STC16286-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16286-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2022-00800-02 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (07) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por La Comisar\u00eda Catorce de Familia de M\u00e1rtires, frente al fallo proferido el 24 de octubre de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que Christian Henrique Parias Villalba promovi\u00f3 contra dicha comisar\u00eda y el Juzgado Trece de Familia de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 por intermedio de apoderada judicial la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades convocadas, al sancionarlo por incumplir la medida de protecci\u00f3n en favor de Shirley Viviana Moreno P\u00e1ez y el hijo com\u00fan de ambos, y al confirmarse esa decisi\u00f3n en sede del grado jurisdiccional de consulta. <\/p>\n
Solicita en concreto, \u00abque se declare sin efecto la totalidad de las actuaciones surtidas por la Comisar\u00eda Catorce de Familia de los M\u00e1rtires (\u2026) se ordene el traslado y conocimiento del incidente de incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n a la Comisar\u00eda Quince de Familia de la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver este caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. El gestor narr\u00f3 que en la mencionada comisar\u00eda, Luisa Fernanda Moreno D\u00edaz, prima hermana de Shirley Viviana Moreno, inici\u00f3 incidente de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n concedida en favor de su menor hijo el 25 de septiembre de 2020, tr\u00e1mite dentro del cual en audiencia del 14 de junio de 2022 se ley\u00f3 el informe rendido por la psic\u00f3loga, donde consta que en la entrevista el menor manifest\u00f3 que el 24 de mayo anterior, al regresar sucio del colegio, \u00e9l le dirigi\u00f3 palabras desobligantes y \u00able pega coscorrones y calbazos y con los nudillos de las manos le dej\u00f3 un chich\u00f3n en su rostro y en la cabeza\u00bb, por lo que le daba miedo regresar a su casa y adem\u00e1s, que en otras ocasiones les hab\u00eda pegado a \u00e9l y a su madre. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que el menor de 14 a\u00f1os de edad, \u00abest\u00e1 faltando a la verdad\u00bb, porque fue valorado por medicina legal y no present\u00f3 ninguna se\u00f1al de violencia f\u00edsica, pese a que hab\u00edan transcurrido 15 d\u00edas desde la supuesta ocurrencia de los hechos de violencia y la lesi\u00f3n que se afirm\u00f3 infligida a\u00fan dejar\u00eda rastro, por lo que, asegura, lo que el joven pretende es coadyuvar a su progenitora, quien tiene intenci\u00f3n de llev\u00e1rselo a vivir a los Estados Unidos de Norte Am\u00e9rica, y para ello, en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n \u00e9sta le manifest\u00f3 que su intenci\u00f3n era privarlo de la patria potestad, de ah\u00ed que el gestor est\u00e9 siendo investigado penalmente por el presunto delito de violencia intrafamiliar. <\/p>\n
2.3. En providencia de 31 de mayo de 2022 emitida dentro del incidente, la Comisar\u00eda indic\u00f3 que a la audiencia del 14 de junio siguiente las partes deb\u00edan aportar sus pruebas e ir con sus testigos, no obstante, llegado el d\u00eda, no se le permiti\u00f3 hablar a sus testigos ni aportar pruebas documentales, de hecho, la funcionaria se impuso durante la actuaci\u00f3n, \u00abal punto de crear una atm\u00f3sfera como si estuviera siendo irrespetada\u00bb, dando plena credibilidad al dicho del menor, porque le hab\u00eda permitido llegar al convencimiento de su decisi\u00f3n y \u00abque si \u00e9l que estaba frente a ella no la respetaba, como ser\u00eda en su casa\u00bb. <\/p>\n
2.4. Asegura el gestor que en la misma audiencia era \u00abtildado de violento por la titular del Despacho quien lo callaba, \u00e9l insist\u00eda en sus palabras y desespero que no hab\u00eda tenido defensa (sic)\u00bb, pese a que era evidente que el menor hab\u00eda sido alienado por su progenitora, de ah\u00ed que, fue sancionado, y como medida transitoria le fue retirada la custodia de su hijo, para entregarlo a una familiar que lo ha visto muy pocas veces desde el mes de abril de 2021, cuando la mam\u00e1 se fue para los Estados Unidos de Norte Am\u00e9rica a trabajar. <\/p>\n
2.5. En concreto, la inconformidad del gestor radica en que dentro del tr\u00e1mite cuestionado se asumi\u00f3 desde un inicio que era culpable, porque no se le permiti\u00f3 ejercer adecuadamente su derecho de defensa y se le atribuyeron actos de violencia contra su hijo, cuando lo cierto es que, luego de que la mam\u00e1 del menor se fue a trabajar a los Estados Unidos de Norte Am\u00e9rica, abandon\u00f3 a \u00e9ste, durante 4 meses no ayud\u00f3 en su manutenci\u00f3n, no lo llamaba ni se preocupaba por \u00e9l, y ha sido el actor, como padre, quien le ha brindado toda la atenci\u00f3n, cuidado y disciplina que requiere, solo que la madre se quiere llevar al menor del pa\u00eds y tiene a \u00e9ste \u00abdeslumbrado con el ofrecimiento del sue\u00f1o americano, de que podr\u00e1 ser un gran astronauta\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Comisar\u00eda Catorce de Familia de M\u00e1rtires se manifest\u00f3 frente a cada uno de los hechos del escrito inicial y enfatiz\u00f3 que el tr\u00e1mite cuestionado es sumario y sigue la suerte de la acci\u00f3n de tutela, por lo que, para emitir su decisi\u00f3n tuvo en cuenta que no hubo testigos de los hechos de violencia y valor\u00f3 la conducta que tuvo el gestor durante la audiencia de decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. El Defensor de Familia del I.C.B.F. del Centro Zonal M\u00e1rtires inform\u00f3 que all\u00ed lleg\u00f3 petici\u00f3n No. 1763127768 de 31 de mayo de 2022, donde el Instituto T\u00e9cnico Industrial Centro Don Bosco inform\u00f3 que el hijo del aqu\u00ed accionante hab\u00eda manifestado a una docente que era violentado f\u00edsica y verbalmente por el aqu\u00ed accionante, ante lo cual se les instruy\u00f3 que remitieran el caso a la autoridad competente, por tratarse de violencia intrafamiliar. <\/p>\n
4. El Juzgado Trece de Familia de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que tramit\u00f3 la consulta a la primera sanci\u00f3n por incumplimiento a medida de protecci\u00f3n, asign\u00e1ndole el radicado 11001311001320220035000, la cual confirm\u00f3 el 25 de julio pasado. Indic\u00f3 que la protecci\u00f3n rogada no resulta procedente para cuestionar decisiones que cuentan con soporte f\u00e1ctico y jur\u00eddico suficiente para garantizar los derechos de los intervinientes. <\/p>\n
5. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indic\u00f3 que en su momento atendi\u00f3 las solicitudes elevadas dentro del tr\u00e1mite accesorio cuestionado, sin tener ninguna pendiente. <\/p>\n
6. La Fiscal 283 Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos manifest\u00f3 que no ha vulnerado las prerrogativas superiores cuyo amparo se pide, e indic\u00f3 que adelant\u00f3 investigaci\u00f3n contra el accionante debido a la denuncia presentada el 21 de septiembre de 2020 por Shirley Viviana Moreno D\u00edaz, por hechos de violencia contra ella ocurridos el 7 de agosto de ese a\u00f1o, actuaci\u00f3n dentro de la cual se agotaron las etapas de rigor y el proceso iniciado a continuaci\u00f3n se encuentra en etapa de juicio oral, al conocimiento del Juzgado Veintiocho Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1. <\/p>\n
7. El Procurador 169 Judicial II de Familia hizo un recuento de lo acontecido dentro del incidente criticado y resalt\u00f3 que all\u00ed al accionante no se le permiti\u00f3 aportar sus pruebas, empero, observ\u00f3 que \u00e9ste no interpuso el recurso de apelaci\u00f3n contra lo finalmente decidido. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo concedi\u00f3 el resguardo y decidi\u00f3 dejar \u00absin valor y efecto las decisiones adoptadas el 14 de junio y 25 de julio de 2022 por la Comisar\u00eda Catorce de Familia de Los M\u00e1rtires y el Juzgado Trece de Familia, ambas autoridades de esta ciudad, y en su lugar se ordena a la Comisar\u00eda que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, convoque nuevamente a la audiencia de tr\u00e1mite dentro del incidente de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n objeto de reproche, en la cual garantice la oportunidad probatoria conforme a las razones expresadas, y sin perjuicio de la decisi\u00f3n que al respecto deba adoptar. De igual manera, se hace un llamado a la autoridad administrativa, para que guarde el debido decoro durante el adelantamiento de la audiencia\u00bb. <\/p>\n
Para arribar a tal decisi\u00f3n, en lo medular, hizo un recuento de lo acontecido en el incidente de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n, tanto ante la comisar\u00eda como el juzgado accionados, y consider\u00f3 que se configur\u00f3 all\u00ed un defecto procedimental, porque \u00abla Comisaria entr\u00f3 a resolver la actuaci\u00f3n administrativa con las pruebas recaudadas de oficio, sin siquiera dar oportunidad a las partes de solicitar o allegar en la audiencia las que en su defensa pretend\u00edan hacer valer, omisi\u00f3n que el accionante encuentra lesiva para sus intereses y conlleva a la vulneraci\u00f3n del debido proceso, pues, tal oportunidad deb\u00eda garantizarse al margen de la pertinencia, utilidad o dem\u00e1s calificativos a examinar a la hora de resolver sobre la procedencia de la solicitud, m\u00e1xime cuando en el auto de apertura del incidente se inform\u00f3 a las partes que ese d\u00eda \u201cDEBER\u00c1N PRESENTAR LOS TESTIGOS Y EN GENERAL PRUEBAS QUE PRETENDAN HACER VALER\u201d, luego no es atendible el argumento de la Comisar\u00eda bajo el cual justifica la omisi\u00f3n de esta fase procesal, al se\u00f1alar que la medida de protecci\u00f3n es \u201cun proceso que es sumario, sigue la suerte del proceso de tutela\u201d, situaci\u00f3n que tampoco advirti\u00f3 la Juez que desat\u00f3 el grado jurisdiccional de consulta\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la Comisaria Catorce de Familia de Los M\u00e1rtires, se\u00f1alando que no se tuvieron en cuenta los argumentos que expuso al intervenir durante el presente tr\u00e1mite y que la decisi\u00f3n cuestionada respondi\u00f3 a la protecci\u00f3n especial y reforzada de que goza el menor de edad involucrado y a lo que se estableci\u00f3 de las pruebas, principalmente la opini\u00f3n de \u00e9ste, lo que tornaba innecesario decretar unos testimonios de personas que no presenciaron los hechos de violencia, m\u00e1xime cuando se trata de un tr\u00e1mite expedito mas no ordinario, lo que impon\u00eda decretar \u00fanicamente las probanzas \u00abnecesarias y \u00fatiles\u00bb al tenor del art\u00edculo 12 de la Ley 294 de 1996, sin que el hecho de que se hubiera instruido para que se aportaran medios de convicci\u00f3n, constituya una camisa de fuerza para el decreto de los mismos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. En los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de amparo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si la persona afectada no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. De lo consignado en el sub examine y circunscrita esta Sala a los reparos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n por la Comisar\u00eda Catorce de Familia de Los M\u00e1rtires, se observa que buscan defender la decisi\u00f3n sancionatoria que tom\u00f3 el 14 de junio del corriente a\u00f1o, la cual fue confirmada en sede consulta el 25 de julio siguiente por el Juzgado Trece de Familia de Bogot\u00e1, con que se declar\u00f3 que Christian Henrique Parias Villalba incumpli\u00f3 la medida de protecci\u00f3n que se impuso a favor de su menor hijo, pues en criterio de dicha funcionaria, lo decidido debe mantenerse, por haberse garantizado el derecho al debido proceso de los intervinientes y el inter\u00e9s superior del menor involucrado. <\/p>\n
3.1. Del an\u00e1lisis de la audiencia realizada ante la Comisar\u00eda de Familia convocada se observa, y \u00e9sta lo admite, que a pesar de que el aqu\u00ed accionante no acept\u00f3 los cargos y solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de varias pruebas, ninguna de ellas recibi\u00f3 pronunciamiento, bajo el argumento que, para adoptar la respectiva decisi\u00f3n no resultaba pertinente escuchar los testimonios de unas personas que no presenciaron los hechos de violencia, sino que bastaban la entrevista psicol\u00f3gica al menor y la informaci\u00f3n recibida de la instituci\u00f3n educativa a la que asiste \u00e9ste, porque daban cuenta de la ocurrencia de los hechos de violencia. <\/p>\n
En seguida la autoridad de familia fund\u00f3 su decisi\u00f3n de desacato a la medida de protecci\u00f3n en las preciadas pruebas, tras resaltar la credibilidad que correspond\u00eda asignar a lo dicho por el menor involucrado y que se trata de un tr\u00e1mite sumario que \u00absigue la suerte de la acci\u00f3n de tutela\u00bb, lo que le permiti\u00f3 concluir que los hechos de violencia denunciados s\u00ed se presentaron. <\/p>\n
Tras ser emitida la decisi\u00f3n, el accionante, quien actuaba sin la asesor\u00eda de un abogado, dio a entender que no compart\u00eda la misma, para lo cual discuti\u00f3 el dicho y la credibilidad del menor, el que no se le hubiera permitido evacuar sus pruebas testimoniales que dar\u00edan cuenta de c\u00f3mo es realmente la relaci\u00f3n con su hijo, y que, en \u00faltimas, haya sido tildado de persona violenta, frente a lo cual la Comisar\u00eda de Familia indic\u00f3 que lo decidido iba a consulta ante el juez de familia. <\/p>\n
3.2. Para confirmar la precitada decisi\u00f3n en el grado jurisdiccional de consulta, el Juzgado Trece de Familia de Bogot\u00e1 comenz\u00f3 por hacer un recuento de las actuaciones procesales verificadas y en seguida emprendi\u00f3 el an\u00e1lisis de la entrevista psicol\u00f3gica realizada al menor y la comunicaci\u00f3n de la orientadora escolar del Instituto T\u00e9cnico Industrial del Centro Don Bosco, donde se refieren los hechos de violencia, probanzas de las cuales infiri\u00f3 que se presentaron los hechos de violencia denunciados, frente a los cuales estim\u00f3 que la sanci\u00f3n impuesta por la Comisar\u00eda de Familia resultaba proporcional. <\/p>\n
4. Lo expuesto deja en evidencia la necesidad de confirmar el amparo concedido por el a quo constitucional a favor del accionante, al constatarse que dentro del tr\u00e1mite cuestionado no se le garantiz\u00f3 el derecho de defensa, al no hab\u00e9rsele permitido resistir los cargos de los que se le acusaba, mediante la pr\u00e1ctica de las pruebas que se estimaran conducentes para ese efecto, pues, en vez de ello, se justific\u00f3 de entrada la impertinencia de todas las mismas, bajo el argumento de que no permitir\u00edan desvirtuar los hechos de violencia, porque ninguno de los testigos los presenci\u00f3, por haberse dado en la intimidad del hogar, adem\u00e1s de que la sumariedad del tr\u00e1mite permit\u00eda decretar \u00fanicamente los medios de convicci\u00f3n necesarios y \u00fatiles, empero, tal razonamiento juzga a priori lo que dichas pruebas pudieran arrojar sobre la ocurrencia de los hechos, o cuando menos el contexto en que pudieran haberse presentado los mismos. <\/p>\n
Es que, si bien es cierto que el incidente de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n debe estar esencialmente encaminado a constatar si efectivamente se incurri\u00f3 en conducta contraria a lo puntualmente ordenado en \u00e9sta, a trav\u00e9s de un tr\u00e1mite expedito, ello no obsta para que, a\u00fan en casos donde est\u00e9n involucrados menores de edad, se pasen por alto las m\u00ednimas garant\u00edas procesales de los intervinientes, socapa del inter\u00e9s superior que asiste a \u00e9stos, como ocurri\u00f3 en el presente caso, donde se asumi\u00f3 que ninguna de las pruebas que pudiera aportar el incidentado, pod\u00eda desvirtuar o cuando menos morigerar los hechos de violencia que indicaban los dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
5. De otro lado, observa la Sala que es evidente la falta de motivaci\u00f3n en que incurri\u00f3 el Juzgado Trece de Familia de Bogot\u00e1 en el prove\u00eddo que emiti\u00f3 dentro del asunto, por haber fundado el mismo \u00fanicamente en el dicho del menor y el documento proveniente de la instituci\u00f3n educativa a la que asiste \u00e9ste, omiti\u00e9ndose el an\u00e1lisis, si quiera de procedibilidad, de los medios de convicci\u00f3n que el gestor busc\u00f3 aportar para demeritar el incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n, probanzas \u00e9stas que fueron \u00edntegramente descartadas por la Comisar\u00eda de Familia, sin que la decisi\u00f3n le mereciera consideraci\u00f3n alguna al juez de la consulta, pese a que era su deber verificar la legalidad de lo actuado por dicha autoridad. <\/p>\n
Es que, visto en perspectiva, en el caso concreto la omisi\u00f3n acabada de evidenciar implic\u00f3 que el acusado del incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n, quedara desprovisto de todos los medios de convicci\u00f3n para su defensa, sin que en el grado de consulta se verificara la legalidad de tal decisi\u00f3n, a pesar de que, adem\u00e1s, sobre el particular aquel elev\u00f3 inconformidad inmediatamente se dict\u00f3 la decisi\u00f3n consultada. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha expuesto que, <\/p>\n
\u00ab\u2026A diferencia de la apelaci\u00f3n, la consulta no es un medio de impugnaci\u00f3n sino una instituci\u00f3n procesal en virtud de la cual el superior jer\u00e1rquico del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que est\u00e1 dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petici\u00f3n o instancia de parte, la decisi\u00f3n adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jur\u00eddicos de que \u00e9sta adolezca, con miras a lograr la certeza jur\u00eddica y el juzgamiento justo, lo cual significa que la competencia funcional del superior que conoce de la consulta es autom\u00e1tica, porque no requiere para que pueda conocer de la revisi\u00f3n del asunto de una petici\u00f3n o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida. (Subraya fuera de texto) <\/p>\n
<\/p>\n
La consulta es un mecanismo ope legis, esto es, opera por ministerio de la ley y, por tanto, suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando no se interpone por \u00e9sta el recurso de apelaci\u00f3n\u2026\u00bb (Sentencia C-968 de 2003). <\/p>\n
Respecto al deber de motivar adecuadamente las providencias judiciales, esta Corte ha insistido que equivale a \u00ab(\u2026)un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u2026\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 02174-00; reiterada en STC10798-2018, rad. 00102-02). <\/p>\n
Mismo t\u00f3pico por el que el m\u00e1ximo \u00f3rgano de constitucionalidad, en consonancia, decant\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)La motivaci\u00f3n de los fallos judiciales es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posici\u00f3n jur\u00eddica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivaci\u00f3n consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas, de una parte, y determina c\u00f3mo, a partir de los elementos de convicci\u00f3n aportados al proceso y la hip\u00f3tesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jur\u00eddica aplicable al caso. (T-247\/06, T-302\/08, T-868\/09). <\/p>\n
La omisi\u00f3n evidenciada a lo largo de esta considerativa tiene singular trascendencia porque, seg\u00fan alega el actor en este escenario, las pruebas que pretendi\u00f3 hacer valer dentro del incidente, estaban encaminadas a demostrar que los hechos de violencia no se presentaron, y que el incidente inici\u00f3 por la supuesta alienaci\u00f3n de su hijo por parte de la progenitora, circunstancias que, de hallarse ciertas, corresponder\u00eda analizarlas en conjunto con los medios de convicci\u00f3n recaudados durante el incidente, porque bien pudieran, cuando menos, matizar la decisi\u00f3n que se dej\u00f3 sin efecto. <\/p>\n
6. Ahora bien, contrario a lo expuesto por la funcionaria impugnante, la decisi\u00f3n cuestionada no puede mantenerse a priori, por el solo hecho de estar involucrado en los hechos un menor de edad, pues, como lo ha reiterado la Sala, \u00ablos privilegios de los ni\u00f1os no son absolutos, y que la existencia de menores involucrados en la acci\u00f3n no es raz\u00f3n suficiente para conceder la protecci\u00f3n\u2026 En ese sentido\u2026 \u2018mal perspectiva surge cuando, so capa de exaltar el irrefutable apriorismo consistente en que los derechos de los ni\u00f1os son prevalentes a los dem\u00e1s (art\u00edculo 44 Superior), se presentan situaciones en las cuales se soslayan las m\u00ednimas reglas del debido proceso que, sin duda, se erige en el mayor y mejor baluarte para propender por la defensa de ese inter\u00e9s, en tanto que s\u00f3lo adopt\u00e1ndose las decisiones por parte del juez competente, previo el debate judicial con arreglo a las sendas de la legalidad y circunscrito al tema de conocimiento, es que aqu\u00e9l aserto cobra la fuerza que ing\u00e9nitamente encierra, dado que trat\u00e1ndose de situaciones judiciales en que se debaten asuntos atinentes a menores, los jueces deben velar celosamente porque sus actuaciones no vulneren sus caros intereses, lo que se consigue, desde un principio, mediante la observancia de los b\u00e1sicos pilares sobre los que se edifica la administraci\u00f3n de justicia, uno de ellos, el respeto del derecho fundamental al debido proceso\u2019 (Fallo de 31 de enero de 2011, exp. 00313-01)\u2026\u00bb (STC2692-2021). <\/p>\n
7. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC16286-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC16286-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2022-00800-02 Bogot\u00e1, D. C., siete (07) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por La Comisar\u00eda Catorce de Familia de M\u00e1rtires, frente al fallo proferido el 24 de octubre de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69535","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69535","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69535"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69535\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69535"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69535"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69535"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}