STC16292-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC16292-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2022-00512-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 31 de octubre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Juan Felipe Crist\u00f3bal L\u00f3pez, quien dijo actuar como \u00abapoderado especial de Majenda S.A.S.\u00bb contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de aquella ciudad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de Majenda S.A.S. al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada, <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se le ordene al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bucaramanga, \u00abdesigne nuevo secuestre y ordene el aval\u00fao del inmueble, tr\u00e1mite que lleva m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os y ocho (8) meses dilatado\u00bb ello en el marco del proceso ejecutivo que dicha sociedad adelanta contra Adriana Mar\u00eda Henr\u00edquez Arenas y Nora de las Mercedes Henr\u00edquez Arenas, radicado \u00ab6800131103003200030039000\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Majenda S.A.S. fue reconocida dentro del referido juicio como cesionaria de la demandante Distrialguso Ltda., actuaci\u00f3n dentro de la cual el 18 septiembre de 2018 se decret\u00f3 el embargo que solicit\u00f3 sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-1351650 y el 5 de marzo de 2019 se comision\u00f3 a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1 para realizar el secuestro, correspondiendo al Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de la ciudad, sede judicial donde el 20 de enero de 2020 se design\u00f3 como secuestre a JJ Asesores Jur\u00eddicos Inmobiliarios S.A.S. y el 11 de marzo del presente a\u00f1o fue devuelto el despacho comisorio al comitente. <\/p>\n
2.2. Narra que el 29 de abril y 1\u00ba de junio de 2022 se le solicit\u00f3 al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bucaramanga el nombramiento de nuevo secuestre, porque no se logr\u00f3 entablar comunicaci\u00f3n con JJ Asesores Jur\u00eddicos Inmobiliarios S.A.S. para que permitiera hacer el aval\u00fao del inmueble cautelado, por lo cual el 18 de julio siguiente el juzgado requiri\u00f3 al secuestre, y ante la falta de respuesta de \u00e9ste, el 19 de septiembre pasado se repiti\u00f3 el requerimiento al juzgado, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, cuestiona el accionante que a la fecha no se haya podido adelantar el aval\u00fao del bien y que, desde el 28 de febrero de 2020, cuando se adelant\u00f3 el secuestro del inmueble, hayan transcurrido \u00abun total de dos (2) a\u00f1os y ocho (8) meses de los cuales el proceso no se ha movido, esto a pesar de nuestros intentos de que se designe un nuevo secuestre que s\u00ed cumpla con sus funciones\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bucaramanga corrobor\u00f3 que conoce del decurso cuestionado, dentro del cual el despacho comisorio para el secuestro del bien objeto de garant\u00eda fue recibido del juzgado comisionado el 6 de mayo de 2020 y agregado al expediente el 23 de julio siguiente, empero, la parte actora comenz\u00f3 a gestionar el aval\u00fao del bien hasta el 2 de mayo de 2022 con la solicitud de relevar al secuestre, frente a lo cual el 18 de julio siguiente se requiri\u00f3 al auxiliar de la justicia para que viabilizara realizar el aval\u00fao del predio y rindiera cuentas, solicitud aquella reiterada el 19 de septiembre postrero, que ingres\u00f3 al despacho el d\u00eda 22 del mismo mes y se encuentra en turno para recibir pronunciamiento, teniendo en cuenta que se cuenta con \u00fanicamente dos empleados para sustanciar m\u00e1s de 1800 procesos, adem\u00e1s de las acciones de tutela de primera y segunda instancia, incidentes de desacato, consultas y h\u00e1beas corpus, que gozan de prioridad. <\/p>\n
2. La curadora ad litem designada para representar a las vinculadas Adriana Mar\u00eda y Nora de las Mercedes Henr\u00edquez Arena manifest\u00f3 atenerse a lo que se decida en la presente actuaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el resguardo, porque de la revisi\u00f3n de las actuaciones procesales agotadas dentro de la ejecuci\u00f3n criticada, se constata que el estrado accionado no ha afectado las garant\u00edas superiores invocadas, porque ha atendido las solicitudes de Majenda S.A.S., por lo que no se observa que haya incidido en la mora presentada dentro del proceso, m\u00e1xime con la cantidad de asuntos que atiende. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que desde que se secuestr\u00f3 el inmueble el 28 de febrero de 2020 hasta el 2 de mayo de 2022 la parte actora no solicit\u00f3 ning\u00fan impulso al decurso, por lo que dej\u00f3 pasar \u00abm\u00e1s de dos (2) a\u00f1os sin ejercitar ninguna actuaci\u00f3n en procura del aval\u00fao del inmueble cautelado, acto que es de su incumbencia\u00bb, mientras que, frente a la \u00faltima solicitud elevada al estrado, fue atendida el 25 de octubre pasado, requiri\u00e9ndose por segunda vez al secuestre, lo que evidencia que la superaci\u00f3n de la vulneraci\u00f3n alegada al respecto. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor aleg\u00f3 que la vulneraci\u00f3n no ha sido superada, porque a\u00fan no se ha designado un nuevo secuestre, ni el que act\u00faa en el proceso ha emitido respuesta alguna a los requerimientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Sobre el alcance del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional ha considerado que <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C.C. T-878 de 2007). <\/p>\n
3. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que el accionante Juan Felipe Crist\u00f3bal L\u00f3pez carece de legitimaci\u00f3n para controvertir por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el juicio objeto de censura. <\/p>\n
En efecto, el promotor no ostenta la calidad de parte ni de interviniente en el tr\u00e1mite atacado, sin que el hecho de que sea el apoderado de la sociedad demandante, Majenda S.A.S. en el juicio ejecutivo criticado, lo habilite para acudir directamente a la tutela ni para cuestionar las decisiones all\u00ed adoptadas, m\u00e1xime cuando ni siquiera en la impugnaci\u00f3n alleg\u00f3 el referido poder especial. <\/p>\n
Es de advertirse que en el caso de que se hubiese proferido una decisi\u00f3n arbitraria o adelantado una actuaci\u00f3n que transgreda el debido proceso, son las partes las legitimadas para deprecar el resguardo, en tanto que: <\/p>\n
\u2026[quien] no es parte en el proceso\u2026 g\u00e9nesis de la queja constitucional y la circunstancia de fungir como mandatario judicial de un[o] de ell[o]s\u2026 no lo faculta para demandar en causa propia protecci\u00f3n constitucional, dado que la supuesta vulneraci\u00f3n afectar\u00eda a su representado y no a \u00e9l quien, se itera, no integra ninguno de los extremos procesales (CSJ STC, 2 mar. 2009, rad. 2008-01869-01). <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si el promotor no es sujeto procesal ni ha sido reconocido como tercero interesado dentro del juicio\u2026 donde solicita el amparo, pese a que el actor sea su poderdante y aqu\u00e9l alegue con vehemencia \u2018tener la facultad para recibir\u2019, le est\u00e1 vedado acudir a la presente herramienta constitucional a pedir protecci\u00f3n por el presunto cercenamiento de los derechos alegados, pues esa facultad est\u00e1 reservada solamente a los titulares, salvo en los casos de la agencia oficiosa\u2026 (Sentencia de 6 de marzo de 2012, exp. 76001-22-10-000-2012-00010-01). <\/p>\n
Y ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2018La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u2019. (CSJ STC, 25 abr. 2013 rad. No. 00819-00, reiterada en la STC 10 abr. 2014, rad. 00093-01) (CSJ STC4917-2015, 24 abr. 2015, rad. 2015-00111-01). <\/p>\n
Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026los profesionales del derecho no se encuentran autorizados legalmente para alegar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas de las personas que representan en los procesos, sin que ostenten el respectivo poder especial para actuar. <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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