STC16258-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC16258-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-03953-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ramiro Feo Aldana contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyac\u00e1 y los intervinientes en el litigio radicado bajo el n\u00b0 2021-00029. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderada judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital y dignidad humana, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada al resolver el pleito ordinario antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en el proceso de cesaci\u00f3n de los efectos civiles seguido contra \u00c1ngela Patricia Torres Rodr\u00edguez, el 16 de noviembre de 2021 el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Boyac\u00e1 accedi\u00f3 a lo pretendido, declarando impr\u00f3spera la demanda de reconvenci\u00f3n y las excepciones denominadas \u00ab\u201cFalta de configuraci\u00f3n de la causal 8\u00aa del art\u00edculo 154 del C.C.\u201d, \u201cMala fe por parte del demandante\u201d, \u201cMala fe por parte de la demandada\u201d, \u201cInexistencia de la obligaci\u00f3n\u201d\u00bb, y se abstuvo de fijar alimentos a favor de la c\u00f3nyuge, aduciendo que el actor \u00abcarece de capacidad econ\u00f3mica para suministrarlos\u00bb. <\/p>\n
Que, apelada la anterior decisi\u00f3n por la demandante en reconvenci\u00f3n, el tribunal, previo decreto de pruebas de oficio, entre ellas un dictamen pericial \u00abpor psicolog\u00eda forense\u00bb a la demandada, el 24 de octubre de 2022, dict\u00f3 fallo resolviendo \u00abconfirmar parcialmente y con modificaci\u00f3n\u00bb el de primera instancia; fij\u00f3 cuota de alimentos a su cargo \u00aben cuant\u00eda de $300.000 mensuales\u00bb; declar\u00f3 no probadas algunas excepciones; advirti\u00f3 que la consorte \u00abpuede adelantar un incidente especial de reparaci\u00f3n de perjuicios (\u2026), con el objeto de obtener el resarcimiento de aquellos que se hubieren causado y est\u00e9n demostrados\u00bb, y lo conden\u00f3 en costas de segundo grado. <\/p>\n
Que en dicho veredicto, se incurri\u00f3 en \u00abdefecto f\u00e1ctico, \u201cque surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n\u201d toda vez, que solo tuvo en cuenta los medios probatorios denominados \u201cperitaje\u201d y \u201ctestigos de la contraparte\u201d, los cuales quedaron probados que estaban viciados, para decretar emolumentos a favor de la c\u00f3nyuge y olvid\u00f3 evaluar en conjunto los dem\u00e1s medios probatorios, como historia cl\u00ednica de la misma, certificaciones bancarias, certificaciones remitidas por CREMIL, certificado de C\u00e1mara de Comercio, demostrando la capacidad econ\u00f3mica tanto del alimentante como del alimentado y adem\u00e1s nunca se prob\u00f3 la necesidad de la alimentada\u00bb. <\/p>\n
Acot\u00f3 que tambi\u00e9n se \u00abest\u00e1 violando su m\u00ednimo vital, relacionado en el dinero que le queda para su propia subsistencia, sacrificando su dignidad humana al responder por todas las deudas de la sociedad conyugal y ahora, una carga m\u00e1s que efectivamente no se puede pagar, pues debe decidir en pagar una cuota alimentaria que no es justa porque la capacidad de la alimentada es mejor que la del alimentante, o pagar a los bancos donde la exc\u00f3nyuge no aporta ning\u00fan dinero para dichas responsabilidades (\u2026) quedando mi representado en extrema pobreza y siendo este la \u00fanica prestaci\u00f3n con la que cuenta, debido a que es una persona desempleada\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que se proceda a \u00abrevocar el numeral segundo de la sentencia de segunda instancia (\u2026), toda vez que el alimentante no cuenta con la capacidad econ\u00f3mica para responder por alimentos a favor [y] no se demostr\u00f3 la necesidad de los mismos\u00bb; \u00abque la causal 8\u00aa del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, es la que dio lugar a la separaci\u00f3n de los consortes, por lo tanto, no se debe realizar ninguna acci\u00f3n en contra del demandante en relaci\u00f3n a la reparaci\u00f3n de da\u00f1os y perjuicios debido a la falta de acervo probatorio\u00bb, y \u00abque no se condene en costas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la decisi\u00f3n confutada, manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n de fondo adoptada en el asunto objeto de examen se produjo \u00abconforme a las normas procesales y constitucionales vigentes, garantiz\u00e1ndose los derechos de contradicci\u00f3n y defensa de las partes\u00bb, y tras memorar la actuaci\u00f3n surtida, asegur\u00f3 que \u00abno es cierto que como juez ad quem, dejara de apreciar las pruebas legal y oportunamente arrimadas por ambas partes, s\u00f3lo que en tal labor lleg\u00f3 a una conclusi\u00f3n distinta a la propuesta por el extremo actor, sin que por ello pueda endilg\u00e1rsele defecto alguno\u00bb, raz\u00f3n por la que se opuso a las pretensiones de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
2. \u00c1ngela Patricia Torres Rodr\u00edguez, a trav\u00e9s de su representante judicial, respondi\u00f3 los hechos y pidi\u00f3 denegar lo pretendido, porque, el fallo criticado no genera afectaci\u00f3n a los derechos invocados, precisando respecto del tema econ\u00f3mico, que el tribunal \u00abdetermin\u00f3 que [al alimentante] le quedaba la suma de $1.184.7476, ello sin contar las dos mesadas no computables y de las cuales no se le realiza ning\u00fan descuento\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el amparo cumple con el presupuesto de la subsidiariedad y, de superarse lo anterior, si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora al resolver la segunda instancia dentro del proceso de divorcio n\u00b0 2021-00029. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez excepcional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Bajo las anteriores premisas, examinados los argumentos de esta reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala declarar\u00e1 improcedente el auxilio, comoquiera que no supera el presupuesto gen\u00e9rico de la subsidiariedad en la modalidad de incuria. <\/p>\n
Lo anterior, porque al dirigirse la censura contra la decisi\u00f3n proferida por el ad quem el 24 de octubre de 2022, en virtud a la postura adoptada por la colegiatura acusada frente a las disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicadas para declarar la culpabilidad del c\u00f3nyuge, y sobre la valoraci\u00f3n de las pruebas acopiadas en el juicio, comprend\u00eda discrepancias que pudieron ser objeto de censura a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en lugar de pretender que se definiera por el juez constitucional. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, el precedente jurisprudencial recuerda que, \u00abel recurso extraordinario de casaci\u00f3n constituye un requisito de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, pues al menos debe haberse intentado su ejercicio antes de acudir al mecanismo excepcional previsto en el art\u00edculo 86 Superior. De lo contrario la acci\u00f3n de tutela se convertir\u00eda en una v\u00eda alterna para la resoluci\u00f3n de las controversias y se desvanecer\u00eda con ello su car\u00e1cter subsidiario y residual\u00bb (CC T-1217\/03). Se resalta. <\/p>\n
En situaciones semejantes, donde se acude al amparo sin agotar el recurso extraordinario en menci\u00f3n, concurre la causal de improcedencia conforme a lo contemplado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, en tanto el ordenamiento jur\u00eddico consagra medios de defensa, ciertamente eficaces, que le permiten al reclamante controvertir la providencia mediante otro mecanismo legal. <\/p>\n
Entonces, al haberse desperdiciado el mecanismo de defensa judicial previsto en la ley, esta acci\u00f3n deviene improcedente por no cumplir el esencial requisito de la subsidiariedad, pues en invariable l\u00ednea de pensamiento esta Corporaci\u00f3n ha dicho que cuando tal comportamiento omisivo acaece, la misma no tiene cabida, en tanto que: <\/p>\n
\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, citada entre otras en STC10710-2022, 17 ago., rad. 02651-00). <\/p>\n
Se reitera que en casos como el que se examina, se ha dejado sentada la improcedencia de la salvaguarda por el desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato, siendo \u00e9ste un criterio jur\u00eddico insuperable que corresponde confirmar, por constituirse en impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n, pues no se avizora justificaci\u00f3n para que el quejoso, quien contaba con representante judicial, hubiese dejado de utilizar los recursos a su alcance. Sobre el particular, recu\u00e9rdese que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada, entre otras, en STC14470-2022, 26 oct., rad. 00352-01). <\/p>\n
Igualmente cabe recordar que a esta acci\u00f3n solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los dem\u00e1s medios que se hallan a disposici\u00f3n del interesado, ya que de otra manera se convertir\u00eda en uno adicional para revivir las oportunidades clausuradas o para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia de resolver las controversias, ya que no es un instrumento sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s que consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Respecto a este \u00faltimo t\u00f3pico, se advierte que el auxilio tampoco procede, toda vez que la demandante no prob\u00f3 que se hubieran configurado las exigencias que pudieran viabilizar tal posibilidad, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada, entre otras, en STC9677-2022, 28 jul. 2022, rad. 00125-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se declarar\u00e1 improcedente lo pretendido por incumplir el requisito de la subsidiariedad, al no haberse agotado los recursos previstos en la ley para definir el litigio y no ser el juez de tutela una instancia adicional a las que se encuentran establecidas, ni surgir la posibilidad de concederla como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo solicitado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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