STC16250-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16250-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01328-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 2 de agosto de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jos\u00e9 Diego Mera M\u00e9ndez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso y libertad, que dice vulneradas por la sede judicial acusada, por lo que solicit\u00f3 \u00abse deje sin ning\u00fan efecto la sentencia del 19 de junio de 2020\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Jos\u00e9 Diego Mera M\u00e9ndez se promovi\u00f3 proceso penal por los delitos de \u00abfraude procesal y falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico\u00bb, por los que fue condenado, mediante sentencia de 3 de diciembre de 2019, a 93 meses y 10 d\u00edas de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el procesado, siendo modificada con providencia del 19 de junio de 2020, \u00aben el sentido de absolver al procesado por el delito de fraude procesal y condenarlo s\u00f3lo por el injusto contra la fe p\u00fablica mencionado\u00bb, por lo que la pena fue disminuida a 64 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Frente a esa decisi\u00f3n, el condenado formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, recurso del que desisti\u00f3 su promotor, por lo que se declar\u00f3 desierto con auto del 15 de noviembre de 2020, determinaci\u00f3n que la defensa censur\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio, queja, medios de impugnaci\u00f3n que fueron desestimados con providencias del 10 de diciembre de 2020 y 10 de marzo de 2021, respectivamente. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el Tribunal criticado \u00abdict[\u00f3] una sentencia condenatoria, por el delito de falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico, sin contar con los elementos o pruebas irrefutables de determinen m\u00e1s all\u00e1 de toda duda [su] responsabilidad\u00bb; que \u00abel recurso extraordinario de casaci\u00f3n para este evento no puede constituirse en camisa de fuerza o paso obligatorio para proceder a la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, se interpuso y el hecho de no haberse sustentado dentro del t\u00e9rmino\u2026 no puede ir en contrav\u00eda de la Constituci\u00f3n\u00bb; y que \u00ab[si]i bien es cierto han transcurrido casi diez (24) meses desde la emisi\u00f3n de la sentencia, este tiempo trascurrido se ha utilizado haciendo uso de los recursos ordinarios y extraordinarios permitidos por la ley y traslado de t\u00e9rmino\u00bb. <\/p>\n
2.4. De otro lado, destac\u00f3 que contra la sentencia condenatoria de segundo grado present\u00f3 una tutela anterior, pero que, en esta oportunidad, \u00abaport[\u00f3] [una] nueva prueba, [espec\u00edficamente], la sentencia absolutoria que emiti\u00f3 el mismo magistrado el 2 de diciembre de 2021\u2026\u00bb en un caso similar; y que \u00absi bien es cierto se trata de la misma sentencia\u2026 en esta ocasi\u00f3n asisten nuevos elementos de juicio, nuevas pruebas de que efectivamente se vulner\u00f3 el debido proceso\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones que adelant\u00f3 en el juicio censurado y remiti\u00f3 copia de las providencias criticadas, \u00abdecisiones con las que consider[a] no se ha vulnerado derecho fundamental alguno inherente al [accionante]\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de esa localidad esgrimi\u00f3 que en \u00abla gesti\u00f3n desplegada por esa instancia judicial para la emisi\u00f3n del fallo de condena\u2026, el encausado cont\u00f3 con la posibilidad de controvertir las pruebas, se respetaron todos y cada uno de los derechos y garant\u00edas que le asist\u00edan al\u2026 acusado\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 70 Delegada Ante Los Jueces Penales del Circuito rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones adelantadas en el juicio criticado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo porque \u00abno cumple con el requisito de inmediatez\u2026 ni tampoco con el de subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor, tras reiterar sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la valoraci\u00f3n probatoria de la sentencia condenatoria de segunda instancia, expres\u00f3 que \u00absostener de manera insipiente que no se agot\u00f3 el requisito de subsidiariedad o de inmediatez no puede dar lugar a se\u00f1alar puntualmente la comisi\u00f3n de un delito en [su] cabeza\u2026 y\u2026 ser la raz\u00f3n v\u00e1lida, legal para mantener[lo] privado de la libertad\u00bb. <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, de entrada, advierte la Sala que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que la providencia que resolvi\u00f3 la queja, que interpuso el tutelante contra el prove\u00eddo que declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia cuestionada, data del 10 de marzo de 2021, decisi\u00f3n con la que qued\u00f3 clausurado el juicio criticado. <\/p>\n
Entonces, desde esa \u00faltima fecha (10 de marzo de 2021) y la fecha de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 30 de junio de 2022, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En este punto, cabe a\u00f1adir que la \u00faltima actuaci\u00f3n que impuls\u00f3 el quejoso al interior del proceso criticado corresponde al prenotado recurso de queja, por lo que la fecha en la cual fue resuelto ese medio de impugnaci\u00f3n constituye el hito temporal a tener en cuenta a efectos de verificar el cumplimiento del prenotado requisito. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia, sin que se imponga analizar de fondo la situaci\u00f3n planteada, porque el incumplimiento del presupuesto de inmediatez impide tal estudio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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