STC16298-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC16298-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-04135-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Blanca Flor Nieves de Ru\u00edz le instaur\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior y al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo censurado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, actuando en nombre propio, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y m\u00ednimo vital\u00bb, para que: <\/p>\n
i) Se ordene revocar y se deje sin valor ni efecto el contenido de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ii) Como consecuencia de la anterior declaraci\u00f3n, se revoque y se deje sin efecto, el contenido de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior. <\/p>\n
iii) Corolario de lo anterior, se ordene a las entidades accionadas la emisi\u00f3n de una nueva sentencia, en la cual se valoren en debida forma los medios de prueba, los postulados constitucionales y dem\u00e1s argumentos que se esbozan en el presente escrito, para que se me absuelva de todas y cada una de las condenas impuestas en el contenido de las decisiones de fondo atacadas. <\/p>\n
En sustento adujo que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 ratific\u00f3 el fallo del Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esta capital que declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas y orden\u00f3 seguir adelante con el cobro, en el juicio ejecutivo que en su contra y de otros formul\u00f3 Clara In\u00e9s Sierra Nieto, al estimar que \u00abla demandante reclama el cumplimiento coercitivo de las obligaciones adquiridas en un contrato de arrendamiento, las cuales se muestran claras, expresa y exigibles, donde se dijo que el canon seria reajustable anualmente en un porcentaje equivalente al 10%, cumpliendo con las exigencias del art. 422 del C.G.P.\u00bb (19 jul. 2022). <\/p>\n
En su opini\u00f3n, los anteriores pronunciamientos infringieron sus prerrogativas, en tanto \u00abse incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico\u00bb, pues \u00abno se analiz\u00f3 ni valor\u00f3 las pruebas aportadas que demostraban la inexistencia de reconocimiento y pago del incremento anual al canon de arrendamiento por aceptaci\u00f3n verbal y explicita de la demandante dado que el incremento del 10% anual hab\u00eda sido excluido de com\u00fan acuerdo por lo que se actu\u00f3 de mala fe por el cobro de lo no debido\u00bb, y no \u00abse tuvieron en cuenta la totalidad de los recibos de pago de c\u00e1nones de arrendamiento pagados desde el 1 de febrero de 2006 a diciembre de 2018 los cuales no fueron tachados de falsos ni desconocidos, situaci\u00f3n que permite concluir plenamente su asentimiento\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, afirm\u00f3 que se debe analizar su caso con \u00abenfoque de g\u00e9nero y vejez\u00bb, por ser \u00abun deber funcional del juez de decidir con perspectiva de g\u00e9nero, permitiendo un garantista acceso a la justicia de un grupo que ha sufrido un trato desigual a trav\u00e9s de la historia (\u2026) pues son los funcionarios quienes contradicen este deber, actuando de manera discriminatoria, al omitir, por ejemplo, no valorar las pruebas aportadas dentro del proceso o no tener en cuenta aportes importantes de prueba testimoniales en la toma de sus decisiones\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y remiti\u00f3 el link de acceso al litigio confutado. <\/p>\n
El apoderado de la accionante en el pleito objetado, rog\u00f3 acceder a sus aspiraciones. <\/p>\n
Clara In\u00e9s Sierra Nieto se opuso al amparo, en tanto \u00ablos accionados fueron diligentes en sus actuaciones, revisaron tanto los supuestos f\u00e1cticos como legales y efectuaron las respectivas valoraciones, tomando la decisi\u00f3n correcta\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como aspecto preliminar, se advierte que la Corte restringir\u00e1 el an\u00e1lisis a la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (19 jul. 2022) porque, pese a que el ataque superlativo se enfil\u00f3 tambi\u00e9n contra el de primera instancia, ser\u00eda inane detenerse en la confrontaci\u00f3n de supuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos similares a los que soportaron \u00abel recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, cuya validez y aptitud claramente fueron \u00absometidas a la controversia que legalmente les corresponde ante el juez natural, de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (STC2377-2018 reiterada en STC1104-2021 y STC862-2022). <\/p>\n
2.- En el sub j\u00fadice se anuncia el fracaso del resguardo porque en la providencia reprochada se expusieron las razones para \u00abconfirmar la sentencia proferida el 18 de abril de 2022 por el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1\u00bb, lo que no evidencia subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser criticada en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
En efecto, para ello, esgrimi\u00f3, preliminarmente, <\/p>\n
Se tiene por probado que el documento base del recaudo cumple las exigencias legales, dado que la demandante reclama el cumplimiento coercitivo de las obligaciones adquiridas por los ahora ejecutados al momento de celebrar el contrato de arrendamiento de fecha 17 de enero de 2006, las cuales se muestran claras, expresas y exigibles, pues en el aludido contrato aparece estipulado que el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento se efectuar\u00eda a favor de la ejecutante, \u201cdentro de los cinco (5) primeros d\u00edas de cada periodo, por anticipado y mediante consignaci\u00f3n en cuenta de ahorros (\u2026) cuyo titular es el se\u00f1or Fernando Mauricio Rojas\u201d, en una suma equivalente a $2\u2019000.000.oo mensuales, reajustable anualmente en un porcentaje equivalente al 10%. Documento que satisface las exigencias del art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso, y goza de plena autenticidad, por no haber sido tachado de falso ni desconocido por los contratantes. <\/p>\n
Sobre la forma como se ejecutaron las prestaciones derivadas del contrato, los recurrentes aducen que la parte demandada realiz\u00f3 pagos de manera ininterrumpida desde el a\u00f1o 2006, por valor de $2\u2019000.000 mensuales, a t\u00edtulo de canon de arrendamiento, sin que la demandante hiciera reparo alguno frente a la no cancelaci\u00f3n de los incrementos del canon pactado, y que de acuerdo con los recibos de pago allegados se demuestra que la obligaci\u00f3n se encontraba a paz y salvo, por lo que no era dable continuar con la ejecuci\u00f3n coercitiva\u00bb. <\/p>\n
Precisado lo anterior, adver\u00f3: <\/p>\n
Al examinar los medios de prueba que reposan en la actuaci\u00f3n, se establece que, ciertamente, la demandada Blanca Flor Nieves de Ruiz efectu\u00f3 una serie de pagos mensuales por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento del inmueble ubicado en la Carrera 20 N\u00b0 35-23\/35 de Bogot\u00e1. Algunos de ellos se hicieron por valores de $500.000, $800.000, $1\u2019000.000, y otros por la suma de $2\u2019000.000, conforme consta en los recibos expedidos entre los a\u00f1os 2012 a 2018, adjuntos a los escritos de excepciones (fls. 57-109, 134-358, C.1). <\/p>\n
Sobre el particular, no puede perderse de vista que tales manuscritos provienen de los mismos arrendatarios, como lo reconoci\u00f3 la se\u00f1ora Nieves al absolver el interrogatorio de parte, as\u00ed mismo los testigos, quienes afirmaron que los recibos eran elaborados por el se\u00f1or Marco Ruiz; de donde se colige que esas anotaciones no corresponden a una manifestaci\u00f3n de la voluntad de la demandante y, por ende, no es posible establecer a partir de esos documentos que la arrendataria desisti\u00f3 del cobro del incremento del canon para el periodo comprendido entre los a\u00f1os 2016 y 2018. <\/p>\n
Ninguna discusi\u00f3n existe en torno a que la se\u00f1ora Sandra Patricia Vargas Sevilla impuso su firma en los recibos elaborados por los arrendatarios, y tampoco hay duda que su funci\u00f3n era la de recibir los dineros producto del arrendamiento, dado que en los mismos recibos consta que \u00e9sta desempe\u00f1aba el cargo de \u201cmensajera\u201d, lo cual fue ratificado por el testigo Fernando Mauricio Rojas Herrera, quien precis\u00f3 que la labor encomendada fue la de recoger los dineros provenientes del arrendamiento y, en virtud de ello, firmaba los recibos dispuestos por los arrendatarios. <\/p>\n
Ahora bien, en el plenario no media probanza alguna que indique que a la se\u00f1ora Vargas Sevilla le hubiesen conferido una facultad adicional a la de recoger los c\u00e1nones de arrendamiento, por tanto, los efectos jur\u00eddicos a que hace relaci\u00f3n el art\u00edculo 833 del C\u00f3digo de Comercio, y que fueron invocados por el apoderado de la demandada Blanca Flor Nieves de Ruiz, no son aplicables a este caso particular, y por ello no es dable afirmar que a trav\u00e9s de la citada oper\u00f3 un reconocimiento expreso del acreedor sobre la no realizaci\u00f3n del ajuste anual contenido en el negocio celebrado. <\/p>\n
Acto seguido, en cuanto a \u00abla modificaci\u00f3n de las condiciones del contrato\u00bb, manifest\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) en la cl\u00e1usula d\u00e9cima octava las partes acordaron lo siguiente: \u201cEste contrato recoge la totalidad de lo acordado entre las partes y cualquier modificaci\u00f3n deber\u00e1 hacerse constar por escrito, para que tenga validez\u201d. En el caso que nos ocupa, no hay prueba sobre la modificaci\u00f3n de las estipulaciones contractuales, pues no se incorpor\u00f3 al plenario un medio demostrativo id\u00f3neo en el que constara el nuevo acuerdo emanado de ambas partes, espec\u00edficamente, frente al reajuste del canon de arrendamiento. <\/p>\n
Al respecto, el testigo Fernando Mauricio Rojas Herrera, persona designada por la demandante para recibir los pagos derivados del contrato, declar\u00f3 que la se\u00f1ora Blanca Flor Nieves de Ruiz \u201cnunca pag\u00f3 el arriendo a tiempo, sino lo que ella hizo fue abonos\u201d, y manifest\u00f3 que nunca celebr\u00f3 un acuerdo sobre el no pago del incremento del canon. En igual sentido, la demandante afirm\u00f3 que la arrendataria solo realiz\u00f3 abonos a los c\u00e1nones de arrendamiento y no cancel\u00f3 el reajuste acordado. <\/p>\n
Es importante precisar que el solo hecho de haberse efectuado pagos sin el respectivo ajuste durante varios a\u00f1os, no implica que la intenci\u00f3n de la arrendadora fuese la de no cobrar el aumento pactado en el contrato. Por el contrario, la demandante en su declaraci\u00f3n fue enf\u00e1tica al se\u00f1alar que hizo requerimientos a la parte demandada informando el incremento del canon; hecho \u00e9ste que se corrobora con la comunicaci\u00f3n fechada 10 de mayo de 2018, dirigida a los arrendatarios, a trav\u00e9s de la cual pone en conocimiento que el contrato de arrendamiento \u00abse renov\u00f3 autom\u00e1ticamente a partir del 01 de Febrero de 2018 por cumplimiento del tiempo. Acorde a la Cl\u00e1usula Cuarta (\u2026), se increment\u00f3 el valor del canon mensual, para cancelar de la siguiente forma: (\u2026) Valor canon Enero de 2018 $5.706.234, Incremento 10% Cl\u00e1usula 4\u00b0 Contrato de arrendamiento $507.623, Valor total a partir del 1\u00b0 Febrero de 2018 $6.213.857. Aprovecho la oportunidad para invitarla a ponerse al d\u00eda con las obligaciones adquiridas mediante el contrato, toda vez que a la fecha presenta un saldo por pagar\u201d (p\u00e1g. 384-387, C.1). De ese modo, m\u00e1s all\u00e1 de la controversia planteada en torno a la normativa aplicable al contrato de arrendamiento base de la acci\u00f3n, lo cierto es que las partes fijaron en el clausulado el incremento anual de la renta, cuyo valor fue comunicado a los arrendatarios, seg\u00fan se desprende de la misiva antes rese\u00f1ada. <\/p>\n
En este punto, vale la pena indicar que no hay lugar al reconocimiento de un indicio en contra de la demandante, puesto que en la audiencia inicial la se\u00f1ora Clara In\u00e9s Sierra Nieto contest\u00f3 las preguntas que le fueron formuladas por el juez de conocimiento y los apoderados, aunado a que las explicaciones rendidas guardan relaci\u00f3n con las dem\u00e1s probanzas recaudadas, por lo que no se configura un indicio en su contra, conforme a las previsiones del canon 241 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En ese orden, como en la cl\u00e1usula cuarta del \u201ccontrato de arrendamiento comercial\u201d los contratantes estipularon que \u201cen caso de pr\u00f3rroga del t\u00e9rmino inicial de vigencia pactado o de renovaci\u00f3n del contrato, el canon de arriendo sufrir\u00e1 un incremento del 10% vigente durante la anualidad siguiente y aplicado sobre el valor del periodo inmediatamente anterior\u201d; y teniendo presente que las partes aceptaron que el contrato fue prorrogado cada a\u00f1o, le correspond\u00eda a los arrendatarios cancelar la renta acordada con el reajuste anual, empero, tal circunstancia no fue acreditada en el plenario pues los recibos aportados no dan cuenta del pago total del canon para los periodos comprendidos entre abril de 2016 y noviembre de 2018. <\/p>\n
Ahora bien, en torno a la forma de \u00abimputaci\u00f3n de los pagos\u00bb, refiri\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) la parte demandante al descorrer el traslado de las excepciones de m\u00e9rito, explic\u00f3 que \u201clos pagos de $2.000.000 que los demandados siguieron efectuando por los a\u00f1os subsiguientes al primer a\u00f1o de vigencia del contrato se aplicaron, primero al valor del incremento mensual y luego al canon vigente. Al efectuar la operaci\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de todos los pagos de $2.000.000 mensuales, que hicieron los demandados durante la vigencia del contrato, \u00e9stos solamente alcanzaron a cubrir los c\u00e1nones de arrendamiento hasta el mes de JUNIO de 2014. Los c\u00e1nones de arrendamiento con los reajustes del 10% que van de JULIO de 2014 a MARZO de 2016 se est\u00e1n cobrando dentro del proceso ejecutivo que cursa en el Juzgado 2 Civil Municipal de Bogot\u00e1 con radicado 2017-1056. Los c\u00e1nones de arrendamiento con los reajustes del 10% que van de ABRIL de 2016 a NOVIEMBRE de 2018 se est\u00e1n cobrando dentro de esta acci\u00f3n ejecutiva que se debate en este estrado judicial. <\/p>\n
Por otra parte, v\u00e9ase que en el escrito exceptivo presentado por la apoderada de la se\u00f1ora Blanca Flor Nieves de Ruiz, se hizo una relaci\u00f3n de los c\u00e1nones cobrados a trav\u00e9s de este litigio, con el respectivo incremento, se\u00f1alando que la suma pagada por valor de $2\u2019000.000, deb\u00eda ser descontada mes a mes, reconociendo as\u00ed un saldo pendiente de pago (p\u00e1gs. 112-113, C.1). <\/p>\n
De lo anterior, se tiene que los pagos que hizo la arrendataria fueron aplicados a la deuda anterior y no sufragaron los c\u00e1nones de arrendamiento que aqu\u00ed se ejecutan, por lo que no se evidencia error en la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
Y aun cuando en la declaraci\u00f3n del testigo Fernando Rojas se afirm\u00f3 que en el a\u00f1o 2018 se celebr\u00f3 un acuerdo ante el Juez de Paz, donde se acord\u00f3 la restituci\u00f3n del bien y el pago de unas sumas de dinero, aquel aclar\u00f3 que la cifra acordada no fue pagada; documento que, en todo caso, no fue incorporado al expediente por parte de los interesados con miras a establecer el alcance del mismo. <\/p>\n
Finalmente, respecto a la \u00abcondonaci\u00f3n de la deuda\u00bb se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) el testigo se\u00f1al\u00f3 que desconoce si el se\u00f1or Hernando Fl\u00f3rez le cobr\u00f3 o no a la arrendataria el canon de arrendamiento del mes de septiembre de 2018, pues era el encargado para esa \u00e9poca; y cuando se le interrog\u00f3 sobre los meses de octubre y noviembre de 2018, respondi\u00f3 que es posible que se le haya dicho a la arrendataria que si entregaba el inmueble se le condonaba algunos meses, pero dijo no estar seguro de ello. <\/p>\n
Al respecto, debe tenerse en cuenta que en el \u201cActa de entrega de inmueble\u201d, suscrita por Hernando Fl\u00f3rez Pe\u00f1a, en calidad de apoderado de la se\u00f1ora Clara In\u00e9s Sierra Nieto, y Blanca Flor Nieves de Ruiz, se indic\u00f3 que la entrega del bien se realiz\u00f3 el 1\u00b0 de diciembre de 2018 y se dej\u00f3 la constancia \u201cqueda pendiente de cancelar los c\u00e1nones adeudados y los gastos\u201d (p\u00e1g. 359, C.1), sin hacerse referencia a la condonaci\u00f3n de alguna suma de dinero; circunstancia que desvirt\u00faa la alegaci\u00f3n de los inconformes en cuanto a la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Si bien es cierto en el documento de fecha 6 de mayo de 2016, que obra en la p\u00e1gina 281 del cuaderno digitalizado, se mencion\u00f3 que la se\u00f1ora Blanca Flor Nieves de Ruiz hizo un pago de $400.000, a la se\u00f1ora Sandra Vargas Sevilla \u201cquedando a paz y salvo a la fecha\u201d; se itera que, el recibo fue elaborado por la misma parte demandada y no comprende la totalidad de los c\u00e1nones que se reclaman a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n ejecutiva. Por esa raz\u00f3n, tampoco es viable dar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 1628 del C\u00f3digo Civil, que consagra una presunci\u00f3n en los pagos peri\u00f3dicos, como lo pretende el apoderado de la demandada Luz Marina Olmos de Molano. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca la tutelante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad convocada en el \u00e1mbito de sus competencias (STC8270-2021; reiterada, entre otras, en STC13910-2021). <\/p>\n
Ahora, que la actora disienta de esa \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb porque, en su criterio, tales pruebas no se examinaron de forma correcta, no es argumento que abra paso a la injerencia constitucional implorada, ya que como lo ha predicado la jurisprudencia, <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC419-2021, entre otras). <\/p>\n
4.- Frente a la aspiraci\u00f3n de la quejosa, encaminada a que \u00abse tenga en cuenta el enfoque de perspectiva de g\u00e9nero y el de adulto mayor\u00bb, se aclara que no se observa que los supuestos f\u00e1cticos que apoyan la acci\u00f3n supralegal develen escenarios que estructuren alguna inequidad de g\u00e9nero o situaci\u00f3n especial de debilidad manifiesta derivada de la condici\u00f3n de mujer o de edad de quienes acuden a esta excepcional v\u00eda, que ameriten la aplicaci\u00f3n del enfoque diferencial suplicado, figura respecto de la cual se ha venido sosteniendo que, <\/p>\n
la administraci\u00f3n de justicia con enfoque de g\u00e9nero no implica el desconocimiento del debido proceso de las partes y tampoco debe afectar la imparcialidad del Juez, por eso la Corte ha establecido que \u00ab[e]s necesario aplicar justicia no con rostro de mujer ni con rostro de hombre, sino con rostro humano\u00bb de forma tal que se materialice la igualdad prevista en la Declaraci\u00f3n de Derechos Humanos y reconocida en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Nacional. Por eso, se itera que \u00abJuzgar con \u00abperspectiva de g\u00e9nero\u00bb es recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminaci\u00f3n entre los sujetos del proceso o asimetr\u00edas que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente a efectos de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar las categor\u00edas sospechosas al momento de repartir el concepto de carga probatoria, como ser\u00eda cuando se est\u00e1 frente a mujeres, ancianos, ni\u00f1o, grupos LGBTI, grupos \u00e9tnicos, afrocolombianos, discapacitados, inmigrantes, o cualquier otro; es tener conciencia de que ante situaci\u00f3n diferencial por la especial posici\u00f3n de debilidad manifiesta, el est\u00e1ndar probatorio no debe ser igual (\u2026). STC2287-2018, reiterada en STC7683-2021 y STC11842-2022. <\/p>\n
5.- Son estas razones las que impiden conceder el socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela promovida por Blanca Flor Nieves de Ru\u00edz. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC16298-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC16298-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-04135-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n de siete de diciembre de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la tutela que Blanca Flor Nieves de Ru\u00edz le instaur\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[56],"tags":[],"class_list":["post-69542","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diciembre-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69542","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=69542"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/69542\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=69542"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=69542"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=69542"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}