas. <\/p>\n
Luego, si el veredicto constitucional fue desfavorable a las pretensiones del actor, ante la configuraci\u00f3n de un hecho superado y as\u00ed expresamente se consign\u00f3 en la sentencia, no se ve raz\u00f3n alguna para que se implore una condena por costas en su favor, cuando se demostr\u00f3 y ac\u00e1 se ratifica, existe la prueba de un hecho superado y, por ende, se materializ\u00f3 la negativa de las s\u00faplicas de la demanda, de modo que, sin necesidad de ahondar en la gesti\u00f3n adelantada por el actor, no puede enarbolar su condici\u00f3n de \u201cparte vencedora\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dada la orientaci\u00f3n del fallo de primer nivel, el tema relativo a las costas deb\u00eda dilucidarse a la luz del art\u00edculo 38 de la ley 472 de 1998-, cuyo tenor reza que: \u201cS\u00f3lo podr\u00e1 condenar el demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acci\u00f3n presentada sea temeraria o de mala fe\u201d. De suerte que al no encontrarse demostrado que el actor obrara con temeridad o mala fe ni reunirse las condiciones a que alude el art\u00edculo 365 del C.G.P., no existe justificaci\u00f3n para doblegar lo resuelto por el a quo, pues, se insiste, el impugnante fue la parte vencida. <\/p>\n
Se puntualiza que si bien la parte activa hizo \u00e9nfasis en varios criterios jurisprudenciales de Juzgados y Tribunales de otros Distritos, se advierte que no confluyen en un precedente que deba ser adoptado por esta Corporaci\u00f3n, pues atienden a estructuras procesales divergentes y, en todo caso, bajo ning\u00fan criterio es asimilable que concierne a un superior funcional, ni la figura reclamada se contrae a un criterio objetivo, y tampoco, que tras ser vencido en un pleito, sin encaminarse ninguna orden en frente de la contraparte, se haga merecedor de una contrapartida pecuniaria. <\/p>\n
4. Frente a la fijaci\u00f3n de agencias en derecho a la luz de la Ley 472 de 1998, no se estructura bajo la ritualidad de la especialidad civil una obligaci\u00f3n en su tasaci\u00f3n solo por las resultas objetivas del proceso, de cara a la parte vencida, en tanto en armon\u00eda con el art\u00edculo 38 se insta al funcionario judicial a la aplicaci\u00f3n de las normas del C\u00f3digo Procesal Civil, e impone como requisito del contenido de la sentencia de acuerdo con el art\u00edculo 65 una liquidaci\u00f3n a cargo de la parte vencida, que por dem\u00e1s, ni siquiera fueron impuestas en su contra, tras la improsperidad de sus ruegos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada interpret\u00f3 las normas que regulan la imposici\u00f3n de costas procesales, entre ellas las agencias en derecho, y concluy\u00f3 que no se configuraban los presupuestos necesarios para condenar a la demandada al pago de tales expensas, al no estar acreditada su causaci\u00f3n en el juicio criticado. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e a los reproches que plante\u00f3 el promotor frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, baste con decir que no obra prueba en el plenario que permita concluir que el accionante pidi\u00f3 ante el procurador criticado el acompa\u00f1amiento que echa de menos, lo que impide pregonar que dicha autoridad comprometi\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3.1. Por lo dem\u00e1s, es necesario precisar que si el quejoso considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular por parte del Procurador Delegado est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026 es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016). <\/p>\n
4. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC16247-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16247-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04235-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69508","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69508","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69508"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69508\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69508"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69508"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69508"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}