STC16249-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16249-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-10-000-2022-00349-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de 16 de diciembre de 2020 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos destinados a proteger la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en providencia paralela a esta los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Dirime la Corte las impugnaciones que formularon el Juez 2\u00ba de Familia de Itag\u00fc\u00ed y Antonio Jos\u00e9 Gil D\u00edaz frente a la sentencia de 1\u00ba de noviembre de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela que el se\u00f1or Gil D\u00edaz promovi\u00f3 contra el Juzgado 2\u00ba de Familia de Itag\u00fc\u00ed, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria No. 05360311000220190000400. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor pretende que se declare la nulidad de lo actuado en el proceso en comento y que se ordene el levantamiento de la restricci\u00f3n de salida del pa\u00eds que le fue impuesta. <\/p>\n
Como fundamento de su pedimento adujo que Mar\u00eda Consuelo Mart\u00ednez Ru\u00edz en favor de la menor Carolina Gil Mart\u00ednez, inici\u00f3 en su contra el proceso de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria en comento. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado 2\u00ba de Familia de Itag\u00fc\u00ed, quien fij\u00f3 la cuota alimentaria en audiencia realizada el 16 de julio de 2019. <\/p>\n
Seg\u00fan el interesado en dicha audiencia manifest\u00f3 que padec\u00eda una enfermedad mental y estaba tomando el medicamento Xanax; sin embargo, el Juez continu\u00f3 con la diligencia sin tener en cuenta su incapacidad mental para continuar con el proceso la cual fue acreditada con la respectiva historia cl\u00ednica. Se\u00f1al\u00f3 que, incluso, el Juez le indic\u00f3 que \u00e9l tambi\u00e9n usaba el referido f\u00e1rmaco. Posteriormente le fue notificado que la audiencia deb\u00eda ser repetida debido a que la practicada se hab\u00eda borrado. En la nueva diligencia reiter\u00f3 lo referente a su enfermedad, pero el fallador hizo caso omiso y solo tuvo en cuenta las declaraciones de la demandante, fij\u00f3 una exorbitante cuota alimentaria mensual correspondiente a $4.201.000, sin consideraci\u00f3n a su capacidad econ\u00f3mica y a su estado de salud mental; adem\u00e1s, le impuso la medida de restricci\u00f3n para salir del pa\u00eds, que hasta el d\u00eda de hoy contin\u00faa vigente, con graves perjuicios econ\u00f3micos y morales para \u00e9l. <\/p>\n
A su juicio, el juzgador de primera instancia debi\u00f3 suspender la audiencia e indagar por su situaci\u00f3n mental, lo que le hubiera permitido advertir que no estaba en capacidad de ejercer su derecho de defensa en el proceso. <\/p>\n
2. El Juzgado 2\u00ba de Familia de Itag\u00fc\u00ed inform\u00f3 que el accionante ya hab\u00eda presentado otra acci\u00f3n de esta naturaleza por los mismos hechos, la cual fue resuelta por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, bajo el radicado 2019-175, por lo que solicit\u00f3 que se le impusiera al actor la sanci\u00f3n por temeridad y falso testimonio. Precis\u00f3 que la supuesta enfermedad mental aducida por el actor s\u00ed fue tenida en cuenta por \u00e9l; sin embargo, la misma no fue \u00f3bice para imponerle la asignaci\u00f3n alimentaria que requer\u00eda la menor. Tambi\u00e9n relat\u00f3 que el actor acudi\u00f3 a una denuncia disciplinaria en su contra, la cual no fue pr\u00f3spera. <\/p>\n
Mar\u00eda Consuelo Mart\u00ednez Ru\u00edz adujo que la actuaci\u00f3n del Juzgado 2\u00ba de Familia de Itag\u00fc\u00ed se ci\u00f1\u00f3 a la ley, por lo que peticion\u00f3 que se declare improcedente la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La Personera Delegada en lo Penal y Familia manifest\u00f3 que el amparo invocado es improcedente, toda vez que el accionante cuenta con otras herramientas para controvertir las decisiones de la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
3. La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn declar\u00f3 improcedente el resguardo por considerar que est\u00e1 configurada la cosa juzgada constitucional. Precis\u00f3 que aunque el actor ya hab\u00eda promovido otra acci\u00f3n constitucional por los mismos hechos, lo que dar\u00eda lugar a la configuraci\u00f3n de la temeridad, la misma no puede predicarse \u00abteniendo presente el estado de salud mental del se\u00f1or Antonio Jos\u00e9 Gil D\u00edaz, referido a la depresi\u00f3n severa que acredit\u00f3 por medio de su historia cl\u00ednica15 y la posible ignorancia suya sobre las consecuencias jur\u00eddicas que entra\u00f1a su insistente actuar de hace ya m\u00e1s de 3 a\u00f1os, frente a un accionar que cobr\u00f3 firmeza constitucional\u00bb <\/p>\n
4. Joselito Guti\u00e9rrez Mora, en calidad de Juez 2\u00ba de Familia de Itag\u00fc\u00ed, impugn\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia por considerar que la temeridad s\u00ed est\u00e1 configurada, toda vez que el actuar del solicitante fue malicioso y solo ha tenido como fin evadir la obligaci\u00f3n alimentaria que tiene con su menor hija. Tambi\u00e9n manifest\u00f3 que el gestor del amparo lo \u00abha expuesto al escarnio de las autoridades judiciales, Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial y Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, tratando de desdecir de la decisi\u00f3n que impart\u00ed, la que aparece amparada de legalidad y que solo puede ser modificada mediante los canales dispuestos para ello; actuar desesperado, temerario y doloso que ha implicado tener que acudir a la asesor\u00eda de profesionales para atender las quejas que eleva, lo que me ha conllevado desgate emocional, de tiempo y econ\u00f3mico\u00bb. <\/p>\n
El accionante tambi\u00e9n impugn\u00f3, para tal fin reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito introductorio. Insisti\u00f3 en que el Juzgado accionado no valor\u00f3 la historia cl\u00ednica que daba cuenta de la afectaci\u00f3n mental que ten\u00eda para esa \u00e9poca; tambi\u00e9n aludi\u00f3 que se desconoci\u00f3 que pertenece a la tercera edad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La decisi\u00f3n de primer grado ser\u00e1 confirmada, por estar acreditada la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Analizada la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria del caso en concreto se encuentra que, adem\u00e1s de este auxilio, el actor present\u00f3 otro ruego con id\u00e9nticos hechos y pretensiones. 2019-0175). Ese tr\u00e1mite fue conocido en segunda instancia por esta Sala, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n en la que se dispuso negar el amparo (STC15175-2019). Bajo ese marco y frente a la impugnaci\u00f3n presentada por el promotor del amparo es preciso se\u00f1alar que la existencia del anterior patrocinio trunca su reclamo actual, comoquiera que es id\u00e9ntico a este y, por ende, ya fue dirimido por la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
De otro lado, en lo que respecta a la alzada presentada por el Juez 2\u00ba de Familia de Itag\u00fc\u00ed es preciso se\u00f1alar que el fen\u00f3meno de la temeridad, previsto en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, surge: \u00ab[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. Sobre este tipo de conductas la Sala ha precisado que: <\/p>\n
(\u2026) la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 sujeta al principio de la unicidad de su promoci\u00f3n, que proh\u00edbe que la id\u00e9ntica queja constitucional sea presentada en varias oportunidades y por la misma persona o su representante, o que su reiterada invocaci\u00f3n se realice sin motivo expresamente justificado; precepto que tipifica una forma de temeridad en esta materia y que conlleva a examinar si la nueva protecci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como de las partes, sin importar que tengan algunas diferencias incidentales; y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que comporten una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial (STC-01841-00, 21 oct. 2009, STC6467-2018, reiteradas en STC8587-2020). <\/p>\n
Ahora bien, de otro lado, hay lugar a predicar la existencia de la cosa juzgada constitucional cuando existe identidad de partes, causa y objeto entre las controversias de que se trate, sin que se evidencie; adem\u00e1s, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la diferencia de esta figura con la temeridad radica en que: <\/p>\n
\u00abLa temeridad consiste en la interposici\u00f3n injustificada de tutelas id\u00e9nticas respecto de las mismas (i) partes, (ii) hechos y (iii) objeto, haciendo un uso abusivo e indebido de esa herramienta constitucional. Su prohibici\u00f3n busca garantizar el principio constitucional de buena fe y, a su vez, la eficiencia y prontitud en el funcionamiento del Estado y de la administraci\u00f3n de justicia. Sin embargo, \u201cla conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o revisando circunstancias meramente formales. Tal conducta requiere de un examen minucioso de la pretensi\u00f3n de amparo, de los hechos en que se funda y del acervo probatorio que repose en el proceso\u201d1. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, esta Corte ha se\u00f1alado que, el juez constitucional deber\u00e1 analizar cada caso desde lo material y no solo ce\u00f1irse a lo formal, toda vez que en el detalle de las circunstancias f\u00e1cticas puede estar la raz\u00f3n por la que el accionante se encuentre presentando una nueva acci\u00f3n de tutela. De manera que la autoridad judicial podr\u00e1 pronunciarse nuevamente cuando se evidencie alguna de las siguientes hip\u00f3tesis: \u201c(i) la persistencia de la vulneraci\u00f3n de derechos que se solicitan sean amparados; (ii) el asesoramiento errado de los abogados para la presentaci\u00f3n de varias demandas; (iii) el surgimiento de nuevas circunstancias f\u00e1cticas o\/y jur\u00eddicas; o (iv) la inexistencia de una decisi\u00f3n de fondo en el proceso anterior\u201d2. (Negrilla fuera de texto) <\/p>\n
Ahora bien, la cosa juzgada se configura cuando existe la triple identidad mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que se evidencie la configuraci\u00f3n del elemento subjetivo que es la intenci\u00f3n de buscar enga\u00f1ar a las autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acci\u00f3n de tutela. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, en el evento en que esta Corporaci\u00f3n se pronuncia sobre una determinada acci\u00f3n de tutela ya sea mediante fallo o a trav\u00e9s del auto de selecci\u00f3n que notifica la no selecci\u00f3n de la misma. Lo anterior, de conformidad con el art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia3. La figura de cosa juzgada constitucional proh\u00edbe\u201c(\u2026) que se profiera un nuevo pronunciamiento sobre el mismo asunto, pues ello desconocer\u00eda la seguridad jur\u00eddica que brinda este principio de cierre del sistema jur\u00eddico\u201d4. <\/p>\n
Sin embargo, aun cuando estos tres supuestos se evidencien, el juez constitucional deber\u00e1 hacer un an\u00e1lisis material entre las acciones de tutela presentadas, con el fin de identificar si existen nuevos elementos que llevaron al actor a presentar la solicitud de amparo y que habiliten al juez para realizar un nuevo pronunciamiento. <\/p>\n
Por lo que, la cosa juzgada no es otra cosa que \u201clos efectos jur\u00eddicos de las sentencias, en virtud de los cuales \u00e9stas adquieren car\u00e1cter de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas, de tal manera que, sobre aquellos asuntos tratados y decididos en ellas, no resulta admisible plantear litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento\u00bb (C-622 2017 citada en STP9513-2022). <\/p>\n
Bajo el marco descrito y analizado el caso concreto, se encuentra que, aunque el actor no adujo raz\u00f3n alguna para justificar la doble interposici\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional, tal como se se\u00f1al\u00f3 primera instancia, los medios suasorios dan cuenta que el gestor padece depresi\u00f3n severa, que ha estado bajo tratamiento psiqui\u00e1trico y adem\u00e1s, refiri\u00f3 que no recordaba que hubiera promovido otra acci\u00f3n constitucional por los mismos hechos, lo que permite colegir que en el presente asunto no est\u00e1 acreditada plenamente \u00abla configuraci\u00f3n del elemento subjetivo que es la intenci\u00f3n de buscar enga\u00f1ar a las autoridades judiciales\u00bb, es decir que no est\u00e1 probada su intenci\u00f3n de ardid a la administraci\u00f3n de justicia, sino que su actuar fue justificado en un olvido derivado de su condici\u00f3n de salud, raz\u00f3n por la cual la impugnaci\u00f3n presentada por el Juez 2\u00ba de Familia de Itag\u00fc\u00ed tampoco est\u00e1 llamada a prosperar. <\/p>\n
Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Sentencia T-1215 de 2003. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia T-726 de 2017. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia: \u201cLos fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Sentencia T-001 de 2016. <\/p>\n
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